Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos
N° 14 (junio-noviembre). Año 2022. ISSN: 2525-0841. Págs. 59-81
http://criticayresistencias.com.ar
Edita: Fundación El llano - Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL)
Límites de la naturaleza al desarrollo y la democracia:
Crisis ambiental en Nonogasta, Noroeste Argentino[1]
Nature’s limits to development and democracy:
Environmental crisis in Nonogasta, Northwest Argentine
Clara Olmedo[3]
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Resumen
En este trabajo reflexionamos en torno a los límites que la naturaleza impone a modelos hegemónicos de desarrollo que, históricamente, se sustentan en la explotación intensiva y extensiva de recursos naturales, mientras se distribuyen en las comunidades altísimos costos ambientales (contaminación del agua, suelo y aire), con efectos en la salud y bienestar humano y no humano y, en consecuencia, debilitando los fundamentos mismos de la democracia. Para ello, tomamos como referencia la problemática socioambiental de la localidad de Nonogasta, ubicada en la zona oeste de la Provincia de La Rioja, en la región noroeste argentino (NOA), donde una curtimbre lleva más de tres décadas contaminando con residuos industriales (líquidos y sólidos) la zona. Un escenario que se legitima con discursos de progreso, desarrollo y trabajo. De esta forma, buscamos contribuir al debate sobre unos de los desafíos mayores que hoy enfrentan la democracia y el desarrollo en los países de América Latina: la doble crisis, ambiental y social.
Palabras claves: Crisis ambiental, desarrollo, democracia, naturaleza, límites, Nonogasta.
Abstract
In this paper we reflect on the limits that nature imposes on hegemonic models of development, which historically, were based on an intensive and extensive exploitation of natural resources, while extremely distributing on communities high environmental costs (water, soil and air), with effects on human and non-human health and well-being and, thus, weakening the very foundations of democracy. We take as a reference the socio-environmental problem of of Nonogasta, a town located in the western part of the Province of La Rioja, in the northwestern region of Argentina (NOA), where a tannery has been contaminating the area with industrial waste (liquids and solids). A scenario legitimized with speeches of progress, development and work. In this way, we seek to contribute to the debate on one of the greatest challenges facing democracy and development in Latin American countries today: the double crisis, environmental and social.
Keywords: environmental crises, development, democracy, nature, limits, Nonogasta.
1. Introducción
La Humanidad toda experimenta una crisis que ya se caracteriza de “existencial” o “civilizatoria”, vinculada a los daños y desequilibrios ecológicos (Sotomayor, 2018; Leff, 2017; Mora, 2016, entre otros) que están poniendo en juego el bienestar humano y la paz mundial. “Las leyes y los sistemas de desarrollo han propiciado la configuración de un mundo en convulsión, que necesita entrar en un proceso de reflexión y regeneración y, con ello, coadyuvar a la vida digna de la propia especie humana” (Sotomayor, 2018, p. 53). Este alarmante escenario global se constata en contextos de desastres socioambientales como el de Nonogasta[4], una localidad en el noroeste argentino, donde una industria curtidora de cueros (una de las más grandes de América Latina) ha eliminado, por más de tres décadas, residuos industriales y peligrosos (sólidos y líquidos), sin ningún tratamiento a los campos contiguos a la fábrica. De esa forma, la curtiembre ha sometido a la comunidad local a vivir en un ambiente tóxico, donde el aire se vuelve irrespirable y las enfermedades vinculadas a la contaminación ya son parte de la cotidianeidad local.
El caso de Nonogasta nos invita a reflexionar críticamente sobre algunas dimensiones que se entrecruzan en este complejo escenario, entre las cuales decidimos abordar el binomio Desarrollo-Democracia. Un debate que en Latinoamérica adquiere gran importancia dado el giro neoconservador que experimentan varios países, luego de un impass de gobiernos autodenominados “progresistas”. Gobiernos progresistas que, vale subrayar, siguieron sosteniendo proyectos de desarrollo que marginan la problemática ambiental, subsumiéndola a propuestas macroeconómicas convencionales como vía para el logro de los ideales democráticos: igualdad, dignidad, justicia, etc. Tal como plantea Svampa en su análisis del giro eco-territorial en la región, “no son pocos los gobiernos latinoamericanos que han aceptado acríticamente los modelos de desarrollo hegemónicos, o sencillamente tienden a escamotear las discusiones de fondo acerca de su carácter expoliatorio y de su impacto socioambiental” (2011, p. 182).
En el campo académico, no son muchos los análisis que incorporan a sus debates los límites que la naturaleza impone al desarrollo (Guerrero y Schifter, 2011; Wackernagel y Rees, 2001), aun cuando este concepto ha ido ampliándose desde la original concepción de la segunda mitad del siglo XX, que vinculaba el desarrollo a la noción de progreso, para incorporar ideales de desarrollo social, humano y también sostenible (Acevedo, 2017). Pero la actual crisis socioambiental global exige reflexionar sobre la complejidad del desarrollo y su impacto en la realización de la democracia, partiendo de reconocer que la naturaleza impone límites al logro de las metas de ambos (Lang y Mokrani, 2011; Svampa y Antonelli, 2010). Ni el desarrollo ni la democracia serán posibles en las actuales condiciones de devastación de la naturaleza y las desigualdades sociales, que se agravan con la crisis ecológica. Y no podemos olvidar que los mayores costos de esta crisis recaen en los grupos poblacionales menos favorecidos, signando el futuro de generaciones venideras a quienes se hipoteca el derecho a vivir en un ambiente sano.
El acercamiento al caso de Nonogasta es una referencia empírica que tiene por objetivo ilustrar nuestro argumento referido a las dificultades que hoy encuentra la plena realización del desarrollo y la democracia en un contexto particular: bienestar social, acceso igualitario a los bienes materiales-culturales-naturales, participación, justicia, etc. (Lechner, 2015; Alcántara y Fuentes, 2013; Adelantado y Scherer, 2008; Ansaldi, 2007). Asimismo, mostrar cómo, a pesar de la crisis ecológica, la cuestión ambiental sigue sin constituirse en un eje articulador de la reflexión y la práctica política, tal como lo plantea Federovisky (2014) para el caso argentino. Visitar Nonogasta y escuchar historias de enfermedades, niños nacidos con malformaciones e incluso muertes relacionadas a la contaminación con metales pesados[5], lleva a preguntarnos ¿qué significa el desarrollo y la democracia para esta comunidad? Preguntas que nos acercan a miradas críticas que interpelan las concepciones hegemónicas de desarrollo, democracia y naturaleza, vinculadas a enfoques políticos, económicos y filosóficos propios del liberalismo (Martínez Espinoza, 2018; Max-Neef y Smith, 2014; Encina y Bárcena, 2006). Interrogantes que orientan nuestra reflexión.
Organizamos la exposición de la siguiente manera: Explicitando brevemente las concepciones hegemónicas de desarrollo, democracia y naturaleza, señalando algunos enfoques que cuestionan dichas concepciones. Luego elaboramos nuestro argumento en torno a los límites que la naturaleza impone, por un lado, al desarrollo y, por otro lado, a la democracia. Ambas argumentaciones se ilustran con referencias al caso de Nonogasta, sin la pretensión de presentar un análisis profundo del mismo, sino de mostrar cómo las prácticas de una empresa, legitimadas con discursos de progreso, prosperidad y trabajo, se traducen en una devastación ecológica que ponen en duda el desarrollo y debilitan los fundamentos mismos de la democracia. Concluimos el artículo respondiendo a las dos preguntas que orientan nuestra reflexión.
2. ¿Qué Desarrollo? ¿Qué Democracia? ¿Qué Naturaleza? ¿Qué Límites?
Consideramos necesario explicitar brevemente que el punto de partida de nuestra mirada crítica son las concepciones hegemónicas de desarrollo, democracia y naturaleza. Concepciones hegemónicas que, por un lado, han dado lugar a un entendimiento del desarrollo como un proceso netamente económico, vinculado a las lógicas del mercado y sustentado ideológica y filosóficamente en el liberalismo. Una matriz que subsume en su totalidad las dinámicas sociales, culturales, políticas y ecológicas a la lógica del mercado (Max-Neef, 2017; Max-Neef y Smith, 2014; Elizalde, 2012; Hinkelammert, 2012). Por otra parte, la noción de democracia, también sustentada en fundamentos del liberalismo que la definen como una democracia liberal-representativa-procedimental y apoyada en tres pilares fundamentales, como plantea Martínez Espinoza (2018): 1) método de ejercer el poder político que 2) se fundamenta en principios liberales (individuo, libertad, garantías individuales, orden, razón y ley) y 3) se hace practicable con la representación y las elecciones (p. 47).
Por último, y estrechamente vinculada a los fundamentos liberales del desarrollo y la democracia, la noción hegemónica de naturaleza, que hace referencia a ese espacio “subalterno” dispuesto allí fuera para ser sometido a las lógicas de la explotación/extracción de los llamados recursos naturales, puestos al servicio de la acumulación del capital (Alimonda, 2011). Esta concepción hegemónica de la naturaleza ha dado lugar al concepto de “colonialidad de la naturaleza” (Alimonda, 2011) que “es la expresión de una modernidad capitalista resultado de transacciones transcontinentales que la sitúan en condición de inferioridad como recurso a ser explotado” (Vallejo, 2014, p. 121).
Estas concepciones hegemónicas se interpelan desde diferentes perspectivas teóricas como son la economía ecológica (Martínez Alier, 2004; Naredo, 2006); la ecología política (Gudynas, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015); la sociología ambiental (Beck, 1998; Lemkow 2002; Garrido et al 2007); el eco-marxismo (Bellamy, 2004; Foster, 1999, 2000, 2002; Leff, 1992, 2007; O’Connor, 1998); o las perspectivas de los nuevos movimientos sociales asamblearios, cuyos ejes son la defensa de la vida, los bienes comunes y el territorio (Castro y Arqueros, 2018; Robledo, 2017; Svampa, 2012, 2011, 2006; Martínez Alier, 2004). De manera particular, cuando hablamos de los límites que la naturaleza impone a los modelos de desarrollo y la realización de la democracia, subrayamos los aportes que se hacen desde la perspectiva de los “límites planetarios”, propuesta en 2009 por investigadores desde Stockolm Resilience Center (Suecia), dirigido por Johan Rockström, y desde donde se está analizando el cambio climático (entre otros límites ecosistémicos), reconociendo que “las presiones antropogénicas sobre el Sistema Tierra han alcanzado una escala en la que ya no se puede excluir un cambio ambiental global[6]” (Rockström, et al., 2009, p. 1). Esta perspectiva da cuenta de los límites de la naturaleza, o el sistema tierra, para procesar los impactos de la prácticas sociales y productivas de nuestras sociedades. Desde Chile, Max-Neef cuestiona de plano los modelos de desarrollo convencionales, planteando que “ninguna economía es posible al margen de los ecosistemas” y que “la economía es un subsistema de un sistema mayor, la biosfera, por lo tanto, el crecimiento infinito es imposible” (2016, p. 1). En línea similar, la economista británica Kate Raworth (2018) extiende el análisis de los límites planetarios diferenciando límites “externos” (físicos/naturales) y límites “internos” (sociales: pobreza, desigualdad, etc.). Así, Raworth plantea un análisis más complejo de la crisis ecológica, en el cual es necesario comprender las formas en que interactúan ambos límites para reconocer los umbrales dentro de los cuales la humanidad puede estar en una zona segura, o salir de la misma. La fortaleza de esta perspectiva radica en su entendimiento de la sustentabilidad planetaria, la cual no se puede analizar sin contemplar, conjuntamente, las dimensiones naturales (límites externos) y sociales (límites internos). Esto es, los nueve límites planetarios identificados por el Stockolm Resilience Center: “Concentración de CO2 en la atmósfera; la acidificación oceánica; la concentración de ozono estratosférico; la fijación de nitrógeno y vertido anual de fósforos al mar; el consumo de agua dulce; la proporción de tierras cultivadas; el consumo de agua dulce; la pérdida de biodiversidad; la carga de aerosoles y la contaminación química” (Terradas, 2009, p. 19).
Y los doce límites sociales planteado por Raworth:
Suficiente comida; agua limpia y saneamiento adecuado; acceso a energía e instalaciones culinarias limpias; acceso a la educación y la atención de la salud; un hogar digno; un ingreso mínimo y un trabajo digno; acceso a redes de información y redes sociales de apoyo. Además, es necesario que estos elementos se logren en un marco de igualdad de género, equidad social, participación política, paz y justicia (Raworth, 2018, p. 54).
Desde el análisis relacional que nos ofrece Raworth, combinando los límites externos e internos, es posible argumentar que tanto el desarrollo como la democracia debieran garantizar ciertos umbrales naturales y sociales que impidan, por un lado, desbordar la capacidad del planeta para procesar los impactos de nuestras prácticas sociales y productivas y, por otro lado, garantizar a todas las personas el acceso equitativo a recursos materiales y económicos, a los bienes comunes, materiales y culturales. Asimismo, señalamos la fortaleza de todos los enfoques mencionados para interpelar las concepciones convencionales de desarrollo, democracia y naturaleza y avanzar en nuestro argumento respecto a los límites que la naturaleza impone al desarrollo y la democracia.
3. Límites de la Naturaleza al Desarrollo
La reflexión en torno a los límites que la naturaleza impone al desarrollo puede encontrarse varias décadas atrás. Por ejemplo, la del sociólogo y economista O´Connor (ubicado en el paradigma marxista), quien en 1998 propuso la noción de “segunda contradicción” del capitalismo[7], para referirse al deterioro de los ecosistemas y el bienestar de los trabajadores a causa de la acumulación capitalista. Fenómenos que tanto el Estado como las empresas se empeñan en negar, minimizar o directamente caracterizar como “externalidades”, cuyos costos recaen fuera del sistema productivo, es decir, sobre los ecosistemas y las personas (Max-Neef y Smith, 2014; O´Connor, 1998; Leff, 1992). Estos costos son muy difíciles de estimar dado su impacto no solo en el presente, sino en las futuras generaciones. Esta “segunda contradicción” supone un verdadero riesgo no solo para el desarrollo, sino para la humanidad toda, y terminará destruyendo las bases mismas del sistema de producción sobre el que el capitalismo despliega su lógica de acumulación. La propuesta de O´Connor (1998), consolidó el campo que hoy conocemos como ecomarxismo, imposible desconocer en los debates sobre la crisis ecológica y su relación con el capitalismo, sus modelos de desarrollo y sus sistemas políticos (Bellamy, 2004; Foster, 1999, 2000, 2002; Leff, 1992, 2007; O’Connor, 1998).
En el contexto latinoamericano señalamos la línea de la ecología política, en particular el trabajo de Gudynas, quien plantea que “las consideraciones ambientales aparecen como uno de los puntos de partida para el examen crítico de las concepciones convencionales de desarrollo”, a su vez, asegura que “cualquier discusión contemporánea sobre el desarrollo está íntimamente ligada a cuestiones ambientales” (2011, p. 379). Entre los diversos enfoques críticos que incorporaron la naturaleza a la reflexión destacamos el Desarrollo a Escala Humana de Max-Neef; Elizalde y Openhayn (1986), quienes plantearon que el desarrollo se equipara a la lógica del capitalismo, cuya eficacia y logros se miden desde visiones estrictamente económicas. Luego, Elizalde (2012) propone que la sociedad en que vivimos hoy es la del “mercado global”, donde ganar dinero prima por sobre los derechos humanos, la democracia y el medioambiente. En la sociedad “del” mercado, las dinámicas sociales y ambientales están subsumidas y, por tanto, deben ajustarse a las lógicas del mercado. “El mercado es pura voluntad de poder”, dice Hinkelammert (2012, p. 232), y bajo la lógica de subsunción de lo social (y su complejidad) al mercado, el crecimiento económico indefinido es imposible alcanzar sin antes hacer colapsar nuestro ecosistema planetario. “El ADN del capital es crecer indefinidamente, de allí su incompatibilidad con la sustentabilidad, no hay posibilidad de un crecimiento sustentable. El crecimiento es por naturaleza insustentable. De allí que la naturaleza imponga límites en su código genético” (Elizalde, 2012, pp. 6-7).
Cabe aquí considerar la dimensión simbólica como campo de legitimación del escenario que nos señala Elizalde, quien plantea que son “nuestras creencias las que condicionan nuestras ideas y emociones. Ningún cambio es posible sin modificar las creencias en las cuales nos movemos” (2013, p. 81). Para este autor “hay un conjunto de creencias instaladas en el imaginario de la humanidad por Occidente, por la ideología del progreso, por el capitalismo y por el desarrollismo” (2012, p. 10). Y esas creencias son el fundamento de discursos que enarbolan la bandera del desarrollo y el progreso infinito, mientras se legitiman prácticas que atentan contra la naturaleza y las distintas formas de vida que la pueblan. En esta misma línea, otros autores como Acevedo (2017) o Boff (2012; 2003) argumentan que la modernidad, en nombre del progreso, impuso el mandato de manipular la naturaleza en pos del bienestar humano, sin vincular a éste el cuidado y protección de la naturaleza.
En una interesante reflexión del concepto de desarrollo, Acevedo (2017) aborda el proceso de ampliación de este concepto, en el cual se pasó de un esquema en el que predominaban concepciones netamente económicas, a visiones que incorporaron la dimensión social y humana, para culminar con la incorporación de la sustentabilidad. En ese proceso, el autor marca como hito la declaración de las Naciones Unidas en 1986, donde se estableció el desarrollo como un “derecho humano ciertamente necesario bajo el entendido que la pobreza global es la principal condición que mantiene a millones de personas en el mundo privadas de poder ejercer el resto de sus derechos humanos” (Acevedo, 2017, p. 8). Sin embargo, en ese esquema, el cuidado de la naturaleza sigue estando alejado de la concepción ampliada del desarrollo. “Pareciera que la lucha por erradicar a la pobreza y la lucha por la defensa del ambiente no terminan por confluir en una sola vía” (Acevedo, 2017, p. 8). En este sentido, volvemos sobre el planteo de Raworth (2018), para quien la sustentabilidad no será una meta alcanzable a menos que las políticas contemplen, de manera conjunta, los límites “externos” (naturales) e “internos” (sociales), tomando medidas que garanticen que las prácticas sociales y productivas no sobrepasen ninguno de esos límites.
En el centro de la dificultad para hacer confluir los ampliados objetivos del desarrollo y la sustentabilidad, reside la valoración de la naturaleza como recurso para servir a la satisfacción de las necesidades humanas; una visión hegemónica de naturaleza, como ese espacio subalterno, separado del ser humano, quien está llamado a someterla y explotarla. En la tradición occidental la naturaleza está al servicio del ser humano, en una relación jerárquica-dominante[8] donde “la naturaleza en sí misma no tiene ningún valor intrínseco, y la destrucción de plantas y animales no puede ser pecaminosa, a menos que con esta destrucción se haga daño a los seres humanos” (Singer, 2009, p. 269). Y así, como plantea De Sousa Santos (2009), la naturaleza es desnaturalizada, fraccionada y mutilada para convertirla en recursos al servicio del ser humano. Una creencia que impide reconocer los límites que la naturaleza está marcando a los actuales modelos de desarrollo, con sus metas de progreso y crecimiento infinito. Pero en un escenario de grave crisis ambiental, donde ya se han superado algunos límites biofísicos como son: la cantidad de CO2 en la atmósfera, la fijación de nitrógeno en suelo y la pérdida de diversidad (Rocktröm et al, 2009; Terradas, 2009), se hace cada vez más evidente que la ideología del progreso y sus postulados frente a la naturaleza son contraproducentes para la vida en todas sus expresiones (Acevedo, 2017).
Esto se puede observar en el caso del desastre socioambiental de Nonogasta, donde en la década del ochenta (década en la que Argentina recupera la democracia luego de siete años de una cruenta dictadura militar) se asentó una curtiembre con promesas-discursos de desarrollo y trabajo, pero con prácticas devastadoras del entorno natural y las formas de vida que lo integran. Durante más de treinta años, la curtiembre ha descargado en los campos contiguos a la fábrica millones de litros de efluentes industriales sin tratar (atestados de metales pesados, básicamente cromo, y ácidos sulfhídricos, amoníacos, anilinas, etc.) (ver Figura I) y toneladas de residuos sólidos (ver Figura II). Una práctica que ha devastado el territorio y todas las formas de vida que lo habitan, conformado así un paisaje de contaminación y devastación natural que los habitantes conocen como “los piletones” (ver Figura III).[9] Una investigación realizada en junio del 2019 por el Equipo Técnico de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y por orden de la Justicia Federal, comprobó que los valores de cromo total, sulfuros, ácidos sulfhídricos, fenoles, demanda de oxígeno (DBO) siguen estando muy por encima por los límites permitidos por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos (Lastra Milone, 2019). Específicamente, el informe de PNA indica que “los valores del efluente en la planta de tratamiento de cromo alcanzan 14.000 ug/l superando, 140 veces lo permitido por la Ley. Los barros generados en estas plantas son considerados residuos peligrosos por la alta presencia de cromo. Los valores del DBO son 1200 mg/l, cuando el valor establecido por ley deber ser menor a 200 mg/l, es decir, el DBO muestra un valor seis veces mayor a lo permitido”.
Figura I. Fuente: fotos propias
Figura II. Fuente: fotos propias Figura III. Fuente: fotos propias
Lo que observamos en Nonogasta es una reconfiguración natural-social que ha ido cambiando el paisaje y eliminando modos de vida tradicionales, formas de organización social, política y cultural, e imponiendo nuevas relaciones con la naturaleza y la justicia. Ese proceso se fue articulando, a lo largo de tres décadas, en un marco de impunidad que refleja dinámicas de poder y relaciones entre empresa, justica y gobierno, y donde el derecho a vivir en un ambiente se degrada al ritmo de la destrucción del paisaje local (ver figuras IV y V).
Figura IV. Fuente: fotos propias Figura V. Fuente: fotos propias
En este contexto, como plantea Elizalde, 2012), existe una ceguera frente al peligro que supone desestimar los límites (biofísicos y legales) de la capacidad de la naturaleza para procesar la cantidad de desechos (líquidos y sólidos) eliminados, y ante el peligro para la vida de la población local y su entorno. Y ello acontece bajo una densa maraña de discursos y promesas de desarrollo que oculta los costos socioambientales, como se plantea desde la mirada de la economía ecológica. “El capitalismo es un sistema de costos sociales no pagados, a transferir a las generaciones futuras, a otras especies y a la gente pobre de nuestra propia generación” (Martínez Alier, 2004, p. 266). Costos que pueden interpretarse desde la noción de “intercambio ecológicamente desigual”[10] entre la actividad industrial y la salud de la población, abordado por Alayón Guevara (S/F), quien analiza los costos sociales y ambientales en la comunidad de Nobsa, Boyacá-Colombia, donde hay tres actividades extractivas/industriales (extracción de piedra caliza y cal; industria de acero y producción de cemento). Estas empresas ofrecen a cambio de esos costos “algunas regalías” que no logran paliar los efectos en la salud de la población; “de manera que ya se puede observar el truncamiento de algún tipo de desarrollo, perpetuando así las condiciones de pobreza y dependencia de la población y la región en general (Alayón Guevara S/F: 1-2). En una línea similar, Svampa y Viale (2015) plantean que en América Latina estamos frente a un “maldesarrollo”, sustentado en ideologías y prácticas que van en detrimento del logro efectivo del desarrollo y la democracia. Una tendencia que se profundiza en el actual contexto político de la región.
Pensar el desarrollo desde contextos como Nonogasta supone reflexionar, como enseña Wallerstein (2002, 2006), en términos históricos-relacionales para captar sus tendencias y las diversas estrategias que se desplegaron en el sistema capitalista o sistema-mundo. Para Wallerstein, “desde la misión moralizante-civilizatoria de la colonización europea, la racionalidad que predominó en las estrategias de explotación de los recursos del mundo no europeo omitía por completo la discusión de los costos de tal explotación para las personas del lugar” (2006, p. 2), dando por sentado la incapacidad de los países del Sur para desarrollarse por sus propios medios y sin apelar a la racionalidad capitalista. Este proceso es la génesis de lo que en el siglo XX conocimos como el modelo desarrollista, traducido en América Latina en proyectos de industrialización sustitutiva y, más tarde la globalización (Wallerstein, 2006).
Ya se trate de la era colonial, del desarrollismo o la globalización, los diversos modelos de desarrollo en América Latina se levantaron sobre los cimientos económicos, políticos e ideológicos del extractivismo (Svampa, 2011, 2013; Svampa y Viale, 2015; Gudynas, 2009, 2010, 2011, 2012), cuyo eje es la extracción intensiva y extensiva de los recursos naturales que, con escaso procesamiento, se destinan a la exportación que alimenta los sistemas productivos de las llamadas economía centrales.
Un hecho notable es que, a pesar de que el extractivismo es motivo de fuertes polémicas por sus impactos económicos, sociales y la creciente evidencia de su limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, éste goza de buena salud. Y aún más llamativo es que esto se repite en los gobiernos progresistas y de izquierda. Varios de ellos son activos promotores del extractivismo (Gudynas, 2009, p. 187).
Seguir pensando el desarrollo sin reflexionar en torno a los límites que impone una naturaleza devastada por prácticas sociales y productivas, significa seguir alimentando la ceguera frente a una realidad en la que el desarrollo no solo no alcanzó los objetivos de “progreso” para comunidades como Nonogasta, sino que está siendo contraproducente para la vida de sus habitantes y entorno natural.
4. Límites de la Naturaleza a la Democracia
La crisis socioambiental como la que observamos en Nonogasta también da cuenta de un debilitamiento de los fundamentos mismos de la democracia liberal, representativa y procedimental, de la que nos habla Martínez Espinoza (2018). Un debilitamiento que se oculta y legitima apelando a discursos del desarrollo concebido como un proceso estrictamente económico que desestima cualquier costo social y ambiental de proyectos económico-productivos como el de la curtiembre.
La reflexión en torno a la democracia ha dado lugar a un nutrido campo académico que, desde las estudiadas democracias burguesas europeas del siglo XVIII, ha conjugado las miradas de la ciencia política, la sociología, la filosofía, entre otras disciplinas. Pero tuvimos que esperar más de dos siglos para que el giro ecológico (Garrido et al., 2007) o el giro eco-territorial (Svampa, 2012) pasen a formar parte de estos debates. Y es significativo que estos “giros” se internalicen en el debate al tiempo que la democracia está siendo cuestionada por su carácter restringido, expropiada de sus dimensiones utópicas y consagrada a los designios del mercado y la eficiencia economicista (Max-Neef y Smith, 2014; Mejía Quintana y Jiménez, 2005); por su baja intensidad (De Sousa Santos, en Navarro Montaño y Urbieta Hernández, 2017); o por su vaciamiento (Hinkelammert, 2012). Nociones como democracia real, deliberativa, participativa o ecológica se proponen como alternativas al modelo de democracia hegemónica.
Todas esas propuestas alternativas coinciden en resaltar un conjunto de valores opuestos a los que sostuvieron los principios de las democracias occidentales-modernas. Y esos nuevos valores son encarnados por movimientos sociales de pueblos originarios, ecologistas, mujeres y disidencias sexuales, trabajadores o desocupados, cuyas luchas condensan la defensa de sus derechos y los de la naturaleza, poniendo en entredicho los fundamentos de la democracia.
La democracia liberal ha sido puesta en tela de juicio. Primordialmente, porque los actores, instancias, procesos y discursos de la política institucional se muestran rebasados: el poder ejecutivo, el poder legislativo, los partidos políticos o el sistema electoral se han revelado como esferas insuficientes y hasta prescindibles para resolver justa y legítimamente los conflictos socioambientales (Martínez Espinoza, 2018, p. 52).
Las luchas de estos movimientos sociales, que ya se expresan a lo largo y ancho del planeta, están atravesadas por un “consenso” respecto de la necesidad de “superar las divisiones” para lograr el objetivo de regular el grave problema ambiental (Keucheyan, 2016). Dando cuenta, así, de un giro ecológico y una toma de conciencia de la profunda crisis que amenaza la vida en todas sus expresiones. Personas del mundo entero se rebelan en nombre de la dignidad humana, y también de la dignidad de la naturaleza (Hinkelammert, 2012).
En América Latina, la crisis ecológica y las luchas de los movimientos sociales representan un verdadero desafío a la democracia, en tanto que proponen modelos alternativos que entretejen la defensa del medioambiente con la dignidad y los derechos humanos, la solidaridad, la equidad social y la participación ciudadana (Martínez Espinoza, 2018; Betto, 2017; García 2013; Giarraca, 2006, Boff, 2003). Así lo atestigua el Preámbulo de la Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad: “Vivimos tiempos críticos para la permanencia de la vida de la naturaleza y de la humanidad. Se multiplican las agresiones al planeta. La vida de los pueblos se destruye por la desposesión de sus territorios” (De Frutos, 2017, p. 308). En esta línea, algunos autores coinciden en trazar un vínculo entre los problemas ecológicos y de la democracia, planteando una doble crisis democrática y ecológica, en un contexto de globalización en el que las grandes mayorías del mundo están marginadas de los beneficios del desarrollo (De Prada, 2014; García, 2013; Hinkelammert, 2012; Fernández y Martínez, 2008). En esos debates no solo se cruzan dimensiones ecológicas con aspectos institucionales y jurídicos, sino que también se incorporan temas políticos y socioculturales.
Ello es así porque los problemas del poder y la configuración de las resistencias tienen lugar más allá de lo institucionalizado, en los intersticios de la vida cotidiana. La contaminación, la pérdida de biodiversidad o la desestructuración de la vida comunitaria no ocurre en las solemnes sedes de los poderes constituidos, sino en las localidades, los ecosistemas y los cuerpos de las personas (Martínez Espinoza, 2018, pp. 52-53).
Hinkelammert (2012) argumenta que la democracia de nuestra época confronta tres grandes amenazas: la exclusión de grandes sectores de la población, la disolución de las relaciones sociales y la innegable destrucción de la naturaleza. Todo ello conjugado en las estrategias de globalización económica, comandada por países que se arrogan la etiqueta de “democracias-modelo”, entre los cuales sobresalen Estados Unidos y los pertenecientes a la Unión Europea. Pero en el corazón de estas democracias-modelo reside un punto problemático: la relación entre democracia y mercado (Hinkelammert, 2012). Un mercado que no tolera intervenciones sociopolíticas, ni tampoco las demandas de comunidades que defienden su medio natural. Estas tensiones impulsan movimientos sociales como las Asambleas en Argentina, cuyas “resistencias expanden la democracia, marcan límites a un desarrollo que podemos caracterizar de apropiador y extractivo, pero básicamente mortificante, que enferma y entristece a los sujetos” (Giarraca, 2006, p. 17). Las resistencias de nuestro tiempo las emprenden ciudadanas y ciudadanos que se dieron cuenta del carácter vaciado de la democracia que los domina y les quita cualquier posibilidad de participación. Y en sus luchas subyace una toma de conciencia ciudadana del poder y soberanía popular, que supone un verdadero desafío a las actuales democracias (Hinkelammert, 2012). En el caso de Argentina:
Estas protestas sociales ya venían produciéndose desde la década de 1990 en el interior del país, aunque desde principios de este nuevo siglo se han convertido en las claves para la comprensión de las luchas sociales contra el modelo capitalista neoliberal en la Argentina y en toda América Latina. A mi entender estos actores son primordiales en la construcción de las democracias de la región (Giarraca, 2006, p. 1).
Estas luchas no solo están atravesadas por consensos, que superan la diversidad de sus demandas, sino que sus prácticas están impregnadas de un valioso “conocimiento activista” que, muchas veces, toma por sorpresa a investigadores e intelectuales en sus aproximaciones teóricas y políticas (Escobar, 2011; Leff, 2007). Conocimientos que presionan a las limitadas democracias de la región, donde la racionalidad moderna-científica sigue siendo el eje de legitimación de los actuales modelos de desarrollo y la “vara” con que se mide, menosprecia y rechaza el conocimiento popular-activista de estos movimientos, íntimamente relacionado a sus territorios, a sus realidades y vivencias de la crisis ambiental, como observamos en Nonogasta. Tal como plantea Escobar: “Resalta el tremendo valor del conocimiento activista, tanto para el entendimiento como para la acción. Pero se trata también, por esta verdadera razón y por encima de todo, sobre la diferencia y sus políticas. Finalmente se trata de la etnografía y de la teoría social y de sus esfuerzos por responder más efectivamente a las dinámicas de mundo de hoy” (2011, pp. 65-66).
En una línea similar Leff (2007) plantea que la crisis ambiental nos obliga a preguntarnos sobre el ser y el saber, si lo que buscamos es una revolución del pensamiento, y una nueva racionalidad que oriente la construcción de un mundo sustentable, equitativo y verdaderamente democrático. De esta forma, los cuestionamientos se despliegan desde diferentes ámbitos: el político, el epistemológico, el ontológico y el teórico, respondiendo así desde distintos frentes a la doble crisis, democrática y ecológica que, en cada lugar, adquiere efectos y resistencia particulares.
En Nonogasta, los efectos de esta doble crisis se expresan con crudeza en varios ámbitos. En particular, la lucha contra el desastre socioambiental que llevan a delante vecinas y vecinos congregados en la Asamblea el Retamo, choca con serios obstáculos a la participación de esos ciudadanos que defienden la vida y su medio natural. Un territorio donde sus habitantes respiran aire tóxico y ven como sus campos y ríos se fueron atiborrando de efluentes industriales y residuos sólidos de la curtiembre, mientras sus demandas parecen caer en un oscuro silencio. Un escenario que dispara preguntas como ¿De qué tipo de democracia estamos hablando en este contexto? Interrogantes que encuentran respuesta en autores como Fernández y Martínez (2008), quienes nos hablan de dos tipos de democracias; una que, frente a la crisis y devastación ecológica acelera su “modelo irracional” negando las alarmas y riesgos de la crisis ecológica; y otra que, desacelera y apela a mecanismos de acción política colectiva para coordinar y consensuar soluciones. También Gudynas señala que “en vastas zonas, la presencia estatal es débil o incapaz de asegurar derechos ciudadanos, mientras (…) el Estado es muy firme en proteger emprendimientos casi siempre (…) gerenciados por empresas extranjeras” (2005, p. 3). Por su parte, García (2013) traza un vínculo entre la destrucción ambiental y el presente democrático de Centroamérica, donde la catástrofe ecológica se entrecruza con la erosión de los derechos humanos y civiles de estas poblaciones, dando cuenta de los límites evidentes que supone la crisis ecológica a la realización de los ideales de la democracia.
La reflexión que, directa o indirectamente, señala los límites que la crisis ambiental pone a la democracia puede integrarse bajo la noción de democracia ecológica, planteado por Susan Hazen allá por 1997, de donde tomamos dos ejes analíticos:[11] 1) Derecho a la participación ciudadana; (sobre todo la afectada por problemas de contaminación) y 2) Justicia ambiental. Aunque este segundo eje puede ampliarse desde la noción de “justicia ecológica” que desarrolla Gudynas (2010, 2015), en una mirada superadora de las visiones antropocéntricas que aun permean muchos de los abordajes de la crisis ambiental. Sin duda, estos dos ejes de la democracia ecológica no solo se ven debilitados, sino anulados en las democracias latinoamericanas y, de manera particular, en lugares como Nonogasta.
Llevando la discusión al plano político, Fernández y Martínez (2008) analizan el concepto de democracia ecológica a partir de un reconocimiento de crecientes conflictos ambientales, planteando que los mismos reflejan un ensanchamiento de la brecha entre aspiraciones ciudadanas y propuestas de gobierno en materia ecológica. Desde esta mirada, todo obstáculo a la participación ciudadana en defensa del medioambiente da cuenta de límites del sistema democrático a la hora de procesar conflictos y demandas en torno a los problemas ambientales.
En la concepción hegemónica de la democracia el disenso y el conflicto son calificados como situaciones inmorales, irracionales y anormalidades que deben sujetarse a la primacía del orden y la estabilidad. Esa operación de exclusión y captura es realizada por el régimen jurídico (el Derecho, las instancias que lo implementan y las narrativas que lo introyectan) a partir del ideal de coherencia y consistencia. Se trata de la reducción del disenso y el conflicto a códigos y procedimientos; una forma de apaciguar las anomalías, contener innovaciones, tratar lo sorpresivo como patológico y ejercer control sobre cuerpos y cosas (Martínez Espinoza, 2018, p. 51).
Reflexionado en torno al primer eje de la democracia ecológica desde Nonogasta, la brecha de la que nos hablan Fernández y Martínez (2008) no solo existe, sino que se profundiza toda vez que las autoridades de gobierno desestiman las demandas de la comunidad, negando el problema ambiental que las impulsan. Y no son pocos los casos en que el poder del Estado cae sobre la ciudadanía, criminalizando la protesta social y poniendo en riesgo la vida de activistas que defienden su medio natural (Martínez Espinoza, 2018; Aguilar-Stoen y Bull, 2016; Atiles-Osoria, 2013; Borrás, 2013; García, 2013; Svampa, 2006). Durante el año 2017, cuatro activistas de la Asamblea el Retamo de Nonogasta fueron acusados del delito de “violación a la propiedad privada” por los abogados que representan a la curtiembre. Estos activistas ingresaron al predio de la curtiembre junto al equipo técnico de la Policía Federal, por orden de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (UFIMA), dependiente del Ministerio Público Fiscal de Argentina, en el marco de una investigación realizada a partir de denuncias públicas de los asambleístas. La policía federal presentó las credenciales y las órdenes de la UFIMA, y lo más llamativo fue que el ingreso se hizo por el cauce de un río que la misma curtiembre había alambrado vulnerando el Art. 1974 del Código Civil y Comercial argentino. No obstante, la Justicia local llamó a los activistas a declarar con argumentos y pruebas que solo daban cuenta de que el único objetivo era la intimidación a los activistas y la desarticulación de la participación ciudadana.
La criminalización de la protesta social y la incapacidad del Estado para generar canales de diálogo y consensos en la ciudadanía ensancha aún más la brecha entre las aspiraciones ciudadanas y las propuestas gubernamentales en materia ecológica (Fernández y Martínez, 2008). La necesidad de abrir canales de diálogo para resolver la crisis ecológica es una demanda que está presente, incluso, en la letra de la Encíclica Papal Laudato Sí. En esta encíclica se apela a un “giro deliberativo”, indispensable para superar el “escenario antihumanista y antidemocrático”, dinamizado por la racionalidad instrumental que orienta todo el sistema económico (mercado) y el sistema político (Estado) que, por diferentes vías, impiden el diálogo y la participación ciudadana (Muñoz, 2017). Y esta racionalidad instrumental podría dar lugar al surgimiento de modelos políticos tecnocráticos donde la vigilancia y el control socio-ecológico sobre poblaciones se incrementaría hasta rozar los límites de modelos de ecodictadura totalitaria (Muñoz, 2017, p. 98). En esta línea, Navarro Montaño y Urbieta Hernández (2017) toman el planteo que hace De Sousa Santos, reconociendo que la democracia representativa tuvo siempre muchos límites. “El problema pasa por reconocer que la democracia es parte del problema, y tenemos que reinventarla si queremos que sea parte de la solución. La democracia representativa por sí sola no va a resistir al capitalismo. Necesita de la presencia y deliberación ciudadana” (Navarro Montaño y Urbieta Hernández, 2017, p. 126).
En lo que respecta al segundo eje, el debate se da en torno a la justicia ambiental. Como ya mencionamos, aquí optamos por el concepto de justicia ecológica que elabora Gudynas (2010, 2015), el cual resulta de un debate relativamente nuevo en el que no se contrapone, sino que se complementa, a la noción de justicia ambiental propuesto por Susan Hazen en 1997. La noción de justicia ecológica parte de un cuestionamiento al carácter antropocéntrico que permea a la noción de justicia ambiental, típico de la modernidad liberal, “donde la justicia se expresa en reacciones en defensa de los recursos naturales, en tanto propiedades de personas, o afectan a la salud o calidad de vida de los individuos. La justicia se restringe a la comunidad de los seres humanos” (Gudynas, 2010, pp. 58-59). Para superar esos límites, Gudynas propone que la noción de justicia ambiental se complemente con la de justicia ecológica, incorporando los valores intrínsecos de la naturaleza, que son independientes de las valoraciones instrumentales que se hagan de ella. La idea de valor intrínseco de la naturaleza se inscribe dentro de la perspectiva biocéntrica, identificada con propuestas como la del filósofo noruego Arne Naess quien, en la década del setenta, dispara una dura crítica a las visiones occidentales-antropocéntricas (Naess, 1973; Gudynas, 2010). Desde el biocentrismo se valora tanto la vida humana como no humana por encima de la valoración instrumental-utilitaria. Y al sostener “que los seres vivos y su soporte ambiental tienen valores propios más allá de la utilidad para los seres humanos, la Naturaleza se vuelve sujeto de derecho” (Gudynas, 2010, p. 51).
Desde la cosmovisión de la justicia ecológica, la destrucción de la naturaleza no solo supone la violación de los derechos de las personas, sino de los derechos de la propia naturaleza, al tiempo que compromete la vida de las generaciones futuras y vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano. Así, la noción de justicia ecológica contiene o extiende la de justicia ambiental, en un reconocimiento de que el derecho al disfrute de la naturaleza de las presentes y futuras generaciones está íntimamente ligado al respeto de los derechos de la naturaleza. Asimismo, desde esta nueva perspectiva, se incorpora la dimensión multicultural, como se observa en la Nueva Constitución Ecuatoriana aprobada en 2008, donde la noción de Naturaleza se equipará a la de Pachamama que tienen los pueblos originarios. Ensabella (2016), en una reseña que hace de la obra de Gudynas, señala que,
Justamente el desafío está puesto en los diversos grupos sociales, particularmente indígenas, movimientos urbanos, ONG que reclaman justicia en todas sus dimensiones clásicas, y al hacerlo desde sus propias culturas, también expresan otra dimensión de la justicia, la de tipo ambiental. Sus expresiones pueden ser muy variadas, pero lo importante es que todas ellas expresan nuevas reivindicaciones y denuncian injusticias que ya no pueden ser atendidas de manera efectiva bajo las facetas actuales de la justicia, sino que es necesario reconocerles sus aristas ecológicas (p. 683).
Si bien la noción de justicia ecológica propuesto por Gudynas está basada en la experiencia de la nueva constitución de Ecuador, el autor reconoce las graves deficiencias en materia de justicia ambiental en toda la región. “En la actualidad en América Latina, el marco de derechos a un ambiente sano tiene una cobertura insuficiente y precaria” (Gudynas, 2015: 195). Un escenario que limita seriamente los objetivos de la democracia y aleja la comunidad de una justicia ecológica, como puede constatarse en el caso de Nonogasta. En esta comunidad, la Justicia obstaculiza todo reclamo de un pueblo sumido en un ambiente tóxico, entrampándolos en los laberintos administrativos de las distintas jurisdicciones de la justicia (tribunales locales, provinciales y nacionales), sin que las denuncias contra la curtiembre, responsable directa de la contaminación, lleguen a activar ninguno de los mecanismos jurídicos que garantizan el Derecho Constitucional de Argentina (Art. 41) a vivir en un ambiente sano.
Un dato ilustrativo de este límite a la democracia es el proceso jurídico experimentado en Nonogasta. En el año 2015 la UFIMA inició una investigación en Nonogasta, motivada por protestas y denuncias públicas que hacían los vecinos agrupados en la Asamblea el Retamo. Esta investigación culminó con una denuncia por supuesta violación a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos ante el Juzgado Local Nro. 2, asentado en la ciudad de Chilecito, cabecera del Departamento del cual forma parte la localidad de Nonogasta. Esta denuncia fue archivada hasta el año 2017, momento en el cual la Justicia local, presionada por las movilizaciones de asambleístas, se declara “Incompetente”, alegando que la Ley 24.051 es de jurisdicción federal. En ese mismo año se inicia otra investigación a raíz de nuevas denuncias de vecinos por un derrame de efluentes industriales de la curtiembre que llegó al patio de viviendas cercanas al predio de la fábrica. Nuevamente el expediente se remitió al fuero federal. Por ello, la Asamblea continuó con diversas actividades y denuncias en diferentes medios de prensa locales y nacionales[12]. Finalmente, en agosto del 2018 la Justicia Federal ordena un allanamiento en las instalaciones de la curtiembre que culmina con una imputación por violación a la Ley 24.051. Esta imputación obligaba a la empresa a detener el proceso de contaminación y presentar un plan de remediación del enorme pasivo ambiental, con apercibimiento de clausura en caso de incumplimiento; todo esto en un plazo de tres meses. Este apercibimiento nunca se cumplió ni tampoco la justicia clausuró la fábrica. En junio del 2019 integrantes de la Asamblea se presentan ante el Juez Federal con documentación (firmas, fotos, relevamientos de salud realizados de manera comunitaria) para exigir nuevamente solución a la contaminación y remediación del pasivo ambiental. Esto da lugar a una nueva investigación e inspección ocular ordenada por el juez en agosto del mismo año. En esa instancia participaron un equipo técnico de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el propio Juez Federal, representante de la Secretaría de ambiente de la provincia, miembros de la Asamblea y de la curtiembre. Como resultado de esta investigación, la PNA emite un informe (Lastra Milone, 2019) dando cuenta de que la curtiembre sigue contaminando y violando la normativa ambiental. A partir de ese informe, en el mes de junio 2020 la Fiscal Federal siguiere la clausura de la curtiembre[13], una medida que nunca se cumplió. Mientras tanto el Juez Federal mantenía silencio y la Justicia Federal no respondía a los requerimientos de la Asamblea. Finalmente, en febrero de 2021 (en plenas vacaciones de verano) el Juez Federal se declara “incompetente” y vuelve a enviar la causa al Juzgado local, donde ningún Juez responde a los requerimientos de la Asamblea el Retamo. A la fecha, la curtiembre se encuentra cerrada a causa de la interrupción de la cadena de comercialización provocada por la pandemia. Existe cierto secreto en torno a este cierre y las responsabilidades de la empresa. Pero de lo que no quedan dudas es el incumplimiento de la remediación del pasivo ambiental dejado por esta empresa y constatado por miembros de la Asamblea el Retamo.[14]
Esta apretada síntesis del proceso judicial da cuenta de los límites del sistema democrático argentino y de la brecha que separa a la población de Nonogasta de la justicia ecológica. “Así, entre democracia liberal y régimen jurídico existe no sólo correspondencia sino complicidad. La una requiere del otro para instituirse, éste precisa de aquella para legitimarse; ambos convergen en su pretensión medular de la defensa del orden y la salvaguardia de la estabilidad” (Martínez Espinoza, 2018, p. 52).
En este rincón del interior de Argentina, tanto la participación y deliberación ciudadana como el acceso a la Justicia se obstaculizan toda vez que los representantes del Estado niegan la contaminación, mientras se permite que la curtiembre siga sin cumplir la Ley y se criminaliza a los activistas. De ahí la necesidad de superar los límites y fortalecer la democracia desde un paradigma que ponga por delante los derechos humanos y los de la naturaleza, invirtiendo la lógica de subsunción de lo social y lo natural al mercado y la economía.
Reflexiones finales
En este artículo y tomando como referencia el desastre socioambiental de Nonogasta, Provincia La Rioja, Noroeste argentino, reflexionamos en torno a los límites que la naturaleza impone a los actuales modelos de desarrollo y democracia. Esta reflexión tuvo como punto de partida las concepciones hegemónicas de desarrollo, democracia y naturaleza, tomando la perspectiva de los límites planetarios “externos” (biofísicos) e “internos” (sociales) propuestos por la economista británica Kate Raworth (2018), a partir del análisis del cambio climático que realizaron investigadores del Stockolm Resilience Center (Suecia), dirigido por Johan Rockström, y desde donde se reconoce que “las presiones antropogénicas sobre el Sistema Tierra han alcanzado una escala en la que ya no se puede excluir un cambio ambiental global” (Rockström, et al., 2009, p. 1).
Al combinar estos dos tipos de límites, el análisis de Raworth nos permitió llevar la reflexión al cuestionamiento de los modelos de desarrollo y democracia que se expresa en los actuales movimientos sociales (ecologistas, pueblos originarios, mujeres, etc.), cuyas luchas están atravesadas por la necesidad de superar las divisiones y congregarse en torno a la grave crisis ambiental. En este sentido, los movimientos sociales dan cuenta de un giro ecológico (Garrido et al, 2007) o giro eco-territorial (Svampa, 2011) y una toma de conciencia respecto a las amenazas que supone la grave crisis ambiental para la vida y todas sus expresiones (humana y no humana) en el planeta.
Desde el contexto de Nonogasta planteamos que los conflictos ambientales interpelan directamente al modelo de desarrollo y sistema democrático de Argentina, a través de los cuestionamientos que la ciudadanía hace a las instituciones, a los procedimientos y a las normas encargadas de resguardar el equilibrio de los ecosistemas, develando así los límites del entramado institucional-estatal ante la crisis ambiental (Federovisky, 2014; Giarraca, 2006). Ni la democracia ni el desarrollo serán posible en las actuales condiciones de devastación de la naturaleza y las desigualdades sociales. Sin olvidar que los mayores costos de lo que ya se considera una doble crisis, ambiental y democrática, recaen sobre las poblaciones menos favorecidas de nuestra región.
Buscando una respuesta a los interrogantes planteados, recurrimos a enfoques críticos como el de Svampa y Viale (2015), quienes proponen que en América Latina nos encontramos frente a un maldesarrollo, sustentado en ideologías y prácticas que van en detrimento del logro del desarrollo y la democracia. Una tendencia que se profundiza en el actual contexto de la región, y en particular de Argentina. Asimismo, recurrimos al concepto de democracia ecológica propuesta por Susan Hazen (1997), tomando dos ejes: la participación ciudadana y la justicia ambiental, ampliando este último eje con la noción de justicia ecológica propuesta por Gudynas (2005, 2010), con el objetivo de superar las miradas antropocéntricas que aún permean los análisis de la crisis ambiental. Desde el enfoque de la democracia ecológica, en Nonogasta observamos que todo ejercicio de participación ciudadana que llevan adelante los integrantes de la Asamblea el Retamo, chocan con prácticas estatales que dan cuenta de un modelo de democracia irracional (Fernández y Martínez 2008), que niega la contaminación producida por la curtiembre y los efectos que esto causa en la comunidad y su entorno. Así, como plantea Gudynas “en vastas zonas, la presencia estatal es débil o incapaz de asegurar derechos ciudadanos, mientras (…) el Estado es muy firme en proteger emprendimientos casi siempre orientados a la exportación y gerenciados por empresas extranjeras” (2005, p. 3). De esta forma, el desastre socioambiental de Nonogasta nos enseña cómo los modelos hegemónicos de desarrollo y democracia son limitados por una naturaleza sometida a prácticas sociales y productivas expoliatorias que omite tanto los límites biofísicos-naturales como sociales.
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