El “pueblazo” entrerriano del ’93. Una aproximación a la dinámica de la resistencia trabajadora al ajuste en Entre Ríos[1][2]
The “pueblazo” of Entre Ríos of ’93. An approach to the dynamics of worker’s resistance to adjustment in Entre Ríos[3]
Alejo Mayor[4]
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Resumen
El proceso de ajuste en Entre Ríos a principios de la década del 90, en el marco de la “reforma del Estado”, se realizó mediante un acuerdo entre el gobierno justicialista de Moine con Cavallo, consistente en la aprobación de una “ley ómnibus” para “sanear” las cuentas del arca provincial, previendo 10.000 despidos en la administración pública y privatizaciones de las empresas estatales.
La reacción trabajadora se manifestó contundentemente. Rápidamente, organizados de manera multisectorial con la dirección de ATE, el movimiento obrero entrerriano protagonizó una manifestación histórica el 21 de enero de 1993, abriendo un proceso de lucha contra el ajuste en la provincia y sentando un precedente a las resistencias que se irían dando en otras provincias.
En este trabajo me propongo realizar una primera aproximación al proceso de ajuste que se impulso desde el Estado provincial y la reacción sindical al mismo, mediante la descripción y el análisis de la movilización en Paraná: los actores movilizados, las formas organizativas con que lo hicieron y las acciones conflictivas que desplegaron. Utilizaremos como fuentes para ello el semanario político “Análisis” y testimonios de entrevistas semi estructuradas con actores clave.
Palabras clave: ajuste, Entre Ríos, sindicatos
Abstract
The structural adjustment program in Entre Ríos at the beginning of the 1990s, in the framework of the “State reform”, was carried out through an agreement between the justicialist government of Moine with Cavallo, consisted of the approval of an "omnibus law" to "clean up" the accounts of the provincial coffers, including the dismissal of 10,000 workers in the public administration and privatizations of the state companies.
The worker’s reaction manifested itself forcefully. Quickly, organized in a multisectoral manner with the leadership of ATE, the labor movement in Entre Ríos staged a historic demonstration on January 21, 1993, opening a process of struggle against the adjustment in the province and setting a precedent for the resistance that would arise in other provinces.
In this paper I intend to make a first approach to the structural adjustment program that was promoted from the provincial State and the union reaction to it, through the description and analysis of the mobilization in Paraná: the mobilized actors, the organizational forms and the conflictive actions they deployed. We will use as sources for this the political weekly "Análisis" and testimonies from semi-structured interviews with key actors.
Key words: adjustment, Entre Ríos, unions
Introducción
Las profundas transformaciones que se consolidaron en la formación social argentina en la década del ’90, como corolario de una política que desde el Estado se comenzó a imponer luego del golpe cívico-militar de 1976 con las políticas macroeconómicas neoliberales, implicaron una verdadera “mutación y reconfiguración estructural” (Svampa, 2012), que fue transformando su fisonomía social de una sociedad con elevados índices de integración, propios de una situación de cuasi pleno empleo, a una sociedad fragmentada y heterogénea, con una enorme polarización y exclusión social hacia el ocaso del siglo. Esta mutación se produjo mediante lo que Barbeito y Lo Vuolo (1992) tempranamente llamaron un proceso de “modernización excluyente”, doble proceso de “modernización” (eufemismo para dar cuenta de la racionalización del trabajo desde la perspectiva del capital, es decir orientado en pos de la maximización de la ganancia) y de exclusión de amplios sectores de la población, que se reprodujo en cada región del país, con tiempos y dinámicas específicas (Rofman, 1999). En Entre Ríos, se produjo un proceso de “expansión económica con empobrecimiento social” (Rodríguez, Schunk y Riegelhaupt, 2019): si bien entre 1993-1998 la economía entrerriana creció un 4,1% anual (por encima de la media nacional de 3,9%) y las exportaciones provinciales un 171% (media nacional de 102%), esto no se tradujo en una mejora de vida para el pueblo entrerriano. De hecho, en el mismo período, la desocupación creció un 33%, la pobreza un 40% y la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini) un 9,3% (Rodríguez, Schunk y Riegelhaupt, 2019, p. 112).
Sobre el trauma que en vastos sectores de la población produjo la crisis hiperinflacionaria[5], se fueron generando condiciones para la aplicación en toda la línea de la política neoliberal, verdadera ofensiva burguesa sobre los trabajadores. Ofensiva que se desenvolvió a escala planetaria, en el marco del “consenso de Washington” y el derrumbamiento de los llamados “socialismos reales”. Luego de un proceso de duras derrotas de los trabajadores a nivel mundial que ancla sus raíces en los años ’70, tanto a nivel político-militar, con la represión y aniquilamiento político de las izquierdas y el movimiento obrero, como en el ámbito mismo de la producción (desde donde se estructuró un verdadero proceso de descolectivización); en nuestro país la crisis hiperinflacionaria implicó un punto de inflexión que terminó por sentar las condiciones políticas de la aplicación de las medidas de ajuste del programa neoliberal, llamadas eufemísticamente medidas de “modernización”. Como sostiene Cotarelo (2016), “[t]ras ese tratamiento de shock, la cúpula de la burguesía logró completar la destrucción de las relaciones sociales propias de la fase capitalista anterior y construyó las relaciones que se correspondían con el capital financiero, en un proceso que atravesaba buena parte del mundo.” (p. XXV).
Por supuesto, los trabajadores (ferroviarios, telefónicos, docentes, estatales, siderúrgicos, jubilados, entre otros) presentaron resistencia a dicho proceso, sin embargo, las huelgas del período 1990-1991 (cómo la histórica huelga ferroviaria iniciada en febrero de 1991 que duró 45 días), de características defensivas, se mantuvieron aisladas y fueron derrotadas o poco pudieron hacer para frenar las transformaciones en curso. De acuerdo a Murillo (2005), la particular relación entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gobierno de Menem, teñidas por la lealtad partidaria al justicialismo de la central obrera, promovió la colaboración sindical con las reformas implementadas durante los primeros años de la década del noventa, algo que puede evidenciarse en la menor cantidad de huelgas generales realizadas contra el primer gobierno de Menem (4, de las cuáles solo dos fueron convocadas por la CGT y dos restantes por el MTA y CTA) con relación al gobierno radical de Raúl Alfonsín (13 huelgas generales)[6]. De todas maneras, este comportamiento de la cúpula sindical a nivel nacional puede ser una variable importante para comprender el aislamiento de las luchas sectoriales, provinciales y su falta de coordinación, pero no explica la movilización de los trabajadores en aquellos años. De hecho, al orientarse las medidas conocidas como la “Reforma del Estado” al ajuste en el sector estatal, fueron los trabajadores del ámbito público (organizados principalmente, a partir de los gremios docentes de CTERA y ATE, en la CTA desde 1992) los que protagonizaron la mayor cantidad de huelgas en el período, seguidos por los trabajadores que intentaban resistir las privatizaciones:
“Entre los sectores que más participan de estos años de huelgas, se encuentran los docentes (con 179 huelgas entre 1989 y 1993, con 7.329.966 huelguistas), los empleados de la administración pública (160, 6.436.481), sin incluir a los municipales (con 58 huelgas, 656.030 huelguistas), los trabajadores telefónicos (37 huelgas con 289.600 huelguistas) y los ferroviarios (36 huelgas, 428.250 huelguistas)” (Santella, 2008, p.10)
Por otro lado, a contrapelo de interpretaciones como la de Murillo sobre la cooptación general del sindicalismo ante el avance de las reformas neoliberales, trabajos recientes como el de Arriaga (2021) nos advierte, para el caso de Córdoba, sobre la persistencia de sindicatos estatales en la articulación de descontentos en acciones conflictivas y la resistencia a los procesos de privatización.
En este trabajo nos centraremos en el análisis de un acontecimiento en particular enmarcado en este proceso: la movilización del 21 de enero de 1993 en Paraná, Entre Ríos. Consideramos, a modo hipotético, que este hecho conflictivo marcó el inicio en la provincia del ciclo de protesta (Tarrow, 1997) de resistencia a las políticas “neoliberales” de la década, conteniendo alguna de las formas organizativas y de lucha que serían sus características: la organización multisectorial (capitaneada por los estatales) y un repertorio de protesta que combinó acciones “clásicas” sindicales (como el paro y la movilización callejera) con otras “novedosas” (como los escraches). En tanto hito que opera de bisagra entre etapas del proceso de lucha, interesa ver que elementos son los que predominan: si es un fenómeno histórico que se emparenta más con “lo viejo” o la fase anterior (las luchas “clásicas” sindicales, dirigidas por los gremios por demandas económicas) o “lo nuevo” (un sujeto colectivo más heterogéneo y territorializado, con nuevas formas organizativas no encuadradas en los sindicatos, con elementos de una impugnación al sistema político in toto).
Vinculamos el hecho a uno de los aspectos fundamentales del proceso de “mutación” y es el del cambio de la forma del Estado. En particular, el impacto de estos cambios a nivel provincial. El proceso de ajuste que conllevó este cambio de forma, una vez adoptada la convertibilidad, se desplegó en las provincias a partir de la implementación de un paquete de medidas contenidas en las denominadas “Leyes Ómnibus”[7] y, como señalamos anteriormente, respondió a temporalidades y dinámicas diferentes, como en realidades fiscales, productivas, políticas, sociales, culturales muy diversas. Aquí analizaremos el caso de Entre Ríos, y en particular en la ciudad de Paraná, su capital provincial. De hecho, Entre Ríos fue prácticamente un “caso piloto” para la aplicación de las denominadas “leyes ómnibus”, que luego se irían replicando en otras provincias, siempre despertando la resistencia activa de amplios sectores de la población, fundamentalmente de los trabajadores empleados por el Estado, los principales afectados. La situación abierta en el año 1993 encontró a casi todos los Estados provinciales al borde del colapso en medio de millonarios déficits presupuestarios. Retraso en pago a los acreedores y a los trabajadores asalariados estatales, pago de salarios con bonos provinciales, en cuotas, reducciones salariales, recisión de contratos de trabajadores, entre otras medidas que coadyuvaron, junto al deterioro de los sistemas de la salud y la educación pública que implicó el traspaso del Estado nacional a las provincias y la privatización de empresas dependientes del Estado provincial (como las del Banco de Entre Ríos, Electricidad o el Frigorífico de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos)[8] a un aumento de “la pauperización y precariedad en las condiciones de vida y trabajo de buena parte de la población” (Cotarelo, 2016, p. 197). Vale decir que estas políticas fueron llevadas a cabo por todos los gobiernos provinciales, independientemente del sello político (PJ -en la mayoría de las provincias, incluida Entre Ríos-, UCR o partidos provinciales).
¿Cómo fue el proceso de movilización y resistencia de los trabajadores entrerrianos a estas políticas? ¿Cuáles fueron las formas de acción y de organización construidas de las que se valieron? Para la reconstrucción de los hechos, desde un enfoque cualitativo, voy a utilizar dos tipos de fuentes, tanto secundarias como primarias: por un lado, el semanario político Análisis[9], que brinda una descripción minuciosa de los hechos y me permitirá realizar una narración bastante exhaustiva y densa de lo acontecido; y por el otro, testimonios orales provenientes de entrevistas en profundidad, con una muestra no probabilística construida según propósitos (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014), que realicé a tres protagonistas de aquellos acontecimientos, con el objetivo de recuperar la valoración de la movilización y el lugar que estos actores le otorgan tanto en sus memorias como en el entramado histórico, casi treinta años después[10]. Por supuesto que, siguiendo a Piovani (2018), consideramos que al implicar la entrevista el despliegue de información sobre hechos que han sido experimentados e interpretados por el entrevistado, se encuentra mediada por la propia memoria selectiva contenida en su biografía. Esto refuerza la necesariedad de la utilización de otras fuentes para la reconstrucción. El carácter descriptivo del trabajo, amén de tratarse de una decisión metodológica, se adopta también en virtud de la falta de estudios previos sobre este conflicto en particular[11] y sobre conflictividad social en general en Entre Ríos en el recorte temporal seleccionado y, en general, en la historia reciente. Por lo tanto, en esta primera aproximación enfatizaremos en la reconstrucción histórica del proceso, susceptible de ser profundizado en futuras aproximaciones, valiéndonos del método narrativo-histórico consistente “en la reconstrucción de sucesos históricos que son narrativamente descriptos e hilvanados alrededor de un proceso” (Sautu, 2011, p. 222). Con relación a la descripción, opté por una que pretende ser lo más minuciosa posible (de allí a la opción por una fuente hemerográfica específicamente de análisis político en lugar de, por ejemplo, un diario) con el convencimiento de que, siguiendo a Lemieux (2017), “una acción estará tanto mejor descripta si quien la describe la restituye en su contexto, término que debe entenderse en el sentido específico del encadenamiento de acciones dentro del cual la acción estudiada se produjo como respuesta a una acción que la precedió.” (p.22).
Más allá de la falta de estudios previos, nos parece importante estudiar estos hechos para problematizar y complejizar las miradas que enfatizan cierto “declive” del movimiento sindical con relación a la conflictividad durante la década del ’90 (en consonancia con los planteos que hablarán de una “revitalización sindical” con respecto a la década posterior). Como muestran abordajes más recientes sobre realidades provinciales (“subnacionales”), las regionales provinciales de algunos sindicatos lejos estuvieron de “retirarse” de la conflictividad de los noventa, y protagonizaron importantes procesos de lucha, incluso con posicionamientos diferentes (y enfrentados en algunos casos) a las conducciones nacionales de sus gremios y/o federaciones que nucleaban a su sindicato (Aiziczon 2017, Arriaga 2020). Por tanto, consideramos que estudiar este hecho puede contribuir en ese sentido y avanzar en la contrastación de nuestra hipótesis puede arrojar luz sobre las particularidades y especificidades de la dinámica y temporalidades del ciclo de protesta a nivel provincial con relación al ciclo de protestas a nivel nacional.
De “sobrar” a constituirse en fuerza social. A modo de encuadre teórico
Como dijimos, Moine asumió su gobierno en los primeros meses de vigencia del modelo de convertibilidad, en momento de la aplicación en toda la línea de las políticas neoliberales que ya se habían empezado a ensayar durante la última dictadura. Los discursos sobre el “achicamiento del Estado” del capital más concentrado, han sostenido que muchos trabajadores de la administración y empresas públicas (tanto en dependencias estatales nacionales como provinciales y municipales) “sobran”: constituyen “población sobrante” para las necesidades inmediatas del capital o “superpoblación relativa” (Marx, 1999). Esta superpoblación relativa se incrementa en tanto el capitalismo genera desde sus orígenes una masa creciente de población que, expropiada de sus condiciones de existencia, no es requerida por el capital para su reproducción a través del proceso de acumulación. Si bien los desocupados son la expresión más evidente de esta población sobrante, también se aplica a los trabajadores estatales, excluidos del proceso de valorización de capital. Por tanto, no es de sorprender que aparezcan como variable de ajuste para “sanear” el Estado, como respuesta a las reiteradas crisis propias del desarrollo capitalista argentino en profundidad (Iñigo Carrera, 2018)[12].
Sobre estas condiciones estructurales del ajuste, se produce la resistencia de los trabajadores. Sin embargo, las clases sociales[13] y las fracciones de clase no se enfrentan directamente sino constituidas en fuerzas sociales, expresión a su vez de alianzas de clases y fracciones de clase (Marín, 2009). De esa manera, interesa observar como en el proceso conflictivo, se va constituyendo una fuerza social (siempre policlasista) que se enfrenta al ajuste a partir de la alianza entre distintos sectores que se va a cristalizar en la Multisectorial ¿quiénes la conforman, que intereses la hegemonizan? En este desplazamiento y cambio en las relaciones de fuerza entre las clases y fracciones clase, con los reacomodamientos que implica una política de reestructuración del Estado, es que se abre la brecha para la actividad conflictiva que nos ocupa. Para dar cuenta de las condiciones de posibilidad de la irrupción de estas acciones en el contexto particular, nos valdremos del concepto de “estructura de oportunidades políticas” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999), en tanto cuestiones relativas al entorno político particular, cambios en el plano institucional o en las relaciones de fuerza, que incentivan la acción y conforman sus condiciones de posibilidad.
Los vericuetos de la “reforma del Estado” en Entre Ríos
“La actuación de los gobiernos provinciales justicialistas
estuvo signada por el posibilismo en la relación con el gobierno menemista.
Buscaron “cuerpear” algunas cosas, pero primó la subordinación.”
Edgardo Massarotti, comunicación personal, 2019
Mario Moine (PJ), un supermercadista local (dueño de la cadena “Los Hermanitos”), asumió el ejecutivo de Entre Ríos en el mes de diciembre de 1991, sucediendo al también justicialista Jorge Busti (1987-1991), ocho meses después de la adopción del régimen de acumulación de la convertibilidad (popularmente conocida como el “1 a 1”[14]). Este particular momento político y económico del país sería decisivo en las tareas que el gobernador tendría por delante.
Al año de su asunción, cuando agonizaba el año 1992, se aprobó la Ley 8706 que implicaba 2.605 despidos inmediatos en el área estatal, aunque el convenio firmado por el ejecutivo provincial en un primer momento preveía dejar sin trabajo cerca de 10.000 empleados públicos en el plazo de un año. La resistencia que desde el movimiento obrero organizado entrerriano se produjo a este proceso, marcó un punto de inflexión en la dinámica de la conflictividad provincial que, de alguna manera, sería un laboratorio de ensayo de algunas modalidades de organización y lucha que pertrecharán el repertorio de protesta de los sectores beligerantes en los años subsiguientes.
El proceso de ajuste se vehiculizó mediante un acuerdo entre el gobierno provincial y Domingo Felipe Cavallo (a quién el gobernador había criticado hasta el año anterior, posicionándose como opositor a sus políticas. El acuerdo consistió en la aprobación en la legislatura provincial, a instancias del ejecutivo, de una “ley ómnibus” para “sanear” las cuentas del arca provincial, eufemismo para dar cuenta de despidos y privatizaciones en el área estatal.
De acuerdo con Alejandro Sologuren, por aquel entonces dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y futuro fundador de la Corriente Clasista Combativa (CCC)[15] en Entre Ríos,
“Moine apareció acá también diciendo que estaba contra Cavallo que no aceptaba lo de Cavallo. Nosotros también planteamos la necesidad de unirse contra Cavallo y bueno, una vez que ganó Moine dijo que no podía enfrentarse a las líneas políticas nacionales de Cavallo y vino el primer gran ajuste en la provincia, con la intención de echar 10.000 empleados trabajadores estatales.” (Sologuren, A., entrevista personal, 16 de julio de 2019)
En los primeros días de enero de 1993 se conoció a través de medios locales que, a pesar de las desmentidas del gobierno provincial, el convenio de ajuste firmado a fines de diciembre efectivamente contemplaba el despido de 10.000 trabajadores en el plazo de un año. El ajuste recibió la bendición del arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, para quien se trataba de “medidas que hacen al bien común”[16]. En la misma línea se pronunció el cura Gabriel Batello, confesor del gobernador.
El plan de ajuste fue redactado con el nombre de “Plan para la Contingencia”, por un funcionario del Ministerio del Interior nacional (vinculado al Banco Mundial) llamado Héctor Domenicone, por lo que se conoció como “Informe Domenicone”[17]. Con el antecedente inmediato del primer Pacto Fiscal (Acuerdo Fiscal Federal, Ley 24.130/92 del 12 de agosto de 1992), el informe constaba de cuatro ejes: la privatización de la empresa de energía, la venta del Banco de Entre Ríos, la transformación del sistema educativo y el despido de personal de la administración pública (Bracco, 2012). Con respecto al último punto (el que nos preocupa en este trabajo), sugería la cesantía de 20.000 trabajadores, mientras que el gobernador Moine había sostenido el número de 5.000, en dos etapas. Finalmente, el borrador confeccionado por José Luis Manzano, el ministro del Interior nacional hasta diciembre de 1992, y firmado con Gustavo Béliz (su sucesor en el mismo cargo), acordó el número de 10.000 trabajadores que debían ser expulsados del estado provincial antes del 31 de diciembre de 1993. Esto debía producirse paulatinamente: primeramente, se sancionó en la legislatura el pase a disponibilidad de 2.605 agentes, en una sesión de la Cámara de Senadores donde las bancas del bloque oficialista fueron adornadas por militantes de ATE con profilácticos (“forros”) con los nombres de cada miembro[18]. Esta particular forma de protesta anticipó una modalidad que se haría carne en el repertorio de acciones de los trabajadores de la provincia del período: los “escraches”. Los “escraches”, modalidad que cobró mayor visibilidad a partir del accionar de HIJOS frente a ex represores y criminales de lesa humanidad, tienen la particularidad de “personalizar” la política, es decir, señalar como foco de la protesta política a la persona, con nombre y apellido, responsable de determinadas decisiones[19]. El “santiagueñazo” de diciembre de 1993, en ese sentido, implicó una nueva inflexión en este tipo de protesta, al dirigir el locus de ciertas acciones al domicilio particular de ciertos actores políticos (Dargoltz, 1993; Farinetti, 2017), con el fin simbólico orientado a señalar responsabilidades o culpabilidades políticas individuales. Volveremos sobre esto.
Desde el Ministerio de Economía nacional se sostuvo a Entre Ríos como provincia piloto para practicar este tipo de ajuste. Santa Fe y Córdoba, aparecían en el horizonte, como próximos escenarios en formalizar convenios de “saneamiento de deuda” similares, aunque “[t]odas anticiparon que el ajuste lo harán en forma más paulatina y menos salvaje”[20].
El gobernador Moine, según un vocero del Ministerio del Interior, había intentado
“capitanear el conjunto de las provincias que se oponían al Pacto federal fiscal y al acuerdo Nación-provincia, pero después cambió rotundamente. Pasó de ser opositor total a aliado prima facie. Eso fue determinante para que se acuerde, en primer lugar, con Entre Ríos. Moine se transformó en un aliado en serio y arregló con Cavallo, Manzano y el actual titular de la cartera política”[21].
La confrontación de Moine con Cavallo era previa a la asunción de este último como Ministro de Economía: en reunión con los gobernadores electos el 20 de noviembre de 1991, el gobernador entrerriano le había dicho: “No nos venga a decir como tenemos que gobernar en nuestras provincias”[22]. Posteriormente, en declaraciones a Ámbito Financiero (diario de economía y finanzas, de ideología neoliberal), se había ufanado de no responder las llamadas del titular de la cartera de economía. Esta situación comenzó a cambiar en los meses previos a la interna del justicialismo que lo enfrentaba con Busti, cuando Moine empezó a ensayar una aproximación al gobierno nacional. Como sostiene la cita que abre este apartado, más allá de los forcejeos primó la subordinación a las políticas nacionales. Es de notar aquí la existencia de un paralelismo entre la actitud de Menem y la de Moine con respecto a su oposición inicial Cavallo: ambos cambiaron sus posicionamientos en muy poco tiempo. De acuerdo con “un alto funcionario del Ministerio de Economía”, para los últimos días del año 1992,
“Moine hizo un mea culpa el día de la firma del convenio. En concreto dijo que él estaba equivocado con respecto a lo que opinaba de Cavallo. Que ahora lo respetaba más y estaba totalmente de acuerdo con las medidas económicas por él instrumentadas. Incluso llegó a considerar que la única forma de gobernar correctamente era haciendo un ajuste de este tipo”[23] .
El alineamiento del gobierno provincial con el rumbo neoliberal del gobierno nacional era total[24].
Esta reforma recibió la oposición de los trabajadores organizados en ATE, quiénes la confrontaron desde antes de su aprobación y desplegando un espectro de acciones que abarcó desde acciones institucionales (como el recurso a la justicia) a otras de acción directa, como la movilización y los escraches. La actitud del otro gremio de trabajadores del sector público, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue de acompañamiento al gobierno.
Desde el primer momento, ATE actuó en el plano legal con el planteo de un juicio contencioso al nivel del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Otra posibilidad que evaluaron los abogados sindicales fue la del amparo, mecanismo que opera al afectarse derechos constitucionales. La base del recurso presentado por ATE estuvo centrada en el artículo 21 de la Constitución provincial que planteaba que “ningún empleado o funcionario podrá ser despedido de la administración pública con un año de antigüedad mientras dure su buena conducta, su constricción al trabajo y su salud física y mental”. Desde el gobierno, por su parte, se ampararon en el inciso 14 del artículo 81 que facultaba al Poder Legislativo para crear o suprimir empleos[25]. Simultáneamente a estas medidas administrativas y judiciales, se manifestaron en el interior del recinto legislativo, donde insultaron a los representantes y dispusieron, primero en la cámara de diputados y luego en senadores, preservativos sobre las bancas de quienes apoyaban el proyecto de ley finalmente aprobado[26]. Estas acciones se complementaron con otras tendientes tanto a incentivar la movilización de los trabajadores como a generar un consenso de rechazo a la medida en sectores más amplios de la sociedad: “asambleas para contrarrestar el temor, difusión del significado de despidos entre los sectores ligados al mercado interno, demostración del empleo público como prestador de servicios (salud, minoridad, educación, vivienda) contrarrestando la imagen de burocracia” (Massarotti, E., comunicación personal, 29 de abril de 2020), así como un el intento de acordar con el poder político mediante la construcción de datos a partir de un relevamiento sobre situación de revista, categorías, núcleo familiar, etc.
La complicidad con el ajuste, empero, no solo provino de sectores de los partidos mayoritarios y de la iglesia, sino también de las conducciones de algunos sindicatos, que confeccionaron listas de personal susceptibles de quedar en “disponibilidad” (“listas negras”). De esta manera, muchos gremios negociaron con el gobierno el número de trabajadores a dejar en la calle, a la vez que utilizaron dicho proceso como mecanismo disciplinador al interior de sus organizaciones con sectores opositores o trabajadores díscolos.
Desde el sindicato de Luz y Fuerza, miembros de la comisión directiva se reunieron con el gobernador para interiorizarlo del plan alternativo elaborado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) para la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER). El mismo sugería, sumadas las bajas por jubilaciones ordinarias, jubilaciones anticipadas y adhesiones al régimen del Retiro Voluntario, una reducción de la plantilla de entre 300 y 350 trabajadores. A su vez, se contemplaba la reubicación de otros operarios. “A los recursos los generamos nosotros, somos un ente autárquico y nos regimos por un marco jurídico diferente al de los estatales. No estamos en la ley ómnibus”, argumentó Fabián Medina, el secretario general de Luz y Fuerza[27]. Este proceso no estuvo exento de conflictos: ante la amenaza de algunos jefes de sección de incluir en las listas a algunos empleados, los trabajadores de redes hicieron una retención de servicios y no salieron a la calle a realizar sus tareas habituales. Por otro lado, los trabajadores se manifestaron sobre el fantasma de privatización que rondaba a la empresa de energía estatal, aunque el discurso de la conducción presentaba ambigüedades con respecto a su posicionamiento:
“Nos preocupa este discurso, que la presenta como una empresa deficitaria y que es necesario achicar, cuando en realidad somos eficientes y nos autofinanciamos; y que todo esto sea para privatizarla. No porque estemos en contra de la privatización, al contrario, estamos a favor de la participación del capital de riesgo privado”[28] (la negrita es mía).
Por el lado de los trabajadores viales, el secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), Carlos Lallana, sostuvo que “entre retiros voluntarios, bajas vegetativas y adscripciones llegan a 200 los que se van. Quedarían 90 que lo hacen por legajo. Nosotros, como gremio, no fuimos a decir quién se iba y quién no, sino a controlar que no se digiten las disponibilidades”[29], a la vez que descartó que el gremio hubiese tenido injerencia en la confección de los listados.
UPCN, como señalamos, fue el único gremio que adhirió e impulsó la reforma del estado, posicionándose del lado del gobierno, lo que les valió el mote de “traidores” de parte de sus pares de ATE. Como señaló Edgardo Massarotti, el secretario general de ATE, “UPCN siempre tuvo una actitud “acuerdista”, que no es lo mismo que dialoguista. Con AGMER, Judiciales, APLER (NdR: trabajadores de la legislatura), Jerarquizados Municipales tuvimos grandes acuerdos y unidad en la acción. Otros, más simbólicamente que efectivamente, también acompañaron.” (Massarotti, E., comunicación personal, 29 de abril de 2020).
En esta primera etapa podemos observar como distintos gremios estatales (ATE, UPCN, viales, lucifuercistas) acusaron el impacto de la medida de manera diferente, sin demostrar coordinación para la acción unitaria en esta instancia. El único gremio que mostró una posición confrontativa desde el primer momento fue ATE (que además agrupaba a los trabajadores del sector de la salud pública) en franca contraposición con UPCN, que acompañó el gobierno. El resto de los gremios pareció más preocupado por sus propias bases y atentos a las dinámicas internas y el modo en que impactaría la ley en su sector, antes que rechazarla en plano e instar a la movilización. Consideramos que la ausencia del pronunciamiento de los docentes en este primer momento se asocia con, al menos, dos cuestiones. Por un lado, debido a que la ley de despidos no lo afectaba directamente, y por otro, a que se encontraban en el período de receso escolar (lo que impide la deliberación y organización desde el lugar del trabajo y, por ende, dificulta la convocatoria a movilizarse).
Ampliar el arco de la resistencia: el surgimiento de la multisectorial
La resistencia al ajuste no se hizo esperar. En el sector de la salud pública, con la consigna “personal separado, hospital parado”, los trabajadores y trabajadoras del Hospital San Martín y el Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná (organizados, como dijimos, en ATE), rápidamente se organizaron en asambleas para definir las acciones de lucha y definir estrategias de comunicación hacia la comunidad sobre la incidencia que los recortes tendrían en la prestación de los servicios de salud.
Desde ATE se decidió la implementación de paros progresivos a partir de la recepción de los telegramas de despidos, interpretando la llegada de los documentos de disponibilidad en varias etapas, como una estrategia de desgaste del gobierno.
Algunos médicos adhirieron a las asambleas y las medidas, en solidaridad con los trabajadores. En lo mecanismos de selección del personal “prescindente” de parte del gobierno, desde el hospital San Roque sostuvieron que primó la “vendetta política”, como en el caso de la doctora Ana Kinen, de extracción política radical, única médica en la provincia con título capacitante en el área de radiografía pediátrica[30]. Desde la Secretaría de Salud, asimismo, se exigió listados detallados de las personas que habían sido parte de las asambleas.
Fue en este contexto de bronca y tensión creciente, que se reunió la “Asamblea en Defensa de Entre Ríos y su Pueblo” (en adelante conocida como “la Multisectorial”), integrada por un comité de lucha (integrado, entre otros, por los secretarios generales de ATE -Edgardo Massarotti- y AGMER -Clelia Lavini-) que anunció una movilización en Paraná, para el jueves 21 de enero a las 19:30, a culminar en una concentración y acto frente a la Casa de Gobierno. En los distintos departamentos del interior provincial se realizarían manifestaciones similares dirigidas a los domicilios de los legisladores votaron a favor.
Quedó conformada así la Multisectorial, que habrá de ser un actor fundamental durante la década y el ciclo de protesta que desemboca en la rebelión del año 2001, como ariete de las luchas contra las políticas neoliberales en la provincia. La primera versión de la Multisectorial, entonces, surgió al calor de este conflicto, a instancias principalmente de ATE en alianza estrecha con AGMER (con quiénes compartirán la acción organizada en el nucleamiento de la CTA, cuyas discusiones aún no habían arribado a la provincia), junto con otros sindicatos, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, asociaciones profesionales, etc. Fue la cristalización en una estructura organizativa de la fuerza social que se fue constituyendo en el enfrentamiento con el gobierno y los sectores que impulsaban la reestructuración del Estado. A pesar del carácter fundamentalmente policlasista de su composición y del carácter multisectorial del mismo, fue claramente la clase trabajadora organizada (en particular, los trabajadores dependientes del Estado, o sea, una fracción de la superpoblación relativa) y la organización sindical (su estructura, su tradición y sus metodologías de acción) las que tuvieron preeminencia a su interior. Es decir, la forma de organización que se impuso en la resistencia en este proceso fue la sindical, tanto por fuera como por dentro de la multisectorial (impulsándola y conduciéndola). Es interesante comparar aquí la política de ATE en este contexto provincial, con relación al de otras provincias, como el caso de Neuquén. También allí, “[e]ntrado el año 1993, el panorama de los reclamos, las relaciones con la política local y las estrategias de ATE cambian profundamente” (Aiziczon 2017, p. 139), lo que implicó la necesidad de construir una herramienta política susceptible de optimizar la organización y la lucha. Y si bien la herramienta era ATE, ahora esta se reconocía dentro de un proyecto más amplio, de alcance nacional, que es el de la CTA. Como en Neuquén, va a ser el gremio docente el principal aliado de ATE, pero si allí los estatales se van a poner al frente de la naciente experiencia de la CTA, en Entre Ríos, en cambio, la apuesta de ATE será por el frente Multisectorial, mientras que será el AGMER, en los años subsiguientes, el gremio que se va a referenciar principalmente con la CTA, en tanto su apuesta. En rigor, la Multisectorial va a funcionar como una mesa de la CTA ampliada, abierta a otros sectores, pero funcionando en base al acuerdo de los principales gremios de la “central alternativa”: ATE y CTERA (en el caso entrerriano, la organización afiliada a CTERA, AGMER). Esta experiencia multisectorial también se produjo en otras provincias como Jujuy, integrada por el Frente de Gremios Estatales junto a la Unión Empresaria y miembros de la iglesia católica; o Río Negro, donde también el Frente de Gremios Estatales constituyó el eje de la Multisectorial Río Negro de Pie (Cotarelo, 2016, p.202). En estas experiencias multisectoriales, todas hegemonizadas por los sindicatos de los trabajadores empleados por el Estado, en un contexto marcado por las luchas defensivas y con preeminencia de demandas económico-corporativas, la alianza de las distintas clases y fracciones de clases se articuló en torno al rechazo del ajuste en general, es decir, al conjunto de las políticas económicas de los respectivos gobiernos provinciales. Ahora, volvamos a la manifestación en la cual se pondría en movimiento la Multisectorial y que representaría un verdadero hito en la historia reciente del movimiento obrero entrerriano.
“Pueblazo”
La manifestación de más de 6.000 personas[31] frente a la casa de gobierno entrerriana, fue la expresión callejera de un repudio generalizado a las medidas de ajustes previstas en el plan de reforma del estado que buscaba implementar el gobierno de Moine. A su vez, la masiva adhesión y participación popular en la movilización, implicó un triunfo de la línea de ATE, que se opuso fuertemente desde un primer momento, y su fortalecimiento en detrimento de UPCN, que no adhirió y fue cuestionada por su vínculo con el gobierno. De aquí en adelante el liderazgo de ATE en las instancias coordinadoras de lucha contra las políticas de ajuste sería indiscutible.
Hay consenso en los entrevistados en destacar a la movilización como una de las más importantes en Entre Ríos desde el retorno de la democracia y un hito del movimiento obrero provincial. Para Massarotti “fue quizás la más grande en la historia sindical de la Provincia” (Massarotti, E., comunicación personal, 29 de abril de 2020), en tanto que para Sologuren “[n]o hubo una movilización más grande llamada por el movimiento obrero en la ciudad de Paraná” (Sologuren, A., entrevista personal, 16 de julio de 2019). Esto a pesar del clima de incertidumbre que el gobierno intentó generar “consignando de la posibilidad de algunos actos de violencia, a partir de la inserción de supuestos infiltrados que sólo existieron en la imaginación de los gobernantes[32]”.
Las “dificultades técnicas” tampoco se perdieron semejante cita: los oradores se dirigieron a la multitud desde las penumbras, ya que no se les otorgó el permiso para hacer uso de la energía eléctrica (la movilización se inició al atardecer, concluyendo por la noche).
Dos días antes de la movilización, cuándo la masividad de la misma se vislumbraba en el horizonte, Moine deslizó la idea de reconsiderar algunos despidos, probablemente para desalentar la participación de algunos agentes que se percibían en la cuerda floja. Una semana antes, en cambio, había declarado que sería “inflexible” y que pasaría a “inmediata disponibilidad” a todo aquel que participara. La capacidad de organización y, sobre todo, la celeridad de reacción de los trabajadores hizo “ablandar” rápidamente la dureza inicial del gobernador.
El gobierno, además de las declaraciones amenazantes, no escatimó en otros métodos para obstaculizar o dificultar la protesta. Además de la mencionada negativa, so pena de incurrir delito penal, de utilizar los enchufes de la casa de gobierno para la iluminación y el sonido del acto (tampoco se les facilitó el palco), existieron hechos más preocupantes: dos dirigentes de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro y Walter Carballo (de la comisión interna del Banco de Entre Ríos), fueron interceptados por un patrullero mientras realizaban pintadas contra el gobierno y demorados durante varias horas en dependencias policiales.
Los contingentes de manifestantes comenzaron a organizarse desde las primeras horas del día: autobuses provenientes del interior (demorados por controles policiales), gremios, organizaciones estudiantiles y partidos políticos como la UCR, el PI, los socialistas o Frente del Sur (referenciada localmente en el dirigente Federico Soñez).
Los docentes, con una nutrida columna, avanzaron por calle Buenos Aires con dirección a la Plaza 1° de Mayo donde se produjo la concentración, entonando, entro otros cánticos “Cuando Dios hizo a Moine lo soñó seminarista, pero nunca imaginó este engendro menemista[33]”. El cancionero contencioso fue escrito a máquina, fotocopiado y repartido a los afiliados, dando cuenta de un importante grado de organización, fundamentalmente teniendo en cuenta la época del año, en que los docentes se encontraban en pleno receso escolar, judiciales de feria judicial, y muchos agentes haciendo uso de sus días de vacaciones.
La primera columna en arribar a la plaza fue la de ATE, encabezada por Massarotti y algunos dirigentes nacionales que vinieron a la provincia en apoyo a la protesta.
Con respecto a la columna del radicalismo, estuvo encabezada “llamativamente” por el ex gobernador Montiel, quien se había enfrentado y reprimido las protestas de los sindicatos estatales durante su mandato. Al respecto, irónicamente declaró Aldo Bachetti, subsecretario general del Ministerio de Salud y Acción Social: “Montiel va a tener la satisfacción de concurrir a una manifestación con los trabajadores, donde no va a haber ni gases, ni perros”[34] . La columna de la UCR se ubicó a la derecha del improvisado palco.
Los docentes de AGMER ingresaron a la plaza tomados de los brazos y con la dirigente Mary Sánchez (dirigente histórica de CTERA y una de las fundadoras de la CTA) a la cabeza, cantando contra los funcionarios de gobierno y tomando la cortada principal de la plazoleta para ubicarse. De acuerdo con el testimonio de la dirigente docente Beatriz Montaldo,
“participamos algunos compañeros, pero no el sindicato en su conjunto, todavía no podíamos. ¿Porqué? Porque estaba muy asociada al peronismo la marcha, entonces participamos como militantes algunos, como se le diría “los compañeros” pero (…) los docentes no tenían el problema de las cesantías ni mucho menos, porque hay toda una estructura distinta de lugar orgánico como se nombra. (...) En esa marcha, por supuesto, la del 21 de enero, participamos algunos compañeros desde el lugar personal, pero AGMER no participó como sector porque en realidad era la marcha de “los compañeros” y era la marcha absolutamente política (…) contra Moine desde un lugar también del peronismo, desde otro lugar del peronismo.” (Montaldo, B., entrevista personal, 24 de octubre de 2019)
Es curiosa esta interpretación de Montaldo, asociando la marcha al peronismo, teniendo en cuenta la amplitud de la convocatoria, que incluyó como señalamos en el párrafo anterior, a la UCR e inclusive a Montiel, un dirigente históricamente sindicado como “gorila” desde el peronismo.
El grito “Que se vayan, que se vayan”, casi una prolepsis de la consigna “Que se vayan todos” que se cantaría casi nueve años después, precedió el inicio del discurso de Massarotti, encaramado en el furgoncito que hizo de palco. Se cantó contra el liberalismo y se quemó un muñeco de Moine con un cartel de Los Hermanitos, luego arrojado contra la puerta principal de la Casa Gris (como se conoce en la provincia a la Casa de Gobierno). Junto a la lectura del documento, se leyó también una carta al gobernador escrita por Gerónimo Fernández, hijo de despedidos y se proyectó un video realizado por estudiantes de la carrera Comunicación Social. Finalmente, tiñendo de emotividad al acto, el cantautor folclórico Jorge Méndez, entonó a capella su clásico rasguido doble “Canción del jornalero”, cuyas primeras estrofas rezan
Qué me esperará mañana
Si no gano mi jornal
Hoy no he conseguido changa
No tengo ni pa' yerbear.Que le diré a los gurises
Cuando pidan de comer
Es del pobre jornalero
En el mundo padecer.Méndez, J. (1965). Canción de un jornalero [Canción].
En Lo mejor de Cosquín 1965. RCA.
Esta modalidad se replicó en las plazas principales de toda la provincia, en muchas de las cuales se proyectó el mismo material audiovisual, señalando a los políticos locales que votaron el ajuste. La lucha por la reincorporación, según cuenta Alejandro Sologuren, se dio
“[e]n todos los planos. Desde escraches a la casa de Moine a paros provinciales. Los paros nacionales de hecho. Fue la ruptura con el moinismo. Moine nos recibió a nosotros el mismo día que lo recibió a Volando que venía de la Federación Agraria que le venía a pedir también que no adhiriera al plan de Cavallo, y él hizo una reunión con todo el gremio de ATE para explicar por qué tenía que hacer el ajuste (…) nosotros dijimos que lo íbamos a confrontar.” (Sologuren, A., comunicación personal, 16 de julio de 2019)
La lucha desplegada contra los despidos se coronó con triunfo de los trabajadores a partir del fallo favorable del STJ, el 19 de febrero, cuando integrantes de la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del STJ declaró la inconstitucionalidad del artículo 2º de la 8706 (que disponía la supresión de cargos en la administración pública, incluyendo entes autárquicos y empresas del Estado), logrando la reincorporación de los despedidos, quedando como caso testigo para empleados estatales despedidos, sentando jurisprudencia.
Hacia el 2001…
Hemos profundizado en el relato descriptivo de este hecho conflictivo, más allá de la necesidad que la ausencia de trabajos previos nos impuso a la tarea de la reconstrucción histórica, porque lo consideramos un hito de la lucha en la provincia contra el llamado “modelo neoliberal” (como evidenciamos en la importancia que sus protagonistas le asignan a casi treinta años). Con respecto a la proposición hipotética planteada en la introducción, que sostenía que este hecho constituyó el punto de partida del ciclo de protesta contra las políticas neoliberales en la provincia (que encontró su punto más alto de confrontación en las jornadas de diciembre de 2001) y contiene algunos de sus principales elementos, no podemos corroborarla con la evidencia empírica aquí presentada. Si podemos constatar la presencia de algunas características: la conformación de un amplio frente multisectorial (con preeminencia a su interior de los sindicatos de los trabajadores del ámbito público y conducido principalmente por ATE) como principal forma de organización para resistir los embates neoliberales de los gobiernos, la movilización callejera como principal forma de lucha (fruto de la deliberación en asamblea) y los escraches como una de las expresiones novedosas. Sin embargo, atendiendo a actores, demandas y repertorios pareciera responder más al formato sindical clásico propio del ciclo anterior, a “lo viejo” que a “lo nuevo”, ya que no encontramos algunas importantes características del ciclo posterior (con presencia de formas más territorializadas de acción y organización, presencia mayor de sectores de clases medias, de desocupados, de mayores grados de espontaneidad en las acciones, etc.). En todo caso, este y futuros abordajes pueden contribuir a dar mayor luz sobre las especificidades del ciclo en ciertas provincias, desde donde problematizar, entre otras cuestiones, el rol del actor sindical en realidades sub nacionales e incluso indagar en torno a la presencia y/o relevancia en ciertas realidades provinciales de algunos rasgos característicos y “novedosos” del ciclo como, por ejemplo, el rol de los movimientos de trabajadores desocupados (piqueteros), de sectores de clase media movilizados, etc. ¿Cómo coagularon en Entre Ríos la combinación entre la matriz sindical clásica de acción y otras formas con mayor grado de espontaneidad en el ciclo de protestas que se abre con las reformas estructurales del Estado en los noventa y tiene su pico en 2001? ¿Qué de “lo viejo” persistió y de “lo nuevo” (en otras realidades provinciales o a nivel nacional general) no apareció o no fue relevante en Entre Ríos? Son preguntas que quedan planteadas para futuras indagaciones.
La movilización de enero preanunció muchos de los enfrentamientos que se desarrollaron en otras provincias contra las leyes ómnibus y tuvieron su expresión más virulenta en La Rioja y, especialmente, Santiago del Estero en diciembre de 1993. La conformación de una fuerza social expresada en una organización Multisectorial y la personalización de la protesta política, materializada en escraches a políticos sindicados de responsables (o cómplices) del ajuste fueron dos elementos, en lo que hace a las formas organización y acción, que posteriormente se replicó en otras provincias.
Con relación a las formas de lucha, volvió a poner la centralidad de la movilización callejera como el modo de acción paradigmático de los trabajadores en el período para presionar a los sectores dominantes (en este caso, al gobierno), pero también para establecer alianzas con otros sectores, para hacerse visible, influir en la opinión pública y contribuir a la construcción de una fuerza social que sea hegemonizada por los y las trabajadoras organizados sindicalmente. Por otro lado, somo señalamos en el párrafo anterior, una de las particularidades de las acciones llevadas a cabo fue la de “escrachar” personalmente a los cómplices del ajuste contra el pueblo trabajador. En el proceso de luchas de 2001-2002 se volverán una constante las protestas frente al domicilio del por entonces gobernador Sergio Montiel.
En materia organizativa, el principal saldo que dejó la lucha contra la 8706, fue la constitución de una organización multisectorial, hegemonizada y dirigida por los trabajadores organizados en los sindicatos del ámbito público. La multisectorial fue un actor clave en la provincia en los hechos conflictivos de la década del 90 y del explosivo 2001. El carácter policlasista de la multisectorial fue un elemento de fortaleza, pero también marcó algunos límites de la experiencia. Por supuesto que la masividad de la movilización también estuvo dada por la participación sectores políticos de los principales partidos (PJ y UCR) poco afectos a la participación en conflictos de la clase trabajadora (generalmente en la vereda de enfrente, muchas veces atrás de un vallado) que ocasionalmente se encontraban en la oposición. Nos referimos a los sectores del justicialismo vinculados al ex gobernador Busti (1987-1991), enfrentado en aquel momento en una interna al moinismo y al radicalismo liderado por Montiel (1983-1987). De hecho, ambos dirigentes van a ser gobernadores en los dos mandatos siguientes (Busti 1995-1999 y Montiel 1999-2003) y los continuadores de las políticas de ajuste, alineados con los respectivos gobiernos nacionales. Su posicionamiento en esta situación particular hace a la “oportunidad política” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999) que facilitó la irrupción de una acción de semejante magnitudes, a pesar de que fueron los trabajadores organizados en sindicatos y fundamentalmente ATE, los que se pusieron al hombro la acción. El contexto político implicó que el radicalismo, ubicado ahora en la oposición, se movilizó junto a los trabajadores que, siendo gobierno, había reprimido y perseguido[35]. El bustismo, enfrentado internamente con el moinismo por la conducción del justicialismo, también se posicionó en la vereda de enfrente lo que sin dudas facilitó e incentivo la participación de sindicatos con conducciones identificadas con el peronismo, contra un gobierno de su mismo signo. A su vez, es dable destacar que la participación de los partidos que se alternaron en el poder ejecutivo desde el retorno de la democracia es otro de los elementos que asocian esta protesta más al ciclo anterior que al que tiene su apogeo en el 2001, donde la participación de los partidos políticos dominantes no fue un elemento clave.
Es interesante observar cómo, al calor del ajuste, que expresaba en el cambio de forma del Estado la imposición de un nuevo modelo de acumulación (expresión a su vez de un cambio en la correlación de las fuerzas), se fue conformando esta fuerza social que lo resistió, compuesta por un sector mayoritario de la clase trabajadora (principalmente, la que se emplea en el Estado), sectores de la pequeña y mediana burguesía e incluso algunos sectores políticos de los partidos mayoritarios. Esta fuerza social se expresó en la multisectorial y lo hizo a través de sus organizaciones sectoriales (sindicatos, agrupaciones estudiantiles, partidos políticos). Se orientó a tratar de conservar derechos y posiciones obtenidas (en primer lugar, el puesto de trabajo), propias de la forma del Estado que se estaba desmantelando. Se trata del germen de la fuerza social que protagonizará las jornadas de 2001, aunque con una nueva composición, que se fue conformando a la luz de los enfrentamientos y el modo en que se fueron alineando los actores en disputa: se incorporarán otra fracción de la superpoblación relativa, los desocupados, (principalmente a partir de la CCC) y un sector de la pequeña y mediana burguesía agraria (citricultores, arroceros, etc. organizados en la FAA). Por otro lado, el PJ (en bloque) y la UCR definitivamente conformarán la fuerza social que sostuvo “el modelo” (no sin críticas ni contradicciones) hasta su colapso. En este sentido, si bien la fuerza social va cambiando su composición, estableciendo nuevas alianzas, en virtud de los enfrentamientos y las relaciones de fuerza políticas, y estos cambios se expresan en la conformación de la Multisectorial, es menester distinguir una con otra: si bien dicha fuerza social tiene su expresión cristalizada organizativamente en la Multisectorial, la desborda y trasciende. UPCN, por caso, se volcará hacia 2001 a la fuerza social que enfrenta al gobierno, sin formar parte de la Multisectorial. Igual manera otros actores como pequeños productores rurales autoconvocados, desocupados, etc.
En definitiva, consideramos importante el análisis de los denominados “hitos”, de sus principales características y tendencias, ya que presentan muchos de los elementos que marcan puntos de inflexión y quiebres en los ciclos, fases o etapas de los procesos de lucha. En ese sentido, la movilización de enero del ’93 es un hecho clave para comprender la génesis y el devenir de la fuerza social que confrontó en la provincia de Entre Ríos las políticas de ajuste y privatizaciones en el proceso que tuvo su punto más alto, tanto a nivel nacional como provincial (con las particularidades y especificidades del caso), en las jornadas de diciembre de 2001.
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[1] Fecha de recepción: 29/03/2022. Fecha de aceptación: 19/09/2022
Identificador persistente ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/dzbiamnzl
[2] Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las IV Jornadas de Sociología de la UNCuyo, Mendoza, del 31 de mayo al 4 de junio de 2021.
[3] A preliminary version of this work was presented in the IV Conference of Sociology at UNCuyo, Mendoza, from May 31 to June 4, 2021.
[4] UADER-CONICET
Entre Ríos, Argentina
https://orcid.org/0000-0003-2914-1651
lic.alejomayor@gmail.com
[5] A principios de 1989, el Banco Central se quedó sin reservas de moneda extranjera para satisfacer la demanda, generando un espiral inflacionario que condicionó fuertemente el adelantamiento de las elecciones presidenciales de aquel año, en el que Menem sucedió a Alfonsín. Solo en julio, el mes de asunción de las nuevas autoridades, la inflación fue de 196,6%. El Estado se encontraba prácticamente quebrado, el problema de la deuda externa no encontraba solución, la cotización del dólar no paraba de subir y los servicios públicos se encontraban al borde del colapso (Zícari, 2018, pp. 20-21)
[6] Para un análisis de las huelgas generales del período que va desde el retorno de la democracia al 2001, ver Iñigo Carrera, N. (2001).
[7] Las principales medidas de la Ley Ómnibus, redactada en el Ministerio de Economía a instancias del Banco Mundial con el objetivo de aplicar el ajuste en las provincias (preferentemente mediante su votación en las legislaturas provinciales, aunque sin descartar la intervención), eran la recisión de contratos desde el 1/1/93, retrotraer los sueldos al 28/2/93, transferencia de la Caja de Jubilaciones a Nación y desregulación total de todas las actividades. Para el análisis más exhaustivo sobre aplicación de Ley Ómnibus en una provincia (Santiago del Estero) ver Dargoltz (2011).
[8] Para un análisis del proceso de lucha de los trabajadores de los sindicatos de Obras Sanitarias y Luz y Fuerza contra la privatización de los servicios públicos de electricidad y agua y saneamiento en Córdoba ver Arriaga, A. (2021).
[9] La revista “Análisis” es un semanario de actualidad política de la ciudad de Paraná, fundada en el año 1990 y que persiste en la actualidad. Fundada y dirigida hasta el día de hoy por Daniel Enz, quien trabajaba en Página 12, adoptó un discurso “progresista” y crítico del menemismo, fundamentalmente con respecto aspectos ligados a la corrupción.
[10] Las entrevistas fueron realizadas en el marco de una investigación de más largo aliento que pretende dar cuenta del proceso de conflictividad y movilización social ocurrido durante diciembre de 2001 en Entre Ríos, lo que implica necesariamente considerar los procesos de lucha desarrollados en la década anterior. En las primeras entrevistas realizadas, emergió como un hito significativo de la lucha de los noventa en la provincia la protesta de enero de 1993 en los testimonios, por lo que consideramos necesario profundizar en su reconstrucción, dada la ausencia de estudios. La limitada cantidad de testimonios (3) se basa en un criterio de saturación.
[11] Sobre el ajuste que implicó el conflicto que abordamos, existe el trabajo de Bracco (2012) que, desde una mirada periodística, se centra en la descripción del Informe que orientó la ley del ajuste en la provincia, sin prestar atención a la recepción y acción en respuesta de los trabajadores a dichas medidas.
[12] De acuerdo a Nicolás Iñigo Carrera,
“Desde su gran impulso en el último tercio del siglo XIX, el capitalismo se desarrolló en Argentina predominantemente en extensión, es decir, incorporando a las relaciones productiva que le son propias territorios en los que previamente predominaban relaciones no capitalistas. Ese proceso se agotó a mediados del siglo XX, ya que no quedaban territorios donde no predominaran las relaciones capitalistas, y el desarrollo y el desarrollo de las fuerzas productivas requería, necesariamente, el desarrollo del capitalismo predominantemente en profundidad, es decir, sobre territorios donde las relaciones capitalistas ya predominaban.” (Iñigo Carrera, 2018, 19-20)
[13] A las clases sociales, centrales y estructurantes en nuestra comprensión del conflicto, las entendemos como una relación social, construida dinámica y contradictoriamente a partir de un proceso de lucha contra otra clase antagónica.
[14] El régimen monetario de la convertibilidad implicó la instalación de un tipo de cambio fijo, basado en la paridad cambiaria 1 peso argentino = 1 dólar estadounidense.
[15] La Corriente Clasista y Combativa (CCC) es una organización político-sindical fundada en 1994, que agrupa a trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados. Es orientado por el Partido Comunista Revolucionario (PCR), de ideología marxista-leninista-maoísta. Su principal referente durante la segunda mitad de la década del ’90 fue Carlos “Perro” Santillán, del Sindicato de Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy.
[16] “Moine y un lápiz rojo de mucha punta”. (7/1/1993). Análisis n° 745.
[17] El Informe Domenicone, aún en estado de borrador, se había dado a conocer el 23 de noviembre (a menos de una semana de la interna justicialista provincial en la que Moine se impondría por 20.000 votos al ex gobernador Jorge Busti) en la columna “Temas Pendientes” a cargo del periodista Guillermo Alfieri en El Diario de Paraná (Bracco, 2021, p.36).
[18] El único legislador del oficialismo que votó en contra fue Sergio Urribarri, quien luego fuera gobernador de la provincia durante dos períodos consecutivos (de 2007 hasta 2015).
[19] Para profundizar en “personalización de la política” en el período estudiado ver Novaro, M. (1994) Pilotos de tormenta. Crisis de representación y personalización de la política en la Argentina (1989-1993). Letra Buena
[20] “Moine y un lápiz rojo de mucha punta”. (7/1/1993) Análisis n° 745.
[21] “Moine y un lápiz rojo de mucha punta”. (7/1/1993) Análisis n° 745.
[22] “Moine y un lápiz rojo de mucha punta”. (7/1/1993) Análisis n° 745.
[23] “Moine y un lápiz rojo de mucha punta”. (7/1/1993) Análisis n° 745.
[24] El fenómeno de alineamiento y legitimación del “menemismo” de parte de sectores tan disimiles fue explicado a partir de dos enfoques predominantes: como “consenso de fuga hacia adelante” (Palermo y Novaro, 1996) o como “discurso hobessiano de superación del caos” (Aboy Carlés, 1996, Martucelli y Svampa, 1997, Sidicaro,2001). Para un análisis crítico de ambos enfoques ver Fair (2009)
[25] “¿Será Justicia?”. (7/1/1993). Análisis n°745.
[26] “Legislatex”. (7/1/1993) Análisis n° 745.
[27] “Las listas negras”. (7/1/1993). Análisis n° 745.
[28] “Las listas negras”. (7/1/1993). Análisis n° 745.
[29] “Las listas negras”. (7/1/1993). Análisis n° 745.
[30] “El que no tiene senador, se embroma”. (14/1/1993). Análisis nº 746.
[31] La cifra es la especulada por los periodistas de Análisis, aunque señalan que los organizadores barajaron la cifra de 10 a 12 mil. “Aquí hay más de diez mil entrerrianos”, vociferó en su discurso Edgardo Massarotti.
[32] “La plaza del no”. (23/1/1993). Análisis nº 747.
[33] “La plaza del no”. (23/1/1993). Análisis nº 747.
[34] “La plaza del no”. (23/1/1993). Análisis nº 747.
[35] Durante el primer gobierno de Montiel (1983-1987) las movilizaciones de trabajadores estatales habían sido reprimidas por las fuerzas policiales, amén de ser vallada la Casa de Gobierno. A su vez, se le había quitado la cuota sindical a ATE. Todas estas cuestiones serían replicadas durante su segundo mandato (1999-2003).