Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos

N° 13 (diciembre-mayo). Año 2021. ISSN: 2525-0841. Págs.87-102

http://criticayresistencias.com.ar

Edita: Fundación El llano - Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)

 

 

 

Repensando la perspectiva de los comunes a la luz de las especificidades del Estado argentino y su relación con los movimientos sociales: de la calle piquetera a la decisión pública[1]

Rethinking the perspective of the commons in light of the specificities of the Argentine state and its relationship with social movements: from the piquetero street to public decision making

 

Del Val Carmela[2]

Grosso Paula[3]

 

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)

 

Resumen

El siguiente trabajo se enmarca en la recurrente discusión en la academia de las Ciencias Sociales acerca de la relación entre Estado y sociedad, y las posibilidades de emancipación que pueden o no desprenderse de esa misma relación. En este sentido, retomamos la conceptualización de Silvia Federici y George Caffentzis de “comunes” y sus aportes en torno a las luchas por lo público en claves comunes, para pensar, situándonos en Argentina, las particulares articulaciones entre el Estado y los movimientos populares que emergen a partir de la década del 90’, y que resultan luego actores clave en la década entrante. Nuestra revisión gira en torno a la reconfiguración de las relaciones de poder que se dio entre ambos actores tras la crisis institucional argentina del año 2001 y con la llegada al poder del expresidente Néstor Kirchner en 2003, lo cual dio lugar a nuevas estrategias y significaciones por parte de los movimientos sociales en su relación con el Estado. En ese sentido, revisaremos las particularidades del Estado latinoamericano argentino e indagaremos sobre esta interacción Estado-organizaciones, en diálogo con la propuesta de los autores mencionados que postula la necesidad de construcción de relaciones sociales más cooperativas y no capitalistas que logren trascender al mercado y el Estado como estrategia posible para la emancipación social.

Palabras clave: Movimientos sociales; Comunes; Autonomía; Estado; Momento constitutivo.

 

Abstract

The following paper is framed in the recurrent discussion in the academy of Social Sciences about the relationship between State and society, and the possibilities of emancipation that may or may not arise from that same relationship. In this sense, we take up the conceptualization of Silvia Federici and George Caffentzis of "commons" and their contributions around the struggles for the public in common keys, to think, situating ourselves in Argentina, the particular articulations between the State and the popular movements that emerge from the 90's, and then become key actors in the coming decade. Our review revolves around the reconfiguration of power relations between both actors after the Argentine institutional crisis of 2001 and the coming to power of former President Néstor Kirchner in 2003, which gave rise to new strategies and meanings on the part of social movements in their relationship with the State. In this sense, we will review the particularities of the Argentine Latin American State and we will inquire about this State-organizations interaction, in dialogue with the proposal of the mentioned authors that postulates the need for the construction of more cooperative and non-capitalist social relations that manage to transcend the market and the State as a possible strategy for social emancipation.

Keywords: Social movements; Commons; Autonomy; State; Constitutive moment.

 

Introducción

El presente trabajo se desprende de la lectura del artículo “Comunes contra y más allá del capitalismo” de Federici y Caffentzis (2015), en el cual les autores problematizan un contexto neoliberal en donde las lógicas de mercado cada vez avanzan más sobre nuestras vidas a través de la estrategia de privatización y despojo[4], y en donde casi en paralelo, el discurso de ‘lo común’ ha proliferado de tal manera en nuestras sociedades, que hoy en día es utilizado hasta por entidades de los sectores financieros e inmobiliarios y otros actores clave[5] en la financiarización de la vida y la acumulación, reproducción y cada vez mayor concentración del capital. 

En ese marco, les autores hablan y conceptualizan a “los comunes” en términos relacionales, como un principio a través del cual los seres humanos han organizado toda su existencia durante miles de años. Esto significa desplazar el lenguaje de los “bienes” para otorgar mayor relevancia a los entramados comunitarios que aseguran la reproducción de la vida[6]. Lo común estará en esa relación interdependiente entre sujetos y grupos que aseguran, mediante lazos inevitablemente solidarios (aunque no sin sus tensiones y contradicciones, podríamos agregar nosotres) la vida misma. Así, Federici y Caffentzis especifican una especie de instructivo para el fortalecimiento y las estrategias de lucha y organización de estos comunes, en pos de un objetivo concreto: semillar relaciones que nos conduzcan a un futuro en donde podamos trascender al mercado y al Estado como reguladores fundamentales de nuestras sociedades.

En diálogo con ello, les autores hacen una distinción interesante entre ‘lo público’ y ‘lo común’ que consideran sumamente relevante a tener en cuenta por parte de los comunes en su lectura sobre las disputas a realizar y las luchas que dar. Por un lado, ‘lo público’ como ciertos bienes accesibles en su utilización para la sociedad, pero pertenecientes a una esfera de relaciones económicas y políticas estatales de las cuales nuestra participación en la toma de decisiones respecto a ello resulta nula. Por otro lado, ‘lo común’ referido a aquellos recursos en los cuales existe una participación real de la población que hace uso de ellos; participación que se caracteriza por una mayor cercanía y cuidado de aquello por lo que se es responsable; los cuales deben ser bastiones fundamentales para engendrar otras formas de utilizar y participar en los bienes y recursos que producimos con nuestra fuerza de trabajo. Esta distinción aparece entonces como una especie de estrategia propuesta por Federici y Caffentzis (2015), a partir de la cual empezar a pensar la disputa de lo público en aras de tornarlo cada vez más común.

Es en ese punto que nosotres empezamos a pensar los procesos de organización y producción de comunes, junto a sus objetivos de disputa por lo público en la Argentina, pretendiendo indagar la compleja, contingente, sobredeterminante y estratégica relación que se ha dado entre el Estado y los movimientos sociales en Argentina, y qué potencialidades, transformaciones, contradicciones y tensiones se manifiestan y desprenden de esa interacción. Sin caer en simplificaciones, existe una amalgama gigante y sumamente diversa de organizaciones en nuestro país, de distintos arcos ideológicos, reinventivas, y en constante articulación de acuerdo al contexto y las demandas particulares, que se han erigido sobre la base de relaciones sociales comunitarias, y que, de maneras diferentes, poseen una relación -directa o indirecta- con el Estado (Cortés, 2008). Esto, más que por decisiones esencialmente subjetivas de cada organización, tiene que ver tanto con características intrínsecas de los Estados latinoamericanos -y su carácter relacional y constitutivo de la sociabilidad presente (Zavaleta, 1986)-, como con particularidades, herencias y trayectorias histórico-políticas de los movimientos sociales y las organizaciones populares en nuestro país.

Para pensar un tiempo o momento puntual de esa interacción -el cual a raíz de una lectura histórica nos resulta disruptivo en el marco de cierta ‘tradición’ de lejanía y desencuentro entre estos dos actores (Estado-organización social) en las décadas de los 70s, 80s y 90s- elegimos la llegada de Néstor Kirchner, entendiéndola como un momento de reconfiguración del escenario político que trastoca las lecturas, estrategias, objetivos y maneras en torno a las cuales ambos actores se venían desplegando. En este marco, trazamos un recorrido de los años 90’ en Argentina y la emergencia de lo que se conoció como ‘movimiento piquetero’, sus afluencias y sus demandas, el ‘que se vayan todos’, la crisis del 2001, hasta llegar a la vuelta a la política a partir del año 2003. Revisaremos en líneas generales ciertas discursivas y reconfiguraciones en materia de política pública relacionadas directamente con el acceso a recursos, la redistribución del ingreso y la justicia social, que implicaron quiebres importantes en los posicionamientos respecto al Estado, los gobiernos y el acercarse o no a ellos, en la gran mayoría de organizaciones que protagonizaron las tramas conflictivas piqueteras de finales de los 90’. Tomamos a modo de ejemplo las experiencias de organizaciones sociales en Buenos Aires y Córdoba[7], que se caracterizaron por amplias construcciones políticas en distintos barrios populares durante la emergencia piquetera, y que luego viraron estrategias con la asunción de Néstor Kirchner.

Esta indagación tiene como motor el querer mirar más detenidamente los procesos políticos y sociales articulatorios que suceden en nuestro continente, más específicamente en Argentina, entendiendo que éstos se inscriben de manera contingente en cada acción, en cada estrategia y decisión, en un contexto histórico determinado. Nuestro objetivo es indagar sobre esa interacción Estado-organizaciones y el campo de lo posible que se desprende a partir de ella, específicamente a partir del año 2003, en diálogo con la propuesta de Federici y Caffentzis sobre la necesidad de construcciones relacionales comunes, y las estrategias en torno a la disputa de lo público en claves comunes; ¿seguimos hablando de ‘comunes’ aun cuando estas organizaciones tomaron posicionamientos a favor de un gobierno y ocuparon espacios de decisión pública en el Estado? ¿Cuáles fueron esos sentidos nuevos que se abrieron paso entre las organizaciones piqueteras de los 90s, a partir de las transiciones que comienzan a experimentarse a partir del 2003?

 

La perspectiva de los comunes

El interés por los “comunes” no es nuevo, y en el presente trabajo orienta nuestras preguntas bajo una perspectiva que se preocupa por el tipo de relaciones sociales que tejemos en los procesos de lucha, organización y disputa política. Como bien señalan Federici y Caffentzis (2015), el concepto de “lo común” siempre ha formado parte de nuestra historia como sociedad en tanto se trata del “principio por medio del cual los seres humanos han organizado su existencia a lo largo de los años” (Federici y Caffentzis, 2015, p. 55). En este sentido, desde los trabajos de Garrett Hardin (1968) hasta los de Elinor Ostrom (1990) han hecho foco en ello guiados por su preocupación por la escasez y destrucción de recursos naturales de uso común, por las formas de gestión más eficientes e incluso por el papel que estos juegan en las relaciones de producción de nuestra era. Sin embargo, el presente trabajo parte de una perspectiva de carácter más crítico, específicamente la de Silvia Federici y George Caffentzis, la cual no reduce la idea de comunes a meros bienes o recursos, sino que plantea la importancia de entenderlos en términos relacionales. De ahí la preferencia por hablar de “comunes” más que de “bienes comunes”.

En su artículo “Comunes contra y más allá del capitalismo”, les autores toman a los comunes como aquellas relaciones sociales que posicionan a la reproducción de la vida en su centro y que, a partir de principios tales como la cooperación, la igualdad y reciprocidad, se apartan de la lógica de la competencia, propia del capitalismo neoliberal actual. De esta manera, lo común requiere comunidad, es decir, demanda la efectiva participación de los actores en la producción y mantenimiento de la riqueza común. Más que derechos, lo común entraña la “obligación de hacerse cargo de una parte de las decisiones colectivas” (Gutiérrez y Lohman, 2015, p.38) y de ello se deriva la existencia de reglas de acceso y uso de dicha riqueza.

Teniendo lo anterior en claro, nos resulta interesante rescatar la distinción que les autores introducen entre aquellos comunes que desde un primer momento son producidos y configurados para el capital (es decir, aquellas relaciones de base comunitaria que desde un inicio se conforman en pos de objetivos de carácter capitalista, orientados a la obtención de ganancia); y los denominados “comunes anticapitalistas”, los cuales surgen con el fin de abonar a la reproducción de la vida. Este último tipo de comunes son los que les autores determinan que deberían caracterizarse por semillar estrategias de reproducción de la vida que encarnen maneras alternativas a las lógicas con las que opera el mercado y el Estado. Estos serían los comunes “deseables” ya que, en tanto relaciones sociales no supeditadas al capital, tienen la capacidad de transformar o, más bien, dar lugar a transiciones hacia una sociedad no capitalista, no basada en la explotación del trabajo (Federici y Caffentzis 2015).

De acuerdo con Caffentzis y Federici (2015), a la luz del fenómeno de la globalización y de los nuevos cercamientos por el capital, el Estado es el que asegura los procesos de cooptación de los comunes por las relaciones mercantiles inherentes al neoliberalismo. El Estado aparece, en definitiva, como garante de la reproducción de las relaciones sociales necesarias por el capital, y no como el motor del cambio social hacia relaciones más cooperativas y comunitarias para la reproducción de la existencia material. Para alcanzar éstas últimas, la vía deseable se remite a la idea marxista clásica de asociaciones autónomas en relación al Estado, dada su vinculación al mantenimiento de las condiciones existentes del capitalismo.

Aun así, si bien la manera en la que les autores entienden al Estado es como un actor clave en la reproducción neoliberal y capitalizada de la vida, no descartan la lucha por lo público en claves comunes. Para esto, realizan una distinción que a nuestro trabajo le sirvió de puntapié para comenzar a pensar cómo se dieron esas luchas por lo público en Argentina. Por un lado, ‘lo público’, si bien refiere a ciertos bienes que por dicha condición se vuelven accesibles en su utilización para la sociedad, pertenecen a una esfera de relaciones económicas y políticas estatales de las cuales nuestra participación en la toma de decisiones respecto a ello resulta nula. Si bien hacen énfasis en la conveniencia para nuestras luchas de que esos bienes estén en manos estatales -porque la otra opción es que queden en manos de empresas privadas, lo cual dificulta su disputa y democratización muchísimo más-, sí plantean la importancia de poner el ojo en esa condición, sobre todo para delinear horizontes y objetivos. Por otro lado, ‘lo común’ tiene que ver con aquellos recursos sobre los cuales existe una participación real de la población que hace uso de ellos; participación que se caracteriza por una mayor cercanía y cuidado de aquello por lo que se es responsable, en donde la horizontalidad en la toma de decisiones y la división equitativa del trabajo a realizar, deben ser bastiones fundamentales para engendrar otras formas de habitar y participar en los bienes y recursos que producimos con nuestra fuerza de trabajo (Federici y Caffentzis, 2015). Interpretamos esta distinción como un delineamiento estratégico que deja entrever la necesidad de pensar y disputar lo público en aras de tornarlo cada vez más común.

 

Pensar los comunes de y desde Argentina

La propia historia de nuestro país revela que aquí, al calor de distintos procesos políticos y sociales, han emergido relaciones comunitarias que se organizan en base a la cooperación, la igualdad, la reciprocidad y la activa participación social en términos de Caffentzis y Federici, y que éstas se dieron en el marco de procesos organizativos que fueron transformándose de acuerdo al contexto político vigente, la permeabilidad y respuesta estatal, y las lecturas estratégicas que surgieron de esos escenarios.

Las políticas neoliberales de los 90’, específicamente en su segunda mitad, trajeron consigo problemáticas que calaron profundamente en nuestra sociedad tales como el crecimiento de la desocupación, la precarización laboral y la pobreza; cuestiones que afectaron considerablemente las condiciones de existencia de la sociedad toda, pero con mayor fuerza las de los sectores populares. Ante la desidia estatal, la respuesta social de vastos sectores de la población fue la emergencia de lo que se comprendió como nuevas formas de organización social y de acción colectiva (Palomino, 2005). Estas consistieron en renovadas formas de acción política y autogestión por parte de los sectores populares que resultaron objeto de estudio privilegiado de múltiples autores del momento -Svampa y Pereyra (2004), De la Vega y Armada (2007), Abad García (2007), Cortés (2008), Longa (2017), entre otros-. En ese sentido, estos “nuevos movimientos sociales” pudieron ser comprendidos como aquellas acciones colectivas que rompían con los límites de compatibilidad del sistema y obligan a una reorganización del poder en la medida en que poseen un carácter disruptivo e interpelador en las sociedades contemporáneas (Melucci, 1994). Se trató de movimientos populares que dieron nacimiento a una nueva matriz de acción territorial y de relaciones sociales (Svampa y Pereyra, 2004).

Revisar el surgimiento de renovadas formas de organización en nuestro país da cuenta de que, basándonos en las lecturas de Caffentzis y Federici, los mecanismos de subsistencia y anhelo de transformación que emergieron en ese contexto incluyeron formas comunes de organización. Fueron estos nuevos movimientos sociales los que desenvolvieron, más allá de la heterogeneidad de experiencias de cada espacio-frente-cuerpo resistente, formas comunes de relación que privilegiaron la reconstrucción de lazos sociales dando lugar a nuevas identidades, historias, formas de luchas y organización.

Estas formas comunes -y aquí un elemento clave en su constitución-, fueron posibilitadas, de acuerdo a Svampa y Pereyra (2004), por el proceso de territorialización, entendido como el momento en que el barrio se constituyó como espacio de resistencia, articulación política y cohesión social. En conjunto con la territorialización, estos movimientos adoptaron las asambleas barriales como forma común de toma de decisiones, iniciativas que en conjunto con la puesta en marcha comedores sociales, huertas comunitarias y la organización de las fuentes laborales, fueron algunas de las acciones que podemos estrechamente relacionar con los sentidos que abarcan los comunes (Antonelli, 2011). En la misma línea, Palomino (2005) añade y señala cuestiones tales como la horizontalidad en las tomas de decisiones de dichas asambleas, el rechazo a esquemas jerárquicos y verticales, la no delegación de la representación, la búsqueda de la autonomía con respecto a los partidos políticos y el Estado, y el desarrollo de una economía social y solidaria, que también son sumamente pertinentes de recuperar al momento de pensar a esos comunes en nuestro país.

En Córdoba, movimientos cómo el Movimiento Federación Tierra y Vivienda (en adelante FTV)[8], al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)[9], el Movimiento Barrios de Pie (en adelante BdP) y el Movimiento Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD-AV)[10]fueron algunos de los movimientos que emergieron, de diversas trayectorias políticas, en los últimos años de la década del 90 y principios del siglo XXI en la provincia y que desplegaron formas comunes de organización. Entendiendo de que la base de la práctica política debía ser el territorio, los barrios en donde se reproducía la vida de los sectores bajos, estos movimientos desarrollaron estructuras que sostenían comedores, copas de leche, huertas comunitarias, roperos, microemprendimientos, talleres de apoyo escolar, centros de alfabetización, entre otras actividades (Abad García; De la Vega y Armada; 2007). Se trató de movimientos que, con la convicción de organizar a los desocupados y construir poder popular (entendido en los inicios de BdP como una no dependencia del Estado, por ejemplo) comienzan a crecer en Córdoba y adoptan formas de construcción asamblearias y horizontales (Abad García, De Tezanos Pinto y Hernández, 2007; Abad García, Gómez López, 2007).

Estos nuevos movimientos sociales representaron uno de los modos en que en nuestra provincia en particular, y en nuestro país en general, han emergido relaciones comunitarias y se han constituido comunes que se organizaron en base a la cooperación y activa participación social, especialmente en lo que significó el sostenimiento de la vida en los sectores más vulnerados, en un contexto de aguda crisis socioeconómica y neoliberalización estatal.

Otros dos ejemplos para retratar estas experiencias comunes a nivel nacional, son el Movimiento Evita[11] (ex Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita) y Movimiento Barrios de Pie[12], dos organizaciones que durante la experiencia piquetera se caracterizaron por desarrollar lo que Longa (2018) denomina como un gran ciclo de acumulación política barrial por fuera de la institucionalidad estatal, pero que a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, se integraron a la estructura del Estado (Cortés, 2008; Gómez, 2010) y comenzaron a gestionar espacios institucionales a partir del acceso de sus dirigentes a puestos de decisión pública (Masseti, 2009; Natalucci, 2010). Qué sucede en el año 2003 y cómo se reformulan sentidos en organizaciones de trayectorias alejadas de los marcos de la institucionalidad en los 90’, son dos interrogantes clave para comprender la emergencia y fortalecimiento de las luchas por lo público a comienzos de siglo.

Ahora bien, el análisis parece tener más aristas que obligan a tenerse en cuenta para leer estas interacciones entre los movimientos sociales y el Estado. Planteamos entonces la necesidad de entrever ciertas particularidades del Estado latinoamericano y momentos constitutivos de comienzos del milenio, para contextualizar estos dos procesos de lucha-disputa popular de los comunes en torno a lo público.

 

Particularidades del Estado latinoamericano

Con respecto a este punto nos situamos en el desarrollo teórico de René Zavaleta (1986) y la revisión que de éste hacen Francisco Longa (2017) y Luis Tapia (2013), con el objetivo de pensar la relación entre Estado, gobierno y sociedad en América Latina, más específicamente en Argentina. De acuerdo a Zavaleta, la complejidad del Estado latinoamericano da cuenta de la necesidad de dar especial consideración a ciertos elementos propios que se presentan de manera situada en el continente. De ahí que en su texto “El Estado en América Latina”, el autor se ubica en la síntesis de dos visiones acerca del Estado, la instrumentalista y la estructuralista.

La síntesis de Zavaleta busca pensar al Estado más allá de un mero instrumento de dominación de las clases capitalistas o como la simple condensación material de un tipo de relación social. A partir de contemplar las particularidades de las formaciones sociales y estatales en América Latina, Zavaleta propone pensar la relación entre Estado y sociedad civil como de mutua determinación; en donde el Estado es incapaz de determinar netamente a la sociedad civil si no la sigue, y en donde a partir de esto deriva la noción que comprende al mismo como “un actor consciente” (o que se propone serlo) dentro de la sociedad civil (Zavaleta, 2009, p.330), así como también, uno que adquiere un carácter particularmente relacional en América Latina (Longa, 2019).

Dado entonces el carácter relacional del Estado latinoamericano, resulta necesario “un análisis concreto de las relaciones entre clases, grupos políticos, bloques en el poder y tipo de configuración Estatal en cada país de la región” (Longa, 2017, p. 3). Siguiendo a Longa en este punto, dos conceptos contribuyen a dilucidar analíticamente este conjunto de relaciones concretas y situadas: forma primordial y momento constitutivo. El primero, refiere a la manera en que se desenvuelven las relaciones específicas que involucran tanto al Estado como al gobierno y a los movimientos sociales en un momento histórico determinado. En la obra de Zavaleta, el concepto alude al modo en que “se relacionan Estado y sociedad civil como un proceso de construcción histórica, sujeta a cambios y transformaciones, así como también, el conjunto de mediaciones a través de las cuales se produce esa articulación” (Tapia, 2013, p. 66). El segundo concepto, “momento constitutivo”, supone un proceso de redefinición de “lo político, lo social y lo nacional en un país” (Longa, 2017, p.5) que permite la comprensión de los momentos de crisis y consolidación de dichas relaciones. Se trata de momentos de crisis o situaciones refundacionales en las cuales se abre la posibilidad para redefinir lo político, lo social y lo nacional en un país (Zavaleta, 1986; Tapia, 2005). 

La aquí retomada conceptualización del Estado, su relación con la sociedad y las modificaciones que esta relación puede sufrir de acuerdo a los momentos constitutivos, constituyen un eje central desde el cual examinamos la interacción Estado-sociedad y los cambios estratégicos que pueden darse en la búsqueda de una transformación política en nuestro país.

 

Revisión de los momentos constitutivos en la Argentina

La particular relación que algunos movimientos populares entablaron con el Estado y éste con ellos se debe a sucesos históricos puntuales que tuvieron lugar a comienzos de este milenio. Específicamente, es adecuado hablar de estos acontecimientos -en clave zavaletiana- como “momentos constitutivos” de nuestra historia, en tanto marcaron un cambio en la forma primordial de la relación Estado-sociedad. Los dos momentos que recuperamos e identificamos como constitutivos son el estallido social del 2001, y la asunción presidencial en 2003 de Néstor Kirchner.

El primer momento constitutivo que recuperamos refiere a lo acontecido en el año 2001, tras la insurrección social masiva contra las políticas neoliberales desplegadas en la década del 90 bajo la presidencia de Carlos Menem. A partir del 2001 pasaron al centro de la agenda pública lo que conocemos como ‘los movimientos piqueteros’, movimientos compuestos por distintos sectores, múltiples sujetos, que confluyeron en un hartazgo organizado que supuso el fin del orden neoliberal, al tiempo que se manifestaba la crítica al estatus quo bajo la consigna “que se vayan todos” (Retamozo y Di Bastiano, 2017). 

Estos movimientos sociales, denominados “nuevos movimientos sociales”, pusieron de manifiesto la crisis institucional y la deslegitimación del aparato estatal producto de un contexto de agudo empobrecimiento de la población, desempleo, flexibilización laboral y descreimiento político. De esta manera, estos impugnaron al Estado como mediador de las relaciones sociales y desenvolvieron estrategias políticas de carácter autonomista, incluso aquellos de tradición nacional-popular. En este momento, desde el lente de las agrupaciones, la transformación social debía de gestarse por fuera de la arena institucional, por lo que los barrios populares se configuraron como un ámbito privilegiado para ello (Longa, 2019). Un ejemplo concreto de este tipo de despliegues políticos en aquel contexto fue el impulso por parte del Movimiento BdP a nivel nacional de la “Contracampaña en contra de la farsa electoral”, la cual pregonaba una fuerte crítica contra las elecciones electorales del 2003, acusadas de querer desarticular el clima de movilización política y conflictividad de aquel entonces. En ese marco, comenzaron a realizarse actos y convocatorias en las plazas principales de todo el país bajo la famosa consigna ‘que se vayan todos’ (Natalucci, 2012). Al igual que en Buenos Aires, el Movimiento BdP en Córdoba entendía en sus comienzos que la construcción política debía ser al margen del Estado y sostenía que el territorio era el espacio para solucionar los problemas de aquel momento (Abad García, De Tezanos Pinto y Hernández, 2007).

El segundo momento constitutivo se da en el 2003, año en el cual inicia un proceso político que reconfiguró la forma de articulación Estado-sociedad, viéndose el primero más permeable a las demandas sociales y que, a través de una estrategia política de recuperación del rol monopólico de la gestión social, provocó discusiones y rupturas al interior de la gran mayoría de las organizaciones partícipes y protagonistas de los hechos ocurridos en el 2001 (Cortés, 2008). La modificación del escenario político trajo consigo el cambio de estrategia en movimientos que provenían de transitares organizacionales autonomistas, y que ahora se reorientaban a la participación y disputa estatal.

En Córdoba, a partir de 2003, el Movimiento BdP, en palabras de sus militantes, “Apoya al Presidente Néstor Kirchner porque él abrió las puertas al movimiento, o sea abrió la puerta a los movimientos y bueno de ahí tenemos buenas respuestas porque él las escucha a todas las cosas”[13]. El estrecho vínculo establecido entre el Estado y BdP a partir de la llegada de Néstor Kirchner se vio reflejado aquí en Córdoba en que, aproximadamente, un 90% de les integrantes de BdP comenzó a ser beneficiario del plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, cuya condición para sostener ese beneficio era tener participación activa en las actividades del movimiento social. El crecimiento de BdP a nivel local y con ello de su intervención territorial, fue posible gracias al respaldo que recibió de la estructura del gobierno nacional y municipal (Abad Garcia Gomez Lopez, 2007). En esos años, se observa que el movimiento comienza a gestionar una amplía y nueva cantidad de recursos; comienza a tener la potestad de decidir la asignación de planes sociales al interior de la organización, pone en marcha una serie de obras comunitarias, organiza cooperativas de trabajo, crea un  programa de escuela de oficios (costura, manualidades,etc.), aumenta el suministro de leche en los barrios, la cantidad de huertas comunitarias activas, el trabajo a partir de los planes sociales, entre otras actividades (Abad García y Gómez López, 2007). A medida que la intervención social del Movimiento adquiere una mayor escala, la organización termina por reestructurarse, cediendo la construcción horizontal y asamblearia para dar lugar a una nueva estructura organizacional[14]. Un dato no menor, es que luego de apostar a la construcción del poder popular de manera independiente al Estado en sus comienzos, en las elecciones legislativas de octubre de 2005, BdP presenta como candidata a Cecilia Merchán, una militante cordobesa de larga trayectoria en el movimiento (Abad García y Gómez López, 2007).

La reconfiguración del escenario político en 2003, tuvo efectos en la mayoría de los movimientos que emergieron en los últimos años de la década del 90 y principios del siglo XXI en la provincia y que desplegaron formas comunes de organización. Mientras que BdP viró su estrategia autónoma a una de vinculación con el Estado, contando en esos años con militantes en cargos nacionales y municipales, organizaciones como la CTD-AV[15] y el Movimiento FTV, sufren rupturas y quiebres internos producto de diferencias políticas y de no poder conciliar lecturas sobre la realidad social y la estrategia política de lucha. Muchos de estos quiebres fueron a nivel nacional y también local. En cuanto al caso del Movimiento Federación Tierra y Vivienda, en 2003 la Federación se fragmentó en dos corrientes en todo el país. Así, en Córdoba se conforman dos líneas distintas de la FTV: una primera que mantiene un diálogo abierto con el gobierno y apoya a Néstor Kirchner, con integrantes debatiendo la conformación de un partido político en Córdoba para apoyar las elecciones del 2007, y que se ocupa a su vez de la gestión más de más de 3 mil planes de Jefas y Jefes de Hogar -y otros planes de vivienda contenidos de la nación- y cooperativas encargadas de construir tales casas; y una segunda corriente, con sede en la Casa de los Trabajadores, sin alineación política, que veía tales gestiones como paliativas y no deseables a largo plazo. Esta última, legitima la movilización y no la lucha por el aumento en los planes sociales, ya que no los considera trabajo legítimo o digno. Por el contrario, esperan un cambio en la situación política favorable para los trabajadores. El modo de lucha elegido fue el diálogo y la gestión de demandas, por fuera del apoyo al gobierno nacional (Abad García, De Tezanos Pinto y Hernández, 2007).

Otro ejemplo que nos interesa retomar es la adhesión en 2003 del Movimiento Evita al gobierno nacional, en clave estratégica de acercar los territorios a la gestión pública (Longa, 2018). Específicamente, en lo que respectaba a programas del Ministerio de Desarrollo Social que viabilizaran un mayor desarrollo territorial, y a la integración de militantes  en Unidades Ejecutoras de municipios oficialistas; política que permitió trasladar las experiencias territoriales fortalecidas en las trayectorias barriales a políticas municipales concretas -lo cual también implicó un crecimiento del Evita en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires-, siguiendo las investigaciones de Longa (2018). Lo que sucedió a partir de aquel momento de acuerdo al autor, fue que el Estado encontró un acceso a los barrios a través del Evita, que además poseía una estructura militante consolidada y organizada que legitimaba la presencia estatal en el territorio. Desde estas políticas municipales accesibles para las organizaciones, cada territorio comenzó a participar de su propia gestión administrativa, lo cual apuntaba a disminuir la enorme burocracia que trababa el acceso a distintos programas sociales. Esto dio lugar a lo que Perelmiter (2016) denomina -y Longa (2018) recupera para explicar la gestión- una ‘burocracia de tipo plebeya’, subvirtiendo jerarquías e intentando conseguir tanto la proximidad entre el Estado, su gestión y les beneficiaries de sus políticas, como también la promoción de toma de conciencia por parte de quienes administraban de las personas con derechos y necesidades que se encontraban detrás de cualquier política o planificación.

Así, la “etapa kirchnerista”, según Longa, se caracterizó por dar lugar a otro cambio importante en este vínculo Estado-sociedad (2018). Las presidencias de la “etapa kirchnerista” posibilitaron la relegitimación institucional a partir de la cual el Estado recuperó, desde la perspectiva de los movimientos sociales, su carácter de mediador válido del conflicto social (Longa, 2017). La asunción de Néstor Kirchner significó un gran desafío para las organizaciones piqueteras, en tanto toda una desconfiada discursiva anti-institucional era interpelada por el nuevo presidente, con un objetivo claro de acercarse a las organizaciones y reconociéndolas como pilares necesarios para la reconstrucción de una Argentina sumida en una gran conflictividad social y crisis política. El punto de inflexión sucede cuando distintas organizaciones, en este caso ejemplificando puntualmente en el Movimiento BdP, evalúan que esa alianza entre el sector concentrado de la economía y la coalición gobernante, tan característica de los 90’, había cambiado con la asunción de Kirchner. En ese marco, comienza a evaluarse el campo de posibilidades disponible, y se trastoca esa visión única del Estado como regulador-operador únicamente en favor de los sectores concentrados. Este proceso tiene como resultado un giro absoluto en la manera de concebir la política y el cambio social para BdP, lo cual decantó en una redefinición estratégica por parte de esta organización: en este contexto, la movilización política debía acompañarse con una integración a la coalición gobernante (Natalucci, 2012).

Son diversas las razones que justifican este “vuelco” en la concepción del Estado por parte de los movimientos y su respectivo cambio de estrategia política. En primer lugar, el gobierno kirchnerista se presentó con un discurso que se centraba en la restitución del lazo representativo y, sobre todo, con la propuesta de un proyecto en común que buscaba dar respuesta al clima de desidia y conflictividad del momento mediante la inclusión social, ubicando al Estado en un rol de activa intervención y coordinación. Se trató de un discurso que interpeló a organizaciones identificadas con retóricas y sentires de lo nacional y popular (Retamozo y Di Bastiano, 2017). En segundo lugar, y consecuentemente, viabilizó esta propuesta mediante la estrategia política de convocar organizaciones del ‘ala izquierda’, tanto peronistas como no peronistas -de las cuales era consciente que precisaba su apoyo para el reordenamiento de una sociedad sumida en la conflictividad social y el descontento político-, y otorgarles espacio en los ámbitos de decisión política, recursos para su crecimiento y visibilidad pública (Retamozo y Di Bastiano, 2017). Un tercer aspecto, característico de esta nueva gestión, fue el establecimiento de políticas de la memoria en alianza con las principales organizaciones de derechos humanos, encarnadas por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos (Retamozo y Di Bastiano, 2017), contempladas en un marco cuya retórica consistía en la ‘reparación histórica’ para con las víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina.

 

 

Reflexiones finales

Comenzamos este trabajo partiendo de la conceptualización de ‘los comunes’, en tanto nos interesan y preocupan el tipo de relaciones sociales que tejemos en nuestros procesos de disputa y transformación política. En este marco, entendemos al igual que Federici y Caffentzis la necesidad de semillar otras maneras de sociabilidad que nos conduzcan a horizontes más solidarios y comunitarios, y que aseguren la reproducción digna de la vida ante un contexto global en donde la financiarización y mercantilización de los aspectos más minúsculos de nuestras vidas, se han tornado la regla. A partir de ello, nos preguntamos por las trayectorias políticas de ciertas organizaciones sociales en nuestro país -primero en un marco más general, luego recuperando experiencias concretas- que han tenido un rol protagónico tanto en lo que significó el cuestionamiento de un orden neoliberal que los expulsó a la pobreza y marginalidad, como en el pensar estrategias y tomar agencia en determinados contextos políticos para disputar aquellos recursos que entienden propios y necesarios para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Los años 90s, en un clima político y económico hostil, bajo la presidencia de Carlos Menem y su modelo económico de corte neoliberal, hicieron emerger una serie de movilizaciones sociales que reorganizaron el panorama político: se constituye lo que se conoció como ‘movimiento piquetero’, se rompen ciertas tradiciones de espacios políticos de tintes nacional-popular que convergen en nuevas consignas que impugnaban el sistema político-institucional, y comienzan a trazarse procesos de acumulación política barrial en donde cada barrio funcionaba como el espacio asambleario y de satisfacción de las necesidades básicas para subsistir. En ese sentido, como quisimos indagar sobre la interacción Estado-organizaciones (y lo que se desprende de ella) y el viraje estratégico que surge a partir de 2003, nos resultó relevante situar cierta historicidad de estas organizaciones, en la cual los últimos años de la década del 90’ resultan clave. Encontramos en la constitución de estos espacios prácticas comunes en clave de lo que proponen Federici y Caffentzis, que tuvieron que ver netamente con el asegurar la reproducción de la vida inevitablemente mediante el trazo de alianzas y solidaridades, en un contexto de escasez y desidia estatal. Sumado a ello, también una experiencia que fortaleció la organización y militancia en cada territorio, lo cual sustentó la posibilidad de efectivamente constituirse, como organizaciones, en fuerzas políticas capaces de sentarse a negociar y disputar recursos de cara al 2003 y la asunción de Néstor Kirchner como presidente.

A partir de esta caracterización y breve recorrido trazado, el 2003 se presenta como otro momento en el cual el escenario político es nuevamente reconfigurado. ¿Qué sucede con esa mirada de desconfianza sobre el Estado por parte de estos espacios políticos? ¿Cómo leemos al aparato estatal, con un bagaje teórico que lo comprende como reproductor de las condiciones en las cual el capital se reproduce y fortalece, a partir de lo que sucede en 2003? Sobre todo, en consideración de una experiencia en donde las organizaciones nunca dejan de tomar agencia, realizar lecturas, delinear estrategias y aun así preservarse, no sin sus tensiones, con objetivos claros que tienen que ver con combatir un orden que produce desigualdad y marginalidad.

En este sentido, resulta importante tener en cuenta el marco en el cual se dan nuestras luchas y se construyen nuestras discursivas. El Estado latinoamericano posee características intrínsecas a él mismo que responden a su constitución y su historicidad, y que lo ubican como un actor consciente o con aspiraciones a serlo, y fundamentalmente relacional. Esto significa que cualquier lectura monolítica sobre el Estado que lo ubique como regulador y determinante último de toda sociabilidad dentro de su territorio, resulta acotada. Éste se sobre-determina constantemente con la sociedad que lo constituye, y aquí los ejemplos de movimientos sociales, nacionales y locales, como organizaciones territoriales que comienzan a ocuparse de áreas administrativas dirigidas a su gente, que antes correspondían a burócratas externos, nos resulta interesante. Es en este marco que dialogamos con las propuestas de Federici y Caffentzis y aportamos un análisis y una historicidad a las maneras en las que se construye lo común y se ha leído lo público en nuestro país, en determinados momentos históricos. De allí la importancia de tomar en cuenta momentos constitutivos como lo fueron el 2001 y el 2003, en tanto escenarios de reconfiguración política sumamente trascendentales en la historia de la organización social en Argentina. Es un intento por recuperar experiencias de nuestro territorio que constituyeron, rompieron y obligaron a la revisión de la estrategia de las organizaciones de los sectores más empobrecidos y al mismo tiempo de mayor despliegue militante, articulatorio y gestor de subsistencia en los 90’. En ese marco, consideramos que una lectura situada valida la agencia y potencia de estas organizaciones, y aporta-tensiona de alguna manera el instructivo para el fortalecimiento de los comunes que plantean Caffentzis y Federici, en tanto retrata una experiencia concreta con el Estado argentino y la posibilidad de acceso a sus recursos y espacios de decisión pública.

Qué resultado, hacia dónde efectivamente llevaría esa interacción, no se sabía -o sabe- con certeza, pero que allí algo se trastoca, algo produce un cambio en el curso de cómo se planteaba la gestión pública, eso es palpable. Se produce un acceso a la institucionalidad, con cierta intención de humanizar la política, acercarla a sentidos ‘plebeyos’, por parte de sectores sociales anteriormente desplazados y marginados de cualquier espacio de decisión sobre políticas de las que son destinataries. Por eso también puede encontrarse cierta disputa sobre lo público en la clave común que plantean Federici y Caffentzis; ya no se trató únicamente de votar a candidatos o funcionarios que aboguen por los beneficios de ciertos sectores sociales, sino que fue la oportunidad de verdaderamente formar parte de una coalición gobernante que ofrecía la posibilidad de participación en recursos y decisiones públicas de los sectores más empobrecidos.

Lo que este panorama plantea, al menos, es que los escenarios políticos, la capacidad de agencia y las lecturas de los movimientos populares, el rol del propio Estado, y el lenguaje en el cual se plantean las demandas y luchas, son sumamente complejos, contingentes, y enmarcan indiscutiblemente en sí mismas una historicidad. Hay experiencias concretas de comunes en términos relacionales en contextos de desidia, de gestión de la supervivencia mediante articulaciones territoriales, y hay un marco en el cual se despliegan los entramados políticos donde el Estado y la sociedad se sobre-determinan constantemente, lo cual también pone en jaque las lecturas monolíticas, totalizantes o esencialistas sobre cualquiera de esos dos actores y sus potencialidades de agencia. Por lo tanto, este trabajo que se plantea aún en construcción, propone el análisis en clave de la contingencia siempre presente, entendiendo que los escenarios políticos se reconfiguran constantemente, y que esto provoca cambios en las maneras en las que los movimientos sociales -o comunes- se organizan y dan sus luchas, tornando difuso un análisis acabado o certero sobre a dónde nos llevan esos virajes, qué sentidos nuevos se desprenderán a partir de ellos, y qué procesos transformadores tienen (o no) comienzo y potencia de allí en adelante. Por último, consideramos que las discusiones en torno a las articulaciones de las organizaciones sociales con el Estado, el cómo disputar lo público, con qué objetivos, y la propuesta de Federici y Caffentzis en pos de hacerlo en clave común, resultan disparadores sumamente vigentes en un contexto pos-pandémico y neoliberal, en donde la apatía política parece crecer y las maneras de convocarnos debilitarse. En ese marco, este trabajo aspira al menos a ubicarse como insumo disparador que recupere experiencias previas y ciertas teorizaciones latinoamericanas, para ayudarnos a pensar nuestro presente.

 

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[1] Fecha de recepción: 20/04/2021. Fecha de Aceptación: 27/08/2021.

Identificador persistente ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/vogcg9c1x

[2] Universidad Católica de Córdoba (UCC), Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Córdoba, Argentina
https://orcid.org/0000-0002-1639-9103
delvalcarmela@gmail.com

[3] Universidad Católica de Córdoba (UCC), Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Córdoba, Argentina
https://orcid.org/0000-0003-3639-0138
1702934@ucc.edu.ar

[4] Les autores identifican la existencia de esta estrategia desde los siglos XVI y XVII en lo que Marx llamó acumulación “primitiva” u “originaria”, cuando refería a los cercamientos por parte de la clase capitalista como responsables de la expulsión de los campesinos europeos de sus tierras. Este acto se considera como la puerta que abre paso al nacimiento de la sociedad moderna capitalista, y les autores alertan que es una estrategia que aún continúa vigente, sobre todo al percatarse de la cada vez mayor privatización del espacio urbano y de las fijaciones de precio sobre recursos vitales como el agua.

[5] Federici y Caffentzis (2015) retoman ejemplos como el programa Big Society del primer ministro británico David Cameron, que tiene como objetivo reclutar personas para programas de voluntariado en actividades que aumenten el ‘valor social’, para de esta manera compensar los recortes en servicios sociales que Cameron y su administración realizaron en nombre de una crisis económica.

[6] Formaciones sociales que aseguran la subsistencia humana (Federici y Caffentzis, 2015). Les autores mencionan ejemplos diversos a través de los cuales se garantiza esa reproducción de la vida en términos de compartir lo común: desde tierras comunales y economías solidarias, hasta liberaciones de licencias software.

[7] Provincias argentinas.

[8] El Movimiento Federación Tierra y Vivienda (en adelante FVT), surge en a nivel Nacional y en Córdoba, en el año 1998. Intentando recuperar la posición de los sectores más bajos, el movimiento busca la inclusión social, no se moviliza en torno a un cambio radical, sino desde la concepción de que es este mismo sistema el que se puede transformar, en más justo y equitativo y a través de reivindicaciones populares. Encaminados a reconstruir solidaridad a través de cooperativas de trabajadores, recrear la cultura del trabajo y recuperar el trabajo digno, se organizaron bajo el liderazgo de Luis D'elía a nivel nacional y de Helena Novo en Córdoba (Abad García, De tezanos Pinto y Hernández, 2007).

[9] El Movimiento Teresa Rodriguez, autodenominado independiente, nace en 1996, cómo un Movimiento de trabajadores desocupados en Florencio Varela y Mar del Plata. Organizando a los desocupados, peleando por conseguir planes de empleos, alimentos, evitar cortes de servicios, sostenían la convicción de que era él trabajo y no la asistencia lo que generaba el honor del hombre.  En Córdoba, el movimiento se organiza a partir de las visitas de dirigentes del movimiento a nivel nacional y se va conformando, con la convicción de ir hacia una nueva economía solidaria y alternativa. La noción central del mecanismo de lucha y él posicionamiento combativo, los llevaba a denominarse independientes (Abad García, 2007).

[10] El Movimiento Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón nace a nivel nacional en el año 2001. El Movimiento, conformado por agrupaciones de desocupados de línea autonomista, agrupaciones del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, comunidades eclesiales de base, y otras personas que se sumaban a esta lucha por la reivindicación del trabajo, comienza a crecer en Córdoba, reproduciendo estrategias utilizadas por la CTD-AV en Buenos Aires, particularmente eligiendo la movilización reivindicativa en las calles, demandando programas sociales y poniendo en discusión la desocupación generalizada (Armada y de la Vega, 2007).

[11] El Movimiento Evita nace en el año 2004 con una acumulada trayectoria piquetera. Comenzó su desarrollo construyendo cotidianamente en varios barrios populares, principalmente a partir de actividades sociales ligadas a las necesidades alimentarias y educativas de los sectores más postergados (Longa, 2018).

[12] El Movimiento Barrios de Pie nace a fines del año 2001, cuando un sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) autodenominado “CTA de los Barrios” se separó de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) debido a diferencias políticas sobre la coyuntura de la crisis político-social de 2001 y el gobierno interino de Eduardo Duhalde. “La CTA. de los Barrios “ había surgido en el año 2000 como iniciativa de un grupo de militantes vinculados a la corriente nacional Patria Libre y a la Agrupación Juvenil Venceremos, frente juvenil de dicha organización, que centró su  organización en el desarrollo de comedores, ollas populares, apoyos escolares y jornadas solidarias en diferentes barrios humildes del conurbano bonaerense, la Capital Federal y del interior del país, consolidando una incipiente organización territorial de extensión nacional (Gradin, 2012, p.107).

 

[13] Entrevista realizada a un miembro de BdP en julio de 2005 por García y Gómez López, en El Llano todo quema: movimientos y luchas urbanas y campesinas en la Córdoba de hoy.

[14] En ese momento, el Movimiento se estructuró en una mesa de dirección de alrededor de quince miembros en la que se discutía la política general del movimiento y luego se llevaban a cabo reuniones sociales. Se gestan nuevas comisiones, algunas más técnicas, y otras cooperativas de trabajo para poder llevar adelante obras comunitarias. En Córdoba, el Movimiento estaba dividido en cuatro zonas, cada una compuesta aproximadamente por diez barrios. Por zona había un coordinador y por barrio un delegado. Así, lo que se define en la dirección se planteaba y discutía en las zonas y allí también se resuelve la aplicación de la política en territorio (Abad García y Gómez López, 2007).

[15] El Movimiento, conformado por agrupaciones de desocupados de línea autonomista, sufre una ruptura en Buenos Aires por razones políticas y preferencias de estrategias de lucha. De tal ruptura surgen dos líneas: Una primera que se inclinaba por la reivindicación de la micropolítica y las tomas de decisiones horizontales (MTD) y una segunda (CTD) que optaba por el centralismo democrático y la lucha insurreccional por la toma del poder del Estado (Armada y de la Vega, 2007).