Las dimensiones de la inseguridad. Propuesta para el abordaje de la cuestión securitaria. Desde una perspectiva latinoamericana focalizada en el caso argentino^[1]

The dimensions of insecurity. A proposal for approaching the security question from a Latin American perspective, with a focus on the Argentine case

Este artículo describe los actores que participan de la construcción material y simbólica de lo que conocemos como inseguridad, con un análisis crítico del discurso público y proponiendo un esquema conceptual para abordar el tema que comprende las dimensiones estatal, privada y comunitaria. Empezando por situar la problemática en el contexto latinoamericano y ampliando la mirada más allá de los límites de la política institucional, se intenta dejar atrás las simplificaciones que reducen la explicación del fenómeno securitario al plano ideológico o al estructural. De esta manera, se propone un abordaje complejo que entiende dentro del Estado al sistema penal, a las instituciones de reproducción ideológica, y al poder legislativo; en el ámbito del sector privado a los medios de comunicación, a los servicios de seguridad y a las organizaciones civiles; y dentro del plano definido como comunitario a las interacciones sociales, las manifestaciones espontáneas y la organización y puesta en práctica de soluciones alternativas.

Palabras clave: Análisis crítico del discurso, Inseguridad, Delito callejero, Comunidad

This article describes the forces involved in the material and symbolic construction of what is known as insecurity. It focuses its critical analysis on the public discourse, and proposes a conceptual framework which include the state, the private sector and the community. Placing the issue in the Latin American context with a perspective beyond the realms of institutional policy, this paper tries to leave behind the reductive explanations that simplifies security phenomenon to an ideological or structural level. It suggests a complex approach that comprises: on the state, the criminal justice system, the institutions of ideological reproduction, and the legislative power; on the private sector, the media, security services and civil organizations; and on the area defined as community, the social interactions, the spontaneous demands and the organization and implementation of alternative solutions.

Lo que en el discurso público se denomina inseguridad ha adquirido centralidad en la agenda política de nuestro tiempo, con particularidades locales y un alcance global. Diferentes actores, con distintos intereses y herramientas discursivas intervienen en la significación de este difuso concepto que utilizamos recurrentemente para fundamentar políticas y guiar las conductas.

Desarrollaremos un marco de análisis basado en un simple diagrama conceptual que abarca tres dimensiones interrelacionadas, clasificadas según el protagonismo político de los actores intervinientes en este proceso y sus distintas formas de organización y participación en el mismo. Además, aunque este punto debería ser objeto de un estudio pormenorizado y más extenso, podemos subrayar que estos actores se diferencian entre sí por:

- El grado de abstracción de su discurso;
- La legitimidad de origen con que operan;
- El nivel de repercusión que tiene su accionar;
- Los intereses que persiguen sus operadores; y
- El tipo de capital (material y/o simbólico) del que disponen.

La "inseguridad" es un concepto clave para comprender la gubernamentalidad y opera políticamente no solo sobre la administración de justicia formal, sino en el conjunto de las relaciones sociales. El análisis crítico (VAN DIJK, 1999) contribuye a de-construir (DERRIDA, 2004) el discurso dominante y la hegemonía de algunos sectores (con particulares intereses) sobre otros. Esta operación puede favorecer la democratización de la justicia y realizar en alguna medida el principio de igualdad que inspira nuestro orden jurídico.

La idea del análisis en diferentes dimensiones está tomada de De Marinis (2004) -en una reformulación libre-, mientras que la subdivisión entre producción Estatal y no-estatal de la seguridad le pertenece a Font (1999), a la cual se agregó aquí la subdivisión entre lo privado y lo comunitario (Ver Gráfico 1).

En la sociedad actual no sólo el Estado propone, dispone y aplica políticas tendientes a enfrentar la inseguridad o garantizar la seguridad de los derechos: no sólo el Estado gobierna. Como destacara Michel Foucault:

“La palabra "Gobierno" debería considerarse en su más amplio significado, el que tuvo en el siglo XVI, la cual no hacía referencia sólo a las estructuras políticas o a la dirección de los estados, sino que designaba la forma en que la conducta de los individuos o de los grupos debería ser dirigida: el gobierno de los niños, de las almas, de las comunidades, familias, de la enfermedad. "Gobernar" no sólo cubre las formas legítimamente constituidas de sujeción política o económica, sino también modalidades de acción más o menos consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros. Gobernar, en este sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros." (FOUCAULT, 1988:p.15).

Esto nos impone ampliar el análisis más allá del programa penal y su efectivo cumplimiento para abarcar otras relaciones sociales. Vivimos tiempos en los que conviven el paradigma legal, disciplinario y de la seguridad (FOUCAULT, 2004). Existe una relación de continuidad y realimentación entre la oferta de políticas públicas y las demandas sociales, un vínculo de necesariedad entre el "punitivismo de abajo" y el "punitivismo de arriba" al que se ha denominado "dispositivo de temor y control": no hay olfato policial sin olfato social (RODRÍGUEZ, 2014).

Sin embargo, hay estudios que tienden a asignar un mayor grado de responsabilidad a determinados sectores en el desarrollo de propuestas "punitivistas". Son variantes de este concepto la "demagogia punitiva", "técnica populachera", o "discurso vindicativo" (ZAFFARONI, 2007); el de "punitividad populista", acuñado originalmente para el caso inglés; y el más reciente y extendido "populismo penal" (SOZZO, 2012).

Al referirse a la experiencia argentina reciente, por ejemplo, Máximo Sozzo, destaca que en la primera década del siglo se produjo un "punitivismo desde abajo", apelando a los deseos de "la gente" a partir de la auto-denominada "Cruzada Axel", que dio lugar a una serie de reformas penales luego condensadas en la llamada "ley Blumberg".

Axel Blumberg fue un joven víctima de un secuestro a partir del cual su padre se convirtió en un famoso promotor del endurecimiento de las penas. Al respecto, Sozzo destaca que si bien éstos hechos culminaron en la aplicación de reformas penales en un sentido punitivista, lo cual no era promovido por el gobierno de turno en ese entonces, hay que tener en cuenta el antecedente del "populismo desde arriba" de finales de la década anterior (1990-2000) para entender lo que pasó. Las movilizaciones y demandas sociales a partir del caso Blumberg no hicieron más que revitalizar algunas iniciativas de cambio legal que habían sido presentadas antes en el Congreso de la Nación, y en muy pocos casos implicó la creación de nuevos proyectos (SOZZO, 2016).

Por su parte, Raúl Zaffaroni prefiere focalizar la atención en el rol de los medios de comunicación. Según este autor, la demagogia punitiva o técnica populachera (término que utiliza para diferenciarlo del populismo, al que considera otra cosa) es posible a partir de la ignorancia de la población fomentada por la desinformación que producen los medios masivos. A esta situación en la cual los medios construyen la realidad del delito, al punto de tener cierta capacidad de dirigir la política criminal, la denomina "criminología mediática" (ZAFFARONI, 2011).

Lo cierto es que no se puede afirmar que el incremento de delitos comunes por sí mismo pueda desatar una ola punitivista, ya que esto dependerá de otros factores políticos y culturales, que incluso pueden habilitar procesos de este tipo sin que existan modificaciones en las cifras (PRATT, 2007).

Será entonces el resultado de una compleja relación de fuerzas entre actores y representaciones sociales lo que dará lugar a una modificación en la realidad material y simbólica de la inseguridad. Por tanto, una estrategia de-constructiva en clave crítica no debería soslayar la incidencia de ninguna de las dimensiones y los actores que participan de esta clase de operaciones. Como a la vez, una propuesta alternativa que busque la construcción de "seguridad ciudadana" o la promoción de la "seguridad de los derechos" resultaría inacabada sin este abordaje integral.

En términos contractualistas, la autoridad del Estado se sostiene en tanto asegure los derechos que el individuo buscó proteger al entrar en comunidad a partir de ese estado de naturaleza ficticio que los autores clásicos tuvieron que inventar para sustentar su teoría de la soberanía. Esta noción de Estado difiere de la que se desprende de autores como Marx o Weber, en tanto afirman que el Estado no sería más que una comunidad política cuyo rasgo definitorio es constituido por la violencia (ZAFFARONI, 2011).

Es interesante sopesar esta idea a la luz de los estudios sobre crímenes de masa que nos demuestran que el gran homicida (genocida) de la historia ha sido el Estado nacional en función policial (ZAFFARONI, 2010). Tal vez sería revelador constatar el carácter clasista de esa victimización, y preguntarnos:

“¿Hay que entender, sí o no, que la sociedad, en su estructura política, está organizada de manera tal que algunos pueden defenderse de los otros, o defender su dominación contra la rebelión de los otros, o simplemente, una vez más, defender su victoria y perennizarla en el sometimiento?" (FOUCAULT, 2003:p.27)

Una de las tendencias que se verifica en los centros urbanos latinoamericanos es la directa relación entre violencia y desigualdad, con altos índices de cada una de las variables. Somos campeones mundiales al mismo tiempo del coeficiente de Gini, que indica la distribución inequitativa de la riqueza, y de tasas de homicidios dolosos (CARRANZA, 2014).

Sin embargo, las interpretaciones estructurales no alcanzan para explicar el fenómeno. Si bien es cierto que con posterioridad a las políticas económicas del neoliberalismo puede corroborarse un aumento del delito y la población encarcelada, las reformas post-keynesianas, o neo-desarrollistas de la última década no han podido hacer retroceder las cifras, sino que más bien se redujeron algunas, mientras avanzaron otras (RODRÍGUEZ, 2014).

En las complejas sociedades en las que nos desenvolvemos los problemas que enfrentamos tienen raíces multifactoriales. Fenómenos políticos como el de la inseguridad requieren abordajes más amplios que nos permitan abarcar y tener en cuenta, simultáneamente, diversas dimensiones de lo social que no operan de modo autónomo y aislado, sino que conviven en una extraña simbiosis que mantiene seguros a algunos mientras incrementa el riesgo y la inseguridad de los demás.

El concepto de seguridad remite, ante todo, a la idea de certeza, la garantía de que algo sucederá, mientras se utiliza la palabra inseguridad como sinónimo de delincuencia. La seguridad aparece entonces en los discursos securitarios como el grado de certeza de no ser eventualmente víctima de un delito, mientras que la inseguridad se correspondería con la pérdida de esa garantía.

Ambas nociones están sólo en parte superpuestas: la inseguridad no abarca el conjunto de los delitos, ni siquiera todo el crimen violento y, a la vez, puede hacer referencia a acciones y sujetos considerados por ciertos grupos como amenazantes pero que sin embargo no infringen ley alguna. En Argentina la inseguridad ligada al delito es sobre todo una prenoción sociológica, esto es, una forma de explicar la realidad del sentido común antes que un concepto desarrollado por las ciencias sociales. Nos sentimos inseguros frente a la posibilidad de ser víctima de cierto tipo de delitos. Se habla de inseguridad subjetiva y objetiva. Es decir del “sentimiento” de inseguridad por un lado, y por otro de la probabilidad de sufrir concretamente uno de estos hechos, que son, preponderantemente, el delito callejero: atentados contra la vida, la integridad física o sexual, y la propiedad (KESSLER, 2009).

Sin embargo, la sensación no se condice ni con las cifras que se conocen sobre el crimen ni, por ejemplo, con las estadísticas de otras causas de muerte evitables.

Según un estudio de la Universidad Maimónides junto al Instituto Argentino de Atención Farmacéutica (IAdAF), citado en un nota periodística de 2009, en Argentina mueren cerca 21.800 personas al año por el uso indebido de medicamentos. Es revelador cotejar esta cifra a la luz de las 2.700 muertes por homicidios dolosos que registra un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2015, o las 3.630 víctimas que declara el mismo documento en la categoría de homicidios culposos en siniestros viales.

Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, si tomamos los datos de la asociación "Luchemos por la vida" (2013) en comparación con los estudios más recientes del instituto de investigación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012), podemos observar que la cantidad de muertes en el año por accidentes de tránsito -137- es similar a la cantidad de homicidios dolosos -158-.

Aun así, cada vez que se hace mención a la palabra inseguridad, ésta nos remite a un imaginario que comprende un tipo específico de crímenes, asociados a un determinado sujeto social.

Entonces, ¿qué es lo que hace que toleremos unos riesgos y temamos otros de la misma capacidad lesiva? (construcción simbólica); y ¿qué es lo que hace que las cifras aumenten o disminuyan? (construcción material).

Al hablar de inseguridad, nadie se figura la amenaza de ser estafado por un banco o el temor de ser afectado por la corrupción de los funcionarios públicos; nadie vislumbra la posibilidad de ser injuriado o de tener un accidente de tránsito. Tampoco se hace referencia a la inestabilidad laboral o el dificultado acceso a la salud. Nos imaginamos directamente, y casi exclusivamente, la modalidad de “asalto”.

Por supuesto que en pleno siglo XXI nadie le teme a un fantasma, por lo que el sentimiento de estar amenazado se corresponde con alguna realidad. Pero cuando constatamos la desproporción entre el pánico moral (COHEN, 1980) y las estadísticas conocidas, se hace notable que hay algo más que un peligro concreto, algo más que una probabilidad numérica, más que un dato duro para amedrentar de esa manera a las personas.

La criminalidad es un producto de raíz multifactorial y tiene una incidencia material en el mundo. Algo la produce, y esta a su vez, algo produce. Hay un ingrediente más que no es de carácter estadístico ni fáctico: es el discurso que se elabora a partir del dato de la realidad, que construye lo que conocemos como inseguridad subjetiva y reproduce materialmente el hecho que posibilitó ese temor.

La realidad del hecho amenazante se construye desde los registros más básicos que intervienen en la vida en comunidad. El sentido común, el discurso ético-religioso, el discurso político-económico, y hasta los parámetros estéticos o los rituales más mundanos de la vecindad.

El desvalor se configura a partir de la transgresión de cada uno de los límites establecidos tácitamente por la ideología dominante (que podemos caracterizar hoy como la ideología de mercado, de la democracia liberal, del patriarcado, del neocolonialismo cultural, de la sociedad del riesgo, o como prefiramos llamarla). El juego de superposiciones de estas escalas valorativas que mutan día a día establece el grado de tolerancia social a ciertas conductas, mientras que incentiva la condena de otras despreciables, delimitando el marco de la civilidad y habilitando la estigmatización y discriminación.

Si el Estado no es el gran protagonista de este proceso, es al menos una especie de maestro de ceremonia, no siempre elegante y asertivo. Como comunidad de personas que ocupan cargos y organismos, y realizan políticas públicas, pero también como construcción histórica.

En la dimensión estatal de la construcción de la inseguridad tienen mayor incidencia algunas agencias. El núcleo duro del sistema penal lo constituye el trinomio policía-judicatura-prisión. Estos “compartimentos” ejercen de manera sucesiva la función (de manera privilegiada aunque no monopólica) de seleccionar, condenar y disciplinar a los infractores.

Los procesos de selección individualmente considerados no están desprovistos de arbitrariedades, irregularidades y una carga ideológica que condiciona fuertemente la administración de justicia en función de los intereses sectoriales. Entre sus limitaciones, cabe destacar:

- De la función policial: la incapacidad material para cumplir con el extenso programa penal establecido; la insuficiencia de recursos técnicos para perseguir el delito complejo; la precarización laboral que entorpece e imposibilita en muchos aspectos el compromiso y la especialización efectiva de los agentes (ZAFFARONI, 2002).

- De la función judicial: el carácter clasista de su estructura (KUNZ, 2000); el desapego a la ley, especialmente en la aplicación de tratados internacionales de Derechos Humanos (ZAFFARONI, 2016) y la falta de actualización derivada, por ejemplo, de la condición vitalicia de los jueces; la subordinación frente a la “opinión pública” (o publicada) a través de la presión ejercida por los medios de comunicación (ZAFFARONI, 2016).

- De la función carcelaria: la estructura militarizada y la ideología represiva; el fracaso de la resocialización (ZAFFARONI, 2002); la ausencia de controles efectivos.

Importantes aspectos del trabajo que realizan estas agencias no han sido demasiado estudiados en nuestro país, por lo que existen pocos informes independientes o no oficiales a la fecha que revelen datos sustantivos. Se trata de instituciones altamente herméticas que no han protagonizado significativas re-estructuraciones a partir de la transición democrática (como ha ocurrido en otros sectores del Estado) conservando buena parte de su personal político y dinámica de trabajo, con lógicas disciplinares verticales, importantes grados de autonomía, escasa rendición de cuentas a la ciudadanía, y nula incidencia de participación popular en la selección de sus funcionarios, como refiere Marcelo Sain (2012) en el caso particular de las reformas policiales.

El poder legislativo es la agencia gubernamental que tiene a su cargo el ejercicio de la criminalización primaria que, respondiendo o representando una demanda social individualiza conductas indeseables que luego pasan a ser perseguidas y cuya sanción es luego administrada por el conjunto del sistema penal (PAVARINI, 2003).

A través de dispositivos de seguridad (estadística, monitoreo), el Estado utiliza el mecanismo legal para legitimar socialmente de manera formal, institucionalizada, un programa de persecución que de tener éxito entregará el resultante a un dispositivo disciplinario.

Las instituciones de reproducción ideológica como las Universidades reafirman el modelo de Estado y de criminología vigente y garantizan en los sujetos la introyección de estructuras de pensamiento determinadas creando una “falsa conciencia” que relaciona imaginariamente a los individuos con sus condiciones materiales de existencia (ALTHUSSER, 2011).

Aquello que no es el Estado, ni es la red comunitaria lo comprenden círculos sociales, organismos y empresas que tienen como una de sus características vitales la recaudación de dinero. Ya sea porque operan en el comercio (de información, como los medios de comunicación; o de esa mercancía que es hoy la seguridad, como en el caso de los servicios privados de seguridad) o porque precisan de apoyo económico para subsistir como es el caso de las Organizaciones No Gubernamentales. Podemos incluir iglesias, organizaciones de beneficencia, e incluso institutos de investigación.

La seguridad aparece aquí, en su faz material y discursiva, como un bien de consumo o una mercancía, es decir algo a cambio de lo cual se puede obtener dinero, marcando el carácter esencial de estas instituciones, ya que cualquier aparato que precise recurrir a la recaudación autónoma para cumplir con sus objetivos se ve en la necesidad de adaptar sus fines a los medios de que dispone, corriendo un peligro muy concreto de convertir sus medios en un fin. (Esta particularidad que en esta dimensión social se torna esencial, no obsta a que otros actores circunscriptos en este análisis a otras dimensiones puedan operar en determinados casos con una lógica similar).

Aunque a veces su trabajo esté solapado tras la fachada de una función social como la de “informar con objetividad” o “investigar científicamente”, es inevitable que la balanza de estas instituciones se incline antidemocráticamente de algún modo u otro hacia la fuente de su financiamiento, ya sea porque responden ideológica, funcional y económicamente al capital concentrado, constituyéndose a veces en el brazo operativo de intereses transnacionales (GARCÍA LINERA, 2011) o porque directamente forman parte del él, como en el caso de algunos grandes medios de comunicación (ZAFFARONI, 2015).

La dimensión comunitaria comprende un sector que se corresponde con el “nosotros”, los “ciudadanos”, la “comunidad”. Sujetos a priori no condicionados estructuralmente en razón de su pertenencia corporativa que si se acercan a la cuestión securitaria lo hacen motivados por una experiencia personal a partir de la cual pueden confluir en colectivos con una perspectiva crítica del modelo vigente y/o demandar reivindicaciones puntuales enmarcadas en la lógica predominante. Son:

- Manifestaciones;
- simples interacciones; y la
- organización y puesta en marcha de respuestas alternativas.

Las personas convocadas espontáneamente a través de una demanda democrática, aún sin una estrategia de poder, también intervienen en la configuración del discurso público. Producen y reproducen lógicas securitarias y poseen un saber y recursos propios de gran valor para comprender y enfrentar la inseguridad (FONT, 1999).

Un reducido grupo con el ánimo suficiente para visibilizar sus demandas puede tener la capacidad de hegemonizar su valoración al punto de confundir su particularidad con lo universal y el interés general, especialmente si obtiene el favor de otros poderes interesados en amplificar su voz.

La simple interacción refiere al contacto con la vecindad, a las más simples prácticas de sociabilidad. La microfísica de la inseguridad que no proviene de ningún otro lugar que de nuestra incapacidad social para interactuar libremente, sin hipocresías ni pre-juicios.

Las relaciones intrafamiliares, vecinales, y laborales son el ámbito molecular en el que en definitiva se crean, se previenen y se resuelven en mayor medida las tensiones sociales. Éstas, contribuyen a generar tanto la idea de- como la criminalidad misma y, por su carácter ordinario, precisamente, cobijan la más extraordinaria capacidad de incidir en el objeto y sujeto de la seguridad: las personas.

En cuanto a la organización y puesta en marcha de propuestas alternativas, sería muy fácil sucumbir a la tentación de promover un abstracto involucramiento de "la gente común", como si esto por sí solo garantizara la politización, problematización o la adecuada supervisión de las instituciones responsables (accountability).

Pero el riesgo aquí es caer en el “participacionismo”. Parece que no hubiera quien no exalte la idea de que el ciudadano debe involucrarse en la cuestión securitaria porque sería fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Permitámonos ponerlo en duda convocando la presencia del filósofo esloveno, quien dice algo tan interesante como controvertido sobre la participación:

“Nuestra posición natural es la hipocresía: deseamos algo pero preferimos no tener lo que queremos. Un ejemplo político brutal: hoy está de moda decir que la gente quiere tener voz, participar en política. No. La mayoría, no. Esto es lo problemático cuando se dice: “Necesitamos una ciudadanía más activa”. Que la gente debe participar en las decisiones, en reuniones, en sus comunidades locales, etcétera. No es así, salvo en situaciones de emergencia, en estos hermosos momentos de revueltas y demás. Pero en el largo plazo, lo que la gente quiere es un orden público, organización estatal, que las cosas funcionen y me permitan hacer bien mi trabajo” (ZIZEK, 16/04/2013).Lejos de pretender desalentar la participación social, esta referencia invita a su problematización. Enmarcada en un modelo antidemocrático de gestión de la seguridad, la participación solo puede servir para legitimarlo y reproducirlo. Sin embargo, es posible que dotar (principalmente) a los sectores sociales más desaventajados de la ciudanía de protagonismo político e incidencia en la formulación, ejecución y control de políticas públicas de seguridad conduzca a cambios radicales. La validez de esta afirmación no dependerá de una constatación científica, sino política.

Al ser un fenómeno complejo de raíz multifactorial, la inseguridad requiere un abordaje que abarque todas las dimensiones de lo social implicadas en su construcción discursiva.

No ha sido el objetivo de este trabajo enunciar una respuesta política operativa al problema de la inseguridad, sino proponer un marco metodológico que sea de utilidad en nuestro medio para enfrentar su discusión.

La literatura especializada como los discursos político-institucionales y el imaginario social proveen variados diagnósticos y recetas. Sin embargo, es extraño encontrar trabajos científicos, leyes, o manifestaciones que expongan un tratamiento del tema en toda su complejidad.

Alumbrar los actores intervinientes en el proceso de construcción material y simbólica de la inseguridad ha sido necesario para evidenciar algunas de las imbricaciones de ese complejo entramado. Sin embargo, sería más difícil -y objeto de un estudio diferente- establecer el grado de influencia de cada uno de estos actores, lo que probablemente varíe según la situación que nos interese estudiar.

Lo único que podemos corroborar es que cualquier propuesta que ignore alguna de estas dimensiones y el rol de los actores que las constituyen tenderán a dejar un "punto ciego" en su elaboración, siendo incapaces de brindar una respuesta integral.

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Las dimensiones de la inseguridad. Propuesta para el abordaje de la cuestión securitaria.

Desde una perspectiva latinoamericana focalizada en el caso argentino

Nicolás Fava

[1] Fecha de recepción: 30/10/2016 - Fecha de aceptación: 07/12/2016.

[2] Estudiante de Derecho (UBA) con orientación en Derecho Penal y del Curso Internacional de Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho (CLACSO). Actualmente coordina el taller "Salud y Encierro" en el Centro Universitario del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del proyecto de extensión universitaria "Ave Fenix" de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), en el marco del Programa "UBA XXII" de educación en contexto de encierro.