Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos

N° 9 (diciembre-mayo). Año 2019. ISSN: 2525-0841. Págs.54-69

http://criticayresistencias.com.ar

Edita: Fundación El llano - Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)

Chile despertó: El modelo chileno, la matriz de desigualdad y la protesta de 2019^[1]

Chile woke up: The Chilean model, the inequality matrix and the 2019 protest

José Manuel Morán Faúndes^[2]

Resumen

Contrario al relato del supuesto éxito del modelo chileno, fundado sobre una mixtura de políticas económicas neoliberales y mecanismos jurídico-políticos de moderación institucional y contención de las disidencias, las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019 dejaron al descubierto una profunda fractura que se escondía debajo de dicho relato. Las cifras de crecimiento económico, disminución de la pobreza, estabilidad económica, entre otros, parecen haber invisibilizado una situación de malestar que se incubó por décadas en el seno de la sociedad chilena. Este artículo busca resaltar algunas dimensiones que podrían explicar los motivos de ese malestar que dio origen a las movilizaciones iniciadas a fines de 2019. Particularmente, se presta atención a la matriz de desigualdad que existe en Chile, resaltando dos características de dicha matriz que se sitúan en el centro del malestar social: la precarización de la vida de los sectores populares y medios, por un lado, y la guetificación de la elite, por otro. Adicionalmente, el artículo da cuenta de algunas características del proceso de movilizaciones de 2019, mostrando las particularidades que hacen de este proceso un hecho inédito en Chile.

Palabras clave: Chile; Movilización social; Desigualdad; Protesta; Elite.

Abstract

Contrary to the discourse of the supposed success of the Chilean model, founded on a mixture of neoliberal economic policies and legal-political mechanisms of institutional moderation and containment of dissidents, the mobilizations initiated in October 2019 revealed a deep fracture that was hiding beneath this discourse. The data on economic growth, the reduction of poverty, economic stability, among others, seem to have made invisible a situation of discomfort that was incubated for decades in Chilean society. This article seeks to highlight some dimensions that could explain the reasons for this civil unrest that motivated the mobilizations initiated at the end of 2019. Particularly, attention is given to the inequality matrix that exists in Chile, highlighting two characteristics of this matrix that are at the center of social unrest: the precariousness of the life of the popular and middle sectors, on the one hand, and ghetification of the elite, on the other. Additionally, the article shows some characteristics of the 2019 mobilization process, showing the peculiarities that make this process an unprecedented event in Chile.

Keywords: Chile; Social mobilization; Inequality; Protest; Elite.

Un relato ha recorrido por décadasLatinoamérica. Un relato que habla de una excepción dentro de la convulsionada vida política de la región. Un relato que habla de un país estable en medio de un vecindario azotado por constantes crisis. Ese país que rompe con toda la norma latinoamericanaes Chile. O lo era.

Chileha sido presentado en la historia reciente de América Latina como una especie de anomalíadentro del zarandeadocontexto latinoamericano. Un caso exitoso de cómo la combinación entre un gasto público austero, por un lado, e instituciones jurídico-políticas capaces de marginar a las disidencias, por otro, no sólo habrían permitido mantener una deseable estabilidad social e institucional, sino además conquistar logros sociales y económicos a contracorriente de la situación regional. La reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la estabilidad democrática, entre otros aspectos, han sido esgrimidos como argumentos para ejemplificar eléxito del “modelo chileno”.

Pero algo sucedióen octubre de 2019. Las protestas iniciadas por estudiantes secundarios/as que hicieron frente a un alza del pasaje del Metro de Santiago, derivaron en inéditas y masivas movilizaciones en todo el territorio nacional, contra una serie de abusos que recaían sobre los sectores populares y medios. En un país de sismos devastadores, un terremoto social dejó al descubierto una profunda fractura que se escondía debajo del relato de éxitos que se había contadopor décadas. Opacado por los fuertes aplausos al modelo, se gestaba un profundo malestar que ninguna cifra macroeconómica reflejaba. Se pensaba que lo que reinaba en Chile era paz y progreso. Lo que realmente había era un ensordecedor silencio.

Este texto ha sido escrito a sólo a cinco semanas de haberse iniciado las movilizaciones en Chile. Por esto, no busca proponer perspectivas futuras, dado que la cambiante coyuntura hace imposible prever siquiera lo que sucederá a corto plazo. Por el contrario, busca resaltar algunas dimensiones que podrían explicar los motivos que dieron origen al estallido social. Particularmente, se presta atención a la matriz de desigualdad que existe en Chile. Mucho se habla de la desigualdad que atraviesa a la sociedad chilena, pero no es la desigualdad por sí sola y como concepto general la que gatilla una revuelta de esta envergadura. Es necesario prestarle atención a las características específicas de esta matriz de desigualdad que interpelaron a la ciudadanía a alzar la voz y exigir el fin de una serie de situaciones que terminaron siendo interpretadas como abusivas. Así, este artículo resalta dos características de dicha matriz de desigualdad que entendemos se sitúan en el centro del malestar social: la precarización de la vida de los sectores populares y medios, por un lado, y la guetificación de la elite, por otro.

El texto se divide en tres secciones. La primera da algunas breves luces de qué es aquello de lo que se habla cuando se habla del “modelo chileno”. La segunda sección se focaliza en explicar, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las principales dimensiones que hacen a la matriz de desigualdad instituida en base a este modelo. Finalmente, el artículo cierra dando cuenta de algunas características del proceso de movilizaciones iniciadas en octubre de 2019, mostrando algunas particularidades que hacen de este proceso un hecho inédito en Chile.

1. El modelo chileno

Los orígenes de la estructura institucional y económica sobre la que se asienta el “modelo chileno” no fueron los más felices. Su génesis se remonta, al menos, a las reformas neoliberales realizadas durante la dictadura cívico-militar (1973-1990) liderada por Augusto Pinochet (Portales, 2005; Cristi y Ruiz-Tagle, 2006). Durante esta, se realizaron una serie de ajustes estructurales de corte neoliberal, de la mano de economistas que recibieron su formacióncentralmente en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Escuela de Chicago. Estos ajustes, establecidos en ausencia de toda deliberación democráticadado su origen autoritario, instituyeron medidas de privatización, reducción del gasto público, descentralización administrativa de servicios, restructuración sindical, y reconfiguración de las relaciones laborales y del capital, principalmente (Fontaine, 1993). Valgan algunos ejemplos para graficar lo que fue este proceso. De las 596 empresas estatales que había en 1973 quedaron 45 en 1989 (Hachette, 2001); el gasto público pasó de representar el 30,7% del PBI en 1982 al 17,7% en 1989 (Banco Mundial, 2019a);el Estado dispuso nuevas regulaciones que establecieron que las negociaciones colectivas quedaran limitadas al nivel empresarial (Fontaine, 1993); se traspasó la administración de los establecimientos de enseñanza desde el Ministerio de Educación al gobierno local de las municipalidades; se adoptó un sistema de pensiones de capitalización individual, entre muchas otras medidas. La reducción del Estado implicó, como es lógico, el beneficio de una serie de grupos económicos locales y transnacionales que adquirieron las antiguas empresas estatales^[3] o que comenzaron a vender a los particulares los servicios que antes eran brindados por el Estado. Antes que cualquier otro país en el mundo, Chile comenzó un experimento neoliberal sin precedentes.

El nuevo modelo se asentó sobre una serie de mecanismos jurídico-políticos, como la Constitución Política de 1980, orientados a legitimar el orden económico e instituir dispositivos institucionales para contener cualquier tipo de disidencia, incluso una vez finalizada la dictadura. Esto es lo que se conoció como la democracia tutelada o protegida (Portales, 2005), donde incluso a las Fuerzas Armadas se le otorgaron disposiciones especiales para ser garantes de esta. En la práctica, tal como señala Fernando Atria (2018), lo que se protegía no era la democracia como tal, sino el modelo político y económico establecido en la dictadura. A través de la Constitución se instituyó la figura de senadores/as designados/as y vitalicios/as (muchos/as de ellos/as exmilitares), un sistema electoral binominal diseñado para disciplinar el comportamiento de los partidos (Valenzuela 2005), la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del Director General de Carabineros, la atribución constitucional de las Fuerzas Armadas de ser “garantes de la institucionalidad”, el establecimiento deun Consejo de Seguridad Nacional capaz de autoconvocarse sin previa autorización presidencial, la existencia de un Tribunal Constitucional que ha operado como protector de la carta de derechos impuesta en dictadura, entre muchos otros aspectos. Respecto de este último punto, las críticas al rol del Tribunal Constitucional como garante no sólo del cumplimiento de la Constitución, sino del sistema económico neoliberal, se han hecho cada vez más frecuentes (Cristi y Ruiz-Tagle, 2006; Atria, 2010). Y es que diversas leyes que han buscado otorgar mayores potestades a trabajadores/as o contener las atribuciones de los grandes grupos económicos, no han logrado pasarel controlde constitucionalidad. Ocurrió cuando el Tribunal Constitucional estableció que los grupos negociadores tenían el mismo estatus jurídico que un sindicato, otorgándole a los/as empleadores/as la capacidad de fomentar estos grupos para mermar la influencia sindical (El Desconcierto, 2018). Ocurrió cuando falló en contra de una ley que otorgaba una serie de nuevas potestades de sanción y fiscalización al Servicio Nacional del Consumidor (El Mostrador, 2018).Ocurrió cuando decretó la inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohibía que los controladores de planteles educacionales obtuvieran lucro de las institucioneseducativas (La Nación, 2018).

El sistema económico y político chileno, así como su orden y estabilidad, se asentó en estrictos mecanismos político-jurídicos que orientaron y limitaron la institucionalidad del país (Fuentes, 2010). Varios de estos mecanismos fueron reformados recién con la reforma constitucional de 2005. Otros, como el sistema electoral, llevaron más tiempo. Y otros persisten hasta hoy. Sin embargo, la Constitución mantuvo varias de sus prerrogativas en materia económica, afianzando un modelo neoliberal que fue pionero en el mundo (Cleary, 2007; Atria, 2018). Así, el neoliberalismo no debe ser entendido sólo como una serie de reformas económicas. Es una verdadera matriz política amparada en complejos mecanismos jurídico-políticos, que significó “la pérdida del papel del Estado y los partidos políticos como espacios aglutinadores de sentidos de la comunidad política”, constituyendo un “desplazamiento de un imaginario público a un imaginario privado” (Garretón et al, 2011, p. 5).

Pese a que el modelo chileno neoliberal se instituyó en ausencia de toda deliberación democrática y, más aún, a través de una serie de mecanismos institucionales de amarre,ha contado con la venia de la mayoría de los partidos políticos a través del tiempo. Su turbulenta génesis ha sido interpretada, incluso por quienes criticaron las reformas neoliberales en sus inicios, como el costo que hubo que pagar para lograr el éxito (Portales, 2005). Esa idea de un modelo exitoso ha sido justificada con diversos datos macroeconómicos. En efecto, Chile ha tenido una economía estable, con una inflación que en 2018 llegó a apenas un 2,6% acumulado en el año, y en la última década no llegó siquiera a tocar el 6%interanual (Banco Central de Chile, 2019). El PIB per cápita de Chile aumentó más de un 600% desde 1990, y hoy es casi el doble que el del promedio de América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2019b).Según datos del Banco Mundial, la desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente Gini, ha disminuido, pasando de 57,2 a en 1990 a 46,6 en 2017 (Banco Mundial, 2019c).Más aún, la evidencia ha mostrado que en el país existe una cierta movilidad intergeneracional ascendente (OCDE, 2018). De hecho, en las últimas décadas, la pobreza disminuyó considerablemente, pasando de un 40% en 2003 a sólo un 10,7% en 2017 según las mediciones de CEPAL (2018), muy por debajo de la media latinoamericana. Sumado a lo anterior, su regreso a la vida democrática no sólo se hizo mediante un ordenado proceso plebiscitario, sino que además todos/as sus gobernantes/as han finalizado en tiempo y forma sus respectivos mandatos, con total orden institucional.

Toda esta evidencia fue convenciendo a diversos sectores económicos y políticos acerca de los beneficios del modelo. Lo que había sido diseñado por un reducido grupo de economistas y constitucionalistas, e instituido mediante el uso de la fuerza de una dictadura de 17 años, terminó por seducir a las nuevas cúpulas democráticas a partir de los años noventa. El relato en torno a Chile, a su orden, estabilidad y progreso, parecía apoyarse en irrefutables evidencias.

Es por esto que a lo largo de los años se han usado significativas expresiones para alabar este modelo. El propio Milton Friedman, padre de la Escuela de Chicago en la que se formó la generación de economistas que dieron forma al actual modelo chileno, habló del “milagro chileno” en su momento. En 1998, en tanto, el diario chileno El Mercurio popularizó la expresión “jaguar de América Latina”, aludiendo a una especie de versión latina de los denominados “tigres asiáticos”, como Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur. Poco más de veinte años más tarde, el presidente Sebastián Piñera, ante los medios de prensa, hablaba de Chile como un “verdadero oasis” en medio de una América Latina convulsionada (Baeza, 2019). El relato chileno no sólo se ha apoyado en cifras macroeconómicas, sino en potentes metáforas políticas que han conformado una específica imagen país.

Pero las apariencias engañan.Según las voces más críticas, el consenso en torno al modelo, y el imaginario del pacto social que lo avalaba, era en realidad el pacto de una elite (Moulián, 1997). Debajo de ese consenso de elites parecía estar gestándose un profundo malestar, el malestar de quienes vivendel otro lado del modelo.

2. La matriz de la desigualdad

El inicio de la protesta social de octubre de 2019 tuvo como detonante el alza en el pasaje del Metro de la ciudad de Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera estableció un aumento de $30 (5 centavos de dólar, aprox.), esto es, una suba de alrededor de un 4%, quecomenzó a regir el día 6 de octubre. Las primeras movilizaciones contra esta medida fueron protagonizadas por estudiantes secundarios/as que comenzaron a ingresar masivamente al Metro sin pagar el boleto. Sin embargo, al poco tiempo terminaron representando un reclamo mucho más amplio.

La idea de fondo que movilizó esas evasiones masivas, materializada inicialmente en el alza del pasaje de Metro, fue la protesta contra los abusos de poder. Esa narrativa logró articular una gran cadena de malestares sociales producidos por diversos hechos que venían siendo entendidos por la ciudadanía también como abusos. Abusos relativos al acceso a la salud, al precio de los medicamentos, al acceso a una educación de calidad, al acceso a la vivienda digna, a los indignos montos de las jubilaciones, a los bajos salarios y las precarias condiciones laborales, entre muchos otros, comenzaban a gestar en una cadena de equivalencias (Laclau, 2015) que daba forma a la expresión de un malestar generalizado. Las movilizaciones iniciales y el amplio apoyo que estas tuvieron dieron cuenta de la existencia de un profundo encono que parecía haber estado contenido por años. El lema “No son 30 pesos, son 30 años” que se hizo parte del sentido común de la protesta, sintetizó de manera clara ese sentir. Esos treinta años daban cuenta de que el malestar no era sólo contra el gobierno de turno, sino contra todo un modelo que se había gestado en la dictadura de Pinochet y que había sido gestionado, pero no reformado en profundidad, por los distintos gobiernos democráticos a partir de 1990.

Pero ¿a qué abusos se refieren? ¿No era Chile un ejemplo a seguir? ¿La abundante información empírica no respaldaba acaso el éxito del modelo? Convencidos/as ante la abrumadora evidencia macroeconómica, muchos/as analistas y dirigentes observaron atónitos/as el inicio de las protestas. El alto PBI per cápita, la disminución sostenida de la pobreza a lo largo del tiempo, e incluso la disminución de la desigualdad que ha experimentado el país en los últimos años, parecieran no condecirse con el malestar social.

El problema de la evidencia macroeconómica que ha conformado el relato del “milagro chileno”es que invisibiliza dos dimensiones centrales que configuran una particular estructura de desigualdad que los sectores movilizados interpretan como abusiva. La primera es que, aunque se salga de la pobreza, los sectores populares y medios continúan experimentado condiciones materiales de vida altamente precarizadas. El alto costo de la vida en Chile, materializado en el alto precio de la atención oportuna en salud, de los medicamentos, de la alimentación, de la vivienda, del transporte, de la educación de calidad, entre otros, sumado a salarios y pensiones promedio que no alcanzan para cubrir los gastos básicos mensuales, ha tendido a beneficiar a determinados grupos económicos y a perjudicar a sectores populares y medios. El efectivo acceso a una calidad de vida digna sigue siendo un privilegio de una pequeña elite que puede costear su acceso a servicios y derechos básicos de manera permanente. La segunda dimensión se vincula, precisamente, con la constitución de esa elite. El estrato alto en Chile ha atravesado un proceso de guetificación, es decir, se ha constituido en una elite que no sólo goza de una serie de privilegios prácticamente inexistentes en los demás estratos sociales, sino que ha adquirido rasgos de endogamia y de una alta impermeabilidad que imponen un verdadero techo de cristal a la movilidad social de los sectores medios. La elite es un exclusivo club al que sólo pueden entrar quienes nacieron dentro de él: un gueto VIP. Veamos con algo más de detalle estas dos dimensiones.

2.1 La precarización de la vida

Si bien graficar la situación de precarización que viven la mayoría de los sectores populares y medios en Chile requeriría un exhaustivo y detallado análisis, algunos datos pueden ayudar a dar ciertas luces sobre esta situación. En lo que respecta a los ingresos, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2018), sólo el 20% más rico de los hogares tiene un ingreso mensual promedio per cápita que supera a su gasto promedio mensual. Esto quiere decir que 4 de cada 5 hogaresno llegan con sus ingresos a cubrir sus gastos medios mensuales, los que mayoritariamente se destinan a alimentación, transporte, vivienda y servicios básicos. Así, el endeudamiento mediante el crédito es una parte esencial de la supervivencia de los hogares de estratos populares y medios en el país. Según datos del Banco Central de Chile (2018), dos de cada tres hogares tienen algún tipo de deuda y, en promedio, la deuda contraída por los hogares representa 3,5 veces el total de sus ingresos mensuales. Las deudas asociadas al consumo son las que más peso tienen en la carga de endeudamiento de los hogares, especialmente en los de menores recursos. Consecuentemente, informes de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dan cuenta que las tarjetas de crédito vigentes entre julio de 2014 y julio de 2019 aumentaron un 179% en Chile (SBIF, 2019).De este modo, el endeudamiento es parte de la cotidianidad de los hogares chilenos. Tomar uno o varios créditos no es una opción, sino una necesidad vital para la mayoría de los hogares.

En el contexto de un país que ha favorecido la flexibilidad laboral, la incertidumbre se vuelve también cotidiana (PNUD, 2002). Según datos del PNUD (2017), la inestabilidad laboral es un componente frecuente en el empleo chileno, la que tiende a aumentar en los casos de los empleos con peores remuneraciones. Mientras que los/as trabajadores/as con salarios altos tienden a tener una duración promedio de más de 2 años en sus trabajos, los/as trabajadores/as de más bajos salariostienen en promedio una duración de 11,5 meses en el caso de las mujeres y 8,2 meses en el caso de los hombres. Adicionalmente, alrededor del 50% de los/as trabajadores/as tienen algún tipo de inserción laboral endeble, esto es, trabajadores/as que no están cubiertos/as o no están suficientemente cubiertos/as por las disposiciones formales (Brega et al, 2018).

La situación de precariedad también afecta, y de manera intensa, a las personas jubiladas. A comienzos de los años 80, Chile adoptó un sistema de pensiones de capitalización individual, el que rige para toda la población a excepción de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes se mantuvieron dentro del sistema anterior y hoy reciben pensiones casi 5 veces mayores a las del resto de la ciudadanía (Gálvez y Kremerman, 2019a). El sistema de capitalización individualde los/as civiles se financia por una contribuciónobligatoria del 10% del salario que se deposita en cuentas de ahorropersonales administradas por instituciones financieras privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A diciembre de 2018, el 50% de las 684.539 personas jubiladas que recibieron una pensiónde vejez por edad, que es la modalidad más masiva del sistema, obtuvieron menos de $151.336 (US$ 200, aprox.), incluyendo en este monto el Aporte Previsional Solidario que realiza el Estado. Sólo considerando eltramo de las personas que cotizaronentre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor a $296.332 (US$ 395, aprox.), valor levemente superior al salario mínimo de fines de 2018 que alcanzaba los $288.000 (US$ 385, aprox.) (Gálvez y Kremerman, 2019b). El panorama empeora considerablemente para el caso de las mujeres. A diciembre de 2018 el monto promedio de las pensiones por vejez pagadas fue de $227.693 (US$ 300, aprox.), y en el caso de las mujeres descendía a $183.864 (US$ 245, aprox.).

Esta estructura de precarización se observa no sólo en los ingresos, el trabajo y el endeudamiento. En un contexto de neoliberalismo consolidado, donde diversos servicios públicos fueron privatizados y el gasto público recortado fuertemente, el acceso a diversos servicios ha quedado supeditado a la capacidad de pago de cada persona u hogar. Las carencias de ingresos se traducen así en carencias de acceso a derechos. La salud es un ejemplo de esto. El sistema de salud público en Chile sufre una serie de déficits que afectan directamente la calidad de la atención de los sectores populares y medios. Este déficit es tal, que el oportuno acceso a la salud depende directamente de la capacidad de las personas para pagar por una consulta privada que les permita sortear las barreras cristalizadas en el sistema público. En 2017, el tiempo de espera para una consulta médica por una nueva especialidad en el sistema público de salud fue de 412 días, y para una intervención quirúrgica fue de 479 días (Bedregal et al, 2017).^[4]En 2018, 25.981 personas fallecieron esperando ser atendidas en el sistema público (MINSAL, 2019).Según el informe “Desiguales” del PNUD (2017), el único sector de la población chilena donde la mayoría tiene mucha o bastante confianza en que tendrá atención médica oportuna en caso de enfermedad catastrófica o crónica grave, es el 20% más rico. En el resto de la población, menos del 50% de las personas confía en la atención del sistema público de salud, porcentaje que disminuye dramáticamente a menos de un 20% en el caso del quintil más pobre de la población.

La educación constituye otro ejemplo. La calidad de la educación escolar a la que se accede está directamente relacionada con la estructura de desigualdad. Investigaciones han mostrado que los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), esto es, el examen nacional que realizan los/as egresados/as del secundario para postular a la educación superior, se distribuyen diferencialmente según variables socioeconómicas, género y el tipo de establecimiento educativo de procedencia (Miranda, 2017). Los/as estudiantes que acceden a establecimientos educacionales públicos, las mujeres y los sectores de ingresos más bajos tienden a tener un rendimiento promedio en la PSU muy por debajo de aquellos/as que acceden a colegios privados y de estratos socioeconómicos altos (Miranda, 2017; Koljatic y Silva, 2010). En 2016, el puntaje promedio de los/as egresados/as de establecimientos públicos fue 470,7 puntos, mientras que el promedio de egresados/as de colegios privados sin subvención estatal fue de 600 (el máximo puntaje posible es 850). Complementario a lo anterior, en 2018 el 73% de los/as estudiantes que alcanzaron los máximos puntajes a nivel nacional egresaron de colegios privados, el 16% de colegios particulares con subvención estatal y sólo el 11% de establecimientos públicos (Ramírez y Molina, 2018). Tal como ocurre con el acceso a la salud, la precariedad del sistema público educativo obliga a los hogares a pagar (o endeudarse) por un colegio privado^[5] para que niños/as y adolescentes accedan a una educación de calidad.

Así, servicios y derechos básicos como la atención oportuna en salud, el acceso a una educación de calidad, el derecho a una jubilación digna, entre muchas otras cosas, están supeditadas a la capacidad de pago o de endeudamiento de las personas. La precariedad de la vida se manifiesta en la virtual ausencia de un Estado que descomercialice el acceso a derechos que afecta a los sectores medios y, especialmente, a los populares.

2.2 La guetificación de la elite

No sólo existe una brecha importante entre la calidad de vida de los sectores populares y medios, por un lado, y la clase más alta, por otro.Además,es tal la concentración de la riqueza de los sectores altos,y los privilegios simbólicos y materiales asociados, que ingresar en ese grupo es algo prácticamente inalcanzable para el resto de la población, lo que lo transforma en un verdadero gueto, una elite que se autorreproduce (PNUD, 2017). Algunos datos grafican esta situación. Según datos del Banco Mundial (2015), el 5% más rico de la población concentra el 51% del total de los ingresos devengados del país, esto es, la suma del ingreso percibido por concepto de salarios, trabajo independiente, pensiones de jubilación, intereses, subsidios y otros, más las utilidades que quedan depositadas en las empresas.^[6]

Pero, como indica el PNUD (2017), ingresar al exclusivo grupo de los sectores más altos depende más de ciertas marcas de nacimiento que del mérito y el esfuerzo encausado en generar riqueza. El haber recibido una educación privada de elite es una de ellas. Según investigaciones recientes, esta variable impacta directamente sobre las probabilidades de ejercer un cargo gerencial o directivo en una empresa listada en la bolsa. Un estudiante universitario proveniente de un colegio privado de elite tiene 10 veces más probabilidades de ejercer un cargo directivo en alguna de esas empresas que un estudiante universitario que egresó de algún colegio o liceo de enseñanza media no perteneciente a la elite (Zimmerman, 2013).La omisión del lenguaje de género en la frase anterior no es casual, ya que los

datos analizaron exclusivamente a hombres debido a la fuerte subrepresentación de mujeres en dichos cargos, denotando cómo la desigualdad se profundiza en su intersección con el género, incluso dentro de las elites.

Otra marca de nacimiento es la familia de procedencia, la que en muchas ocasiones está asociada a características raciales que se traspasan intergeneracionalmente. Según un informe del PNUD (2017), los 50 apellidos que más se repiten en Chile entre las profesiones de mayor prestigio social (ingeniería, medicina y derecho) son mayoritariamente vinculados a la aristocracia castellana-vasca o a ascendencias inglesas, francesas, italianas y alemanas, mientras que los 50 apellidos donde no hay absolutamente ninguna persona perteneciente a estas profesiones de prestigio son mayoritariamente aquellos de pueblos originarios. Al igual que con la variable género, la intersección entre clase y raza profundiza las desigualdades.

A todo esto debe sumarse que en algunas de las ciudades más importantes de Chile esta estructura de desigualdad y de concentración de la riqueza se materializa en un esquema de segregación espacial. Los sectores más ricos de la población tienden a concentrarse fuertemente en determinadas zonas dentro de las ciudades, una tendencia que se observa especialmente en Santiago, donde existen los mayores indicadores de concentración geográfica de estos sectores. Por otro lado, los sectores populares pertenecientes al 10% más pobre tienden a experimentar condiciones de aislamiento espacial respecto de otros grupos socioeconómicos, tendencia que se observa con mayor fuerza en ciudades como Antofagasta, Concepción, Talca y Temuco (Rasse, 2016).

Los siguientes mapas, correspondientes a la ciudad de Santiago, permiten observar gráficamente la distribución espacial de algunas de las variables recién expuestas. A la izquierda, el mapa muestra el estrato socioeconómico predominante por cada manzana, observándose una fuerte concentración de los sectores altos (ABC1) en la zona oriente de la capital, y especialmente en la zona nororiente, en comunas como Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y La Reina. A la derecha, en tanto, el mapa elaborado por Francisco Miranda (2017) muestra la distribución espacial de los puntajes obtenidos en la PSU, observándose una alta concentración de los puntajes más altos en la zona nororiente.

.

Mapa 1: Estrato socioeconómico predominante por manzana (izquierda) y centros de educación según nivel de puntajes promedio PSU 2016 (derecha), Gran Santiago

Fuentes: Mapa de la izquierda, elaboración propia a partir de datos censales de 2002 del Instituto Nacional de Estadísticasextraídos del Observatorio de Ciudades UC (https://ideocuc-ocuc.hub.arcgis.com/). Mapa de la derecha, Miranda (2017). La clasificación socioeconómica del mapa izquierdo utiliza la nomenclatura propuesta por la Asociación de Investigadores de Mercado y ampliamente utilizada en Chile, que mide la capacidad de consumo de los hogares. Al 10% de los hogares con menor capacidad de consumo se le denomina estrato E, lossiguientes 35 percentiles corresponden al estrato D, los percentiles 45 al 70 al estrato C3, los percentiles 70 al90 son el estrato C2 y el 10% con mayor capacidad de consumo es el estrato ABC1.

La concentración de privilegios en la elite abarca a la política partidaria también. Datos del PNUD muestran que “cerca del 75% de los ministros, el 60% de los senadores y más del 40% de los diputados del período 1990-2016 asistió a colegios de elite, estudió carreras universitarias de elite, o ambas cosas” (PNUD, 2017, p.40).Un estudio previo realizado con datos de parlamentarios/as que ejercieron sus cargos entre 1990 y 2005 mostró la existencia de una creciente homogeneización en el origen social de los/as parlamentarios/as chilenos/as, observándose una creciente presencia de diputados/as y senadores/as que cursaron sus estudios en colegios privados católicos y en las mayores universidades de Santiago (Espinoza, 2010).

Esta concentración del poder en general, y la mixtura entre el poder político y el económico en particular, ha derivado en una serie de casos de corrupción y delitos de cuello blanco que han salido a la luz pública en los últimos años. El financiamiento ilegal de la política de parte de empresas privadas, o la colusión de precios por parte de grandes grupos económicos, son sólo pequeños ejemplos de esto. Muchos de estos casos, de hecho, no ha tenido una condena formal, o sus penas han terminado siendo interpretadas por la ciudadanía como una burla, generándose la sensación de una elite que goza de plena impunidad. El caso de la colusión de precios de tres grandes cadenas farmacéuticas y un laboratorio,que terminó con una sentencia que dispuso el pago de una multa y la obligación de sus directivos de tomar un curso de ética, es paradigmática de esto (El Mostrador, 2013). Probablemente, este tipo de sucesos han ayudado a que Chile esté atravesando desde hace años por una creciente crisis de confianza institucional que afecta a empresas, partidos políticos, al Congreso Nacional, etc. Como indica Eduardo Valenzuela, las instituciones son vistas “a través del prisma de la controversia, cuya forma más letal es el ‘escándalo’, que lejos de constituir un episodio se transforma en la rutina de vida institucional (la corrupción en la política, el abuso económico en las empresas, el abuso sexual en la vida eclesiástica, etc.)” (Valenzuela, 2014, p. 14).

Todos estos datos y casos dan cuenta de la endogamia y la impermeabilidad que existe dentro de la elite. Una elite donde habitan sectores que, en definitiva, no sólo generan riqueza gracias a la inversión de capital y el emprendimiento, sino también, en ciertos casos, gracias a la administración que ejercen sobre clientelas cautivas ante la ausencia del Estado. En un país donde diversos servicios y derechos básicos han devenido bienes de consumo, la alta concentración de la riqueza ha sido fruto, en parte, de la enorme generación de utilidades de las empresas e instituciones financieras que en las últimas décadas se hicieron de la administración y el control de servicios asociados a temas como la salud o las pensiones. Por ejemplo, las utilidades de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), esto es, el sistema privado de seguros de salud que existe en Chile, ascendieron a $64.392 millones de pesos (US$ 85 millones, aprox.) en 2018, doblando las utilidades conseguidas en el año anterior (Superintendencia de Salud, 2019). En el caso de las AFP que administran los fondos de pensiones, sus utilidades ascendieron a $303.231 millones de pesos en 2018 (US$ 404 millones, aprox.) (El Mercurio, 2019).

Así, los logros del modelo chileno en materia de superación de la pobreza y crecimiento económico esconden una densa estructura de desigualdades asociada,por un lado, a una precaria situación de los sectores populares y medios y, por otro, a una impermeable elite que no sólo concentra privilegios, sino que ha adquirido notorios rasgos endogámicos y de clausura sobre sí misma. Hablamos así de un tipo de desigualdad tan profunda que ha tendido a segregar las experiencias biográficas de la población, abarcando dimensiones económicas, políticas, geográficas, sanitarias, etc. La desigualdad no está supeditada a una dimensión específica, como la desigualdad de ingresos únicamente, sino que se estructura de un modo tan general que organiza la experiencia vital de los sujetos en su totalidad, abarcando dimensiones materiales y simbólicas. Esta estructura de desigualdad ha conformado la idea de que los mejores barrios, colegios, universidades, instituciones de salud, puestos de trabajo, pensiones,etc., que cumplen con altos estándares de calidad,están destinados a los sectores pertenecientes a la elite que puede costear para acceder a ellos, siendo prácticamente impermeables para los estratos medios y populares. Ante la ausencia de un Estado que iguale las condiciones de acceso a servicios y derechos básicos, el pleno goce de derechos es un lujo que unos pocos sectores se pueden dar, transformando esos derechos en privilegios de una elite cerrada sobre sí misma. Así, la desigualdad generada por el modelo neoliberal ha constituido una matriz totalizante, es decir, un sistema omniabarcativo de estratificación que, al no supeditarse a una dimensión específica, abarca la totalidad de la vida de los sujetos. Es por esto que los niveles de desigualdad en sí mismos, medidos en indicadores generales y estandarizados como el coeficiente Gini u otros, no logran explicar por sí mismo el estallido social iniciado en octubre de 2019. El malestar asociado a las movilizaciones de 2019 se orienta a reclamos contraesta matriztotalde injusticias sociales.

3. Chile despertó

Las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019 parecen ser el resultado de un malestar contenido por décadas frente a esta matriz de desigualdad. Lo que ha sido interpretado como una cadena de abusos contra los sectores medios y populares, interpeló a una ciudadanía que asume haber despertado de un prolongado letargo, tal como indican las consignas clamadas ya en las primeras marchas callejeras: “Chile despertó”.

Desde el retorno a la democracia en 1990, la fuerte tutela que se ejerció institucional y militarmente contra las disidencias que amenazaban el aparente consenso dieron sus frutos. La sociedad civil chilena posdictatorialtuvo un carácter más bien fragmentario, de escasa organización y poca participación política. La matriz neoliberal contribuyó también a promover un imaginario que favorece lo privado por sobre lo público, lo individual por sobre lo comunitario, donde cada persona es responsable de su propio bienestar ante un Estado ausente que favorece relaciones individuales por sobre las colectivas. Adicionalmente, la naturalización de la represión y criminalización de la protesta ha implicado una continuidad con el uso de la violencia como mecanismo de neutralización del disenso político.

Ante este escenario, la fuerza del proceso de movilizaciones iniciado en octubre de 2019 está relacionado con un movimiento que adquirió desde sus inicios características nunca vistas en otras protestas realizadas desde el retorno a la democracia, y que le permitió enfrentar los mecanismos represivos y de control desplegados por el gobierno. Sin ánimo de exhaustividad, es posible mencionar al menos tres, todas relacionadas unas con otras.La primera es la ausencia de un liderazgo o de una vanguardia que lidere al movimiento. Si bien las primeras protestas fueron movilizadas por estudiantes secundarios/as que evadieron masivamente el pago del boleto del Metro en Santiago, la movilización rápidamente adquirió un carácter inorgánico desde el momento en que gran parte de la ciudadanía comenzó a respaldar las primeras acciones estudiantiles y a sumarse espontáneamente a la protesta. La idea de una lucha contra la desigualdad y los abusos interpeló a una masa inorgánica que se plegó al reclamo y lo hizo suyo desde un comienzo. Así, lejos de ser proceso comandado por una o varias organizaciones o líderes, el movimiento carece de un centro articulador. Muchas acciones, protestas y movilizaciones se organizan local y dispersamente. Incluso Unidad Social, una entidad recientemente formada que convoca a más de 100 organizaciones de todo el país y que adquirió un rápido protagonismo desde el comienzo de las protestas, no es reconocida como centro articulador de este proceso. Tampoco los partidos políticostienen la capacidad de constituir liderazgos para comandar las movilizaciones. Muy por el contrario, la falta de legitimidad de los partidos, lo que son percibidos en general como parte de la misma elite de siempre, ha generado un fuerte rechazo por cualquier intento de apropiarse de la protesta y sus banderas.

En segundo lugar, a la ausencia de liderazgo de suma la ausencia de un sujeto político único detrás del proceso de movilizaciones. Quienes están detrás la protesta no son sólotrabajadores/as, ni estudiantes, ni mujeres, ni pueblos originarios, ni pobladores/as. Son todos/as ellos/as y más. Es una amalgama de subjetividades políticas diversas que parecieran estar articulándose en un ampliado sujeto popular. Tampoco son sujetos anclados a una cierta territorialidad, ya que la movilización alcanzó rápidamente un carácter nacional, especialmente tras el anuncio gubernamental en la madrugada del 19 de octubre de decretar Estado de Emergencia en Santiago y otorgar el control de la ciudad a una autoridad militar, despertando los miedos a viejos fantasmas de la dictadura que parecían haber sido superados. La articulación equivalencial de demandas sociales que dio origen a las protestas parece estar sentando las bases de un incipiente proceso de construcción de un “pueblo” constituido no por un tipo específico de sujeto, sino por cadena articulatoria de subjetividades que encuentranuna común unidad en el malestar provocado por la precarización de sus vidas y la percepción de una elite abusiva.

Finalmente, la tercera característica es que, a pesar del carácter inorgánico del movimiento, parece existir un fuerte consenso al interior del pueblo movilizado respecto de lo que motiva la protesta: el rechazo a un modelo que ha tendido a precarizar diversas dimensiones de la vida. Según datos de una encuesta de alcance nacional realizada por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC, 2019) a pocos días de iniciadas las movilizaciones, más del 80% de las personas estaba de acuerdo con avanzar sobre reformas a los sistemas de pensiones, de salud, educacional, laboral, tributario y en la promulgación de una nueva constitución política. Respecto a este último punto, el 77% manifestó estar disconforme o muy disconforme con la Constitución de 1980, y el 84% estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en cambiarla, existiendo un fuerte consenso (76%) respecto de que el mecanismo para modificarla debiese ser una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía, y no un reducido grupo de expertos/as o congresistas. Estos datos dan cuenta de un malestar general contra un modelo socioeconómico que se expresa en diversas aristas de la vida cotidiana, contra el marco jurídico-político que lo ampara y con la exclusión del pueblo en los procesos de toma de decisión. En otras palabras, pareciera existir una demanda por generar un pacto socialmediante un debate democrático, y dejar atrás las negociaciones de elites y las imposiciones por la fuerza.

Todas estas características dan cuenta de una inédita movilización que sobrepasó fuertemente, desde el primer minuto, la capacidad del gobierno de Sebastián Piñera para gestionar el conflicto. El gobierno reaccionó de la manera más violenta que se pudiese imaginar. El Estado de Emergencia y el toque de queda decretados el 19 de octubre, a sólo cinco meses de que se cumplieran 30 años sin que las Fuerzas Armadas fueran llamadas a actuar en las calles por algo que no fuese una catástrofe natural, marcó un quiebre en la reciente historia institucional de Chile. La fuerte represión ejercida por dichas fuerzas y por la acción de Carabineros, violando masivamente los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2019; HRW, 2019), ha dejado un saldo que posiblemente quedará en la memoria colectiva del país. Hasta el día 25 de noviembre, a casi seis semanas de haberse iniciado las movilizaciones, la Fiscalía Nacional investigaba 26 casos de muertes ocurridas desde el inicio de las protestas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en tanto,llevaba presentadas desde el 17 de octubre 79 querellas por violencia sexual, 7 por homicidios frustrados, 6 por homicidio y 369 por torturas y tratos crueles. El mismo organismo cifraba en 2.808 las personas heridas en hospitales, de las cuales 1.737 habían sido heridas por armas de fuego, y 232 habían tenido severos daños oculares (INDH, 2019). Algunos de estos últimos, comoGustavo Gatica, quien recibió el impacto de perdigones disparados por Carabineros, y Fabiola Campillay, herida por una bomba lacrimógena de Carabineros, perdieron la vista en ambos ojos. El uso descontrolado y abusivo de la fuerza ha sido el modo privilegiado por el Estado para sostener a un modelo que se resiste a morir, y para el cual ya ninguna metáfora de milagros, jaguares u oasis parece servir.

Pero la violencia y la militarización de las primeras semanas no amedrentó a la movilización. Muy por el contrario, despertó respuestas de todo tipo, desde inéditas marchas que lograron concentraciones históricas de gente, hasta enfrentamientos directos de ciertos grupos civiles contra las fuerzas policiales, saqueos a comercios e incendios de edificios públicos y de empresas. Entre la movilización, la violencia y el caos, hay una sola cosa que es segura: Chile ya no volverá a ser lo que fue. Durante décadas se gestó la idea de un Chile que se pensaba por fuera del vecindario regional. La consigna “Chile despertó” que comenzó a gritar el pueblo movilizado en las calles representa quizás ese “retorno” de Chile a una América Latina de la que nunca se alejó, una América Latina de contradicciones y de luchas. Chile nunca se fue de la región, sólo estaba silenciado.

Bibliografía

Amnistía Internacional. (2019). Chile: política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando. Santiago de Chile. Amnistía Internacional. Recuperado de https://amnistia.cl/noticia/chile-politica-deliberada-para-danar-a-manifestantes-apunta-a-responsabilidad-de-mando/

Atria, F. (2010). “Participación y alienación política: el problema constitucional”. En Fuentes, C. (ed.), En nombre del pueblo. Debate sobre el cambio constitucional en Chile. Santiago de Chile. ICSO

Atria, F. (2018). “Sobre la nueva constitución y su urgencia”. En Grez Toso, S., Vidal Molina, P. y Opazo Ortiz, D. (comp.) Ciudadanías para la democracia.  Santiago de Chile. Ariadna Ediciones

Baeza, A. (8 de octubre de 2019). Piñera asegura que “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”. La Tercera. Recuperado de https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/

Banco Central de Chile (2018).Informe de Estabilidad Financiera Segundo Semestre 2018. Santiago de Chile. Banco Central.

Banco Central de Chile. (2019). Inflación del IPC y el IPC-SAE en Chile. Santiago de Chile. Banco Central de Chile. Recuperado de https://www.bcentral.cl/inflacion

Banco Mundial (2015). Chile: Efectos distributivos de la reforma tributaria de 2014. Washington. Banco Mundial.

Banco Mundial. (2019a). Gasto (% del PIB) – Chile. Washington DC. Banco Mundial. Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador/GC.XPN.TOTL.GD.ZS?end=1997&locations=CL&start=1972

Banco Mundial. (2019b). PIB per cápita (US$ a precios actuales) - Chile, LatinAmerica&Caribbean. Washington DC. Banco Mundial. Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CL-ZJ

Banco Mundial. (2019c). Índice de Gini - Chile. Washington DC. Banco Mundial. Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL

Bedregal, P. et al (2017). “La espera en el sistema de salud chileno: una oportunidad para poner a las personas al centro”. Temas de la Agenda Pública, año 12, núm. 102, pp. 1-15. ISSN 0718-9745. Santiago de Chile:Pontificia Universidad Católica de Chile.

Brega, C. et al. (2018). Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE). Santiago de Chile. Fundación Sol.

Cámara de Diputados de Chile. (2005). Informe de la Comisión Investigadora Encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990. Valparaíso. Cámara de Diputados de Chile. Recuperado de http://www.archivochile.com/Chile_actual/21_est_ide/chact_estidea0001.pdf

CEPAL. (2018). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL.

Cleary, E. (2008). “Chile: entre la imagen de éxito y los fantasmas del subdesarrollo”. EnPolis, núm. 18, pp. 1-39. ISSN 0718-6568. Santiago de Chile. Universidad de Los Lagos.

Cristi, R. y Ruiz-Tagle, P. (2006). La República en Chile. Teoría y práctica del constitucionalismo republicano. Santiago de Chile. LOM.

DESOC (2019).Termómetro social. Octubre 2019. Recuperado de http://nucleodesoc.cl/wp-content/uploads/2019/11/TERM%C3%93METRO-SOCIAL-DESOC_CMD_COES.pdf

El Desconcierto. (7 de agosto de 2018). “Clara ideología anti sindical”: Experto critica reconocimiento de los grupos negociadores por la Dirección del Trabajo. El Desconcierto. Recuperado de https://www.eldesconcierto.cl/2018/08/07/clara-ideologia-anti-sindical-experto-critica-reconocimiento-de-los-grupos-negociadores-por-la-direccion-del-trabajo/

El Mercurio (1 de marzo de 2019) Ganancias de las AFP llegaron a $303.231 millones en 2018. El Mercurio. Recuperado de https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2019/03/01/Ganancias-de-las-AFP-llegaron-a-303231-millones-en-2018.aspx

El Mostrador. (8 de julio de 2013). Sin cárcel y con clases de "ética empresarial" termina juicio contra ejecutivos de farmacias coludidas. El Mostrador. Recuperado de https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/08/sin-carcel-y-con-clases-de-etica-empresarial-termina-juicio-contra-ejecutivos-de-farmacias-coludidas/

El Mostrador. (18 de enero de 2018). Celebra el empresariado: Tribunal Constitucional falla en contra de nuevas atribuciones para el Sernac incluidas en proyecto de ley. El Mostrador. Recuperado de https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/18/celebra-el-empresariado-tribunal-constitucional-falla-en-contra-del-nuevas-atribuciones-para-el-sernac-incluidas-en-proyecto-de-ley/

Espinoza, V. (2010). “Redes de poder y sociabilidad en la élite política chilena. Los parlamentarios 1990-2005”. Polis, núm. 26, pp. 1-28. ISSN 0718-6568. Santiago de Chile. Universidad de Los Lagos.

Fontaine, J. A. (1993). “Transición económica y política en Chile: 1970-1990”. Revista Estudios Públicos, núm. 50 (otoño), pp. 229-279. ISSN: 0716-1115. Santiago de Chile. Centro de Estudios Públicos.

Fuentes, C. (2010). “Elites, opinión pública y cambio constitucional”. En Fuentes, C. (ed.), En nombre del pueblo. Debate sobre el cambio constitucional en Chile. Santiago de Chile. ICSO

Gálvez, R. y Kremerman, M. (2019a). “Pensiones por la fuerza. Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden”. Ideas para el Buen Vivir, núm. 17, pp. 1-23. ISSN 0719-6741. Santiago de Chile. Fundación Sol. Recuperado de http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2019/09/PEV-1.pdf

Gálvez, R. y Kremerman, M. (2019b).“Pensiones bajo el mínimo. Resultados del sistema de capitalización individual en Chile”.Ideas para el Buen Vivir, núm. 16, pp. 1-18. ISSN 0719-6741. Santiago de Chile. Fundación Sol. Recuperado de http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2019/07/Pensiones-bajo-el-minimo-2019-1.pdf.

Garretón, M. A. et al (2011). “Movimiento social, nuevas formas de hacer política y enclaves autoritarios”. Polis, núm. 30, pp. 1-20. ISSN 0718-6568. Santiago de Chile. Universidad de Los Lagos.

Hachette, D. (2001).“Privatizaciones: reforma estructural pero inconclusa” en Larraín, F. y Vergara,R. (eds.) La transformación económica de Chile. Santiago de Chile. Centro de Estudios Públicos

HRW. (2019). Chile: Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas. Nueva York. HRW. Recuperado de https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas

INDH. (2019). Información constatada por el INDH al 25-11-2019 a las 13.00 hrs. Santiago de Chile. INDH. Recuperado de https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2019/11/Informe-25-11-2019.docx

INE (2018).VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Santiago de Chile. INE.

Koljatic, M. y Silva, M. (2010). “Algunas reflexiones a siete años de la implementación de la PSU”. Revista Estudios Públicos, primavera, pp. 125-146. ISSN: 0716-1115. Santiago de Chile. Centro de Estudios Públicos.

La Nación. (27 de marzo de 2018). Tribunal constitucional declara inconstitucional prohibición de lucro. La Nación. Recuperado de http://lanacion.cl/2018/03/27/tribunal-constitucional-declara-inconstitucional-prohibicion-de-lucro/

Laclau, E. (2015).La razón populista. Buenos Aires. FCE.

MINSAL. (2019). Segundo informe trimestral de garantías de oportunidad respecto a los retrasos en régimen AUGE y lista de espera no AUGE. Santiago de Chile: MINSAL.

Miranda, F. (2017). “Análisis del comportamiento espacial e los resultados PSU (proceso de admisión 2016)”. Revista CIS, núm. 22, pp. 63-85. ISSN: 0719-2177. Santiago de Chile. Centro de Investigación Social.

Moulian, T. (1997). Tomás. Chile Actual. Anatomía de un mito. Santiago de Chile. LOM / Arcis.

OCDE (2018).A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. París. OECD Publishing.

PNUD (2002).Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural. Santiago de Chile. PNUD.

PNUD (2017).Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago de Chile. PNUD / Uqbar Editores.

Portales, Felipe. (2005). La inexistencia de la democracia en Chile. Polis, núm. 10, pp. 1-15. ISSN 0718-6568. Santiago de Chile. Universidad de Los Lagos.

Ramírez, N. y Molina, T. (23 de diciembre de 2018). PSU: 79% de puntajes nacionales son hombres, pero mujeres se imponen en lenguaje. EMOL. Recuperado de https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/23/931916/PSU-El-79-de-los-puntajes-nacionales-de-este-2018-fueron-obtenidos-por-hombres.html

Rasse, A. (2016). “Segregación residencial socioeconómica y desigualdad en las ciudades chilenas”. Documento de trabajo N° 4/2016. Santiago de Chile. PNUD. Recuperado de file:///C:/Users/Jos%C3%A9%20Manuel%20Mor%C3%A1n/Downloads/undp_cl_pobreza_Serie-DT_4.pdf

SBIF. (2019). Informe de Tarjetas de Crédito - Nueva Versión. Santiago de Chile. SBIF. Recuperado de https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=568&preg=accordion6726

Superintendencia de Salud. (2019). Superintendencia de Salud informa que utilidades de las Isapres ascienden a $64.392 millones. Santiago de Chile. Superintendencia de Salud. Recuperado de http://www.supersalud.gob.cl/prensa/672/w3-article-18490.html

Valenzuela, E. (2014). “La paradoja de la confianza”. En Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 2013. Una mirada al alma de Chile. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado de https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/serie-no-66-encuesta-nacional-bicentenario-universidad-catolica-adimark-2013.pdf

Valenzuela, S. (2005). Hay que eliminar el sistema binominal? Una propuesta alternativa. Política, vol. 45, pp. 53-66. ISSN: 0716-1077. Santiago de Chile. Universidad de Chile.

Zimmerman, S. D. (2013).“Making Top Managers: The Role of Elite Universities and Elite Peers”. Recuperado de https://pdfs.semanticscholar.org/d26a/843dcac604dcc64ab21224f4d69c4db59236.pdf