Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos

N° 9 (diciembre-mayo). Año 2019. ISSN: 2525-0841. Págs.70-89

http://criticayresistencias.com.ar

Edita: Fundación El llano - Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)

“Una amenaza sin precedentes”. Problematización contemporánea de la cuestión de los bosques nativos en Córdoba y el país^[1]

“An unprecedented threat”. A contemporary problematization of the native forests issue in Córdoba and Argentina

María Paula Ávila Castro^[2]

Resumen

El problema de los bosques nativos en territorio cordobés se consolidó como un objeto en emergencia ambiental con particular vigor desde inicios del siglo XXI, reclamado por expertos y no expertos que lo presentaban como dañado, degradado, en riesgo. Expresión de esta particular problematización fue el proceso de la ley provincial 9814 de ordenamiento territorial de los boques nativos de Córdoba (2010), y su antecedente, la ley nacional 26331 de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos (2007). En este artículo nos proponemos comprender la emergencia de la cuestión de los bosques nativos, a partir del análisis de la configuración discursiva contemporánea que la caracteriza. Este desarrollo va más allá de los aspectos normativos del proceso de la ley y se pregunta por las modalidades de emergencia de la cuestión, a partir de las cuales la legislación se convirtió en un imperativo consensuado y demandado por diversidad de actores. El análisis llevado adelante nos permite afirmar, entre otras cuestiones, que el ordenamiento territorial se consagró como la herramienta privilegiada del proceso legislativo. Por tratarse de un instrumento técnico de planificación y manejo de los bosques, fue necesaria la intervención de saberes expertos a partir de los cuales se pudiera establecer la mejor categorización de zonas de protección. Con ello comprendemos el protagonismo del registro científico en la producción discursiva de la situación de los bosques y, por lo tanto, la importancia de figuras como la COTBN en Córdoba.

Palabras clave:Bosque nativo; problematización;discurso ambiental; ordenamiento territorial; saber ecológico.

Abstract

The problem of the native forests in the territory of Córdoba consolidated as an object of environmental emergency with special strength at the beginning of the twenty-first century, claimed by experts and non-experts who presented them as damaged, degraded and at risk. An expression of this particular problematization is the process of the provincial law 9814 which regulates the territorial ordering of the native forests of Córdoba (2010), and its precedent, the national law 26331 of minimum budgets for the protection of native forests (2007). In this article, our aim is to understand the urgency of the matter of native forests by analyzing the contemporaneous discursive configuration that characterizes it. This analysis goes beyond the normative aspects of the legislative process, and examines the emergency levels of the matter, which turned its legislation into an agreed imperative claimed by a wide variety of actors. The analysis carried out allows us to state, among other things, that the territorial ordering became established as the preferred tool of the legislative process. As a technical instrument for forest planning and management, expert involvement was necessary to better categorize the protection areas. By doing so, we aknowledge the importance of scientific documentation in the discursive production of the state of the forests, and thus the significant role that entities such as COTBN play in Córdoba.

Key words: Native forest; problematization; environmental discourse; territorial ordering; ecological knowledge.

Introducción

El problema de los bosques nativos en territorio cordobés se consolidó como un objeto en emergencia ambiental con particular vigor desde inicios del siglo XXI, reclamado por expertos y no expertos que lo presentaban como dañado, degradado, en riesgo. Expresión de esta particular problematización fue el proceso de la ley provincial 9814 de ordenamiento territorial de los boques nativos de Córdoba (2010), y su antecedente, la ley nacional 26331 de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos (2007). En el contexto de discusión legislativa de ambas normativas, los bosques se constituyeron como una problemática de público conocimiento y se instalaron en la agenda ambiental nacional y cordobesa.

En este artículo nos proponemos comprender la emergencia de la cuestión de los bosques nativos a inicios del siglo XXI, a partir del análisis de la configuración discursiva contemporánea que la caracteriza. Para ello, en el apartado 1realizamos una presentación descriptiva del problema y sus antecedentes, de acuerdo con la reconstrucción de los acontecimientos de la bibliografía consultada. En el apartado 2, desarrollamos los principales aspectos conceptuales y metodológicos relativos a nuestra mirada de cómo puede ser analizado un problema ambiental desde una perspectiva discursiva. En el apartado 3, nos detenemos a problematizar dicha presentación y a analizar, a partir de un corpus discursivo constituido por informes técnico-científicos relacionados con la situación de los bosques nativos, la particular configuración discursiva de la tematización y emergencia del bosque como problema ambiental, tanto a nivel nacional como provincial, marcando cercanías y distancias.

En las reflexiones finales, concluimos que el registro científico fue una característica central de la producción discursiva de la situación de los bosques y de su legislación, aspecto que se comprende por la importancia discursiva asociada al esquema de los servicios ecosistémicos y al instrumento de ordenamiento territorial de bosques nativos. El proceso que se inició con la legislación nacional y el ordenamiento provincial, respondió a imperativos específicos y demandó la intervención de saberes expertos a partir de los cuales se pudiera establecer la mejor categorización de zonas de protección.

1. Aspectos institucionales del problema de los bosques a nivel nacional y provincial

La literatura consultada sobre el problema de los bosques nativos a nivel nacional (Giardini, 2009; Juliá, 2010; Di Pangracio, 2013; Langbehn, 2013, 2017; Gautreau, Langbehn y Ruoso, 2014; Schmidt, 2015; Gutiérrez, 2016) remarca la importancia del proceso legislativo que se inicia desde 2005 como parte de las principales condiciones de problematización de la situación de este recurso natural en el país. También indica que la revitalización de este problema se debió al quiebre que supuso durante los años 2004 y 2005 “el caso Pizzarro”, un proyecto de desmonte para el cultivo de soja promovido por el gobierno provincial de Salta en una reserva natural con presencia de una comunidad wichí.

Efectivamente, a raíz del repudio frente al posible desmonte en Salta, organizaciones no gubernamentales relacionadas a la protección ambiental como Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) o la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) encontraron un campo propicio para insistir en la situación de degradación generalizada de los bosques, presentando informes en el contexto de una campaña a favor del ordenamiento territorial del bosque nativo nacional.

Existía, a su vez, un marco normativo acorde a la regulación ambiental demandada, pues se venía legislando sobre principios mínimos ambientales según la orientación adoptada por el país, con la normativa de la Ley General de Ambiente 25675 de 2002, la cual a su vez respondía a la transferencia de competencias a las provincias en materia ambiental de acuerdo con la reforma constitucional de 1994^[3]. La política ambiental argentina por esos años venía promoviendo el involucramiento de las provincias en materia ambiental, bajo el establecimiento de criterios generales de base, estipulados por el gobierno nacional.

Así, observamos que, como propone Schmidt (2015), intervino la confluencia de una serie de factores político-institucionales, normativos, situaciones específicas en la correlación de fuerzas Nación-provincias, fortalecimiento del accionar de organizaciones no gubernamentales, reclamos de poblaciones indígenas y movimientos campesinos, ocurrencia de desastres naturales y conflictos territoriales; a partir de la cual “la deforestación pasara a constituirse de modo progresivo como un ‘problema ambiental’ con estado público en Argentina” (Schmidt, 2015, p.127). Consecuentemente, la Cámara de Diputados de la Nación declaró enmayo de 2005 que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare la Emergencia Forestal Nacional y prohíba los desmontes hasta que se sancione una ley nacional para la protección de los mismos (Giardini, 2009).

La ley nacional fue conocida como “ley Bonasso”, pues el diputado Miguel Bonasso, entonces presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, fue quien presentó en 2006 el proyecto de ley, un proyecto nutrido por los aportes de las organizaciones ambientales que venían movilizándose por la protección de los bosques.

En el proceso se remarca la oposición que recibió el proyecto por parte de los representantes de algunas provincias del norte del país (Giardini, 2009; Schmidt, 2015). Luego de la media sanción en Diputados, en la Cámara de Senadores aparecieron proyectos de ley alternativos, basados en el argumento de que una política más restrictiva sobre los desmontes iba en desmedro del desarrollo productivo de provincias dependientes de la expansión de la agricultura. Estas objeciones dilataron la votación y aprobación final, motivo por el cual las organizaciones ambientales que venían implicándose en la cuestión y una treintena que se sumó, presentaron “un millón de firmas de personas de todo el país en reclamo por el urgente tratamiento de la norma, lo que demostró el alto nivel de consenso social en torno al proyecto” (Giardini, 2009, p.7).

Finalmente, y luego de ciertas negociaciones en la letra de la ley que incluían la incorporación de un fondo de fomento para la protección de los bosques nativos^[4], se aprobó la ley nacional 26331 de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos en noviembre de 2007.

La mencionada ley indica los lineamientos que se deben seguir para el ordenamiento de los bosques nativos, los cuales consisten en la zonificación del territorio de las provincias en diferentes categorías de conservación, según el valor ambiental de las unidades de bosque nativo y las actividades permitidas en el territorio, a partir de un proceso participativo. Se obliga a identificar tres categorías de conservación (rojo, amarillo y verde)^[5]. Según el artículo 14, no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías rojo y amarillo.

Como consecuencia de la sanción de la ley 26331, se inauguró en las provincias la tarea de ordenamiento territorial de los bosques nativos con los requisitos legales de que los procesos provinciales se realizaran como máximo en un año desde la sanción de la ley, fueran participativos, se basaran en los criterios de los servicios ecosistémicos y de sustentabilidad (Di Pangracio, 2013).

Un conjunto de artículos describe el proceso iniciado al respecto en Córdoba (Silvetti y otros, 2013; Deon, 2016; Rossi, 2016; Schneider, De Luca y Dassano, 2018). El gobierno provincial, en 2008, ordenó la creación de una comisión intersectorial para la elaboración de la ley, la cual a su vez debía responder a los lineamientos de la legislación nacional. Si antes de 2008 se hablaba de la crisis forestal de la provincia, no fue hasta entonces que ello adquirió importancia generalizada en el público cordobés.

Actores vinculados al ámbito académico cordobés provenientes de la ecología, la biología y la agronomía, así como miembros de organizaciones ambientales y campesinas, tomaron protagonismo y se hicieron eco de las obligaciones que emanaban de la sancionada ley nacional para comenzar a pensar los modos del ordenamiento territorial de bosques que se debía regular en la provincia.

En el transcurso de junio de 2008 la Secretaría de Ambiente (SA) de la provincia de Córdoba es designada por Decreto de Gobernación como autoridad de aplicación (AA) provincial, en el marco de la Ley 26.331. Al mes siguiente se crea por Resolución, la Unidad Ejecutora del OTBN de Córdoba.

A instancias de la misma se conforma en noviembre de 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), cuyo objetivo era propiciar la participación social en la elaboración del anteproyecto de Ley de OTBN para la provincia. Se realiza una primera reunión de la COTBN en diciembre de 2008, en la misma Secretaría de Ambiente (Schneider, De Luca y Dassano, 2018, p.315).

Así, a fines de 2008, la Secretaría de Ambiente de la provincia convocaba a legisladores, investigadores de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, técnicos del ámbito estatal provincial pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y a la de Turismo, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Parques Nacionales, y a diversas entidades privadas productivas, organizaciones y movimientos sociales como el Movimiento Campesino de Córdoba, la Federación Agraria Argentina, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM), Asambleas Despierta, el Aula Abierta de Montaña, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Ecosistemas Argentinos, el Grupo Escalera, el Foro de los Ríos de Calamuchita, la Fundación Conydes, la Fundación Acude, el Foro Ambiental, el Proyecto de Reforestación de las Sierras de Córdoba, entre otros (Deon, 2016; Rossi, 2016; Schneider, De Luca y Dassano, 2018).

La COTBN desarrolló, durante dos años hasta la sanción de la ley, un proceso de diagnóstico, mapeo y escritura del proyecto con todos los sectores que la integraban, además del insumo de observaciones provenientes de una serie de talleres que la propia Comisión organizó en diversos territorios de la provincia. La propuesta final fue presentada en mayo de 2009 en una audiencia pública en la que participaron mil personas.

A pesar de que la hechura de la ley se había concentrado formalmente en la órbita de la COTBN, el sector productivo se separó tempranamente de la Comisión y elaboró su propia propuesta. La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) presentó su proyecto de ley ante la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de Córdoba, en sintonía con los intereses de otros actores como la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) o la Sociedad Rural Argentina (SRA) (Silvetti y otros, 2013).

Este anteproyecto, entre muchos aspectos contrapuestos a la propuesta de la COTBN, movilizaba intereses económicos de un único sector, amparados por las propias políticas gubernamentales. El anteproyecto pretendió modificar las zonas rojas, excluyendo gran parte de las áreas de ecosistemas de bosque, promoviendo y flexibilizando la intervención del monte nativo en zonas amarillas (Schneider, De Luca y Dassano, 2018, pp.316-317).

Un aspecto notorio de este proceso, desde 2008 hasta la actualidad, fue la diversidad de acciones públicas, pronunciamientos e intervenciones que se sucedieron, ya que “tanto la COTBN como CARTEZ ejercieron una fuerte presión por medio de movilizaciones callejeras y declaraciones públicas en los medios masivos de comunicación, tratando de generar adhesiones en la opinión pública y en los legisladores acerca de sus proyectos” (Silvetti y otros, 2013, p.12).

En este contexto, la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, tras recibir ambos anteproyectos, decidió tomar como base el de la COTBN para continuar los debates con la convocatoria de diversos sectores que realizaron sus propias exposiciones (Schneider, De Luca y Dassano, 2018, p.317).

Finalmente, a pesar del proceso atravesado y tras dilaciones en los meses subsiguientes, la Legislatura de Córdoba sancionó la ley 9814 en agosto de 2010 y con ello optó por priorizar el proyecto elaborado por CARTEZ, durante una votación que se realizó por la madrugada (Deon, 2016; Rossi, 2016).

La cuestión legislativa tuvo su resurgimiento en 2016, en torno a la actualización de la ley, la cual estipulaba que una renovación del ordenamiento territorial debía ser realizada cada cinco años. El proceso de esta actualización tuvo como eje el territorio del noroeste cordobés y la actividad ganadera, que CARTEZ pretendía desarrollar por medio de una reforma en los usos de los bosques que implicaba una nueva codificación de zonas rojas por zonas amarillas, y el rechazo de esta propuesta por parte de la recientemente creada Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa), el Movimiento Campesino de Córdoba, ex integrantes de la COTBN, fundaciones ambientales, científicos de institutos de investigación, la ciudadanía en general y algunas figuras del espectáculo local. La controversia se fundaba en que:

“el bloque justicialista de Unión por Córdoba, junto a legisladores de la UCR, decide impulsar en diciembre de 2016 -más de un año después del momento de actualización-, una nueva Ley de Bosques.

Este proyecto de ley (20.811) que posee el nombre de ‘Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la provincia de Córdoba’ directamente pretendía reemplazar la Ley 9814, como así también la Ley 8066 de Bosques y Tierras Forestales” (Schneider, De Luca y Dassano, 2018, p.320).

El proyecto mencionado finalmente perdió estado parlamentario dado el rechazo generalizado, el cual quedó plasmado en las múltiples y masivas movilizaciones de los sectores que se oponían, nucleados en la CoDeBoNa (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo), durante 2016.

2. Precisiones conceptuales y metodológicas

Tal como lo hemos presentado hasta aquí, es casi imposible referir al problema de los bosques sin considerarlo en el marco de un proceso de legislación, en tanto se exhibe mucho más como el problema de la “la ley de bosques”, que de los bosques a secas. Cómo y por qué el de los bosques es una cuestión que se configuró fundamentalmente alrededor de su regulación formal, es la pregunta sobresaliente del análisis apenas iniciada la lectura del material y el punto de partida para comprender la problematización contemporánea de este asunto.

Esta inquietud es muy diferente a la necesidad de una presentación del marco normativo vigente y de los arreglos institucionales desarrollados, e incluso de una narración del proceso legislativo provincial y nacional como ya lo desarrollamos brevemente en el apartado anterior.

La pregunta por el problema de los bosques en referencia a la “ley de bosques” demanda analizar las condiciones discursivas por medio de las cuales ello se configuró de esa manera. Más que sobre la ley, creemos necesario colocar el foco en las modalidades de emergencia de la cuestión, a partir de las cuales la legislación se convirtió en un imperativo consensuado y demandado por diversidad de actores. Entendemos que la normativa que se discutió y sancionó, tanto a nivel nacional como provincial, no es expresión de la inventiva aislada de un conjunto de legisladores, sino el efecto de prácticas discursivas que se venían constituyendo en el marco de los problemas ecológicos.

Desde nuestro enfoque teórico, el análisis de discurso debe considerar las condiciones de producción que configuran la emergencia, constitución y transformación de los discursos. Esta categoría es central para lo que podemos denominar como la Escuela francesa de Análisis de Discurso, desarrollada por autores como Pêcheux (1978) o Courtine (2005). La misma nos señala quelas condiciones de producción importan, puesto que la producción del discurso es concebida como proceso. Pêcheux lo propone en el marco de un proceso de producción discursiva en tanto que mecanismos formales por medio de los cuales se produce un discurso en circunstancias determinadas. Entendemos aquí que “un discurso se pronuncia siempre a partir de condiciones de producción dadas (…) está, pues, situado en el interior de una relación de fuerzas que existe entre los elementos antagonistas de un campo político dado” (Pêcheux, 1978, p.41).

Las condiciones de producción se vinculan con la posición de los protagonistas del discurso, el contexto sociohistórico o la situación en la que aparece el discurso. Sin embargo, ninguna de estas condiciones implica un análisis psicologicista o historicista clásico. Es imprescindible tomar como centrales las relaciones de sentido que hacen de condiciones de producción de un discurso, en un proceso donde se entiende al discurso como parte de una cadena de discursos previos. Así, un estado dado de condiciones de producción debe ser comprendido como resultado de procesos discursivos sedimentados. A la vez, es imposible definir un origen de las condiciones de producción, puesto que este origen propiamente impensable supone una recursión infinita. “Por el contrario, es posible preguntarse por las transformaciones de las condiciones de producción a partir de un estado dado de estas condiciones” (Pêcheux, 1978, p.55).

A propósito, un conjunto de informes científico-técnicos divulgados antes y durante las discusiones sobre los bosques constituyen el corpus discursivo bajo análisis. Los textos incluidos debían ser escritos o pronunciados por cientistas relacionados con la disciplina ecológica (ecólogos, biólogos e ingenieros en su mayoría), o éstos debían ser entrevistados o citados de modo protagónico por otro tipo de actores; debían versar sobre la problemática contemporánea (en el momento de su enunciación) de los bosques nativos o temáticas ambientales directamente relacionadas; debían estar dirigidos a otros actores implicados en el conflicto o a la comunidad cordobesa en general, por lo que se excluyeron discursos académicos (como intervenciones en congresos, libros o artículos) que no alcanzaran niveles públicos de divulgación; y debían referirse al problema de los bosques nativos de Córdoba o, de presentar alguna relevancia particular, podían remitirse a la situación de los bosques en todo el país o en el mundo (pero no de otra región específica).

Consideramos que es posible comprender cierta problematización de los bosques nativos, a partir del análisis de discurso de dichos documentos, puesto que con ellos hemos podido hilvanar los aspectos simbólicos del problema y comprender las condiciones por medio de las cuales se configuró. Sobre el corpus haremos referencia más detallada en el próximo apartado.

Cabe destacar que el análisis que proponemos a continuación forma parte de una investigación más amplia, concluida en tesis de maestría^[6], desarrollada con el objetivo de analizar la configuración del problema de los bosques nativos en Córdoba en su emergencia, conceptualización y transformación histórica, a partir del estudio de la formación discursiva ecológica, en particular, sobre la constitución de sus objetos y conceptos.

3. Configuración de la emergencia ambiental de los bosques nativos

a. Características generales del corpus discursivo

En 2003 la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) publicó el Atlas de los Bosques Nativos Argentinos (SAyDS, 2003), con resultados parciales de la situación de disponibilidad del recurso. El mismo incluye un capítulo de historia de la ciencia forestal y presenta las regiones forestales del país, para luego adelantar con cartografía los resultados parciales del primer inventario de bosques. El Atlas fue coordinado por ingenieros forestales con funciones en la Dirección de Bosques de la SAyDS (Ing. Forestal Sergio Mario La Rocca e Ing. Forestal Jorge L. Menéndez).

En 2004, el mismo organismo editó el Informe sobre Deforestación en Argentina (Montenegro y otros, 2004), firmado por la Ingeniera Agrónoma Celina Montenegro, Ingeniero Forestal Ignacio Gasparri, Ingeniero Forestal Eduardo Manghi, Geógrafa Mabel Strada, Licenciada Julieta Bono y Licenciada María Gabriela Parmuchi. El informe se segmenta en tres apartados: situación mundial, situación nacional y situación provincial de la deforestación y degradación de los bosques.

El análisis definitivo de la cantidad de hectáreas de bosques nativos y su mapeo se publicó, también en el ámbito de la SAyDS, en 2005 bajo el título de Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Informe nacional. Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas Préstamo BIRF 4085-AR (SAyDS, 2005).

El proceso de inventariado de bosque nativo que llevó adelante la SAyDS desde fines de la década de 1990 e inicios de los años 2000, cuyos resultados se publican en los citados informes, se enmarca en uno de los objetivos del Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas, un proyecto financiado desde 1997 por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial (Préstamo BIRF 4085 AR; Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297).

El Inventario, como informe final, presentó los procedimientos, metodología y criterios técnicos por medio de los cuales se registró la disponibilidad y localización de bosque nativo del país. En la introducción se lo considera una herramienta para enfrentar la situación de los bosques nativos y de planificación del uso del territorio. En los resultados se describen las regiones y superficies de cobertura.

Por otro lado, en 2004, por un convenio entre el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la SAyDS, el gobierno nacional editó un informe denominado GEO-Argentina 2004. Perspectivas del Medio Ambiente (Kullock, 2004), diagnóstico general en el que se incluyó un análisis sobre el ecosistema de bosques, bajo la coordinación general del arquitecto David Kullock, con aportes de diversos especialistas.

A su vez, en 2006, la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) publicó un informe denominado La Situación Ambiental Argentina 2005 (Brown y otros, 2006), documentando el problema de la deforestación, entre otras problemáticas. En su introducción se presentaba el estado ambiental al año 2005 de las grandes ecorregiones argentinas con el aporte de 148 especialistas de instituciones académicas, organismos públicos, organizaciones sociales y empresas privadas, quienes produjeron 83 artículos. Editado por Alejandro Brown, Ulises Martínez Ortiz, Marcelo Acerbi y Javier Corcuera, fue auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Banco Mundial y las Embajadas en la Argentina del Reino Unido y Suiza.

Ese año, asimismo, Greenpeace presentó un texto titulado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La alternativa para Salvar los Bosques en Argentina, en el marco de la “Campaña Biodiversidad”. El de Greenpeace fue un informe directamente elaborado para el proceso legislativo que se estaba gestando a nivel nacional. Contó con un apartado dedicado a describir la emergencia forestal y el sistema normativo vigente en materia ambiental y específicamente forestal, así como un segundo segmento abocado a la presentación del instrumento de ordenamiento territorial.

A su vez, en el escenario cordobés rescatamos un dossier publicado por la Universidad Nacional de Córdoba en su periódico Hoy la Universidad titulado Desmonte: la frontera del progreso (Hoy la Universidad, 2008). Este dossier circuló con la edición impresa del diario La Voz del Interior del 9 de marzo de 2008 e incluyó un conjunto de artículos en los que se presentó la situación de los bosques nativos de Córdoba, a partir de investigaciones de profesionales de la Universidad. El artículo principal Memoria del bosque que fuimos fue realizado:

(…) sobre la base de la investigación ‘Zak, M., Cabido, M., Cáceres, D. and Díaz, S. What drives accelerated land cover change in central Argentina? Environmental Management. En prensa.’ y en base a entrevistas a los biólogos Marcelo Zak, Marcelo Cabido, Fernando Barri y Marcela Tamburini y a los ingenieros Alejandro García Astrada, Alicia Barchuk, Marcelo Cantarero y Gerardo Bergamín, todos docentes y/o investigadores de la UNC. Además, se consultó al biólogo Federico Kopta, miembro de la Fundación ACUDE y el Foro Ambiental Córdoba, y a integrantes de las organizaciones del Movimiento Campesino de Córdoba (Hoy la Universidad, 2008, p.4).

En mayo de 2009, la COTBN desde la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia de Córdoba, presentó el Proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba. El mismo desarrollaba los fundamentos ambientales y sociales, legales y metodológicos de la propuesta de ordenamiento territorial, así como los considerandos y artículos del proyecto de ley. Este texto se presentó en una audiencia pública con la presencia de alrededor de mil personas, luego de concluida la labor de la COTBN.

El ya citado periódico de la Universidad Nacional de Córdoba editó en 2010 un informe de trabajo que recopiló la labor de la COTBN, luego de sancionada la ley 9814. Titulado Diagnóstico y perspectivas de los bosques en Córdoba y firmado por Alicia Barchuk, Fernando Barri, Andrés Horacio Britos, Marcelo Cabido, José Fernández y Daniela Tamburini, el informe presentó “los fundamentos teóricos de la propuesta elevada al poder legislativo y las diferencias existentes con la ley finalmente sancionada” (Barchuk y otros, 2010, p.51).

Por otra parte, en el contexto de actualización de la ley de bosques cordobesa, la organización CARTEZ, con el aval de la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina, presentó un proyecto de ordenamiento territorial titulado Producir conservando y Conservar produciendo. Fue elaborado en agosto de 2016 por un equipo interdisciplinario conformado por el Ing. Agr. Ula Karlin, Ing. Agr. Horacio Valdez, Ing. Agr. Gabriel De Raedemaeker, Ing. Agr. Pablo Lozano, Grupo Río Seco, Estudio Bióloga Valentina Fortunato, Fernando Merino, Ing. Agr. Carlos Arnold. La leyenda de la carátula indicaba que “Se entiende este proyecto como el inicio de un proceso participativo de discusión que permita acercar posiciones entre los diferentes actores en torno al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Córdoba” (Karlin y otros, 2016, p.1).

Dos meses después del informe publicado por CARTEZ, un grupo de institutos de investigación y de defensa del ambiente editaron un análisis crítico de dicha propuesta de ordenamiento territorial titulada ¿Por qué es necesario mantener la superficie de bosques nativos con Categoría I (Rojo) en la provincia de Córdoba según el mapa vectorial de la ley 9814? Los firmantes fueron Federico Kopta, Ana M. Cingolani, Georgina Conti, Daniel M. Cáceres, Aníbal Cuchietti, Fernando Barri, Daniela Tamburini, Ricardo Torres, María Elena Martínez y Lucas Enrico de las instituciones Núcleo DiverSus de Investigaciones en Diversidad y Sustentabilidad, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC), Foro Ambiental Córdoba, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET-UNC) y Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR, FCEFyN-UNC).

Gubernamental y/o no gubernamental, el sustrato de producción de estos informes nacionales es técnico-científico. Como es posible observar a primera vista, fueron escritos por expertos, en su mayoría biólogos, ecólogos, ingenieros agrónomos e ingenieros forestales, involucrados en dependencias y programas estatales, en campañas de lucha contra la deforestación, en instituciones de investigación universitaria o en fundaciones. También son autores y autoras de los informes profesionales externos a las instituciones editoras, convocados a desarrollar algunos de los aspectos requeridos.

Consideramos que el registro científico es una característica central de la producción discursiva de la situación de los bosques. El saber experto puso a disposición un campo particular de enunciación de la problemática con conceptos, diagnósticos y propuestas que penetraron y circularon mucho más allá del ámbito académico en los espacios de toma de decisiones, en el sector privado, en las organizaciones socioambientales y en la sociedad en general.

Otro aspecto especialmente significativo fue que los documentos elaborados a nivel nacional respondieron al financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial o Naciones Unidas, los cuales acompañaron las estructuras financieras y de personal de los organismos estatales u organizaciones no gubernamentales editoras de los informes.

El escenario cordobés registra dos condiciones diferentes y particularmente significativas. Por un lado, la preeminencia del sector universitario en la confección de informes, no sólo los elaborados por la COTBN. Esto hace pensar que un conjunto de expertos se involucró fuertemente en la producción discursiva relativa al proceso de ordenamiento de los bosques nativos. Por otro lado, se advierte la bipolarización discursiva respecto de la ley y su actualización en el propio campo científico, por el desarrollo de informes técnicos tanto por parte del discurso ecológico vinculado a la COTBN y a sus especialistas mayoritariamente biólogos; como por el productivo, encabezado por CARTEZ y un equipo de ingenieros. Esto quedará más cabalmente explorado hacia el final de este apartado.

A continuación, el análisis de los documentos nos permite establecer una descripción básica de las características contemporáneas de problematización sobre los bosques. A nivel nacional, veremos que la cuestión ha estado atravesada por la polémica de fines de los años 1990 e inicios de los 2000 sobre la real disponibilidad de superficie de bosque nativo, la consecuente configuración de una situación de escasez, la presentación de un realidad alarmante de emergencia forestal y la necesidad de regulación del recurso boscoso por medio de la legislación y la implementación de una herramienta de gestión ambiental como la del ordenamiento territorial de los bosques nativos.

En Córdoba, observaremos que también impregnaron las disquisiciones sobre el remanente de bosque y la alarmante situación de emergencia forestal, a la vez que comprenderemos que fue central en la problematización la amplificación simbólica de la valorización del bosque nativo en base a una justificación ecológica.

b. La configuración de la emergencia del problema de los bosques a nivel nacional

A pesar de que el problema de la contabilización y localización del bosque nativo representa una inquietud persistente desde inicios del siglo XX, el siglo XXI se inaugura con la necesidad acuciante de inventariar y mapear los bosques remanentes del país. Este requerimiento se relaciona con la dificultad por parte de los organismos públicos y/o privados de contar con una cifra más o menos exacta sobre la disponibilidad de bosques nativos.

El Atlas (SAyDS, 2003) se preguntaba en su introducción, precisamente, cuál es nuestro patrimonio de bosques nativos, como parte de una incertidumbre generalizada, ya que “Si la mayoría de la opinión pública de la Argentina sigue ignorando el estado actual de su patrimonio forestal nativo, hay pocas esperanzas de poder cambiar la tendencia hacia su desaparición” (SAyDS, 2003, p.11).

A su vez, esta demanda histórica de contabilización estaba siendo reconsiderada en una nueva época de cambios tecnológicos, que permitían registros más certeros y accesibles: “Por primera vez en la historia forestal del país se está realizando el cálculo de la tasa de deforestación mediante imágenes satelitales (principalmente del año 2002) en el ámbito de la SAyDS” (Kullock, 2004, p.73).

Hacia 2005, dos años antes de la sanción de la ley nacional 26331 de protección de los bosques nativos, y en el contexto de configuración de la necesidad y posibilidad de conteo, el Estado publicó datos oficiales sobre el remanente de bosques que se calculaban en 31.443.873 hectáreas (SAyDS, 2005).

De acuerdo con el Inventario, más del 60 por ciento del patrimonio forestal argentino se habría reducido, de 100 millones de hectáreas a poco más de 30 millones hacia fines del siglo XX. Esta es la contabilización más generalizada de la disponibilidad de bosque nativo, a partir de la cual se construyó la noción de emergencia forestal. A su vez, el diagnóstico respecto a las causas fue siempre unánime, puesto que más allá de la falta de planificación gubernamental y de control sobre la industria maderera, o del desmonte provocado por el avance de la ganadería, se consideraba que la expansión agrícola de fines del siglo XX había sido particularmente dañina para el bosque nativo.

Actualmente Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal; si el país quiere llegar a las 100 millones de toneladas en granos, prácticamente tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones de ha, lo que hace inferir que en los próximos años estaríamos convirtiendo el 50% de la actual cobertura de bosques nativos (Kullock, 2004, p.71).

Es importante destacar que, lo que la noción de emergencia ambiental de los bosques o emergencia forestal nos señala, es una clara concepción del asunto en el marco de la problemática ecológica. La preocupación por la disminución de los bosques no se presenta como una alarma sobre el futuro de la producción de maderas, o sobre la supervivencia de otras actividades productivas, sino que se comienza a concebir a los bosques por sus valores ambientales, en pos de no afectar a “las generaciones futuras”. Como se indica en el informe de la SAyDS “(…)surge de manera evidente la necesidad de elaborar e implementar políticas de estado tendientes a conservar y restaurar nuestros bosques nativos, para el presente y para las generaciones futuras, tal cual lo establece el mandato constitucional” (2006, pp.9-10).

La problematización ecológica de la situación de los bosques nativos se correspondía con un escenario mundial en el que se venía perfilando la crisis generalizada del medio ambiente y la necesidad de concertar respuestas entre los Estados. La forma por medio de la cual la comunidad internacional encuadró la problemática ambiental fue la del desarrollo sustentable. Dadas las fuentes de financiamiento de las que disponía el Estado argentino, así como las organizaciones ambientales no gubernamentales, podemos presumir la pregnancia de las formulaciones internacionales en materia ambiental.

En concomitancia, el marco normativo que se había adoptado a partir de la reforma constitucional de 1994, los pactos y convenios firmados^[7] y la Ley General de Ambiente de 2002, también propiciaban la configuración de la cuestión en el marco de la sustentabilidad ecológica. De ello consideramos que se extraen tres imperativos en la forma de problematización de la situación de los bosques nativos, tomando como base la caracterización de la escasez y la emergencia forestal: el involucramiento del Estado, el manejo sustentable y la consideración de los servicios ecosistémicos.

Los servicios ecosistémicos de los bosques nativos son beneficios naturales como: mantenimiento de cuencas hídricas, conservación de la flora y fauna nativa, provisión de especies medicinales, reducción de la erosión, atenuación de extremos ambientales, protección de la diversidad de los paisajes, oferta ambiental de interés turístico, defensa de la identidad cultural de las comunidades campesinas e indígenas o reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Este concepto ha sido difundido por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, más conocida en inglés como el Millenium Ecosystems Assessment. Se trata de un programa de trabajo internacional enmarcado en Naciones Unidas, que se ha dedicado desde principios de siglo a elaborar una serie de informes científicos sobre la situación de los ecosistemas del mundo (World Resources Institute, 2003). Estos informes están, tal como lo propone el propio programa, dirigidos a tomadores de decisiones.

Para garantizar el efectivo involucramiento del Estado nacional y de las provincias, la implementación de un manejo sustentable de los bosques y la consideración de los criterios ecológicos derivados de los servicios ecosistémicos, existía un instrumento que podía articular estos imperativos y éste era el ordenamiento territorial. Así, cuando el problema de los bosques nativos cobró resonancia pública, ya estaba atravesado por esta particular concepción de política pública de gestión del recurso ambiental. De ahí que, como indica Greenpeace, el ordenamiento territorial se constituyera como la única opción para la protección de los bosques. El título del ya citado informe rezaba de modo contundente: Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La alternativa para Salvar los Bosques en Argentina. Los criterios se planteaban de la siguiente manera:

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que proponemos es un instrumento de política ambiental nacional cuyo objeto es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, particularmente la preservación y el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos sin que se produzca una disminución en su nivel de calidad.

En base a criterios científicos, el Ordenamiento Territorial es una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. Este ordenamiento se logrará a partir de estrategias de planificación del uso de la tierra en las escalas locales (provinciales y municipales) que se combinarán con estrategias de planificación del desarrollo regional y de integración territorial en los ámbitos estatales, regionales y nacionales (Greenpeace, 2006, p.5).

El ordenamiento territorial debía basarse en criterios de sustentabilidad y considerar otros valores propios de los bosques más allá de la explotación forestal como actividad económica. A partir de ello, el Estado era responsable de cartografiar el territorio y establecer categorías de conservación. Como lo expresan los enunciados transcriptos, el ordenamiento territorial no sólo demandaba el accionar de diferentes niveles y poderes gubernamentales, sino también el involucramiento de saberes técnico-científicos a partir de los cuales se pudieran establecer las categorías y usos del suelo más acordes.

Una vez sancionada la ley nacional, entonces, el de los bosques se configuró como un problema de ordenamiento territorial de las provincias, las cuales debían implementar un conjunto de criterios con una conceptualización específica y en base a la intervención de especialistas que acompañaran el proceso. Todo ello constituyó a la problemática en el marco de la ecología: la legislación debía contar con actores, prácticas y conocimientos del ámbito científico.

c. La configuración de la problemática de los bosques nativos en Córdoba

De lo dicho se comprende la conformación de una comisión de ordenamiento territorial de bosques nativos, la COTBN, convocada por la Secretaría de Ambiente provincial y de la que se hicieron eco numerosos investigadores e investigadoras vinculados al estudio y enseñanza de la ecología, sobre todo de la Universidad Nacional de Córdoba.

En el dossier editado en 2008 por la Universidad Nacional de Córdoba se puede indagar la elaboración discursiva del escenario cordobés en materia de bosques, en sintonía con la configuración de la problemática tal como se había constituido a nivel nacional: emergencia ambiental, dada la incontrolable expansión de la frontera agrícola.

“La deforestación no es novedad en Córdoba, ni en el país, ni en el mundo. Pero el ritmo de crecimiento y la magnitud que adquirió en nuestra provincia en estos últimos 20 años la convirtieron en un problema trascendental para el futuro de los cordobeses, porque sus consecuencias ya están afectando profundamente las condiciones ambientales, económicas y sociales” (Hoy la Universidad, 2008, p.2).”

“La opinión de todos los investigadores y docentes es unánime: la principal causa del crecimiento del desmonte en el norte de la provincia es la extensión de la frontera agropecuaria, vinculado al sector de los agronegocios (Hoy la Universidad, 2008, p.3).

Como efecto del relevamiento de la COTBN, al momento de presentar el proyecto de ley de ordenamiento territorial se anunciaron los datos oficiales de la crisis forestal que atravesaba la provincia.

“De las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la Provincia de Córdoba, los bosques nativos originales representaban alrededor de 71,4% de su superficie (12.000.000 hectáreas). Al momento de la sanción de la presente ley, los bosques solo ocupan el 3.6% (594.000 hectáreas) y la vegetación nativa remanente alcanza aproximadamente el 12% de la superficie total (1.980.000 hectáreas) constituida por arbustales, matorrales, sabanas, pastizales, roquedales, y/ o sistemas asimilables a los anteriores” (COTBN, 2009, p.1).

A partir de estos registros, se caracterizó la degradación de los bosques nativos y el argumento principal que justificaba la sanción de la ley fue que quedaban en Córdoba menos del 5% del bosque nativo originario. En 2010, se continuaba hablando de una amenaza sin precedentes y un segundo informe de la Universidad Nacional de Córdoba explicaba que:

“La deforestación de los escasos fragmentos de bosque nativo remanentes en la provincia de Córdoba, tanto para agricultura intensiva como urbanización y otras actividades humanas no sustentables en la manera en la que se están realizando, afecta de manera irreversible la biodiversidad, genera la eliminación de servicios vitales para el hombre, incrementa la brecha socioeconómica, modifica y debilita las estrategias campesinas y favorece la expulsión de familias del campo. Este panorama desolador es el que nuestra provincia ha comenzado a transitar desde hace más de tres décadas. Lo más preocupante de esta grave situación es que, no sólo no se ha detenido, sino que la velocidad de estos cambios es vertiginosa. La amenaza sobre la sociedad de Córdoba es sin precedentes y las respuestas requeridas tienen que ver con el carácter público de la cuestión ambiental y con la decisión política de planificar estratégicamente en la escala territorial incluyendo la variable social y superando las coyunturas electorales. (…) En el largo plazo, las consecuencias de la ausencia de políticas públicas están arrastrando a Córdoba a una situación de crisis ambiental prácticamente irreversible (…) Conservar los escasos ecosistemas naturales –los bosques entre ellos– es un acto de racionalidad e inteligencia, ya que son éstos los únicos que podrán asegurar el mantenimiento de todos los servicios y actividades –incluyendo la producción agropecuaria– que sustentan nuestras vidas” (Barchuk y otros, 2010, p.57).

Se configuró un llamado a legislar, a establecer un marco normativo a partir del cual se redujeran los desmontes, se planificara el territorio y se implementaran instrumentos de gestión ambiental, por la obligación general que había provocado la sanción de la ley nacional 26331, y por el contexto particular de desolación, amenaza irreversible, emergencia y crisis ambiental sin precedentes que se venía trazando en Córdoba.

Como podemos analizar por las citas anteriores y la que sigue, el argumento científico central a partir del cual se justificó la necesidad de detener los desmontes y llevar adelante un ordenamiento territorial de los bosques nativos tenía que ver con el ya citado concepto de servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Esta noción se popularizó en el ámbito científico a partir de la divulgación del informe que mencionábamos a inicios de la década de los 2000. Fue incorporada en los debates nacionales sobre ley de bosques y en la propia letra de la 26331. En Córdoba, fue promovida por los y las integrantes de la COTBN y considerada como una justificación científica irrefutable sobre la necesidad de proteger los bosques.

La importancia de este concepto y la existencia de una comisión de expertos escribiendo la ley provincial dan cuenta del alto valor asociado al saber formal como garantía del proceso legislativo. Cabe destacar que, por la propia concepción de los servicios ecosistémicos, debía consultarse participativamente a los habitantes de territorios serranos y campesinos. La evidencia científica y la participación de población nativa fueron los dos pilares de veracidad en la hechura de la ley y de la necesariedad de una protección de los bosques nativos en la que se priorizara la coloración de zonas rojas.

“La Ley Nacional define Categorías de Conservación de manera de zonificar las estrategias de conservación y la prescripción de actividades en los bosques nativos. Para ello la norma prescribe la consulta a la población (proceso participativo) y orienta el ordenamiento según Criterios de Sustentabilidad definidos en el anexo de dicha Ley (…) La aplicación de los criterios de sustentabilidad para ordenamiento territorial de los bosques nativos requiere de conocimientos científicos del territorio como de las teorías ecológicas que fundamentan las propuestas y decisiones (…) La ordenación del territorio se considera como la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de la sociedad. Las comunidades que habitan la región deben tener posibilidades de participar teniendo en cuenta sus perspectivas de vida y los mecanismos para lograr los modelos a futuro” (Barchuk, 2010, p.58).

Consideramos que la argumentación por los servicios ecosistémicos fue particularmente intensa en el contexto cordobés, dadas las características de los bosques nativos remanentes en el territorio de la provincia. Puesto que bosques saludables, en un sentido ecológico estricto, solo quedaban menos del 5% del total que alguna vez había existido, era necesario garantizar máximos niveles de protección también en bosques degradados para, paulatinamente, mejorar las condiciones generales del recurso. Esto implicaba traer en escena a los llamados fachinales, presentar científicamente su valor ambiental y defender su conservación. Desde el punto de vista de otros sectores, los fachinales no representaban masas vegetales relevantes y sobre ellas cabía permitir actividades productivas y usos del suelo flexibles.

Esto fue particularmente importante en el contexto de actualización de la ley 9814, propuesta en 2016. CARTEZ denunciaba que:

“Grandes áreas con vegetación leñosa de las planicies chaqueñas de Córdoba se encuentran en un estado degradado irreversible de gran estabilidad perdiendo, en muchos casos, la capacidad potencial de brindar bienes y servicios ecosistémicos de interés para el desarrollo socioeconómico de la región. En la mayoría de los casos, estas regiones han quedado bajo la categoría roja de conservación. Se evidencia que la clausura sin manejo, tal como plantea esta categoría, no es un recurso óptimo para la recuperación de zonas con estas características” (Karlin y otros, 2016, pp.3-4).

Para el sector productivo existían grandes extensiones de fachinales desaprovechados por encontrarse bajo la categoría roja de uso del suelo, la cual impide desmontes y actividades que afecten a los bosques nativos. Por medio de la categoría de servicios ecosistémicos se justificaba la necesidad de explotar otros beneficios de los bosques degradados en pos de un aprovechamiento sustentable.

“Mediante el manejo integrado e intervenciones correctas sobre ambientes que se encuentran en un estado estable pero pobre o improductivo, como algunos matorrales y fachinales, es posible conducirlos a otros estados estables de preferencia con mejor condición y, a la vez, más productivos (Ver anexo-Fundamentos Ambientales)

Se pretende dejar en claro que manejo sustentable es sinónimo de conocimiento. Es por ello que se busca revalorizar el estudio y experimentaciones a campo de investigadores que, a lo largo de muchos años, han generado información científica de los bosques nativos de la zona y han rescatado prácticas que permiten efectuar aportes objetivos y técnicos para el manejo de los mismos” (Karlin y otros, 2016, p.4).

A partir de las mismas categorías de sustentabilidad y servicios ambientales, integrantes de la ex COTBN justificaban la importancia de los fachinales y, por ende, la demanda de protección y mantenimiento en zonas rojas. El propio texto del documento que se editó en respuesta al escrito de CARTEZ se preguntaba en su título “¿Por qué es necesario mantener la superficie de bosques nativos con Categoría I (Rojo) en la provincia de Córdoba según el mapa vectorial de la ley 9814?”.

“(…) los arbustales mixtos (llamados fachinales en el Anexo) brindan, al igual los bosques, la mayoría de los numerosos servicios ecosistémicos percibidos por los actores sociales de la zona. Estos servicios consisten en la provisión de forraje para distintos tipos de ganado (cabras, vacas, caballos), así como la provisión de leña y carbón, de frutos para consumo humano y caprino, y de plantas con usos medicinales tintóreos o culturales” (Kopta y otros, 2016, p.14).

En el fondo de la cuestión se desarrollaba lo que la propia CARTEZ estaba explicitando, esto es, una discusión alrededor de lo que se concebía como bosque nativo a partir de las definiciones específicas de las disciplinas científicas en cuestión. Lo paradójico es que, sea desde el sector productivo en la voz de mayoría de ingenieros, como desde el sector conservacionista sobre todo promovido por biólogos y ecólogos, se utilizaban las mismas categorías propias del campo de la ecología y de los instrumentos de gestión ambiental, aunque con sentidos e intereses diferentes.

La contienda discursiva entre sectores vinculados a la cuestión de los bosques nativos fue polémica desde los inicios del proceso legislativo. En el dossier de la Universidad Nacional de Córdoba de 2008 se presentaban las siguientes opiniones de los expertos consultados:

“Para el biólogo Fernando Barri, ‘la lógica neoliberal de la ganancia al corto plazo y del lucro urgente choca directamente con lo ambiental, porque tiene otras reglas, con otros tiempos’. Por su parte, el biólogo Marcelo Cabido asegura que es un riesgo muy alto dejar en manos del productor el manejo de los recursos naturales: ‘El productor piensa, proyecta y evalúa de un año para el otro, de una cosecha para la otra. Pero es el Estado quien debe estar pensando en los próximos 100 años, eso no lo puede hacer un productor privado’ (…) Marcelo Cabido entiende que el único modo de planificar de manera igualitaria el uso de la tierra es negociando desde el Estado con todos los sectores involucrados: ‘Hay que tener una mesa de negociaciones donde se le pueda decir al agricultor de Villa María o Oncativo, por ejemplo, que las sierras deben ser una unidad. Allí es donde se capta la mayor parte del agua que toma la provincia y hay que guardarlas. Y así, analizar zona por zona, ver la función y las condiciones de cada parte de la provincia. No es una cosa lejana. Si no hacemos eso, cada día vamos a tener más pobres mientras sigamos degradando el ambiente, porque son cosas que van de la mano’ (…) Marcelo Zak marca las diferencias entre unos y otros: ‘Esos sectores tienen lobby. Y ojo que a veces el lobby es tácito, la compra de camionetas funciona como lobby en cuanto mueve la industria automotriz. Ni qué hablar de los lobbies explícitos. Pero, ¿cuál es el lobby nuestro?’ (Hoy la Universidad, 2008, p.5).

La frase final del biólogo “¿cuál es el lobby nuestro?” evidencia el complejo entramado de relaciones de saber y de poder que atraviesan y configuran la problemática de los bosques nativos desde el punto de vista de la contienda científica. En efecto, las particularidades del proceso legislativo cordobés hicieron que se vieran enfrentados dos sectores con discursos claramente definidos, los cuales organizaron la disputa discursiva alrededor de la ciencia como criterio de validación.

La puja entre proyectos de ley, entre los años 2008 y 2010, y la de su actualización, hacia 2016, en vistas de las instituciones y actores en disputa no sólo refleja intereses económicos o proyectos político-partidarios enfrentados, sino también tensiones específicas en el campo del conocimiento que constituye la ciencia ecológica. Vemos, entre otras cosas, que la misma no está exenta de intereses, juegos de poder y de contradicciones.

Reflexiones finales

En este artículo ensayamos una lectura de la problemática de los bosques nativos en su configuración discursiva contemporánea. Para esto, ahondamos en las condiciones de producción del discurso asociado a los bosques como asunto de debate actual, y encontramos que su tematización estuvo y está fuertemente ligada al proceso legislativo que se inició en 2005 a nivel nacional y en 2008 en la provincia de Córdoba.

Consideramos que el registro científico fue una característica central de la producción discursiva de la situación de los bosques y de su legislación. La disponibilidad de enunciados, reclamos y argumentos se vio atravesada por los conceptos, diagnósticos y propuestas de la ecología al interior y exterior del campo académico, en la voz de investigadores, miembros de ONGs o funcionarios.

A su vez, a partir de la indagación de las condiciones de producción de los documentos del corpus, encontramos significativa la presencia de organismos internacionales como el Banco Mundial o Naciones Unidas, tanto para la definición de la problemática como para la financiación de los estudios. En particular en el escenario cordobés, rescatamos la preeminencia del ámbito universitario y una clara polarización discursiva entre grupos en defensa del ambiente de los bosques y el sector productivo.

El análisis que llevamos adelante en este escrito nos permitió establecer, entre las principales características de la configuración discursiva contemporánea del problema de los bosques nativos, las siguientes condiciones:

• Las y los ecólogos, biólogos y/o ingenieros insistieron a comienzos del siglo XXI sobre la falta generalizada de estadística forestal y el desconocimiento sobre la situación de escasez de los bosques, a partir de lo cual se constituyó como imperante la necesidad de contabilización de la disponibilidad del recurso boscoso.
• Se construyó una noción de emergencia forestal en todo el país, frente al avance de la frontera agropecuaria (causante principal de los desmontes cada vez más frecuentes) y la ocurrencia de desastres naturales.
• La concepción de esta escasez y emergencia se configuró en tanto preocupación ecológica (y no productiva o patrimonial), por una valorización ambiental del bosque nativo y de los inconvenientes provocados por su creciente disminución.
• Las opciones estratégicas se encuadraron en el marco normativo nacional e internacional existente, el cual se encontraba organizado alrededor de la cuestión de la sustentabilidad ecológica y de ciertos arreglos institucionales, como la transferencia de competencias a las provincias.

Estas condiciones tuvieron como efecto discursivo tres imperativos en la tematización sobre bosque nativo: el llamado al involucramiento del Estado, la propuesta de un manejo sustentable de los bosques y la consideración de los servicios ecosistémicos como eje central de la política del recurso.

Así, el ordenamiento territorial se consagró como la herramienta más adecuada para el cumplimiento de los mencionados imperativos. Por tratarse de un instrumento técnico de planificación y manejo de los bosques, el proceso que se inició con la legislación nacional y el ordenamiento provincial demandó la intervención de saberes expertos a partir de los cuales se pudiera establecer la mejor categorización de zonas de protección. Con ello comprendemos el protagonismo de figuras como la COTBN en Córdoba.

Lo paradójico en el caso cordobés es que, a pesar de que se vieron enfrentados dos sectores claramente diferenciados en la disputa por la interpretación del problema y los criterios del ordenamiento territorial, la categoría con la que unos y otros justificaban mayores o menores niveles de protección era la misma: los servicios ecosistémicos de los bosques nativos.

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