Edita: Fundación El Llano – Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)

Latinoamérica es el continente con más población urbana del planeta y en crecimiento, lo que implica un desafío para la gubernamentalidad municipal. Las luchas de poder por la ciudad son constitutivas de urbanidad, de manifestaciones políticas de diversos fragmentos de la sociedad, con plasmación en el espacio urbano y los derechos ciudadanos. La gubernamentalidad de la Ciudad de Córdoba, entendida como lo instituido por los dispositivos de control estatal, los actos de gobierno, el orden del discurso y el diseño urbanístico; se opone a las contraconductas que alteran ese orden con dinámicas instituyentes, construyendo nuevas representaciones simbólicas de la ciudad y la sociedad. El presente trabajo propone algunos elementos para un análisis de esas disputas por la Ciudad.

Latin America is the continent with the largest urban population on the planet and growing, which implies a challenge for municipal governmentality. The power struggles for the city are constitutive of urbanity, of political manifestations of diverse fragments of society, with expression in the urban space and citizen rights. The governmentality of the City of Córdoba, understood as that instituted by the state control devices, the acts of government, the order of discourse and urban design; it opposes counterconducts that alter that order with instituting dynamics, constructing new symbolic representations of the city and society. The present work proposes some elements for an analysis of these disputes by the City.

La ciudad de Córdoba, cuenta con una población de1.329.604^[4] habitantes, siendo la más poblada de Argentina luego de la Ciudad de Buenos Aires y posee uno de los territorio más extensos del País, cuya forma se podría representar a partir de la figura de un cuadrado, con 24 kilómetros de lado, alcanzando una superficie de 576 km2/^[5]. Es un centro de referencia cultural, educativo, económico, financiero y de entretenimiento para otras provincias argentinas y países latinoamericanos. Fue fundada formalmente el 6 de Julio de 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera, siendo poblado por pueblos que aún conservan su identidad como Comechingones, Sanavirones y Pampas.

Córdoba fue epicentro de numerosos hechos históricos de repercusión política- social en Argentina y otras partes del mundo como la Reforma Universitaria y el Cordobazo. Cuenta con la Universidad Nacional más antigua del País y una de las más antiguas de América, habiendo sido la única en la Argentina por más de dos siglos. Durante el siglo XX fue un centro industrial atrayente de miles de personas con la que fuera la primer Fábrica de Aviones de Sudamérica y una de las más avanzadas del mundo, y de las fábricas de autos, tractores y motos, en lo que fuera por entonces el principal asentamiento de la industria automotriz. Con el comienzo del nuevo siglo, proliferaron las empresas de desarrollo tecnológico, pero principalmente la Ciudad se convirtió en un territorio atractivo para las empresas de desarrollo inmobiliario, lo que se materializa en una sostenida expansión de “lo privado” por sobre “lo público”.

Es un debate frecuente en los análisis políticos de la ciudad de Córdoba, la capacidad del Estado municipal para gobernar la ciudad^[6]. El mismo se da en un contexto en el que lo local solo tiene viabilidad en un número reducido de sitios y de acuerdo al lugar que ocupe (la ciudad) dentro del sistema urbano global(Carrión, 2001, p. 9). Córdoba^[7], forma parte relevante de este sistema por su carácter industrial y educativo, por lo que es atravesada por múltiples intereses e influencias locales, provinciales, nacionales e internacionales que impactan sobre su dinámica y configuraciones sociales. En este sentido, Jessop (2008) considera que existe un resurgimiento de la ciudad como espacio económico y de la gobernancia regional y local, que supone un rol fuerte para los Estados regionales o locales, lo que refleja la creciente internacionalización de los flujos y los espacios económicosy nuevas configuraciones de poder con “enlaces” transregionales que trascienden tendencialmente al Estado Nacional, en lo que el citado autor señala como el constante proceso de reestructuración y reorientación continua del Estado Nacional Keynesiano de Bienestar, consistente en la reubicación de funciones en otros niveles de organización del Estado, compartidos con actores privados y/o paraestatales. El contexto internacional de la acción del Estado ha otorgado mayor significación al nivel local; ya que sus roles se han expandido para incluir un rango extensivo de factores y procesos transnacionales o extraterritoriales, en cuestiones como lo político, lo tecnológico, lo económico y lo ecológico.

Esta compleja trama de tensiones tiene como principal escenario de disputa a la ciudad como espacio/urbano en el sentido de lugar practicado y al territorio/ciudad como lugar ocupado (Delgado, 1999, p.39), en un marco de avance de formas de Estado Postnacional Schumpeteriano de Work-fare, que posibilitan el extractivismo económico y la financiarización de la economía (Jessop, 2008).

En tal contexto, los mecanismos de poder que se “juegan” en la sociedad a escala local para la satisfacción del Derecho a la Ciudad pasan no sólo por exigencias ligadas al marco de la gubernamentalidad, sino también por las demandas selectivas por nuevos derechos.

Lefebvre (1978) propone el Derecho a la Ciudad como la concepción que invita a la transformación, a la renovación del derecho a la vida urbana, en el que “lo urbano”, es imaginado como lugar de encuentro, prioridad del valor de uso, inscripción en el espacio de un tiempo promovido al rango de bien supremo entre los bienes, que encuentre su realización práctico-sensible. Esto es lo que Foucault caracteriza como acciones de contraconducta, que solo pueden ser realizada por los sectores sociales de obreros, trabajadores y excluidos de la “ciudad objeto de consumo” (Lefebvre, 1978, p. 138), es decir “el pueblo”.

Analizar tales procesos comporta dar cuenta de la transformación de la práctica política, de la emergencia de la política (Castoriadis, 2010) y de las presiones corporativas enderezadas hacia la redistribución negativa de los recursos públicos. Tal análisis, se torna imprescindible para examinar y comprender los procesos de construcción de la ciudad y las políticas públicas a ellos relacionadas.

Este articulo basado en el paradigma interpretativo de la investigación social, tiene como propósito ofrecer algunas reflexiones sobre la gubernamentalidad, sus contraconductas y resistencias (Foucault, 2009), analizando las relaciones de poder en la Ciudad de Córdoba y las modalidades enque ello se articula con el Derecho a la Ciudad, que resumidamente comprende un derecho universal de igualdad de oportunidades y condiciones de vida que promuevan esas oportunidades^[8]/^[9].

La problemática urbana y el ejercicio de derechos por los diversos grupos que conforman su población, tiene sus orígenes en el surgimiento de las ciudades. Giovanni Botero^[10] (desde la noción heredada de Maquiavelo) (Gómez Olivares, 2003) manifestaba que el poder está más en la ciudad que en las manos del Príncipe. Por lo que la identificación de derechos lleva consigo relaciones de poder en la disputa para que estos sean concretados entre los diferentes grupos de la sociedad, lucha que ha sido objeto de estudio predominante en las ciencias sociales durante el último siglo.

Al hacer referencia a los derechos y los beneficiarios de éstos, se identifica a los ciudadanos, siendo estos los sujetos incluidos en la sociedad; y a su vez también, a los que no gozan o carecen de la “titularidad”, que son los excluidos. Esto requiere de una categoría que nos posibilite abordar la integralidad de la poblaciónde la ciudad, por lo que recurrimos a la propuesta lefebvriana del Derecho a la Ciudad, entendida desde la concepción que se propone en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad(2012)^[11].

El análisis conlleva la descripción de las tecnologías de poder e identificación de los actores que las operan, paracaracterizar la urbanidad o urbanidades que se producen por sus efectos, sus implicancias en la subjetividad de los actores por la gubernamentalidad y las contraconductas en relación al Derecho a la Ciudad, en el contexto temporal comprendido entre los años 2011- 2015, durante el gobierno de la Unión Cívica Radical con la intendencia de Ramón Javier Mestre.

Como lo señalamos antes, la población es el objeto de la gubernamentalidad como conjunto de personas, de ciudadanos, de sujetos, desde la doble dimensión que Albano(2004) identifica en Foucault.

Por lo cual sujeto, es tanto aquel que se encuentra objetivado como sujeto de conocimiento, pero también, como el sujeto enunciativo que puede adquirir una posición declarativa, interrogativa, como un operador lógico que enuncia, delimita, fija límites, construye jerarquías, información e intercambio de ésta, es polea de transmisión y de reproducción de las fuerzas de poder social, es el constructor de la fuerza de la resistencia y contraconductas que se representan en la lucha por el Derecho a la Ciudad, en la puja de imaginarios respecto a la apropiación del espacio practicado y ocupado en la ciudad.

Por esto, es que intentamos explorar de manera descriptiva conflictos que nos permitan comprender lo que para la gubernamentalidad es el problema de la ciudad. Esto es, la crisis que se suscita producto de los acontecimientos en la ciudad, y que tiene como reacción lo que Foucault identifica como revuelta urbana, siendo la “gran cosa” que el Gobierno tiene que evitar. Las tecnologías de gobierno, son las herramientas para administrar esta situación en la población urbana y la sociedad mediante la urbanidad, la que tiene el poder instituyente de recrear imaginariamente la realidad con contraconductas.

Durante el periodo seleccionado para este trabajo, el dispositivo discursivo de la gubernamentalidad se centró en la palabra “orden”. Ésta se presentó como prerrequisito para brindar el Derecho a la Ciudad, es decir; el gobierno municipal explicitaba en su discurso la necesidad de poner “orden”, para posteriormente brindar servicios y garantizar el acceso a los derechos y garantías establecidos en el marco legal instituido.

Dicha categoría sustantiva parecería responder a una recurrencia que genealógicamente es posible identificar en Córdoba desde sus orígenes como ciudad, y que se afianzaría como un imaginario enraizado en el último periodo de la gubernamentalidad dictatorial que atropellara todo derecho y dignidad en la sociedad.

En la genealogía de la gubernamentalidad cordobesa, se identifica una existencia institucionalizada del “orden social”, asociada a un imaginario signado por la segregación de las poblaciones discordante al orden representado en los sectores sociales reproductores de ésta gubernamentalidad. Esto es observable en hechos como los desplazamiento de los pueblos originarios de las márgenes del Río Suquía en la fundación de la ciudad, lo que constituyó un acontecimiento disciplinario sobre los cuerpos en dirección a destruir sus tradiciones y a imponer “el orden colonial”, fue un dispositivo del nuevo orden en el territorio que regiría la vida de la ciudad imaginada por los conquistadores (Ferrero, 1999). También, en los “pobleros”^[12] que vigilaban a los aborígenes para que éstos se apeguen a la ley y realizaran acciones convenientes a la población. Una forma de control sobre las contraconductas, para reducirlas y disciplinar a quienes se presentaban como una discrepancia en el orden que los conquistadores buscaban instaurar.

Posteriormente, en momentos de la constitución nacionalel periódico “Orden y Progreso” apoyaba a Roque Ferreyra^[13] para la gobernación de Córdoba, éste establecería el régimen municipal de la provincia implementando nuevos impuestos para la realización de obras públicas y la creación del primer Cuerpo de Serenos de la ciudad, lo que sentaría las bases de la organización policial como fuerza de seguridad separada del ejército en esta provincia.

En el siglo XXAmadeo Sabattini (Tcach, 2010)^[14], toma como primeras acciones de gobiernoauditar las finanzas^[15] y reducir costos de la administración pública para ordenar las finanzas públicas. De igual manera lo hace la gestión de Ramón Javier Mestre. Es significativa la recurrencia a la austeridad y transparencia en el dispositivo discursivo de la gubernamentalidad y que se replica en el periodo en estudio.

Es posible referenciar las intendencias que habría negociado Eduardo Cesar Angeloz con Luciano B. Menéndez (Ratti, 2013) durante el gobierno militar y las relaciones que el partido radical mantuvo en la provincia de Córdoba luego de la restauración de la democracia.

Esta connivencia gubernamental asocia el imaginario conservador con el reformista en una síntesis contrapuesta con el campo opositor que articula el revolucionario con el popular, referenciado en el peronismo. El primero contrapone “orden” y “desorden”, como una forma institucionalizada que en el discurso del intendente se presenta como reificado (Castoriadis, 2010, p.226). La utilización discursiva del gobierno destinado a sectores de la población adherentes a éste, se encontraría en una significación imaginaria que aparece con fines práctico, contraponiendo con el imaginario identificado con el pueblo, que desde ésta asociación conservadora- reformista se encontraría representada en el universo social del peronismo.

Más cercano en el tiempo, se encuentra en la memoria de la sociedad la imagen de “instaurador de orden” o “piloto de tormentas” de Ramón Bautista Mestre^[16] en su función de interventor en la provincia de Corrientes^[17] y como Ministro del Interior de la Nación en los días 19 y 20 de diciembre de 2001^[18].

Estos hechos abonaron en el imaginario de la población la idea de Mestre como “piloto de tormentas” en circunstancias de crisis de la institucionalidad gubernamental.

A su vez, compondría el magma de significaciones de lo histórico- social de la Argentina pos dictadura uno de los principales hechos que abonan la representación imaginaria de la sociedad argentina, lo que se conoce como la “Rebelión de los caras pintadas”^[19], cuando el presidente Alfonsín dando por finalizado el conflicto que atentaba contra la incipiente restauración democrática salió al balcón de la Casa Rosada y dijo “la casa está en orden^[20]”, frente a una multitud que festejaba una negociación que cerraba el conflicto con los rebeldes. Mestre (h) parece nutrirse de estas dos referencias genealógicas, la radical reivindicativa de la democracia, y la de la Reorganización Nacional del Régimen Militar, buscando una síntesis ajustada a la contemporaneidad de su gobierno.

La campaña publicitaria que el gobierno municipal implementó durante el primer año de la gestión, se nutrió de consignas indicativas y sugestivas en torno a la palabra “orden”. De esta manera se usaron frases en la cartelería oficial y mensajes en los medios de comunicación que decían: “ordenate”, “usá casco, ordenate”, “estamos ordenando la ciudad”, “ordenando y trabajando”, entre otras. La publicidad gubernamental en el espacio público, en medios gráficos, televisivos y radiales, fue parte de la estrategia de reforzar la consigna acerca del “orden”reificada histórica y socialmente en la población cordobesa.

Se pudieron registrar en la ciudad las manifestaciones de contraconductas en las redes sociales^[21] e intervenciones en la cartelería oficial (Silva, 2006)^[22], en las que se modificó la palabra “Ordenando” por “Ordeñando”^[23], representando la construcción de un contradiscurso basado en denuncias e informaciones sobre el enriquecimiento de funcionarios a partir de las acciones de gobierno.

Sin embargo, el dispositivo discursivo que el intendente inaugura y afianza se hace efectivo por la ausencia de contradiscursos políticos, lo cual lo dota de sentido de verdad. De alguna manera, existía un consenso tácito respecto a que la situación en que se encontraba la municipalidad se representaba en la palabra “desorden”. Por tanto, lo que inaugura Mestre, y lo que muestra el contradiscurso aludido, es el debate en torno a qué tipo de orden instaurar para la gubernamentalidad. Tal debate, sin embargo, no registra diferencias sustantivas en el campo de los partidos políticos^[24], encontrando sí resistencias en las organizaciones sindicales y en sectores barriales afectados por la obra pública, interpelados unos en relación con sus intereses, otros en cuanto a sus demandas.

El gobierno local, refuerza en este contexto la posibilidad de anarquía en la ciudad, expandiendo en la subjetividad de la población una legitimidad que le posibilitaría un accionar con menos presión social. Genera así en el plano imaginario un extra de representatividad, favorecido por una oposición que carece de elementos estratégicos para constituirse como tal^[25].

La implementación del dispositivo del “orden” cuenta con viabilidad por lo que representa un dispositivo que fragiliza la democracia local. Referimos a la conocida cláusula de gobernabilidad establecida en la Carta Orgánica Municipal, que da la mayoría de las bancas de representantes en el Concejo Deliberante a la fuerza política ganadora, aunque ésta no haya obtenido más del cincuenta por ciento de los votos, asegurando así la imposición del discurso oficial.

Pero tal vez, la acción más significativa fue la incorporación de dispositivos financieros a los procesos de gubernamentalidad. El municipio ingresó en lo que Agüero (2010) identifica como Gubernamentalidad Financiera, esto es, la tecnología de poder de desarrollo financiero con la que se expande el capitalismo en este momento histórico: Es el arte neoliberal de gobernar.

La descripción de ruinas y desfinanciamiento del municipio, que implicaba para el intendente la afirmación “vivir con lo nuestro”, derivó en la implementación de tecnologías financieras. Durante los años 2012 y 2013, se renegociaron deudas y contratos con prestadores, lo que incluye a los cambios en las empresas prestatarias, dando paso a la gubernamentalidad financiera.

Las tecnologías son: Privatizar y financiarizar. Keucheyan (2016) lo explica como la decadencia de la rentabilidad del capital, propio del momento histórico que vivimos. Ante esto se producen dos reacciones; por un lado, se privatiza todo lo que hasta ahora escapaba al mercado, como en el caso de los servicios públicos. Privatizar significa someter a la lógica de la ganancia para tratar de que el capital vuelva a tomar su camino de ascenso, en nuestro caso allí fueron la suerte de las estatales TAMSE Y CReSE. Por otro, se financia al Estado con bonos e instrumentos propios de la economía financiera, priorizando la especulación de los capitalistas sobre el modelo productivo, proceso que se encuentra asociado al endeudamiento y captura de activos económicos del futuro. Estas tecnologías se controlan de tal manera que la sociedad se ubica al margen, siendo un grupo reducido de actores los que cuentan con recursos informativos y de participación.

Esta tecnología de la gubernamentalidad es comprensible en la red de comercio, mercados e intercambios poblacionales que conforman las ciudades. El lugar y el rol de éstas se encuentran definidos por esas tecnologías de poder que utilizan estratégicamente para su posicionamiento y en función al control de las contraconductas y resistencias instituyentes impulsadas por diversos actores de la sociedad local.

Las empresas estatales TAMSE^[26] (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) y CReSE (Córdoba Recicla Sociedad del Estado)^[27], si bien surgen en gobiernos con encontradas concepciones respecto al rol de Estado municipal, transparentan los límites del capitalismo en situaciones de baja rentabilidad. Es decir, la renuencia de oferentes privados para la prestación de servicios a la población genera esa situación de escasez que referencia Foucault (2009, p.46)frente a lo cual el Estado Municipal se expande para garantizar los servicios en lo que constituyera una intervención que actúa como dispositivo orientado a la estatización, y garante de derechos institucionalizados.

Las empresas TAMSE Y CReSE son símbolos de las contraconductas que la gubernamentalidad rechazaría, cerrándolas y privatizándolas en tanto contenían una potencia de reproducción que habría permitido quizás extender sus experiencias a otras estructuras organizacionales del Estado como la educación, la salud, la protección del ambiente, las políticas de juventud, la promoción de la economía social, etc.

Estas áreas muestran genealogías que permitirían identificar itinerarios alternativos de distinto alcance llevados adelante en articulación con grupos, organizaciones y movimientos sociales.

La gubernamentalidad, en su imaginario del orden, se enfrenta con contraconductas que le son invisibles, que se escapan de su campo de control disciplinario. Su mirada respondería a la crisis del paradigma dominante que enuncia Santos (2009, p.21).Existe todo un mundo instituyente que se vertebra en una urbanidad de lo público desmercantilizado, atravesado por el trabajo y los mundos de vida (La Serna, 2015).

Se trata de expresiones alternativas que se encuentran en una creciente movilidad espacial organizada por la urbanización (Delgado, 1999). Tal es el caso de agricultores urbanos que montan ferias para intercambios y comercialización de productos orgánicos, encuentros para intercambio de semillas, trabajos colectivos en espacios públicos para forestarlos, organizaciones que protegen el patrimonio de la ciudad, colectivos de artistas, grupos teatrales, movimientos promotores de carnavales barriales y murgas, entre muchos otras experiencias que ejercen el derecho a la ciudad, más allá de los dispositivos de control que la gubernamentalidad quiera imponer.

La Marcha de la Gorra, junto a las organizaciones de derechos humanos, los movimientos que reivindican la igualdad de género, y los que luchan por los derechos a la diversidad sexual, se presentan como procesos instituyentes en una Córdoba que invisibiliza sujetos, condiciones socio-económicas y prácticas. Es así, que en la ciudad hay fechas como el 24 de Marzo, en las que la ciudadanía participa activa y masivamente en una marcha por la Memoria, la verdad y la Justicia, una nutrida diversidad de organizaciones y reivindicaciones de derechos humanos con expresiones artísticas y consignas políticas. Más recientemente las movilizaciones organizadas por el colectivo Ni Una Menos, organizaciones feministas y de reivindicación por la igualdad de derechos de las mujeres, atraviesan el complejo entramado de instituciones sociales de primer y segundo grado interpelando al patriarcado en su magma de significaciones histórico-social.

Movimientos y agrupaciones ambientales, tal es el caso de los Amigos de la Reserva San Martín, que desde la unión para la defensa de 114 hectáreas de bosque nativo del ejido municipal, nuclearon a vecinos, naturalistas, académicos, trabajadores municipales y periodistas, logrando un proceso instituyente, aunque inconcluso de la Reserva Natural Urbana, que casi a 10 años de la sanción de la ordenanza que la establece como tal, encuentra resistencias de la gubernamentalidad respecto a su plena institucionalización.

Otro caso es el del Foro Nuñez, que nuclea a comerciantes y vecinos de la zona noroeste e impidió la tala del añejo arbolado de la Avenida Rafael Nuñez de la Ciudad, ante una iniciativa carente de participación en los orígenes del proyecto municipal que pretendía modificar el paisaje urbano, atentando contra el patrimonio natural y cultural de la zona para establecer carriles de movilidad exclusivos para el transporte urbano.

En relación a la movilidad ciudadana, los Biciurbanos se conforma como un grupo de vecinos motivados por la necesidad de encontrar seguridad para transitar en bicicleta las calles de la ciudad, se juntan a los fines de revalorizar el espacio público, generar una cultura favorable y responsable para el uso de la bicicleta como medio cotidiano de transporte, fomentar el desarrollo de prácticas deportivas y recreativasen espacios urbanos, estimular el desarrollo de infraestructura urbana adecuada para la circulación en bicicleta, agrupandoa los biciurbanos y sus necesidades. Desde el año 2006 organizan una bici-movilización el primer sábado de cada mes, para concientizar a la ciudadanía sobre la cultura de la bicicleta y reclamar asuntos pendientes en materia de políticas de transporte no motorizado.

Asimismo, la organización de carreros y recolectores urbanos en sindicatos y cooperativas, se afianzó durante el periodo de gobierno observado, ante la reducción de las políticas públicas del Municipio para ampliar la recolección diferenciada de residuos y la inclusión social de poblaciones marginalizadas en el Derecho a la Ciudad. Las experiencias de los Centros verdes de CReSE^[28], fueron reducidas en su capacidad por las empresas concesionarias LUSA^[29] y COTRECO^[30], siendo recreadas por organizaciones de cooperación con anclaje territorial.

Los acontecimientos ocurridos en diciembre de 2013, cuando la policía se auto acuartela^[31]en reclamo de mejoras salariales, exponen una sociedad sujeta por dispositivos disciplinarios de control que se encuentra en tensión. Los policías toman una medida extrema, al compás de la cual diversos grupos sociales sintieron libertad para saquear y transgredir la institucionalidad de la propiedad privada. Aquellos hechos fueron re-encausados por la misma policía días después. Mientras tanto el gobierno municipal aparecía imposibilitado en su capacidad de acción en su propio territorio y con su población. ¿Podrá esa tensión social encausarse en procesos creativos que abonen la construcción de un imaginario radical? Difícilmente eso ocurra si no hay una radicalización de la urbanidad, es decir, un imaginario donde la política promueva una gubernamentalidad vertebrada por la libertad que brindan los dispositivos de seguridad social reivindicados en el Derecho a la Ciudad.

La experiencia aludida vuelve explícita las exigencias a la sociedad y al Estado de acceder a la igualdad de trato por las fuerzas policiales y al derecho a circular libremente por la ciudad. A partir de este acontecimiento, surge una serie de demandas accionadas predominantemente por jóvenes que reclaman y generan mediante intervenciones en el espacio público “nuevas” formas de urbanidad asociadas al arte, la música, la defensa del ambiente, la movilidad y los derechos humanos.

El discurso del orden centrado en un imaginario excluyente, se dirige a la población que accede al imaginario enunciado; dejando al pueblo que no se deja “planificar” (Delgado, 1999) en un espacio de contraconducta y resistencia vertebrado por la urbanidad, por un afuera simbólico que se nutre de imaginarios creativos, de culturas, de géneros, de diversidades que incluso pueden reciclar espacios estatales subutilizados por la gubernamentalidad, gestando nuevos instituyentes.

Los casos de TAMSE y CReSE, nos indicarían que se fortalece una tendencia a la monopolización de servicios públicos y a la mercantilización de espacios de la vida urbana que disuade, expropia, banaliza, aquellas experiencias que desde perspectivas alternativas son impulsadas por movimientos y organizaciones propias de la política (Castoriadis, 2010) constituidos por franjas sociales marginalizadas y/o vulnerables. Ello se profundiza frente a una gubernamentalidad que termina recurriendo a tecnocráticos, velados y “auto-centrados” dispositivos de financiarización que ahondan la tendencia a la concentración de poder con potencial para disciplinar la urbanidad de la población, excluyendo las luchas y proposiciones que, ancladas en los “mundos de vida” (La Serna, 2015), puedan atentar contra las posiciones y estrategias instituidas del “orden político” en el poder.

Bajo otro contexto, el gobierno local cuya gubernamentalidad analizamos recurre a otra modalidad de escasez, aquella que construye a partir del discurso del orden, creando las condiciones para lo que constituiría una regresividad desde la perspectiva de los servicios y derechos asociados. En efecto, la decisión de cerrar las empresas estatales, privatizando los respectivos servicios, no toma en cuenta que durante su corto desarrollo tales empresas llegaron a mostrar un modo y un programa alternativo de administración de los servicios públicos tendiente a garantizar y ampliar el acceso al derecho a la ciudad en los campos de sus prestaciones. Ello sugiere la preeminencia de una gubernamentalidad mercantilizada, basada en la rentabilidad económica y en el “retiro” del Estado Municipal respecto a las demandas ciudadanas.

Para nuestro análisis, el discurso del gobierno representa un dispositivo de poder. Como tal, encuentra frecuente eco en los medios de comunicación, lo que lejos de representar la sola difusión de la acción de gobierno, se configura como un poderoso dispositivo externo, un actor de peso, en la construcción del imaginario del orden gubernamental con implicancias en las interpretaciones sociales y así en una opinión pública que alienta las políticas del Municipio.

El argumento del orden que orienta el discurso gubernamental que se analiza, cabría decir, es simple. Su sentido deviene de la insistencia sobre un diagnóstico de caos generalizado originado en los balances deficitarios en el seno de una gestión dubitativa, hechos éstos que habrían impedido al actual gobierno municipal contar con los recursos necesarios a sus estrategias de gestión. La creencia social en tal crisis que estos discursos instalan, permite enlazar la gubernamentalidad con la financiarización, haciendo del Estado en la figura del gobierno un actor reducido a la coordinación de procesos que, con anuencia del régimen, llevan adelante actores sociales (poderosos) que concentraron o acumularon previamente recursos e información. Paradójicamente, es este el mecanismo por el cual ese Estado reducido, amplia con base en tales alianzas, el espacio de la gubernamentalidad, y por lo tanto los márgenes de decisión que le son consustanciales (La Serna, 2015).

En otro sentido, los acontecimientos de escasez adquieren para diferentes sectores sociales diversos sentidos en torno a lo que para ellos representa el acceso al derecho a la ciudad. Ello es así en tanto la escasez no se reduce al acceso a derechos como se preguntaba Marcuse (2011), por el contrario, busca la equidad en el acceso a la ciudad, comprendida como el espacio común a la ciudadanía. Harvey (2008) al respecto afirma que “…El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiar a partir de nuestros anhelos más profundos. Necesitamos estar seguros de que podremos vivir con nuestras creaciones…”(p. 1).

En tal perspectiva, los imaginarios instituyentes son potenciales productores del espacio en el que vivimos, y ello es parte sustancial del derecho a la ciudad. La participación democrática en los asuntos de la ciudad, es una condición constitutiva de la urbanidad democrática e inclusiva. Ello es así cuando la política en la ciudad alcanza la potencia como para introducirse entre las grietas y entresijos de la gubernamentalidad en acto, logrando controlar, denunciar, reencauzar el mundo instituido y normado que produce. Su presencia discursiva y práctica representa un dispositivo social de contraconducta, como lo hemos caracterizado en el análisis de los casos.

Las acciones contraconductuales de sujetos sociales comprometidos son múltiples en los procesos analizados. Los sindicatos, pero especialmente las organizaciones sociales que luchan por una movilidad sustentable, las cooperativas de recicladores, los recicladores urbanos y los carreros que persiguen la inclusión social y la resolución de la problemática de los residuos o los movimientos ciudadanos que se articulan frente a una amenaza concreta como es el caso del Foro Nuñez, también las asociaciones y colectivos defensores del ambiente. En definitiva, el análisis de las contraconductas que emergen tanto de las aspiraciones sociales como de las consecuencias de la gubernamentalidad instituida, nos muestra la innata creatividad instituyente de la sociedad y las múltiples acciones por el derecho a la ciudad que animan la Córdoba de nuestros días, como otras lo hicieran en el pasado.

Los sindicatos ocupan una posición ambigua frente a la gubernamentalidad. Suelen caer en prácticas corporativas, sustituyendo al Estado en sus dispositivos de seguridad mediante el despliegue de todo un accionar que beneficiando al trabajador, genera en estos procesos de subjetivación que fortalecen sus prácticas y poderes organizacionales, llegando a replicar procesos institucionalizados de mercantilización propios de la gubernamentalidad. En tensión con ello, la función de protección de los derechos laborales de sus afiliados conforma dispositivos de contraconducta frente a la gubernamentalidad neoliberal para la cual el sindicalismo perturba el adecuado juego de la demanda y oferta laboral, como sus propios propósitos. Tienden a colocarse en un espacio de frontera (Bauman, 2007, p.113) entre la gubernamentalidad y la contraconducta, espacio éste estratégico de preservación y avance en materia de los derechos de sus afiliados, a la vez que de reproducción de liderazgos sectoriales.

Es en este sentido que las empresas TAMSE Y CReSE, pueden considerarse como símbolos de las contraconductas que la gubernamentalidad rechazaría, son cerradas y privatizadas en tanto contenían como ha sido referido, una potencia de reproducción que habría permitido quizás extender sus experiencias a otras estructuras organizacionales del Estado -la educación, la salud, la protección del ambiente, las políticas de juventud, la promoción de la economía social, etc.- espacios éstos cuyas genealogías permitirían identificar itinerarios alternativos de distinto alcance llevados adelante en articulación con grupos, organizaciones y movimientos sociales.

En el espacio de los movimientos contraconductuales, es importante señalar que son también activos militantes de lo diverso, los colectivos culturales de la ciudad, compuestos por una multiplicidad de expresiones -artistas, músicos, grupos de teatro, murgas y comparsas- que dan vida al espacio público.

Todo este alternativismo, requiere y demanda de una política de reconocimiento, redistribución y participación (Fraser, 2008). Reconocimiento de sus identidades subjetivas como trabajadores no convencionales, pero también de la validez socio-cultural de sus experiencias y producciones. Redistribución porque el apoyo económico del Municipio a este asociativismo los dotaría de los recursos necesarios a su consolidación y desarrollo, contra-actuando sobre una economía política de mercado. Participación porque sus palabras e interpretaciones forman parte indisoluble del contenido de cualquier política pública que se oriente a la democratización y al acceso a los derechos de la ciudad. Este tercer espacio de raíz contraconductual, que por cierto no se orienta por las leyes del mercado, como tampoco por la normatividad del Estado, se multiplica en sus afanes instituyentes en la actual fase de nuestras sociedades, producto no sólo de la crisis del empleo, sino del avance de los procesos de cambio subjetivo y cultural.

El Estado Municipal cuenta en este sentido con diversas estructuras descentralizadas distribuidas por el territorio de la ciudad, desde donde es posible concretar una voluntad política que se oriente en los sentidos planteados.

Reconocer que la ciudad es producto de la construcción social, permite poner en palabras los imaginarios, reivindicar la política como el hecho creativo que emerge de la reflexividad y autonomía de las sociedades (Castoriadis, 2010). El discurso en este caso entra en la política, como la invitación de entrar en el espacio público que nos sugiere Delgado (2007); espacio que a pesar de las vigilancias y controles gesta una multiplicidad de encuentros y relaciones que cohesionan a la sociedad no sólo en oposición a las estructuras institucionalizadas propias de la gubernamentalidad, también a favor del Derecho a la Ciudad.

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La gubernamentalidad en Córdoba y las luchas por el Derecho a la Ciudad

Darío Gómez Pucheta

[1]Fecha de recepción: 21 de marzo de 2019. Fecha de aceptación: 18 de junio de 2019.

[2] Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP-UNC). Argentina. Dr. En Administración y Políticas Públicas, Lic. en Trabajo Social. Profesional- docente en la Universidad Libre del Ambiente (ULA) Municipalidad de Córdoba. Investigador invitado en el IIFAP- UNC.

[3] Este artículo es producto de la tesis doctoral “Gubernamentalidad y Contraconductas por el Derecho a la Ciudad- Dinámicas y Consecuencias en la Ciudad de Córdoba durante el 2011- 2015”, que fuera aprobada el 30 de Noviembre de 2018 por el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

[4]Conti, H. (2019).Dirección General Estadística y Censos- Gobierno de la Provincia de Córdoba. Recuperado de https://estadistica.cba.gov.ar/conoce-cordoba/

[5]Córdoba una Ciudad en cifras- Guía estadística de la ciudad de Córdoba. 2006. Municipalidad de Córdoba.

[6]Particularmente desde el Gobierno neoliberal de Germán Kammerath entre 1999-2003, en la que funciones que hasta el momento realizaba el Estado Municipal, fueron privatizadas, tercerizadas, cerrada o liberadas a las fuerzas del mercado en su gestión.

[8]ElDerecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. (Ver: Carta por el Derecho a la Ciudad).

[9]El mismo comprende un fragmento de la tesis doctoral “Gubernamentalidad y contraconductas por el derecho a la ciudad. Dinámicas y consecuencias en la Ciudad de Córdoba” Período 2011-2015.

[10]Jesuita piamontés nacido en 1533 y sepultado en el año de 1617 considerado un discípulo de Machiavelo y Bodin, quien desarrolla Cause delle grandeza e dellamagnificenzadellecittà.

[11]La Carta por el Derecho a la Ciudad, es un documento surgido de la cooperación de organizaciones y movimientos urbanos constituidos en el I Foro Social Mundial en Brasil (2001) y elaborado en el Foro Social de las Américas en Quito (Ecuador) en el año 2004. Recuperado de https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf

[12]Especie de capataces encargados de controlar y hacer que los aborígenes cumplan con las normas impuestas por los conquistadores (Ferrero, 1999).

[14] “Las medidas iniciales de la gestión sabattinista estuvieron marcadas por los imperativos de austeridad y transparencia administrativa. Para ello, la Contaduría General procedió al cierre de todas las cuentas existentes en sus libros (y las reabrió) con las sumas o saldos que arrojaban para dejar separados los ingresos y egresos, antes y después de la fecha. Paralelamente, habría enviado leyes a la legislatura para bajar los sueldos de los funcionarios públicos, reducciones de subsidios y la elevación de seis a ocho horas de trabajo en la administración provincial” (Tcach, 2010, p. 204).

[15]Polémica por la contratación de Deloitte para auditar la Municipalidad. Diario LA Voz del Interior. 22 de enero de 2012. Recuperado de http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/polemica-contratacion-deloitte-para-auditar-municipalidad

[17]Fue designado como interventor por el entonces presidente Fernando De la Rua en circunstancias en que Corrientes sufrió una fuerte crisis de gubernamentalidad por la renuncia del gobernador y conflictos de sucesión. Mestre (padre) restauro la institucionalidad, con la implementación de Certificados de Cancelación de Obligaciones para resolver los problemas financieros de la provincia.

[18]Se lo responsabiliza de haber dado la orden de desalojar por la fuerza la Plaza de Mayo los días diecinueve y veinte de diciembre de dos mil uno; instancias en la que murieron en todo el País treinta y seis personas, por lo que fue acusado por los delitos de homicidio culposo y, en dos mil tres procesado por abuso de autoridad.

[19]Se trata de una serie de rebeliones de militares argentinos que mostraban disconformidad con los juicios a los quienes participaron de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar. El primer alzamiento ocurrió en la Semana Santa de 1987, entre el 16 y 20 de Abril. El segundo el alzamiento ocurrió en enero de 1988, el tercero en diciembre del mismo año, y el último en diciembre de 1990.

[20]La frase completa fue “Felices pascuas, la casa está en orden”. El discurso del presidente Alfonsín fue pronunciada ante una plaza de Mayo colmada, el domingo 19 de abril de 1987, domingo de Pascuas.

[21]Hackearon el sitio web del intendente. Recuperado de: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/hackearon-sitio-web-intendente-ramon-mestre

[22] Armando Silva, en Imaginarios Urbanos reivindica el grafiti como manifestación de resistencia urbana.

[24]Miguel Siciliano en una entrevista realizada pare este trabajo, afirmó que en la ciudad “no hay orden, es una muletilla de campaña publicitaria” (realizada por el gobierno de Mestre). El concejal por el Partido Fuerza de la Gente en el periodo de estudio, fue entrevistado en mayo de 2014 cuando su espacio político era la principal oposición.

[25]Giacomino fue electo diputado nacional por el Frente para la Vitoria. El viceintendente Carlos Vicente, se postuló a la intendencia por Nuevo Encuentro y no alcanzó el mínimo de votos para acceder a una banca de concejal y el Frente Cívico solo obtuvo dos bancas en el Concejo Deliberante en la elección en la que Mestre fue electo Intendente.

[26]TAMSE fue creada en ante la escasez de oferentes privados para la prestación de transporte público en el gobierno neoliberal del intendente Germán Kammerath.

[27]CReSE fue creada en el gobierno de Daniel Giacomino luego de que ante una licitación nacional e internacional para la prestación del servicio de recolección y tratamientos de residuos de la ciudad, no se presentarán oferentes.

[28]Espacios de recepción de residuos reciclables gestionados por cooperativas de trabajadores. Mayoritariamente en estos se desempeñan mujeres y mujeres transgéneros.

[31]El acuartelamiento de policías derivo en uan ola de inseguridad. Recuperado de https://www.lavoz.com.ar/politica/el-acuartelamiento-de-policias-derivo-en-una-ola-de-inseguridad