La lucha contra la precarización laboral estatal como transformación subjetiva: La experiencia de los “jefes de hogar” del Ministerio de Educación del Chaco[1]
The fight against state job insecurity as a subjective transformation: The experience of the “head of household” of the Ministry of Education of Chaco
Marcelo Graciosi[2]
Maximiliano Roman[3]
Ernesto Flores[4]
Francisco Gerónimo Ayala[5]
Andrés Sujatt[6]
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Resumen
El trabajo pretende problematizar las experiencias de lucha protagonizadas por trabajadoras/es precarizadas/os del estado provincial chaqueño durante las primeras décadas del siglo XXI. El foco de análisis se centra en trabajadoras/es del área de la educación que conquistaron una serie de mejoras en las condiciones laborales, principalmente la estabilidad laboral. Entendemos que estos hechos fueron significativos en la configuración de la formación social, marcando hitos que luego se incorporaron como bagaje histórico de la clase trabajadora en los procesos de transformación subjetiva. Consideramos, a su vez, que la visibilización de los hechos analizados no solo es una forma de dar a conocer acontecimientos de nuestra historia reciente, también es una instancia de lucha que desde el plano teórico tiene vinculación con la práctica social. En este sentido, nos parece que su registro y análisis permiten comprender la deriva de ciertos procesos políticos que de otra manera tienden a quedar en las memorias individuales.
Palabras claves: Lucha de clases, precarización laboral, pase a planta, Chaco
The investigation aims to problematize the experiences of struggle carried out by precarious workers of the Chaco provincial state during the first decades of the 21st century. The magnifying glass is placed on those workers in the education area who, under the slogan of "pass to the plant", achieved job stability and, in the process, improvements in working and living conditions. We understand that these struggle scenarios are significant in the configuration of the social formation, marking milestones that later make up the historical baggage in the processes of subjective transformation. We consider, in turn, that the visibility of these social processes is not only a way of publicizing events in our recent history, it is also an instance of struggle that, from a theoretical level, is linked to social practice. In this sense, it seems to us that the recording and analysis of these events (to which we are not alien as researchers), allow us to understand the drift of certain political events that otherwise tend to remain in individual memories.
Key words: Class struggle, labor precariousness, pass to plant, Chaco
Este trabajo parte de la centralidad que las luchas sociales tienen en la configuración de nuestra existencia colectiva. Luchas que, por una parte, expresan cierto nivel de contradicción acumulada en una formación social en una determinada coyuntura histórica, y, por otra, transforman los territorios en los que se inscriben y a los propios sujetos que las protagonizan.
En este caso, nos interesa problematizar experiencias de lucha en reclamo de la formalización de la relación laboral -comúnmente denominadas “por el pase a planta permanente”- de trabajadoras/es precarizados del estado provincial chaqueño en el área de Educación; durante las primeras décadas del siglo XXI. Entendemos que dichas experiencias son sumamente significativas dada la incidencia que tuvieron en las condiciones directas de vida de una gran parte de la población.
La hipótesis, en primer lugar, contempla que la lucha de trabajadoras/es precarizada/os estatales responde a la coyuntura histórica en la que se inscribe; la crisis de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en Argentina. La hegemonía que el capital financiero internacional logró a partir de los setenta, destruyó gran parte del estado de bienestar en Argentina (Cotarelo, 2016). Hegemonía que se profundiza con el desbloqueo del proyecto civilizatorio neoliberal en los noventa (Murillo, 2021). Esta nueva dinámica del capital agudizó las contradicciones sociales en nuestro país; algunas de sus manifestaciones fueron la disminución del peso de los trabajadores industriales en las filas del movimiento obrero; el aumentó de trabajadores ocupados en condiciones de precariedad (prácticamente la totalidad de los puestos de trabajo creados en los años noventa fueron precarios) y el incremento significativo de la desocupación alcanzando un pico de más de 20% en 1995 (Feliz, 2011).
En segundo lugar, nuestra hipótesis considera que las luchas que abordamos están conectadas a la dinámica de la formación social periférica chaqueña. Las transformaciones operadas por el capital -sobre todo en la estructura agraria-; implicó un proceso de despojo (Harvey, 2005) que concentró población excedentaria (Marx, 2000) en el conglomerado urbano del Gran Resistencia en condiciones de creciente vulnerabilidad (Roze, 2007; Iñigo Carrera, 2011; Muñoz, 2021; Foschiati, 2005; Graciosi, 2019).[7] El cambio en la estructura productiva produjo entonces, un fuerte desplazamiento de la población rural; que según los datos INDEC en 1960 era del 60,4% y para el año 2001 era tan solo un 20,3%. Este proceso generó una profunda concentración poblacional al mismo tiempo que una desocupación masiva.[8] Emergió el Gran Resistencia, una de las macrocefalias más importantes del país que concentra prácticamente un 40% de la población provincial. Solo entre 1991 a 2001 la población del Gran Resistencia creció en un 23%, de 292.287 a 359.590 sobre un total de 984.446 habitantes (Censo INDEC 2001).[9] En correlato a este proceso, la desocupación va a incrementarse notoriamente indicando el peso que adquiere la superpoblación relativa en el Chaco; según datos del INDEC la población desocupada en 1991 había sido 9.784 (el 3% de la PEA), mientras que en el año 2001 es de 93.313 (el 28,1% de la PEA) (Graciosi, 2019). A su vez la pobreza y la indigencia se expanden en proporciones mayores al resto del país. En el periodo 1994-2010 el porcentaje de personas pobres e indigentes en el Gran Resistencia es muy superior al promedio del resto de aglomerados urbanos del país (Muñoz, 2021). Pratesi (2004) señalaba que para el año 2001 en el Chaco “la indigencia afecta al 21,5% de los hogares y a poco más del 30% de las personas, valores que resultan superiores a los nacionales (14,9% y 10,4% respectivamente)” (p.52), mientras que “la pobreza por ingresos alcanzaba en octubre del 2001 al 45,6% de los hogares y el 58% de las personas” (p.51). Estos datos son la expresión de la constitución de un precariado (Standing, 2011), que bajo estas condiciones materiales desarrolló estrategias organizativas comunitarias de diverso tipo para la reproducción de su existencia.
En tercer lugar, consideramos que la lucha de precarizada/os estatales está vinculada a la relevancia del movimiento piquetero en el Chaco (Román, 2018). En particular a la eficacia de las metodologías de protesta de estas organizaciones, que, a diferencia de otros sectores, lograron masificar sus prácticas en la medida en que avanzaban en sus reivindicaciones (Graciosi, 2015).
En cuarto lugar, las luchas por el pase a planta se imbrican específicamente a la modalidad de contraprestación que tuvo el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en el Chaco, donde miles de beneficiarios contraprestaban en reparticiones públicas.
De este modo consideramos que estos sujetos, que emergen como prescindibles para el capital, van a construir el camino hacia el empleo “genuino” a partir de una intrincada trama de prácticas imbricadas a tomas de conciencia y transformaciones en la subjetividad.
Consideraciones teórico-metodológicas
En principio, entendemos que las diferentes expresiones de lucha de trabajadoras/es estatales por el pase a planta en la provincia del Chaco forman parte de la trayectoria histórica de la lucha de clases en la Argentina.[10] Tal como dijimos al formular la hipótesis, este proceso cobra relieve en el Chaco, puesto que alude directamente a las formas en que una fracción social despojada de sus medios de existencia se organiza y confronta a partir de intereses contrapuestos al régimen social de acumulación dominante (Nun, 1995), que los coloca en condición de población excedentaria o sobrante.
Se trata, concretamente, de luchas por la subsistencia -lucha económica- de individuos que viven de la venta de su propia fuerza de trabajo en una formación social periférica.[11] Esto los constituye como sujetos de la clase trabajadora más allá de su percepción subjetiva de clase (Jorrat, 2008). Asimismo, intentamos visualizar los procesos de lucha como algo más que “protestas aisladas”, causadas por la afectación que sufren ciertos individuos. Centrar la investigación en los motivos puntuales de las revueltas populares es “insatisfactorio” para el conocimiento, ya que se podría caer en una presentación fragmentada del problema (Rude, 1981).
Como vimos en el apartado anterior; las manifestaciones sociales de protesta están imbricadas a la estructura social que se forma y desarrolla a partir de diferentes instancias y niveles de la lucha de clases (Nievas, 2016).[12] No disociamos, por ende, la estructura de la lucha de clases, sino que, tal como lo expresa Marin (2009): “la génesis y el desarrollo mismo de las clases sociales, es una dimensión de la forma en que se expresa el enfrentamiento entre ellas” (p.31). En este sentido, partimos de que: “lo que hay que presuponer realmente es el enfrentamiento, y en consecuencia la existencia, la formación de clases, y como nueva consecuencia, otra vez el enfrentamiento en un nuevo nivel” (p.31). En nuestro caso, el nuevo “nivel” implica analizar una instancia histórica marcada por un proceso de movilizaciones que emergen desde la necesidad de defender las condiciones mínimas de existencia de la masa de trabajadoras/es.
Lo que intentaremos ver en el presente trabajo es precisamente la mediación del enfrentamiento en la constitución de una clase. En este sentido, la experiencia de clase desarrollada implica a la vez un proceso de transformación subjetiva.
La noción de subjetividad nos permite avanzar en la comprensión del complejo proceso que aquí se estudia. Entendemos que no existe una naturaleza humana, sino que nos construimos como sujetos a partir de diferentes formas históricas de subjetivación que implican relaciones de poder (Foucault, 2001). En el marco de este trabajo, contemplamos la posibilidad de complementar el estudio de las confrontaciones de sujetos sociales que enmarcan sus acciones en una confrontación de clase y la perspectiva que indaga los procesos de subjetivación. Desde nuestra óptica, la subjetividad que se constituye en torno a esta experiencia de lucha de los trabajaras/es estatales precarizados es una abertura sobre la subjetivación neoliberal que en diferentes capas de acontecimientos se instituyó en Argentina (Murillo, 2018).
Finalmente, indagar este proceso supone activar memorias y con ello problematizar acontecimientos no registrados por estudios académicos y registrados de manera muy marginal por parte de la literatura obrera. En consecuencia, estos hechos, no solo se mantienen en los márgenes de la narrativa histórica, sino en los mismos márgenes de la propia memoria de los sindicatos y organizaciones de la clase trabajadora.
En cuanto a la delimitación de nuestro objeto de estudio, lo acotamos a la descripción y análisis de la lucha de las trabajadoras/es precarizados del Ministerio de Educación, si bien esta lucha se dio en todas las esferas del estado provincial chaqueño. Por otra parte, seguimos la trama de la experiencia organizativa de “Jefes de Hogar en Lucha”, que luego se transforma en el Polo Obrero. Cabe aclarar que, si bien “Jefes de Hogar en Lucha” fue pionera en reivindicar el denominado pase a planta; rápidamente otros movimientos de trabajadores desocupados, agrupaciones políticas y sindicales asumirán esta lucha como propia.
El relevamiento de los datos y la elaboración de la cronología de los hechos de protesta que desarrollamos está basada en primer lugar en diversas entrevistas con informantes claves e información obtenida del principal medio de prensa escrita en la provincia del Chaco, Diario Norte. Así mismo hemos consultado otras fuentes periodísticas y documentos de partidos provinciales a los efectos de corroborar y clarificar datos.
En el curso de estas luchas de los trabajadores precarizados identificamos tres etapas que se diferencian por acontecimientos claves para el avance o retroceso de las reivindicaciones. La primera de ellas es la conformación de la organización Jefes de hogar en lucha y sus primeras conquistas (desde mediados del 2006 hasta febrero del 2007), la segunda etapa va del veto a la primera ley de pase a planta a la primer toma de casa de gobierno (de febrero a noviembre del 2007, la etapa más álgida de la confrontación) y la tercera etapa que hemos nominado como nuevos obstáculos y continuidad de la lucha, que abarca un periodo más extenso desde noviembre del 2007 a principios del 2019. Durante esta última etapa veremos qué tanto a nivel organizativo como a nivel de prácticas reivindicativas hubo notorios avances.
Jefes de hogar en Lucha: de su conformación a las primeras conquistas
Lo que vamos a describir y analizar aquí, es la constitución de la primera organización que canaliza las demandas de trabajadoras/es precarizados del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología (MECCyT) de la provincia del Chaco. En este primer apartado abordamos la conformación de este primer nucleamiento, sus objetivos, estrategias y las conquistas iniciales.
En primer lugar, partimos de las condiciones materiales de trabajo, puesto que los sujetos que la protagonizan eran beneficiarios del Programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupado (PJJHD). Este Programa, reglamentado por el decreto 565/02 durante la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), establecía el pago de una ayuda económica “no remunerativa” a cambio de una contraprestación laboral que debían realizar los “beneficiarios”. El Plan vio la luz producto de la emergencia social producida por la caída del modelo de la convertibilidad en enero de 2002, con una devaluación del tipo de cambio del 200% y una recesión económica que se agudizaba, y el estallido social de diciembre de 2001, que había puesto en jaque al orden institucional y al poder político. Con el PJJHD el gobierno ensaya un modelo de contención social que había estado ausente en diciembre de 2001. Este abordaje a la crisis tuvo una fuerte centralidad política dada la demanda de la población excedentaria que creció en los noventa. Se trataba de un subsidio familiar que en principio se entregaría a un millón de beneficiarios pero que luego se extendió a más de 3 millones de personas (Di Leo, 2004).
En términos comparativos y en relación a los ingresos de ese momento, entre julio de 1993 y junio de 2003 el salario mínimo estuvo fijado en $200. -Resolución Nº 02 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Movil del 22 de julio de 1993 y Dec. 388/2003 - Durante la convertibilidad este salario equivalía a US$200. En abril del 2002, momento de creación del Plan, el salario mínimo equivalía a US$66,66 (un tercio del valor previo) y la asignación del PJJHD, de $150, equivalía a US$50. En abril de 2002 la canasta básica total para un adulto equivalente era de $193,77 (en un proceso de acelerada inflación hasta llegar a $232,59 a finales de ese año), y la canasta alimentaria era de $81,76, ($105,72 a fin de año). Considerando que el plan se presentaba a sí mismo, desde su propio nombre, en función del grupo familiar, y que según el Decreto 565/2002 establecería el ‘derecho familiar a la inclusión social’[13], debe señalarse que en términos económicos y de consumo el subsidio del PJJHD, en el momento de su lanzamiento, alcanzaba a cubrir las necesidades alimentarias de un individuo adulto pero era insuficiente para cubrir sus necesidades básicas no alimentarias. En este sentido, el Plan estaba lejos de cubrir las necesidades de un grupo familiar integrado por niños o adultos excluidos del mercado laboral. En definitiva, el monto del subsidio cubría una parte del costo de vida, reducido a su dimensión alimentaria, y a la vez fomentaba una subjetividad acorde a la lógica de mercado imperante.[14]
Las consecuencias inmediatas de la implementación del Plan demostrarían las fuertes limitaciones que tenía para revertir las bases que daban origen a la pobreza. Por la gran magnitud de este plan y la enorme transferencia que significaron estos subsidios, se puede decir que de hecho los $150 representaron el nuevo piso del salario mínimo, con lo cual se volcaba una gran cantidad de dinero al mercado interno a la vez que se producía un efecto recesivo sobre los ingresos. Las estadísticas oficiales nos dan una idea de este fenómeno. Formalmente la tasa de desocupación descendió casi un 20% (3,7 puntos porcentuales) en los meses inmediatamente posteriores a la implementación del Plan, pasando de un pico histórico 21,5% en mayo de 2002 a 17,8% en octubre del mismo año. El informe del CELS de mayo de 2003 señalaba que la incorporación de los beneficiarios del plan PJJHD como población empleada en registro, era metodológicamente correcta, pero podría crear distorsiones en la interpretación de los datos. El empleo es definido como la dedicación de al menos una hora a la semana a una actividad económica, y a partir de allí se requieren procedimientos adicionales para definir la calidad y la función del empleo.
Sucede que el descenso del desempleo coincidió con la continuidad del aumento de la pobreza y la indigencia. En el mismo período, para el total de aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la pobreza creció del 53% de las personas al 57,5%. De manera similar la población bajo la línea de indigencia creció del 24,8 al 27,5%. En el Gran Resistencia esos números crecían en torno a 15 puntos, con el mismo comportamiento entre ambos períodos. Esto quiere decir que el nuevo ‘empleo’ que detectaba el indicador del INDEC, y por el cual se reducía la desocupación, era un tipo de actividad cuya remuneración no alcanzaba a cubrir las necesidades mínimas además de que, en paralelo, se estaba reduciendo el valor real de las remuneraciones de parte del empleo pre-existente.[15]
En Chaco, parte de los beneficiarios del Plan debieron cumplir sus contraprestaciones en dependencias estatales. La lucha de estos estatales precarizados tuvo como punto de inflexión la formación de una organización específica de trabajadores precarizados: “Jefas y Jefes de Hogar en Lucha” en el año 2006.[16] La intervención del Partido Obrero fue decisiva en su conformación.[17] Este partido convocó a través de los medios de comunicación a todas las personas que estuvieran precarizadas por el estado provincial para realizar una asamblea y evaluar medidas de acción.[18] Tengamos en cuenta, que, en aquel momento, gran parte de la población desempleada -unas 70 mil personas-, percibía por parte del estado nacional el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD).[19] Muchos de ellos realizaban su contraprestación laboral en instituciones educativas haciendo el trabajo de porteros.
En el imaginario social (Castoriadis, 2007) de las instituciones donde contraprestaban, las personas que eran beneficiarias del PJJHD “no eran vistos como trabajadores, sino como changarines, como trabajadores golondrinas que vienen una temporada, no se los tomaba como trabajadores con derechos” (testimonio de F).[20] Si bien su trabajo era necesario en las escuelas, ya que dichas instituciones no contaban con este personal o el mismo era escaso; estos trabajadores no eran tomados como tales, sino como personas que iban a “ayudar”. En algunos casos, los trabajadores sentían que en estos ámbitos no los consideraban como “un personal, como un trabajador", sino que les hacían un favor “permitiéndoles” que vayan a trabajar (testimonio de F). Otra/os entrevistada/os en sus relatos mencionan que buscaban escuelas que les permitan hacer allí su contraprestación y que estaban agradecidos con los directores que abrían las puertas de sus escuelas.
Una de las entrevistadas que aquí nombramos como L mencionó: “nosotros hacíamos de todo y no nos quejábamos”, “dejábamos reluciente la escuela”. Observamos que la condición laboral estaba naturalizada por las instituciones y también por parte de los propios trabajadores; ejercían el trabajo de porteros (auxiliares de servicio) pero se consideraban a sí mismos como “jefes de hogar” como una categoría que no era equivalente a la de un trabajador formal. Otra entrevistaba que designamos como I, relata: “los directivos decían acá no hay porteros, me las amaño con jefes de hogar”.
Con las primeras asambleas se comenzó a debatir la situación, a tomar conciencia del grado de explotación: “con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que hacíamos todo el trabajo nosotros a cambio un plan de 150 pesos que cada vez nos alcanzaba para menos. La única portera de la escuela tenía problemas de salud y no podía moverse, así que nosotros éramos los porteros” (testimonio de F). Toman conciencia de que su trabajo era necesario aunque que no era valorado como tal, y, sobre todo, que sí ejercían la función de personal de servicio tenían que ser reconocidos como trabajadores del Estado: “nosotros comenzamos a decir si no limpiamos la escuela no la va a limpiar nadie, nos tienen que incorporar como porteros” (testimonio Z).[21] De manera similar a nuestras entrevistadas, cientos de trabajadoras/es se encontraban en la mismas condiciones en otras instituciones de toda la provincia.
Fue este el escenario en que, como dijimos, el Partido Obrero impulsó la creación de “Jefes de hogar en Lucha” (JHL de acá en más) enarbolando como reivindicación la incorporación a planta de todas las personas que contraprestaban como beneficiarios del PJJHD. Reclamo que en cierta medida era la prolongación de una lucha previa, puesto que “muchas de las personas que trabajaban como jefes de hogar en las escuelas, hospitales y centros de salud habían conseguido el plan porque eran miembros del Polo Obrero y habían participado de cortes de ruta para conseguirlos”[22]. No todos los beneficiarios del PJJHD eran integrantes del Polo Obrero, sino de otras de las tantas organizaciones de desocupados existentes en la Provincia (cfr. Román, 2018).
El 8 de julio de 2006 localizamos la primera noticia en la prensa gráfica sobre este movimiento de trabajadores precarizados. En la foto de prensa se observa la presencia de B, uno de los impulsores de la organización de JHL. La nota informa que la organización se movilizó hasta el mástil mayor de la ciudad de Resistencia, capital del Chaco, donde hicieron un acto exigiendo la incorporación formal como trabajadores del Ministerio de Educación de la Provincia de las jefas y jefes de hogar que venían cumpliendo funciones en escuelas y jardines de infantes “hay muchos adultos, y estimamos que eso debe tenerse en cuenta a la hora de la verdad”. Los miembros de la organización dijeron que hace cuatro años que se encuentran en estas condiciones laborales. Agregaron además que “golpeamos puertas y puertas, presentamos notas a distintas autoridades y hasta el momento no recibimos ninguna respuesta, es por ello que hemos decidido movilizarnos para ver si alguien nos escucha”. En dicho acto acuerdan una movilización para el 12 de julio próximo hacia la explanada de Casa de Gobierno para lo que convocan a todos los trabajadores precarizados que revisten en el Estado bajo la figura del plan jefas y jefes de hogar, remarcando su constitución como agrupación: “convocamos a todos los compañeros precarizados del Estado provincial y de los municipios a acompañarnos en este nuevo desafío que comenzamos a forjar desde esta sencilla y humilde agrupación que simplemente denominamos jefes de hogar en lucha” (Diario Norte, 08/07/2006).
El 12 julio se movilizaron hacia Casa de gobierno donde entregaron petitorio y realizaron un acto. El 17 de julio se vuelven a movilizar y entregan un nuevo petitorio para que “las autoridades provinciales reconozcan su trabajo como el de cualquier otro trabajador teniendo en cuenta los años trabajados en esa situación” (Diario Norte, 18/07/2006). En dicho acto también leen una carta abierta a docentes, padres y alumnos explicando su reclamo. Hacen explícita aquí, entonces, su condición de trabajadora/es, lo cual supone una acción reivindicativa, pero también una operación intelectual de “toma de conciencia”, de nuevo posicionamiento subjetivo. El reconocimiento de la situación de explotación viene a la par de su condición de trabajadora/es (y de sujetos con derechos), se trata de una identificación primaria del interés de clase que supone el pasaje de la clase en sí a la clase para sí a partir de una toma de conciencia.[23] Pero esta formación de una conciencia de clase no se produce en forma aislada de un conjunto de experiencias culturales, tal como lo plantea Thompson (1966), “la conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales” (1966, p.10). En nuestro caso, esta cultura de clase se nutre de la misma experiencia cotidiana de la explotación junto a las experiencias de haber participado en las luchas del movimiento piquetero. Pero no perdemos de vista, que la base de la formación de la conciencia de clase se asienta en la explotación objetiva de una clase por otra, tal como lo señala Wright (1997), y que aquí aparece mediada por la figura del Estado provincial y el Ministerio de Educación.
El 24 de julio los integrantes de JHL protagonizaron “una nutrida marcha hacia casa de gobierno” exigiendo el inmediato pase a planta y que el Gobernador Nikisch analice estos temas “que afecta a 15.000 personas que el Estado los toma por 150 pesos, pero a la hora de hacer las estadísticas sobre la desocupación los tienen como si fueran trabajadores ocupados”. En esta movilización se observa la figura del dirigente del Partido Obrero Aurelio Díaz quien expone que organizaciones sindicales como UPCP, CTA y la CGT “nunca han resuelto este tema” (Diario Norte, 25/07/2006).[24]
El 15 de agosto del 2006 la prensa da cuenta de una manifestación multitudinaria, en la que se entrega un nuevo petitorio en Casa de Gobierno para que se efectivice el pase a planta de las jefas y jefes de hogar que desempeñaban tareas en diferentes reparticiones públicas “actualmente se gastan 50 millones de pesos por día para mantener el dólar a 3 pesos, 2.000 jefes de hogar, que son necesarias para las escuelas, significan 14 millones de pesos anuales con salarios de 600 pesos” planteaba el dirigente Aurelio Díaz. La agrupación “jefas y jefes de hogar en lucha” confluyó en esta protesta con docentes convocados por diferentes sindicatos (Atech, Utre Ctera y Sitech Federación)[25], estatales provinciales convocados por UPCP (Unión de Personal Civil de la Provincia) y diversos movimientos sociales de desocupados. El diario Norte destacaba que “fue la primera vez en el año que confluyeron diferentes sectores sociales”. La agrupación JHL esgrimía que tenía un plan de lucha y que el primer paso era conversar con directivos y la comunidad escolar a medida que presentaban los petitorios (Diario Norte, 15/08/2006). Se observa aquí, que, junto a la identificación de los motivos y objetivos para organizarse, se gestó también una estrategia. En este punto retomamos el planteo de Iñigo Carrera (2008) quien conecta la identificación de clase, la toma de conciencia y las instancias de confrontación con la elaboración de estrategias propias de los expropiados. En cuanto a la identificación de las estrategias Iñigo Carrera nos dice que “el ordenamiento en los enfrentamientos sociales permite descubrir la meta y el camino que se ha dado una clase social en determinado momento histórico” (p.85). Insistimos en la importancia de comprender a estas acciones de la agrupación JHL como un proceso donde se ligan la acción y la formación de grados de conciencia de clase que a la vez los constituye como sujetos en una confrontación donde intervienen estrategias y sujetos:
En todo momento existe algún tipo de conducción, explícita o no, de la lucha: en la medida en que no hay actividad humana que no pase por la conciencia de los que la protagonizan, los que luchan lo hacen con una determinada conciencia de sí y del mundo que los rodea (...) dentro de una misma clase existen grados de conciencia distintos, que se vinculan con aspectos parciales o totalizadores de su situación, y por ello con intereses inmediatos parciales o intereses que hacen a su totalidad (p.85)
Las acciones de protestas continúan siendo continuas por parte de JHL. En septiembre realizan un corte de la avenida 9 de Julio frente a la sede del Ministerio de Educación (Diario Norte, 14/09/2006), también asambleas y movilizaciones hacia el Hospital Odontológico y hacia Casa de Gobierno (Diario Norte, 17/09/2006), y movilizaciones y corte de calle frente a la Cámara de Diputados de la Provincia donde se denuncia el incremento del presupuesto y se exige “que ese aumento vaya para los compañeros que vienen trabajando gratis hace 5 o 6 años”. En dicha ocasión los reciben los diputados Daniel San Cristobal (Frente Grande) y Juan José Bergia (NEPAR), los voceros de la organización Jefes de Hogar en Lucha le entregan una nómina de 300 beneficiarios del plan jefes de hogar para que sean reconocidos como trabajadores estatales (Diario Norte, 1/10/2006).
En el matutino también se registra una nueva movilización hacia la Cámara de Diputados donde se solicita la incorporación en el presupuesto provincial los fondos para la incorporación de los precarizados como personal de planta (Diario Norte, 21/10/2006). Una nueva movilización realizada a los pocos días muestra un avance: representantes de diferentes bloques asumen el compromiso de derogar el artículo que excluye explícitamente a los jefes de hogar del pase a planta para contratados y jornalizados a fines del gobierno de Ángel Rozas en el año 2003[26] e instrumentado por el gobernador Roy Nikisch[27]. Los diputados también informaron al grupo de trabajadores encabezados por Aurelio Díaz y Bocha Florentín de la existencia de una resolución de la Cámara de Diputados que recomienda al ejecutivo que “para el caso de nuevos contratos en dependencias oficiales, se privilegie a los jefes de hogar que trabajan en el lugar” (Diario Norte, 31/10/2006).
Una nota del diario Norte del 5 de noviembre del 2006 expone la denuncia que realiza “el movimiento de Jefes de Hogar en Lucha” por las incorporaciones de personal por “acomodos políticos y no de la gente que desde hace años trabaja apenas por 150 pesos”. Las referentes Gladys Sandoval y Nancy Caballero exponían esta injusticia a la vez que informaban de las diferentes recorridas que realizaron por el interior de la provincia nucleando a compañeros que viven esta explotación y discriminación. Aurelio Díaz afirmaba que “el trasfondo más inaceptable de esto es que el propio estado es el que explota a estas personas como si fueran esclavos” (Diario Norte, 5/11/2006). Destacamos aquí dos cuestiones, en primer lugar, la peculiaridad del régimen social de acumulación (Nun, 1995) en el Chaco donde “el empleo público parece ser uno de los refugios de la sobrepoblación relativa latente” (Muñoz, 2020, p. 10); y por otra parte, el avance en la toma de conciencia, puesto que se identifica al estado provincial como responsable de la explotación. Además, los dirigentes de JHL cuestionan las prácticas políticas de los partidos hegemónicos que afectan a las/os trabajadora/es precarizados.
En respuesta a estas prácticas políticas desleales, el 6 de noviembre se registró una convocatoria a movilizarse hacia la Legislatura Provincial contra la “avalancha de contratos que se viene ahora en diciembre” que dejan a fuera a los jefes de hogar que hace años vienen trabajando y favorecen a los acomodados por los punteros (Diario Norte, 6/11/2006). En el marco de esta movilización el miércoles 7 de noviembre se produjeron incidentes en la Legislatura Provincial cuando la organización “Jefes de Hogar en Lucha” logró entregar un petitorio al Diputado Juan José Bergia, quien denunció haber sido agredido por la seguridad de la legislatura a la vez que negaron el paso de representantes de la organización (Diario Norte 8/11/2006).
En el mes de diciembre las manifestaciones en protesta continuaron, pero en este caso frente a un nuevo escenario que amenaza la lucha. El 1 de diciembre JHL realizó una protesta en el interior de Casa de Gobierno: “estamos protestando porque desde hace 6 años que cumplíamos funciones y ahora de palabra nos dijeron que no tenemos que venir más a prestar contraprestación para seguir cobrando nuestro beneficio”. Daniel Maidana, en representación de 50 trabajadores, expresó que esta maniobra de sacarlos de sus puestos de trabajo es una manera de intentar cortar el vínculo laboral (Diario Norte 1/12/2006). La lucha adquirió un carácter defensivo en la medida en que los y las trabajadoras/es identificaron la estrategia de desconocer sus años de trabajo y rápidamente se manifestaron en contra de esto, movidos por una conciencia ya afianzada de sus intereses y por una profunda torsión subjetiva. Se produce así una reconfiguración de un sujeto que se autoresponsabiliza por sus condiciones de vida en términos individuales, a un sujeto que puede vislumbrar el entramado social y generar resistencias. (Murillo, 2008).
Las acciones de protesta defensivas continuaron. El 5 de diciembre la agrupación JHL participó de un corte de la ruta nacional 11 y el puente interprovincial Chaco-Corrientes en forma conjunta con el Polo Obrero, el MTL (Movimiento Territorial de Liberación), y el Movimiento de Desocupados 17 de Julio (Diario Norte 6/12/2006). El 21 de diciembre volvieron a cortar la ruta 11 y el puente interprovincial esta vez con la presencia del MTD 17 de Julio, el Polo Obrero, el MTL y la Coordinadora de Unidad Barrial (Diario Norte, 21/12/2006). Estas protestas conjuntas con Movimientos de Trabajadores Desocupados expresan una trayectoria de clase común, pues quienes integraban JHL compartían estas experiencias de lucha con las organizaciones de desocupados y, a su vez, muchos de los integrantes de las filas de los movimientos de desocupados fueron quienes constituyeron JHL.
Podemos considerar que su primer gran logro fue alcanzado fue el 22 de diciembre, cuando finalmente la Cámara de Diputados votó una ley que otorgaba prioridad en la contratación por parte del Estado a quienes estuvieran trabajando en el marco de un PJJHD (Ley N° 5837). Los legisladores consignan en dicha norma que “se invita a los municipios a adherir los términos de la presente ley” (Diario Norte, 22/12/2006).
El año 2006 finalizó con un hecho de protesta de magnitud donde participaron el Polo Obrero, Jefes de Hogar en Lucha, MTD 17 de Julio, MTL entre otras organizaciones. El diario norte tituló “Piqueteros destrozaron el frente de la casa de gobierno”. La noticia señala que luego de 3 horas de espera por parte de diversas organizaciones sociales de desocupados que exigían el pago de un aguinaldo de 200 pesos y 500 bolsines de mercaderías, estas intentaron ingresar a Casa de gobierno produciéndose una “batalla” entre los manifestantes y la policía, donde los manifestantes “arrojaron todo tipo de proyectiles contra las puertas de vidrio de acceso a la casa de gobierno” (Diario Norte, 28/12/2006). Como vemos la confrontación se agudizó luego de que sucesivas protestas no concreten el objetivo del pase a planta, pero sobre todo la protesta adquirió mayor fuerza en la coyuntura de las fiestas de fin de año.
Hacia fin de año la organización JHL sumaba unas 200 personas, con delegados de distintas localidades de General San Martín, Presidencia Roque Sáenz Peña, Barranqueras, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Fontana y Resistencia (Prensa Obrera, 28/09/2006). Notamos que pese a encarar una lucha por necesidades materiales inmediatas ligadas a la misma subsistencia de las familias, la organización no había alcanzado aún un carácter masivo. Sin embargo, desde su surgimiento como organización a mediados del 2006 y hasta finalizar dicho año, JHL logró una dinámica marcada por protestas continuas que se sucedían semana a semana, y en ocasiones en más de un día a la semana. Las mismas tuvieron fuertes repercusiones en los medios gráficos y radiales y en el escenario político provincial. La sanción de la ley que priorizaba a los jefes de hogar ante posibles pasa a planta da cuenta del impacto que tuvo su accionar.
Del veto a la toma de casa de Gobierno
Luego de que la Cámara de Diputados sancionara la ley que establecía el pase a planta permanente de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, la misma fue vetada por el gobernador Roy Nikisch en febrero de 2007. Esto provocó “un sabor amargo en todos los integrantes” (Testimonio de W).[28] Sentían que luego de tanta lucha y de haber alcanzado por fin su objetivo “Nikisch nos dejó sin nada” (entrevista a P).[29]
Es interesante ver el discurso del Gobernador Roy Nikisch luego de una protesta de los “jefes de hogar en lucha” el 9 de julio del 2007 frente la Iglesia Catedral (cuando se llevaba a cabo el tedeum): “no se pueden pasar a planta a 80 mil, 90 mil jefes de hogar… es importante sostener los sueldos de los empleados públicos y las jubilaciones” (Diario Norte, 10/07/2007). Marcaba, por una parte, una imposibilidad fiscal, y por otra, una antinomia, o el reconocimiento de derechos para los precarizados o sostener el salario de estatales que ya adquirieron estos derechos. Con ello generaba una división entre los trabajadores formalmente reconocidos como empleados públicos y los precarizados, puesto que los primeros exigían aumentos salariales mientras los últimos el pase a planta, dos objetivos que el gobernador los presentaba como antagónicos.
Por otra parte, es interesante ver el número que el mandatario provincial mencionaba, 80 mil o 90 mil, ya que, si bien el número que efectivamente contraprestaba en las reparticiones públicas era menor, habla del tamaño de la población beneficiaria de este Programa de Asistencia en la provincia.
A los pocos días, una trabajadora jornalizada de la municipalidad de Resistencia se crucificó e inició una huelga de hambre frente a la municipalidad pidiendo pase su planta, la misma era acompañada por un grupo de trabajadores precarizados que estaban en la misma situación y que hace dos meses reclamaban con la instalación de una carpa para visibilizar su pedido (Diario Norte, 20/07/2007).
En medio de estas pujas, el 30 de julio del 2007, el titular de la Gerencia de Empleo de la Provincia del Chaco (organismo nacional que administraba programas de asistencia social nacional) afirmaba que el Chaco era una de las provincias con mayor cantidad de planes sociales, con más de 70.000 beneficiarios (59.630 jefes de hogar, 9.666 Programas de Emergencia Comunitaria y 1.174 Mayores. (Diario Norte, 20/07/2007).
La organización JHL va a realizar la protesta más significativa el 31 de julio del año 2007, cuando 21 integrantes de la agrupación realizan “la toma pacífica” del cuarto piso de la Casa de Gobierno.
El matutino Norte informaba “Jefes de hogar encadenados en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, no se irán hasta ser recibidos por Nikisch”. Los manifestantes afirmaban que “representan a unas 300 familias de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y Puerto Tirol”. En medio de la toma denunciaban: “nos cortaron todas las luces, no dejaron que nos ingresen agua ni alimentos”. Una de las voceras, Nancy Caballero expuso “la provincia no nombra porteros hace 15 años” y a la vez, afirmaba “estamos dispuestos a todo” (Diario Norte, 1/08/2007).
Al mismo tiempo que estos integrantes realizan la ocupación del cuarto piso, “el resto de la organización se manifestaba en la entrada al edificio”, según los testimonios de diversos entrevistados. La protesta tuvo una notoria visibilidad en los medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos de la provincia.
El 4 de agosto se registró el apoyo de la comunidad con la demanda de JHL: “padres y alumnos tomaron la Escuela Secundaria N°60 para exigir la designación de porteros” era el titular de la nota que explicaba que tras una reunión donde participaron los porteros que exigían el pase a planta, los docentes, alumnos, padres, directivos y auxiliares docentes, decidieron realizar la toma pacífica de la institución (con suspensión total de actividades) hasta que se regularice la situación laboral del personal de portería (Diario Norte, 4/08/2007). Otras instituciones escolares efectúan jornadas de protestas similares.
De acuerdo a los registros de prensa, la ocupación del cuarto piso de la Casa de Gobierno por parte de JHL pasó por diferentes etapas que incluyó la mediación del sacerdote de la Catedral Jorge Lestani, amenazas de arrojarse desde el techo de la Casa de Gobierno y una huelga de hambre escalonada de diferentes integrantes.
Luego de 36 días de permanencia, quienes realizaban la medida consiguen finalmente ser reconocidos como trabajadoras y trabajadores del estado. Concretamente 21 jefes y jefas de hogar obtienen contratos de servicio (Diario Norte, 5/09/2007). Paralelamente, la Legislatura Provincial sanciona la ley que otorga el derecho a pasar a planta permanente en sus lugares de trabajo a los beneficiarios del PJJHD (Ley ).
Este logro habría puesto de relieve la importancia de la organización y “es tomado como ejemplo por precarizados de otros sectores para juntarse y reclamar por sus reivindicaciones” relata F. A nivel organizativo, es el puntapié inicial para la conformación de una agrupación de trabajadores del estado provincial: Tribuna Estatal (Prensa Obrera, 06/09/2007).
Nuevo obstáculo y continuidad de la lucha
El inmenso logro que significó la sanción de la ley N° 6028 que estableció el pase a planta permanente del personal precarizado en el Estado tuvo un nuevo freno. El gobernador Jorge Capitanich[30], a poco de asumir, suspendió por decreto todos los nombramientos de personal del estado realizados durante el último tramo de la gestión anterior.
Ante este hecho, la organización recurrió nuevamente a la toma de un edificio público. En este caso los “Jefes de hogar en Lucha que reclaman la renovación de sus contratos, pasaron la nochebuena dentro del Ministerio de Educación” (Diario Norte, 26/12/2007).
Uno de los delegados, Javier Acosta, decía: “nos llegó la información que enviaran a la mediadora judicial para tratar de encontrar una solución a nuestro reclamo. Nosotros estamos desde el viernes por la mañana en el Ministerio y si bien tuvimos contacto con la Ministra (María Inés) Pilati Vergara y encontramos buena predisposición, la decisión tiene que venir desde el gobernador quien tiene que firmar los decretos” (Diario Norte, 26/12/2007). Las fotos registradas en el matutino Norte reflejan la ocupación del hall de ingreso al Ministerio de Educación por parte de los trabajadores precarizados. De acuerdo con los testimonios de los propios protagonistas:
Realizamos la ocupación del Ministerio de Educación cuando cambia el gobierno y peligraba la continuidad de nuestros contratos. Esta toma dura una semana, pasamos la navidad dentro del Ministerio de Educación. La medida de fuerza la realizan un número aproximado de 100 compañeros… Cuando las autoridades del Ministerio vieron que el Polo Obrero comenzaba a mandarnos provisiones de mercadería se dieron cuenta que estábamos decididos a quedarnos hasta que se resolviera la cuestión. Ante este hecho toman la decisión de la renovación de todos los contratos, me acuerdo que se acercó la Ministra de Educación de aquel entonces María Inés Pilatti Vergara y exhibe el decreto de renovación de todos los contratos (Testimonio de W).
Con este logro se incorporaba a los trabajadores que participaron de la toma con contratos de locación de obra, por lo que se les reconocía un vínculo como trabajadores estatales, aunque continuaban precarizados. El curso de estas reivindicaciones continuó con el objetivo de la regularización laboral como planta permanente. Esta meta parecía concretable después de haber pasado por tantas adversidades: “en el 2009 obtuvimos un acuerdo verbal por parte del gobernador Capitanich de que nuestros compañeros iban a pasar a planta por medio de una ley”, recuerda nuestro informante calificado. Finalmente, el 3 de noviembre de 2010 se sancionó la Ley N° 6655 de Pase a planta del personal del Sector Público Provincial, que en primer lugar brindaba garantías a los trabajadores contratados:
El Poder Ejecutivo incorporará a la planta permanente del Estado Provincial, con carácter de excepción, en el proceso de Regularización Laboral y Estabilidad en las relaciones de trabajo en el Sector Público Provincial, a aquellas personas que reúnan las siguientes condiciones: a) Estar vinculado al mismo bajo la modalidad de contrato de servicio, contrato de locación de obra y personal jornalizado.[31]
Como vemos, la ley reconocía la relación laboral de todas aquellas personas que venían realizando tareas en diferentes reparticiones públicas percibiendo diferentes modalidades de remuneración informales, desde el contrato de servicio, pasando por el contrato de obra, hasta diferentes planes de asistencia social y promoción de “empleo”, como eran los diferentes tipos de Becas y Programas de Asistencia Social: PEL (programa de entrenamiento laboral de la nación); PIL (Programa de Inclusión Laboral) PEC (Programa de Empleo Comunitario), FOCO, entre otras. Además, la ley exigía acreditar la antigüedad y la real prestación de servicios.
La Ley 6655 marca los límites presupuestarios del gobierno y la “crisis” que supone el crecimiento de la demanda laboral al interior del Estado. Por un lado, establece que luego del pase a planta quedaba prohibida toda generación de vínculos laborales por parte del estado provincial, salvo el llamado a concurso público. Por otro, disponía que la regularización laboral se realizaría de forma progresiva en el transcurso de los siguientes tres años. La incorporación de los trabajadores a planta permanente se debía concretar de tal modo que primero lo hicieran los contratados con mayor antigüedad y luego los que tuvieran diferentes tipos de becas.
El lapso entre la sanción de la ley y la aplicación de la misma implicaría también una serie de conflictos y protestas para que la misma se efectivice. De hecho, entre la sanción de la ley y la formalización laboral del primer grupo de trabajadores transcurrieron tres años. Los testimonios obtenidos sostienen que en aquel momento “primero formalizan los contratados y los que tenían el PEL. Dentro de la organización Jefes y Jefas de Hogar en Lucha éramos aproximadamente 100 los que pasamos a planta” (Testimonio de F). Lo que aparecía como la concreción de un proceso de lucha que llevaba años, no concluía. Más bien, se potenciaba, se extendía, adquiriendo mayor fuerza.
Cabe destacar que, en el año 2008, la organización “Jefes y Jefas de Hogar en Lucha” deja de existir con este nombre. Los trabajadores que ya habían pasado a planta se incorporan a “Tribuna Estatal”, mientras que quienes todavía no habían pasado a planta se integraron al “Polo Obrero”, ambas organizaciones ligadas al Partido Obrero. Consideramos importante mencionar que durante el periodo 2006 al 2008, la experiencia de Jefes de Hogar en Lucha implicó una novedad en tanto organización que reclamó la regularización laboral de precarizados estatales. Después de la sanción de la Ley 6655 la lucha se masificó e intervinieron otras organizaciones sociales de desocupados que reclaman el pase a planta de precarizados de todas los Ministerios; como el Movimiento 20 de Diciembre[32] , la Cuba MTR, la MCC (Mujeres Clasistas Combativas). [33]
En diciembre de 2015, dos semanas antes de concluir el segundo mandato del gobernador Capitanich, se decretó el pase a planta permanente de los becados, incluidos los del Polo Obrero (testimonio de F). Como recuerda otros de los partícipes “después dimos una dura lucha para que pasen a planta los becados. Los becados de la organización Polo Obrero van a concretar este pase a planta por medio de un decreto del Gobernador Jorge Milton Capitanich de diciembre del año 2015 antes de que finalice su mandato” (testimonio de W). No obstante, este logro se vería nuevamente afectado con la asunción del gobernador Domingo Peppo (PJ 2005-2019), quien por medio del decreto N°58 ordenó una revisión de los actos administrativos de los últimos tres meses del gobierno de Capitanich que estuvieron vinculados a contrataciones o nombramientos en planta permanente (Schneider, 2016).
Se reproduce así el mismo conflicto que ya habían tenido en el año 2007 casi diez años después:
Se repite la misma situación del año del año 2007, ya que el Gobernador Domingo Peppo desconoce el nombramiento, y nos vemos obligados nuevamente a realizar una medida extrema como en aquel este año. Esta vez tomamos el entrepiso de la casa de Gobierno exigiendo que se cumpla el decreto emitido por Capitanich y sus 10 ministros desconocidos por la gestión de Peppo (testimonio de P).[34]
Finalmente, luego de 16 días de ocupación del entrepiso, se resuelve favorablemente el conflicto y el gobierno de Peppo decreta la incorporación de trabajadores precarizados mediante un sistema de concursos cuya implementación se inicia en mayo de 2016 y culmina en noviembre del mismo año, abarcando a un total de 600 personas (Diario Norte, 08/01/2017).
Hasta aquí, vemos parte de un proceso de luchas de los precarizados del Ministerio de Educación, que no finaliza en el año 2016 sino que continua en los años venideros y que nuevamente cobró tensión al finalizar el mandato de Domingo Peppo en el año 2019.
En casi todas las protestas de los trabajadores del Estado Provincial se repite el pedido por pasar a planta permanente. En este contexto, y a tres meses de finalizar su mandato el gobernador, Domingo Peppo reconoció la situación de precarización de los trabajadores del Estado pero aclaraba que sería “una irresponsabilidad de su parte regularizar inmediatamente a todos aquellos que están precarizados” (Chaco día por día 5/09/2019).
En este año 2019, la posibilidad de pase a planta para los precarizados estatales del Ministerio de Educación (así como del resto de reparticiones públicas) generó fuertes expectativas teniendo en cuenta las reivindicaciones logradas desde el año 2006. Pero estas expectativas se enfrentaban ahora a un nuevo cuadro de situación marcado por los siguientes factores: a) El gobierno provincial luego de la sanción de la ley 6655 había restringido los contratos (crecía, como contrapartida, el número de becados trabajando en el estado), pese a ello continuaba existiendo una cuantiosa masa de trabajadores precarizados que oscilaba entre 15 mil a 20 mil según reportes oficiales o informes de organizaciones y partidos políticos opositores b) Cada cuatro años con los cambio de gestión provincial se producía una puja dada la posibilidad de que se produzcan pases a planta masivos c) La intervención de la UPCP (Unión del Personal Civil de la Provincia, el mayor sindicato provincial de los empleados públicos) cobró relevancia en la elaboración de las listas de pases a planta d) En la disputa con el estado provincial por los pases a planta de los precarizados empezaron a intervenir una diversidad de organizaciones sociales, políticas, sindicales (donde cobra presencia ATE – Chaco) y sobre todo UPCP.
Como hemos visto, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una serie de transformaciones socio-productivas en la Provincia del Chaco generaron una masa de población excedentaria que se aglutinó principalmente en el aglomerado urbano del Gran Resistencia. Desde esta territorialidad se gestaron experiencias organizativas que reclamaron al Estado condiciones mínimas de subsistencia. Las primeras de estas experiencias organizativas fueron los MTD que reivindicaban el derecho a la subsistencia junto al derecho al trabajo; luego, se va a dar la lucha de los beneficiarios del PJJHD que exigieron su reconocimiento como trabajadoras/es formales del Estado. Estos colectivos que emergen desde los anchos bordes de un sistema social desafiaron los límites institucionales en el marco de un régimen de acumulación social que había normalizado elevados índices de pobreza y que contaba en ese momento con un régimen político que buscaba incorporar a parte de esta población al mercado laboral, sin revertir los bajos ingresos, pero intentando morigerar la pobreza extrema y neutralizar los posibles ‘estallidos’ sociales.
La organización Jefes de Hogar en Lucha se constituyó, entonces, en una coyuntura particular la de una provincia que expulsó trabajadores, aumentó la desocupación, la pobreza y la indigencia a niveles superlativos. La configuración de un espacio urbano como el área metropolitana de Resistencia, con más de 200 asentamientos precarios, es parte de este contexto. En este cuadro es que surgen los y las llamados jefes de hogar, identidad construida en torno a los beneficiarios del programa social de empleo PJJHD obtenido luego de una serie de protestas del denominado movimiento piquetero.
La narrativa que hemos desarrollado en torno a la organización JHL parte, justamente, de la existencia de los jefes de hogar. Y la ruptura de esta identidad social fue el primer obstáculo a superar para que estos sujetos se reconozcan como trabajadoras/es en primer lugar, y luego como trabajadoras/es estatales precarizadas/os. Se produjo un desplazamiento desde esta identidad social estática hacia una identidad marcada por la conciencia, la acción orientada al cambio. Proceso que señala una profunda transformación subjetiva que permitió una reapropiación de las condiciones de vida de los y las JHL.
Ahora bien, esta lucha ha tenido un carácter procesual, hemos visto en muchas de las entrevistas realizadas, que los reclamos no fueron algo inmediato. Pasaron años hasta que los y las trabajadoras/es estatales precarizadas/os comenzaron a reivindicar derechos. Digamos que la temporalidad de este proceso se produjo en la medida en que la experiencia colectiva de la explotación económica dio lugar ciertas formas de conciencia y su externalización en acciones. El experimentarse como grupo (clase social) explotado es consustancial a la toma de conciencia y la práctica política en que esta fracción exige su incorporación a las filas de los trabajadores de planta.
En el caso analizado, la conciencia de la relación laboral opresiva se gestó ya en los primeros años de trabajo de las y los “jefes de hogar” , pero el paso a la conformación de JHL tuvo otra temporalidad. La acción unificada de este colectivo fue parte de este de tomar conciencia. Pero, como dijimos, esta toma de conciencia no es equivalente a la racionalización de una situación laboral, sino que la misma supone toda la riqueza en que culturalmente las clases oprimidas experimentan la explotación.
Por otra parte, el desarrollo de las protestas no se basó solo en la acción de un dirigente, o un partido, si bien la convocatoria del Partido Obrero fue la iniciativa para la conformación de JHL, claramente esta agrupación si bien estuvo ligada al accionar del Partido Obrero, también se nutrió de los reclamos y las experiencias de las y los “jefes y jefas de hogar”, quienes fueron construyendo a partir de una intrincada red de relaciones políticas, una autotransformación que es a la vez una transformación del colectivo. Como hemos visto, en los diversos testimonios, la lectura de la situación, la decisión de accionar, era común a los diferentes integrantes de JHL.
En este sentido, no se trata solo de las y los estatales precarizados se apropiaron de la tradición de lucha del movimiento piquetero, sino que el desarrollo de las diferentes protestas estuvo marcado por el desgaste que significó para cada una de estas personas estar años ejerciendo el trabajo de personal de planta sin ser reconocida siquiera como trabajadores. Los entrevistados hablaban de que “resistieron” años cobrando miserias porque tenían la convicción de que en algún momento iban a pasar a planta. La construcción de esta convicción, entendemos que es parte de la formación de una conciencia social, o dicho en otros términos de una politización de la subjetividad.
A su vez, los enfrentamientos implicaron formas de subjetivación, estas nuevas disposiciones subjetivas que se construyen permiten pensar estrategias para que el reclamo adquiera fuerza. A diferencia de los procesos de subjetivación que refuerzan la dominación social, lo que vemos aquí es una subjetividad que se inscribe y potencia una trama de resistencias. Esta subjetividad que se forja se nutre a la vez, de una fuerte lectura política de la coyuntura, de la debilidad del gobierno, de la fuerza social que se posee, de las barreras que se fueron sorteando.
Finalmente, decimos que en este trabajo buscamos aportar a un proceso que continúa vigente en la Provincia del Chaco, la lucha de miles de trabajadoras y trabajadores que exigen el pase a planta, es decir ser reconocidos como trabajadora/es del Estado y abandonar la explotación informal.
Althusser, L. y Balibar, E. (1987). Para leer el capital. Buenos Aires: Siglo XXI.
Alvarez Leguizamon, S. (2013) La nueva economía política de la pobreza: diagnóstico y asistencia. En: Voces en el Fenix. Buenos Aires. UBA. N°22. 1/03/2013.
Barreto, M. (et. Alt.) (2018) Villas y asentamientos del Gran Resistencia. En: Cravino María Cristina[Comp.] “La ciudad renegada; aproximación al estudio de asentamientos populares en nueve ciudades argentinas”. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Castoriadis, C. (2007) La institución imaginaria de la sociedad. Buenos Aires: Tusquets.
Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS. (2003). “Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficios sin derechos? Mayo de 2003. Buenos Aires.
Coggiola, Osvaldo (2006) Historia del trotskismo en Argentina y América Latina - Buenos Aires : RyR.
Cotarelo, M. C. (2016) Argentina (1993-2010). El proceso de formación de una fuerza social. Buenos Aires: Imago Mundi - PIMSA.
Di Leo, P. F. (2004). “Antecedentes y primer año del ‘Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados’: de la crisis de legitimidad a la ‘paz social’ y el ‘derecho social universal’ ”. En: VI Jornadas de Sociología. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
García, I. L. (2007) Los cambios en el proceso de producción del algodón en el Chaco en las últimas décadas y sus consecuencias en las condiciones de vida de minifundistas y trabajadores vinculados. Revista de estudios regionales y mercado de trabajo (3), 111-134. ISSN 2796-9851. Universidad Nacional de La Plata.
GRACIOSI, M. (2015) Violencia y modos de conocimiento en la génesis de una fuerza social en el Chaco. En: Roze, J., Román, M., Graciosi, M., Luna, D.; Vientos y Tempestades. Violencia en la periferia de la globalización, Corrientes: EUDENE.
Graciosi, M. (2019) Análisis de los hechos de protesta en el territorio del Chaco en el año 2016: luchas reivindicativas en una formación social periférica. PIMSA, Documentos y Comunicaciones N°18. Buenos Aires 2019.
Feliz, M. (2011). ¿Neo-desarrollismo: Más allá del neo-liberalismo? Desarrollo y crisis capitalista en Argentina desde los 90. Buenos Aires. Revista theomai (23). ISSN 1666-2830. Universidad Nacional de Quilmes
Foschiatti, A. M. (2005) La vulnerabilidad en las estructuras y procesos demográficos. En: Revista Geográfica Digital N° 3. Resistencia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste
Foucault, M. (2001) Por qué estudiar el poder. La cuestión del sujeto. DREYFUS, H. y Rabinow, P. “Michel Foucault, más allá del estructuralismo y la hermenéutica”. Paredes, Rogelio (trad.). Nueva Visión.
Foucault, M. (2006) Seguridad, territorio y población. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica
Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, C. (2011) La protesta sindical de la superpoblación relativa: Chaco, 1994-2004. En: Iñigo Carrera, N. Sindicatos y desocupados en Argentina. 1930/1935 – 1994/2004. Cinco estudios de caso. Buenos Aires: PIMSA.
Iñigo Carrera, N. (2008) Algunos instrumentos para el análisis de las luchas populares en la llamada historia reciente. Buenos Aires: CLACSO.
Iñigo Carrera, N. (2014) El concepto de clase social y su aplicación en la situación argentina. Buenos Aires: Theomai.
Jorrat, J. R. (2008) Percepciones de clase en Argentina. Desarrollo Económico. Buenos Aires. Vol. 49 Abril-Junio 2009. ISSN 0046-001X. IDES. UBA.
Lenin, V. (1921) Informe sobre el impuesto en especie. En: Obras Completas. Tomo XXXV. Buenos Aires: AKAL
Marín, J. C. (2009) Cuaderno N° 8. Buenos Aires: Picaso.
Marín, J. C. (1995) Conversaciones sobre el poder. Buenos Aires: IGG UBA.
Nievas, F. (2016) Lucha de clases. Una perspectiva teórica-epistemológica. Buenos Aires: Imago Mundi.
Marini, R. M. (2008). La dialéctica de la dependencia. En C. E. Martins (comp.), América Latina, dependencia y globalización, pp. 107-150. Buenos Aires - Bogotá: Siglo del Hombre - CLACSO. (Edición original, 1973.)
Marx, K. (2000) Capital. Tomo I. Vol. 3. México Siglo XXI.
Marx, K. (2004). Miseria de la Filosofía. Buenos Aires: EDAF.
Murillo, S. (2018) Neoliberalismo, estado y procesos de subjetivación. En: Entramados y perspectivas. Revista de la Carrera de Sociología. vol. 8 núm. 8 Pp. 392 – 426. ISSN 1853-6484. Universidad de Buenos Aires.
Muñoz, R. (2021) Transformaciones estructurales y condiciones de vida de la población de la provincia de Chaco en el marco de la larga crisis algodonera. 1960 -2015. Revista Territorios y Regionalismos. Santiago de Chile. Número 4, enero 2021. ISSN 2452-5650. CREA SUR. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Concepción
Nievas, F. (2016) Lucha de clases. Una perspectiva teórica-epistemológica. Buenos Aires: Imago Mundi.
Nun, J. (2003) Marginalidad y exclusión social. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Nun, J. (1995) Argentina: El Estado y las actividades científicas y tecnológicas En: Redes. Revista de estudios sociales de la Ciencia. Nº 3, Volumen 2. Buenos Aires, abril de 1995. ISSN 0328-3186. Universidad Nacional de Quilmes
Poulantzas, N. (1981) Las clases sociales en el capitalismo actual. México. Siglo XXI
Pratesi, A. (2004) Población pobre objeto de políticas sociales: el caso de Villa Progreso en Resistencia, provincia del Chaco. Tesis de Doctorado presentada para obtener el título de “Doctora en Antropología Social”. Universidad Nacional de Misiones. Marzo de 2004.
Prebisch, R. (1976) Crítica al capitalismo periférico. Santiago de Chile. Revista de la CEPAL.
Román, M. (2018) El movimiento piquetero en Chaco y Corrientes. Génesis, desarrollo aspectos diferenciales. En: “Las organizaciones de trabajadores desocupados en la historia reciente de Argentina : experiencias, luchas y esperanzas : 1990- 2015” / Becher Pablo Ariel... [et al.] ; compilado por Becher Pablo Ariel; Gonzalo Pérez Alvarez. - la ed. - Bahía Blanca : Ediciones del Celso
Rozé, J. (2004) Del apogeo y crisis de una burguesía hegemónica al defensismo de una burguesía en disolución. El caso del Chaco 1970-2000. Buenos Aires: Theomai.
Rozé, J. (2007) Lucha de Clases en el Chaco Contemporáneo. Resistencia: Librería de la Paz - Fundación IdEAS.
Rude, G. (1981) Revuelta popular y conciencia de clase. Barcelona: Grijalbo.
Standing, G. (2011) The Precariat. The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic
Thompson, E. P. (2002 [1966]) La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Critica
Wright, E. (1997) Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Fuentes consultadas
García, D. (2007). ¡Victoria de los Jefes de Hogar en Lucha! Prensa Obrera. Recuperado de https://prensaobrera.com/politicas/victoria-de-los-jefes-de-hogar-en-lucha
Schneider, F. (2016). Sorpresa en el Chaco: el nuevo gobernador revisa los nombramientos de Capitanich. Diario Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/politica/chaco-sergio_schneider-jorge_capitanich_0_r1eIRTOvQe.html
Secretaría de Prensa - Tribuna Docente del Chaco (2006). Los Jefes de Hogar paran y se movilizan el jueves. En: Prensa Obrera. Recuperado de https://prensaobrera.com/partido/los-jefes-de-hogar-paran-y-se-movilizan-el-jueves-28
[1] Fecha de recepción: 06/09/2023. Fecha de aceptación: 27/05/2024
Identificador persistente ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25250841/rxa4faoa8
[2] Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste
Resistencia, Chaco, Argentina
https://orcid.org/0009-0001-9459-4182
marcgraciosi@hotmail.com
[3] Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste
Resistencia, Chaco, Argentina
https://orcid.org/0009-0003-4549-2440
maxiroman@hotmail.com;
maximiliano.roman@comunidad.unne.edu.ar
[4] Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste
Resistencia, Chaco, Argentina
https://orcid.org/0009-0000-4673-0322
ernesdelpo@gmail.com.ar
[5] Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste
Resistencia, Chaco, Argentina
https://orcid.org/0009-0000-1456-2897
fransys23@hotmail.com
[6] Departamento de Comunicación Social
Ciudad, País: Corrientes, Corrientes, Argentina
https://orcid.org/0009-0008-2178-4541
asujatt@gmail.com; asujatt@comunidad.unne.edu.ar
[7]La población excedentaria es aquella fuerza de trabajo que resulta excesiva para las necesidades inmediatas del capital y, por lo tanto, es relegada a solo consumir los productos del trabajo ajeno. Esto constituye una contradicción al interior del sistema capitalista. Tal como Marx (2000) lo expone: “la acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua” (p.784).
[8] Diversos estudios puntualizan la relevancia que tuvo en este proceso la crisis de la producción algodonera, actividad que durante la primera mitad del siglo XX concentró trabajadores en ámbitos rurales y luego los expulsó a consecuencia de la tecnificación, la pérdida de valor, la hegemonía de la producción de soja, entre otros factores (Roze, 2007, 2012; Iñigo Carrera, Muñoz, 2020; Foschiati, 2005; Garcia, 2007; Graciosi, 2019).
[9] La existencia de numerosos asentamientos y villas que se acrecentaron en los noventa es parte de este cuadro agraviante para la existencia humana. “De los 109.184 hogares que habitaban el AMGR en 2010, el 18,6 por ciento declaró en ese censo habitar una vivienda bajo tenencia informal, un 21,3% habitaba una vivienda deficitaria, un 22,5% padecía hacinamiento, el 12,7% se abastecía de agua para beber y cocinar fuera de la vivienda y el 52,7 no disponía de desagüe cloacal a red pública” [Barreto, et alt. 2018, p,239].
[10] Los estudios sobre luchas de clases que tomamos como referencia aquí son los trabajos producidos por integrantes del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales CICSO (Iñigo Carrera, 2008; Iñigo Carrera, 2014; Iñigo Carrera y Cotarelo, 2011; Marín, 1992; Marín, 2009; Marín, 2016; Nun, 1995; Nun, 2003; Roze, 2004; Roze, 2007).
[11] Siguiendo a Poulantzas (1981) entendemos que el concepto de formación social (o formación económico social) expresa la forma en que se articulan los distintos modos de producción en una sociedad concreta. En este sentido “una formación social implica más de dos clases, en la medida misma en que implica varios modos y formas de producción (…) Lo que resulta exacto es que las dos clases fundamentales de toda formación social, por donde pasa la contradicción principal, son las del modo de producción dominante en esta formación: la burguesía y el proletariado en las formaciones sociales capitalistas” (p.22). La lectura de Poulantzas abreva en Althusser y Balibar (1987) quienes entienden que formación social es una categoría compleja, aunque más concreta qué “modo de producción” y que se deriva de ella. Althusser y Balibar retoman el desarrollo realizado en Sobre el impuesto en especie de Lenin (1921). Por su parte, otros autores hablan de formación social dependiente para referir relaciones de dominio que se establecen en el sistema capitalista a escala mundial, donde las estructuras productivas de determinados países guardan una relación de dependencia con otros a partir de la división internacional del trabajo. La dependencia latinoamericana se explica a partir de las contradicciones de la producción capitalista en general y del modo en que América Latina se inserta en la dinámica del comercio internacional. (Marini, 2008). A su vez, la caracterización de Latinoamérica como una formación social periférica parte del análisis de autores clásicos como Marx, Lenin, Luxemburgo acerca de la tendencia del modo de producción capitalista de subsumir territorios con economías no capitalistas. En continuidad con los clásicos, diferentes autores problematizan la relación de subordinación entre los centros y las periferias, Dobb (1969) por ejemplo, subrayaba la obstrucción a la industrialización de la periferia por parte del centro. Amin (1976) agrega la existencia de formas internacionales diferenciadas de explotación y que los lucros obtenidos en la periferia constituyen un mecanismo compensatorio de las mejoras concedidas a los trabajadores del centro. La obra de Prebisch (1976) va a contribuir a este debate en el ámbito latinoamericano, al mencionar la inestabilidad de las relaciones de poder entre los centros y las periferias.
[12] En el libro Lucha de clases. Una perspectiva teórica-epistemológica Nievas (2016) plantea que de acuerdo a los textos clásicos de Marx y Engels, la lucha de clase es, antes que nada la forma en que se expresa el antagonismo en el proceso de producción social de la existencia, antagonismo que no es individual sino social. Lejos de cualquier perspectiva mecanicista; de lo que se trata es de diferenciar y comprender la particularidad espacial y temporal que asume la denominada dimensión económica y la dimensión política de este antagonismo, entiendo que existen entre ambos nexos causales internos (cfr. pp. 17-18 y pp.187-189).
[13] La noción de ‘inclusión social’ en referencia al PJJHD también fue problematizada en su momento por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el cual en un informe de mayo de 2003 señalaba, entre otras falencias, que el programa no estaba orientado a la inclusión social en sentidos de fortalecimiento de los derechos de ciudadanía. Por el contrario, las políticas focalizadas de corte asistencial y cortoplacista reproducirían la exclusión, pero menguando las condiciones más extremas de la pobreza. “La ‘ayuda económica no remunerativa’ establecida por el Programa de Jefes y Jefas opera en los hechos como un subsidio, por lo que no posibilita el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado. Para lograr esto último, resulta necesario que cada persona acceda efectivamente a todas las instituciones sociales. De hecho, el tratamiento que se da a los grupos en situación vulnerable (jefes y jefas de hogar desocupados) se orienta hacia la consolidación de criterios excluyentes. De allí la urgencia en revisar estas líneas de política para iniciar acciones de consolidación de derechos y no de reproducción de beneficiarios/as de programas asistenciales. (...) Un subsidio implementado como programa asistencial focalizado transitorio no asegura ningún derecho, como tampoco un umbral mínimo de calidad de vida.” (CELS, 2003, pp. 35 - 36).
[14] El diseño de los programas de transferencias condicionadas a una contraprestación (PTC), como el caso de los programas “Trabajar” o “Jefes y Jefas de Hogar Desocupados” en la Argentina, son la objetivación de la noción de capital humano, que cree que la pobreza se debe a cuestiones individuales y familiares y se hereda debido al “círculo vicioso de la pobreza” por falta de educación y capacitación (cfr. Alvarez Leguizamon, 2013).
[15] Aún más impactante que la reducción de las remuneraciones en términos reales, el Índice de Salarios del INDEC registró, entre octubre de 2001 y octubre de 2002, una caída nominal del 6,7% del salario del sector privado no registrado frente a un incremento de magnitud similar del índice general de salarios, impulsado principalmente por el salario privado registrado. Esto exhibe al sector más desprotegido de los trabajadores cargando con el mayor costo de la recesión, en pleno periodo devaluatorio e inflacionario, a pesar de que el PJJHD estaba orientado a una parte de ellos.
[16] La conformación de esta organización se vincula a una implementación masiva de este programa de asistencia social en la provincia del Chaco (impulsado por las luchas de diversos MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) que desde finales de la década del noventa exigían al estado asistencia para cubrir necesidades básicas de las familias con escasos recursos). La existencia de un extenso proletariado urbano desocupado que se vuelve beneficiaria de un plan de asistencia social como lo fue Programa Jefes de Hogar es la base objetiva sobre la cual se construye posteriormente dicha organización.
[17] Este partido de orientación trotskista se fundó en 1964 (Coggiola, 2006), tuvo actividad en la Provincia del Chaco desde el año 1984 (Entrevista a Luis Delamea) y se expandió en el año 2002 cuando se incorporan dos ex-militantes históricos del Partido Comunista del Chaco; Eloy Pereyra y Aurelio Diaz. A partir de la presencia que tenían estos dos referentes en el movimiento piquetero chaqueño, la actividad del PO va adquirir mayor protagonismo en la provincia (Entrevista a Fabio Arevalo). .
[18] Entrevista a un trabajador precarizado y militante del Partido Obrero, quien tuvo una activa participación en el proceso aquí descripto.
[19] Aguilar, Alicia. “Problemas de empleo en Chaco”. En: Consejo Económico y Social de la provincia del Chaco (CONES), agosto 2007. Disponible en: https://coneschaco.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/mtrabajo.pdf
[20] Testimonio de F, militante del Partido Obrero y uno de los gestores de la organización “jefes y Jefas de Hogar en Lucha”
[21] Z, L e I trabajaron como porteras precarizadas desde el año 2002 hasta el año 2013. En ese trayecto efectuaron la toma de la misma institución escolar donde trabajaban que contó con el apoyo de docentes, padres, alumnos y el mismo personal directivo.
[22] Entrevista a F.
[23] El análisis de Marx en La Miseria de la filosofía distinguía justamente entre la clase en sí (constituida a partir de la coacción del capital) y la clase para sí (que a partir de la lucha política defiende sus intereses de clase). El pasaje de la clase en sí a la clase para sí supone la acción de una conciencia que reconoce una pertenencia de clase y una identificación con la misma (y por tanto la existencia de relaciones sociales de clase). Pero este paso, es un proceso complejo y no una relación mecánica entre condiciones objetivas y subjetivas (Marx, 2004).
[24] Cabe mencionar que en abril de 2006 se inició una protesta indígena que tuvo como episodio destacado la ocupación de una de las salas de reuniones de Casa de Gobierno el 21 de julio junto a una huelga de hambre por los referentes indígenas que se prolongó durante 32 días. Esto produjo un profundo impacto social y político en la provincia y a nivel nacional (Cfr. Roze, 2015).
[25] Atech (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chaco); UTrE (Unión de Trabajadores de la Educación); Ctera (Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina); Sitech Federación (Sindicato de Trabajadores de la Educación de Chaco).
[26] Ángel Rozas fue gobernador de la provincia, como parte de la UCR, durante los períodos 1995-1999 y 1999-2003.
[27] Roy Nikisch gobernó la provincia como parte de la UCR entre 2003 y 2007.
[28] W fue otro de los referentes que tuvo la organización JHL.
[29] P era trabajadora precarizada que primero contrapresto en el área de Salud y luego en una escuela secundaria de la ciudad de Resistencia.
[30] Gobernador en tres períodos encabezando frentes como parte del PJ: 2007-2015 y 2015-2019.
[31] Ley N° 6655 de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco (subrayado propio)
[32] Entrevista a Jose Porreti, dirigente del Movimiento 20 de Diciembre.
[33] Entrevista a Viviana Toros, dirigente de la CUBA MTR.
[34] Entrevista a W, otro de los dirigentes que intervino en la lucha