Reparación desde el enfoque psicosocial: El caso de las comunidades afectadas por el proyecto El Zapotillo[1]
Psychosocial Approach to Reparation: The Case of Communities Affected by the El Zapotillo Project
Susana Hernández Arias[2], Elvia Susana Delgado Rodríguez[3] y Valeria Patricia Moscoso Urzúa[4]
Esta
obra está bajo una licencia internacional Creative Commons
Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)
El propósito de este escrito es reflexionar sobre las expectativas de reparación que configuran las personas de las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo comunidades ubicadas en la región de Los Altos, en el estado mexicano de Jalisco. Se analizará el significado y el sentido reparador que las poblaciones de dichas comunidades otorgan a algunas de las acciones solicitadas en el Plan de Desarrollo Integral (también denominado por la sociedad civil como Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños ocasionados por el megaproyecto El Zapotillo), emprendidas por el Estado mexicano y orientadas a reparar los efectos causados por la amenaza de inundación y despojo que tuvieron las comunidades durante más de 15 años. A petición de pobladores, el Gobierno Federal de México implementó una serie de acciones destinadas a compensar algunos de los daños derivados de las reiteradas violaciones a los derechos humanos vinculadas a la imposición de la obra. Paralelamente, se busca presentar qué contempla el discurso oficial en términos de reparación. Las reflexiones que se presentan a continuación se plantean desde un enfoque psicosocial y con base en los estándares internacionales vinculados a la reparación integral de daños de este tipo.
Palabras clave: El Zapotillo, reparación, justicia, daños, afectaciones psicosociales.
Abstract
The purpose of this paper is to reflect on the expectations of reparation that are configured by the people of the populations of Temacapulín, Acasico and Palmarejo, communities located in the Los Altos region, in the Mexican state of Jalisco. It will analyze the meaning and the reparative sense that the populations of these communities give to some of the actions requested in the Comprehensive Development Plan (also called by civil society as the Justice Plan for the Comprehensive Reparation of Damages) caused by the El Zapotillo megaproject, undertaken by the Mexican State and aimed at repairing the effects caused by the threat of flooding and dispossession that the communities suffered for more than 15 years. At the request of the residents, the Federal Government of Mexico implemented a series of actions aimed at compensating some of the damages derived from the repeated violations of human rights linked to the imposition of the work. At the same time, it seeks to present what the official discourse contemplates in terms of reparation. The reflections presented below are based on a psychosocial approach and international standards related to comprehensive reparation of damages of this type.
Keywords: El Zapotillo, reparation, justice, damages, psychosocial impacts.
El conflicto relacionado con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo se extiende a lo largo de un amplio periodo. Desde que se anunció su construcción, en 2005, las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín vivieron bajo la constante amenaza de inundación, despojo de sus casas, poblados y territorio, así como de desplazamiento forzoso. La justificación principal por parte de las autoridades que promovieron este megaproyecto fue proporcionar una fuente adicional de abastecimiento de agua para algunas ciudades del nororiente de Jalisco y León, en el estado de Guanajuato.
En este escenario, las acciones del Estado mexicano y distintos agentes involucrados en la gestión del agua de la región, promoventes de la construcción de la presa, se caracterizaron por la persistente aplicación de tácticas perjudiciales, tanto directas como de desgaste, que violentaron los derechos de los tres pueblos. Estas incluyeron el uso de estrategias de desinformación, engaños, acoso, amenazas constantes y prácticas intimidatorias, entre otras, con la intención de que las personas adoptaran posturas a favor de la obra.
A través del tiempo, este conflicto ha provocado daños materiales y patrimoniales a las personas, es decir, aquellos que hacen referencia a la pérdida o disminución del patrimonio o de los bienes de una persona (Becerra, 2012). En este caso, ante la incertidumbre por la amenaza de inundación, el deterioro y daño en las viviendas, algunas propiedades fueron deshabitadas, cayeron en desuso o su mantenimiento se vio afectado, la pérdida de ingresos y bienes materiales, gastos, así como la postergada falta de inversión en las comunidades por parte de las autoridades causaron el detrimento de la infraestructura y el descuido de los servicios en la zona, que tuvieron implicaciones por ejemplo en materia de educación, salud, comunicaciones y los medios de subsistencia de las personas. Estas situaciones se han documentado en diversos escritos que han descrito los impactos y afectaciones a los bienes materiales y sociales en las comunidades involucradas con el proyecto El Zapotillo a lo largo del tiempo (Gómez, 2015, 2023; Esparza, 2018; Escalante, 2018).
Junto con esto, el conflicto por la presa El Zapotillo ha causado daños inmateriales. Estos podemos entenderlos como aquellos vinculados a la dimensión subjetiva de las víctimas, tales como: daños morales, daños físicos o biológicos y daños al proyecto de vida. A su vez, los daños morales conllevan angustia en el ámbito psicológico, emocional y ético de las personas, sus seres queridos o personas cercanas (Becerra, 2012).
Particularmente en el caso de la comunidad de Temacapulín, las situaciones de daños han sido evidenciadas por dictámenes periciales en materia de psicología social (Rosete Hernández, 2010) y por diversas investigaciones que aluden a la noción de trauma psicosocial, propuesta por Martín Baró (Delgado, 2020a; 2020b); estos instrumentos han dado cuenta de las distintas heridas producidas a las personas de las comunidades, ante la posibilidad de perder su territorio, sus casas, sus tierras de trabajo, su historia, su porvenir, la seguridad, etc., así como la amenaza de alterar los proyectos de vida individuales, familiares y colectivos.
En las investigaciones referidas se expone cómo el trauma psicosocial en las comunidades se manifiesta de diversas maneras, siendo el miedo una de las experiencias cotidianas más comunes y generalizadas, el cual está estrechamente relacionado con la sensación de incertidumbre ante la amenaza de ser inundados y desplazados. Dicha amenaza prevaleció desde inicio del conflicto y hasta el año 2021, cuando el Gobierno Federal mexicano anunció que se daría continuidad a la construcción de la presa El Zapotillo, pero esta vez con algunas adecuaciones que permitirían no inundar a las comunidades.
Este trabajo surge en el marco de las actividades de un proyecto de investigación e incidencia denominado “Abordaje psicosocial en las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, afectadas por el proyecto El Zapotillo”, que forma parte de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt). El proyecto se realiza inicialmente a petición del Comité ciudadano Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el contexto de las demandas que solicitaron al Gobierno Federal mexicano en el Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños. Dentro de este proyecto, que comenzó a operar en el año 2022, y en los 3 años en los que se ha desarrollado, se han abordado tres etapas:
- Identificación de las afectaciones psicosociales individuales, familiares y comunitarias desde una perspectiva psicosocial y colaborativa en las tres comunidades. En esta etapa se recurrió principalmente a técnicas participativas, visitas casa por casa, recorridos etnográficos en compañía con las personas de las comunidades, entrevistas, convivencias, reuniones con grupos de habitantes y talleres. De manera complementaria se propuso un pilotaje de aplicación de pruebas estandarizadas: la Lista de Verificación de Trastorno de Estrés Postraumático (PCL-5) y el Cuestionario de Valoración del Impacto Vital Ontológico (VIVO)[5].
- Diseño e implementación de una estrategia de abordaje psicosocial intersectorial (infancias, mujeres, personas adultas mayores, juventudes y equipo de coordinación). En esta segunda etapa, se recurrieron a procedimientos metodológicos emparentados con la Psicología Social Comunitaria (PSC) y la Atención Psicosocial (APS) que conjuntamente construyen lo que nombramos como Abordaje Psicosocial. Para ello, en cada una de las comunidades, se recurrió a reuniones, entrevistas, charlas, actividades culturales, lúdicas, recreativas, de recuperación de la memoria colectiva, talleres, encuentros/convivencias y generación de espacios de escucha activa.
- Implementación de una estrategia de diseminación de los resultados del abordaje psicosocial. Para este momento se contempló compartir y dialogar los resultados y experiencias de las etapas anteriores con personas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, también con otros colectivos, en espacios académicos, con la sociedad civil, instancias gubernamentales y con otros acompañantes de las comunidades.
La metodología general del proyecto en la que se encuadra esta investigación se fundamentó en pensar un abordaje con perspectiva psicosocial que se direccionara a seguir derroteros y proponer acciones específicas que posibilitaran un análisis situado, para desde este camino, generar en conjunto con las poblaciones vías para identificar sus necesidades, impactos, afectaciones y estrategias a formular, tratando de considerar procesos comunitarios, intersectoriales e individuales.
En el proyecto participa un colectivo multidisciplinario, algunas de las personas integrantes han dado seguimiento al conflicto por la construcción del megaproyecto hídrico desde el 2008 y participaron en el peritaje psicosocial, en distintos momentos han brindado acompañamiento psicosocial a la comunidad de Temacapulín. En tales circunstancias, el abordaje que se planteó tuvo como punto de referencia la demanda específica de las comunidades y la continuación del seguimiento al conflicto desde la perspectiva psicosocial.
Estas participaciones, investigaciones y trabajos previos por parte de personas del colectivo de investigación e incidencia han tenido funciones prácticas en los juicios de amparo e iniciativas jurídicas promovidas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la organización de sociedad civil Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogad@s (COA) que tuvieron como objetivo documentar las violaciones a los derechos de las personas y parar los trabajos de construcción de la presa. De esta manera, como señalan los trabajos de Zenobi (2020; 2023), la enunciación del trauma psicosocial ha tenido un papel e implicaciones en la lucha política y la acción colectiva, a través de estas narrativas del sufrimiento, el lenguaje y las categorías emocionales -que se configuran en la condición de las víctimas y en su relación con acompañantes, expertos y especialistas vinculados a ellas- se vuelven relevantes para obtener el reconocimiento de sus derechos y cuando se exigen formas de reparación. Desde este lugar ponemos en juego el abordaje psicosocial y nuestro papel como acompañantes, como parte del entramado de un compromiso ético político del colectivo con las comunidades, con su búsqueda de reparación simbólica y también como parte de esta articulación de los distintos actores.
Algunas preguntas surgen de esta coyuntura: ¿Cuáles son los daños que las comunidades implicadas en el megaproyecto hídrico presa El Zapotillo consideran deben ser reparados? ¿Cuáles son las expectativas de reparación que tienen las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo? ¿Cuáles son las medidas de carácter más inmaterial y simbólico que solicitó la sociedad civil organizada dentro y fuera de las comunidades afectadas y cómo responde el Estado mexicano ante esto? ¿Cuál es el significado y el sentido reparador que le dan a las acciones emprendidas por el Estado? En este trabajo se propone retomar estas interrogantes.
De esta manera, los objetivos que orientan este artículo son abordar las expectativas de reparación que configuran las personas de las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Se analizará el significado y el sentido reparador que las poblaciones de dichas comunidades otorgan a algunas de las acciones solicitadas en el PDI (también denominado por la sociedad civil como Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños) ocasionados por el megaproyecto El Zapotillo, emprendidas por el Estado mexicano y orientadas a reparar los efectos causados por la amenaza de inundación y despojo que tuvieron las comunidades durante más de 15 años. Paralelamente, se busca analizar qué contempla el discurso oficial en términos de reparación.
Para develar las expectativas de reparación de las personas de las comunidades implicada en el megaproyecto hídrico se recuperan los materiales producidos durante las distintas etapas del proyecto de investigación e incidencia entre las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Se trata del análisis de materiales del trabajo de campo a partir de la observación-acción participante durante la implementación del abordaje psicosocial, entre los años 2022 y 2024. Del mismo modo se retoman materiales periodísticos escritos y audiovisuales, así como documentos, producciones elaboradas por las comunidades y agencias gubernamentales.
En el escrito se estructuran cuatro momentos, el primero se ocupa de la contextualización de las secuencias del conflicto El Zapotillo para presentar de manera general algunos de los elementos históricos y situados en las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Un segundo momento explora las expectativas y formulaciones de Reparación Integral desde el Estándar Internacional y el Enfoque Psicosocial. Enseguida se exponen las expectativas de reparación de algunas de las personas de las comunidades y de representantes de instancias gubernamentales. En el último momento se recuperan las reflexiones para el cierre.
Los contextos y secuencias del conflicto El Zapotillo
Becker y Weyermann (2006) han utilizado la idea de traumatización secuencial de los conflictos, retomada de los planteamientos de Hans Keilson, para describir y analizar la dinámica de los procesos traumáticos a lo largo del tiempo, los que se componen, a su vez, por fases específicas. A través de esta propuesta, es posible identificar diferentes momentos secuenciales, analíticos y generales en la historia de un conflicto social. Estos momentos incluyen: el período previo al conflicto, el inicio y su cronicidad, la amenaza aguda, una etapa de transición y, por último, el o los momentos posteriores. Identificar estas secuencias resulta útil para comprender de manera dinámica y en el tiempo los procesos de afectación psicosocial en las comunidades.
A partir de esta premisa y con fines analíticos, desde un enfoque psicosocial, en este apartado se propone trazar los elementos históricos y contextuales en las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Asimismo, comprender el trauma psicosocial que estas poblaciones han experimentado a lo largo del tiempo, con la finalidad de establecer posteriormente conexiones entre estos aspectos y la noción de reparación. En ese marco, se han identificado cuatro momentos o secuencias sociopolíticas significativas en el conflicto relacionado con el proyecto El Zapotillo:
1) Secuencia inicial del conflicto: La amenaza de inundación y despojo a las comunidades, la presa El Zapotillo con inundación. Esta etapa se caracterizó por una difusión sesgada de la información a la población, así como por un hostigamiento prolongado por parte de las autoridades. En respuesta a estas circunstancias, las comunidades adoptaron diversas estrategias para defender sus derechos y reaccionar con una firme oposición hacia el proyecto, usando particularmente las vías legales. Además, sobre todo en Temacapulín, se buscaron formas de organización colectiva para afrontar el conflicto a través de comités ciudadanos que encabezaron la lucha pacífica; desde aquí, uno de los pasos tomados en contra del megaproyecto fue la creación del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el 2008.
Ahora bien, en este punto, cabe decir que desde que inició el conflicto las posiciones entre las y los pobladores no ha sido del todo homogénea, si bien había un consenso generalizado a favor de la no inundación de los poblados, se dieron orientaciones diversas respecto a los consensos y formas de resistencia.
2) Secuencia de momentos álgidos del conflicto. Posterior al anuncio de inundación, se generó un escenario cargado de incertidumbre por la amenaza de despojo e inundación, que pasaron por tres administraciones federales y estatales. Durante un largo periodo, las poblaciones de Acasico, Palmarejo y Temacapulín fueron expuestas a una serie de estrategias gubernamentales que, a través de la coerción, las violentaron, amenazaron, amedrentaron y engañaron.
A lo largo de esta secuencia se ha podido reconocer que la interacción entre el conflicto y sus repercusiones en la salud mental y emocional se manifiesta mediante una serie de fenómenos. Estos incluyen la fragmentación de la comunidad, la polarización de las posturas políticas tanto dentro de la comunidad como en relación con el Estado, el agotamiento físico, mental y emocional tanto a nivel individual como colectivo, así como sentimientos de miedo, enojo, desesperación y estrés en las personas como consecuencia del conflicto. Además, como era de esperarse, se presentó una generalizada desconfianza hacia el Estado y otros actores externos, junto con una ruptura en los lazos de solidaridad que antes prevalecían dentro de las comunidades.
3) Secuencia de transición: El anuncio de no inundación y negociaciones con el Gobierno Federal. El 10 de noviembre del 2021 el presidente de México, acompañado de su gabinete, visitó la comunidad de Temacapulín para establecer diálogo con las comunidades afectadas. La propuesta presidencial consistió en realizar algunas modificaciones técnicas al proyecto, continuar con las obras de la presa para abastecer de agua a la región de los altos de Jalisco y a la ciudad de Guadalajara, para entrar en operación y aprovechar la inversión ya realizada, sin embargo, en esta ocasión se prometió que ninguna de las tres comunidades involucradas sería inundada. Esta iniciativa, aunque era favorable para las comunidades, generó cierta inseguridad y vacilación entre las y los pobladores, porque si bien se había anunciado la no inundación, consideraban que de alguna manera la amenaza continuaba ahí.
Con todo, se anuncia el denominado “Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños para los Pueblos campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco”. El mismo fue presentado por las comunidades, y se elaboró en coordinación y asesoría de la organización de sociedad civil IMDEC. Los puntos que se propusieron fueron los siguientes:
1. “Disculpas públicas y medidas de no repetición: Esta acción implica el reconocimiento por parte de los actores involucrados en el proyecto de los errores cometidos y el compromiso de evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. Es un paso importante para la reconciliación.
2. Auditoría ciudadana técnica y financiera: La realización de una auditoría ciudadana busca evaluar de manera objetiva los aspectos técnicos y financieros del proyecto, brindando transparencia y rendición de cuentas a la comunidad.
3. Restauración y protección del río Verde: La declaración de Área Natural Protegida y la revisión de las concesiones de extracción de materiales pétreos en el río Verde son medidas destinadas a preservar el entorno natural y mitigar los impactos ambientales.
4. Proyecto "Agua para todxs": Esta iniciativa busca garantizar el acceso al agua y el saneamiento para las comunidades afectadas, sin inundarlas. También incluye la concesión de beneficios derivados de la presa a los habitantes de estas comunidades.
5. Derecho al retorno de la comunidad de Palmarejo: Se plantea la posibilidad de que las personas desplazadas de Palmarejo puedan regresar y que se reconstruya la comunidad con todos sus servicios e infraestructura.
6. Fortalecimiento del centro de salud de Temacapulín: Se propone mejorar los servicios de salud en la comunidad, incluyendo atención psicológica para abordar los impactos psicosociales causados por el proyecto.
7. Denominación de Temacapulín como Pueblo Mágico: Se consideró que esta distinción puede contribuir al desarrollo turístico de la comunidad y a la preservación de su patrimonio cultural.
8. Obras Comunitarias en Temacapulín: Se mencionan una serie de proyectos para mejorar la infraestructura y los espacios comunitarios en Temacapulín, incluyendo una Casa de la Cultura, una Biblioteca Comunitaria y más.
9. Infraestructura vial y conectividad: La construcción y mejora de carreteras, caminos y conectividad a Internet buscan facilitar el acceso y la comunicación en la región.
10. Centro agroalimentario: Se propone la creación de un centro dedicado a temas agroalimentarios en coordinación con la subsecretaría de soberanía alimentaria.
11. Educación: Iniciativas como la restauración de escuelas, la fundación de un campus universitario y una secundaria buscan fortalecer la educación en Temacapulín.
12. Rehabilitación de Acasico: Esta acción se centra en la rehabilitación de la infraestructura y servicios en la comunidad de Acasico.
13. y 14. Respeto a propiedades otorgadas a las y los habitantes en "nuevo Acasico" y "Talicoyunque".
15. Recuperación de propiedades: La recuperación de propiedades en poder de la Comisión Estatal del Agua se planteó para uso comunitario en el caso de la comunidad de Temacapulín” (IMDEC, 2021).
El Gobierno Federal a esta iniciativa le llamó “Plan de Desarrollo Integral”, y así lo presenta, de tal forma que la denominación de Justicia para la Reparación Integral de Daños fue en realidad algo planteado desde la sociedad civil, de las y los pobladores en resistencia.
4) Secuencia de implementación del Plan de Justicia y Reparación de Daños, la presa El Zapotillo sin inundación. Es justamente el periodo en el que se centra este escrito pues es el momento donde se están realizando las acciones acordadas con el Gobierno Federal, las que buscan movilizar, al menos desde los deseos de la sociedad civil organizada dentro y fuera de las comunidades, un proceso de reparación de los daños. Sin embargo, es importante pensar que en esta fase posterior al anuncio de la presa El Zapotillo sin inundación, el conflicto no llega a su conclusión de forma inmediata. No se disuelve con las negociaciones, la declaración de no inundación o la implementación del Plan de Desarrollo. En lugar de eso, experimenta una transformación y adquiere nuevas tonalidades, ya que en esta etapa se generan preocupaciones de distinta naturaleza para las y los pobladores de las tres comunidades.
A lo largo del desarrollo dinámico del conflicto y sus repercusiones en las poblaciones a través del tiempo, una constante ha sido el persistente estado de incertidumbre que afecta a las comunidades; al respecto, la etapa de implementación del Plan no ha sido la excepción. Como puede advertirse con lo hasta aquí descrito, el conflicto por la construcción de la presa El Zapotillo más que cerrarse se ha transformado a lo largo de los años, ha sido dinámico y también se ha dado de manera particularizada en cada uno de los lugares. Desde esta realidad es que resulta esencial tomar en cuenta las situaciones específicas de cada comunidad, ya que si bien comparten territorios adyacentes, ostentan distintas condiciones y han tenido participaciones variables en las acciones dentro del conflicto. A su vez, complejizando aún más el escenario, también al interior de cada uno de los poblados se han generado posiciones diversas sobre los temas y preocupaciones que les atañen. Estos puntos son relevantes a considerar en la medida que cada una de las comunidades va a tener necesidades, intereses, perspectivas, opiniones e imaginarios diferentes sobre los objetos de reparación de los daños.
Acasico
Al comienzo del proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, la comunidad se sumió en un oscuro panorama, marcado por la falta de información oficial y la ausencia de comunicación por parte de las autoridades. A las y los pobladores no se les informó directamente sobre el proyecto, sino que se enteraron por otras vías -medios y rumores-, lo que constituyó una evidente violación de su derecho a ser consultados en relación con un proyecto de infraestructura de tal envergadura.
Desde entonces y hasta la actualidad, entre las y los pobladores de Acasico prevalece un profundo malestar en la población debido a que nunca se les notificó con anticipación sobre la construcción y sienten que sus opiniones fueron ignoradas en las decisiones relacionadas con el proyecto. Además, la comunidad guarda un particular recelo hacia las promesas por parte de las distintas instancias, instituciones y organizaciones en la medida que estas nunca se materializaron -como viviendas nuevas, apoyos, un proceso de reubicación y garantías que nunca se cumplieron-. Por su parte, los escasos intentos de resistencia que surgieron se vieron sofocados por algunas intimidaciones. Al día de hoy, en Acasico se pueden encontrar distintas posturas, en algunos casos las y los habitantes esperan con inquietud el resultado de las obras y la restauración de la infraestructura comprometida desde el Plan, así como la implementación de los servicios solicitados en el marco del mismo.
Temacapulín
Cuando las personas de la comunidad se dieron cuenta de que la construcción de la presa implicaría que su localidad fuera inundada, no fue por medio de una notificación oficial, sino que obtuvieron esta información a través de los medios de comunicación. Esta violación al derecho de los pueblos a ser consultados sobre proyectos de esa naturaleza provocó un gran descontento, lo que llevó a la formación de un comité ciudadano como vía para organizar la resistencia. Desde la secuencia inicial del conflicto, ha habido una variedad de posturas respecto a la presa, aunque la demanda más enfática ha sido la de evitar la inundación de su comunidad.
Durante el periodo de lucha y resistencia, las y los residentes de Temacapulín que se oponían a la construcción de la presa, experimentaron a causa de la amenaza de despojo diversas consecuencias psicosociales que afectaron profundamente su salud psicoemocional, incertidumbre prolongada y miedo. Con ello, fue inevitable la debilitación del tejido comunitario.
A pesar de las promesas de que la comunidad no sería inundada, continúan existiendo repercusiones que se ven agravadas por tensiones y conflictos emergentes relacionados con la búsqueda de reparación por los daños y las diversas perspectivas sobre la justicia. Durante las etapas de evaluación y de abordaje psicosocial del proyecto de investigación e incidencia, en el curso de los años 2022 y 2023, se identificó que la diversidad de opiniones, posturas y estrategias para abordar este conflicto se ha intensificado aún más debido a diversos factores, como la persistente lucha y resistencia, la fatiga acumulada tras un prolongado período de incertidumbre y engaño, con las experiencias estresantes surgidas durante las negociaciones y el diálogo con las autoridades, así como el proceso de ejecución del Plan de Justicia.
Palmarejo
Desde la secuencia inicial del proyecto de la presa El Zapotillo en Palmarejo, la población vinculada a esta comunidad se configuraba en tres grupos: aquellas que residían permanentemente en la zona, las que se encontraban allí de manera temporal y las que tenían propiedades o familiares en Palmarejo. Las autoridades les propusieron la venta de sus terrenos y se les ofreció reubicación y nuevas viviendas como parte del acuerdo. A pesar de algunas negociaciones, se dieron algunos desplazamientos, dudas, descontentos y desazón, lo que a la larga resultó en un inevitable deterioro del patrimonio de las personas y de las relaciones comunitarias.
Con la solicitud en el Plan de Justicia del "derecho al retorno de la comunidad de Palmarejo", se ha movilizado un afianzamiento de los lazos entre las personas vinculadas a Palmarejo y comenzó a vislumbrarse un proceso de articulación orientado a la reapropiación, de evocación de referentes de pertenencia y repoblación de la comunidad, con el anhelo de reconstruir el tejido comunitario. No obstante, en la actualidad, algunas personas vinculadas a la comunidad de Palmarejo expresan principalmente inquietud respecto a la posibilidad de que el proyecto de la presa con inundación se reanude en los próximos años, lo que podría conllevar la pérdida de su territorio. Prevalece una sensación de inseguridad en lo que concierne a las cuestiones legales y al mantenimiento de su patrimonio, siendo esta su principal fuente de preocupación.
Lo que debería de suceder para una Reparación Integral: según el Estándar Internacional y desde el Enfoque Psicosocial
Hablar de reparación supone aludir a un proceso, tanto individual como social e institucional, en el que se condensan acciones de responsabilidad ética, jurídica, política, económica, simbólica, cultural, etc., lo que implica el enfrentamiento con la verdad de los hechos cometidos en un contexto marcado, generalmente, por violencias y violaciones a los derechos humanos más elementales, posibilitando dirimir responsabilidades y establecer medidas compensatorias para las víctimas, sus familiares y comunidades, abriendo con esto la puerta a la reconciliación (Orellana, 2005, p. 193).
Se trata de una idea y una noción que puede, a su vez, entenderse desde distintos puntos de vista, disciplinas e instrumentos, sin embargo, cuando hablamos de ella en estos contextos de violencias y violaciones a derechos humanos, así como de sistemas y procesos de justicia, hablamos de un campo específico que se desprende del reconocimiento internacional del sufrimiento de las víctimas y de la necesidad de hacer frente a todos aquellos hechos que ultrajan la dignidad y la conciencia de la humanidad.
De aquí que el derecho a obtener reparaciones ha seguido un vasto desarrollo a través de los años que articula y se deriva, a su vez, de la obligación general de todos los Estados de respetar y hacer respetar los derechos humanos, concretamente en relación con los deberes estatales en materia de administración de justicia. En el marco del derecho internacional, la obligación de los Estados de otorgar reparaciones plenas y efectivas como consecuencia de violaciones a los derechos humanos ha quedado claramente establecida como un principio básico del orden jurídico internacional (Vera, 2008; Nash, 2009).
El derecho a obtener una reparación tras haber sufrido una violación a los derechos humanos se encuentra implícito en el derecho a un recurso efectivo que proteja a las personas de la violación a los derechos humanos, reconocido en instrumentos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25).
Sin embargo, este derecho no explica los contenidos que deben tener las reparaciones, por lo cual diversos organismos internacionales se han dado a la tarea de nutrir esta noción, por ejemplo, a través de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, aprobado el 16 de diciembre de 2005 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la Resolución 60/147, que más que definir un concepto específico de reparación, caracterizan los elementos que deben conformarla (ONU, 2006).
En el caso de los sistemas regionales, por su parte, los lineamientos en términos de reparación han sido desarrollados a través de numerosas resoluciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH), creando una amplia jurisprudencia en la materia:
“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados” (Corte IDH, 2021, pp. 4-5).
En el caso de México, los numerosos tratados internacionales a los que se ha adscrito nuestro país conllevan una serie de obligaciones para el Estado mexicano, el que además, ha reforzado estas obligaciones a partir de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011. En cuanto al tema específico de la reparación nos encontramos, entonces, con una primera afirmación: toda acción u omisión que pueda atribuirse al Estado y que constituya una violación a una obligación contemplada en estos diferentes instrumentos normativos internacionales crea el deber para este mismo Estado de reparar adecuadamente el daño causado, deber que se encuentra, a su vez y a nivel nacional, enunciado desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, luego, de manera más clara, en la Ley General de Víctimas.
Como se ha dicho, la reparación es, entonces, tanto una obligación para el Estado en su calidad de garante: toda acción u omisión contemplada en los instrumentos nacionales e internacionales crea el deber de responder de acuerdo al perjuicio causado y brindar la asistencia necesaria a las víctimas; como un derecho de las víctimas, desde el derecho sustantivo a ser reparado en forma integral y efectiva por los daños sufridos, hasta la garantía estatal de contar con los medios procesales necesarios para obtener esta reparación (Calderón, 2013).
Ahora bien, cierto es que para hablar de reparación e, incluso, antes de hablar de esta es necesario, también, hablar del daño, es decir, ¿qué es lo que se debe reparar?, frente a esto, entonces, surge una segunda afirmación: cualquier tipo de violencia y/o violación a los derechos humanos genera un impacto que afecta todos los ámbitos de la vida de las personas extendiéndose, además, no sólo sobre el individuo que la vive directamente sino también en su entorno y la sociedad en su conjunto.
Las violencias y violaciones a derechos humanos, más allá de sus implicaciones jurídicas e, incluso patrimoniales, constituyen para las personas experiencias negativas de carácter traumático que pueden derivar en una serie de dificultades, tanto a nivel individual como a nivel, familiar, comunitario y social; a su vez, a diferencia de otros crímenes, donde los perpetradores corresponden a sujetos privados, en este caso es el Estado -justamente la institución encargada de proteger a las personas y comunidades-, el que no ha respondido adecuadamente e, incluso, ha funcionado como cómplice o perpetrador, elemento que funciona como un agravante del daño.
Al respecto, los propios ex jueces de la CIDH, Cançado y Abreu, entendieron hace años la importancia de no limitar la comprensión de las reparaciones a un enfoque meramente legal; al respecto, profundizaron en el tema señalando lo siguiente en un voto conjunto:
“Todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de derechos humanos debe, a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad” (en Nash, 2009, p.36).
De aquí, entonces, que al hablar de daños resulta fundamental entender que la magnitud real que pueden alcanzar las afectaciones derivadas de las violencias y/o violaciones a derechos humanos es más amplia y comprende situaciones que trascienden las nociones meramente jurídicas e, incluso, clínicas. Asimismo, la reparación integral de este tipo de daños se trataría, también, de todo un proceso que se mueve siempre en, al menos, dos espacios o niveles que inevitablemente se movilizan de forma paralela: la teoría y técnica científica, los procedimientos y normas jurídicas, y los aspectos psicosociales que cruzan los procesos, tanto a nivel individual como colectivo.
A esto es a lo que referimos cuando hablamos de entender la reparación integral desde una mirada psicosocial, reconociendo que esta no es un mero procedimiento técnico y procesal, sino que representa acciones enmarcadas en procesos de verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición, que sirvan para el reconocimiento del dolor y la reafirmación de la dignidad humana, donde son las personas victimizadas las que deben estar siempre en el centro.
Las distintas formas de reparar los daños han de cumplir, a su vez, con una serie de características o criterios mínimos; en términos más concretos y desde los diversos estándares internacionales se han establecido en la resolución relativa a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” (ONU, 2006) que existen cinco grandes dimensiones -y una serie de conceptos y nuevos derechos- que deben componer la reparación integral (restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición; así como el derecho a la verdad, el proyecto de vida y la reparación del daño social). Estas dimensiones y conceptos, que articulan entre sí, pueden componerse de distintas medidas y acciones las que, a su vez, debe cumplir, también, con una serie de características que permitan que estas alcancen su potencial reparador, resulten realmente satisfactorias y tengan efectos constructivos (Martín Beristain, 2010).
Por un lado, tanto el estándar internacional como nacional refieren que la reparación debe ser efectiva, plena, oportuna, integral, diferenciada y transformadora; por otro lado, las distintas acciones de reparación deben ser proporcionales a la gravedad de las violaciones y a los propios daños sufridos, es decir, variarán de acuerdo a la afectación producida (Martín Beristain, 2010).
No obstante lo anterior, en la medida que el impacto de las violaciones a derechos humanos afecta a los individuos y colectivos de manera integral, desde la Corte Interamericana se ha optado por garantizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos una concepción de reparación integral, la cual va más allá de lo pecuniario, se considera que la reparación también debe ser asumida desde una perspectiva integral (Corte IDH, 2021), a través de medidas que sigan una determinada lógica y coherencia –interna y externa- según cada caso, que abarque las diferentes esferas en las que se mueven las personas, que asuma en toda su complejidad los daños individuales y colectivos producidos y que tengan, también, un impacto tanto en lo individual como en lo social. La falta de integralidad en el diseño, y particularmente en el cumplimiento de las acciones reparadoras, puede cuestionar su significado, anulando su potencial reparador (Martín Beristain, 2010).
Por su parte, si bien desde el punto de vista jurídico, y según los estándares internacionales, una reparación adecuada y efectiva tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas nacionales y/o internacionales, desde un enfoque más amplio, que rescata los objetivos esenciales de la reparación, así como una perspectiva psicosocial de la misma, se ha llegado a comprender esta como un conjunto de medidas orientadas a (Nash, 2009; Martín Beristain, 2010):
1. Restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la repetición de las violaciones.
2. Brindar a las víctimas las herramientas para que logren dar algún sentido a la experiencia vivida y construir proyectos de vida dignos y acordes con sus propias expectativas.
3. Ayudarlas a transformar/mejorar su situación y enfrentar las consecuencias de la violencia vivida, restableciendo y reconociendo su dignidad como personas y sus derechos.
4. Mostrar solidaridad, así como un camino para restablecer la confianza de las víctimas en la sociedad, las instituciones y el Estado.
Finalmente, ¿Cómo entendemos la reparación? Retomando el elemento central de la reparación, desde una perspectiva psicosocial que plantea la necesidad de poner a las personas victimizadas al centro, otro criterio clave de esta noción es, precisamente, el de la participación de las víctimas. A partir de este es necesario, por tanto, entender que el proceso de recuperación de las personas y colectivos no ocurre solo a través del “objeto reparador” (como una indemnización, un acto o un monumento), sino justamente del proceso de participación y adecuación de ese objeto a las necesidades de las personas y grupos afectados. La participación supone, entonces, un espacio de escucha incluyente, pudiendo configurarse como un proceso que puede mostrar una verdadera disposición, no solo de cumplir con una determinada resolución jurídica y/o política, sino de realmente escuchar a las personas y tener en cuenta sus perspectivas, necesidades y exigencias en la definición de la reparación (Martín Beristain, 2010). Entendemos sobre la reparación, que para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, esta se vislumbra como un ejercicio de larga data, que en todo caso, aun con el Plan de Justicia y con las intenciones del abordaje psicosocial son acciones muy próximas a la secuencia de momentos álgidos del conflicto.
En este caso, con el abordaje psicosocial que se llevó a cabo con las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, desde el colectivo de investigación e incidencia ha sido un reto muy importante, la manera en que hemos traducido nuestra visión ético-política, disciplinar, metodológica y personal. Porque por un lado se ha tratado de no romantizar ni a los colectivos, ni a las comunidades, ni a los procesos, se ha pretendido por tanto, un ejercicio crítico constante y la revisión del propio involucramiento -que algunas veces no resultó sencillo, por la cercanía a las comunidades y por los lazos personales generados a lo largo del tiempo-, para entender que para la reparación y en el acompañamiento en la reparación no existen caminos lineales, sino que coexisten una infinidad de factores, complejos, flexibles y dinámicos.
Desde esta posición y considerando la experiencia vivida por las comunidades afectadas por el megaproyecto de la presa El Zapotillo, nos vamos planteando algunas interrogantes: ¿Pueden las acciones derivadas de los puntos del Plan de Desarrollo Integral compensar de alguna manera los diversos y amplios daños psicosociales -materiales e inmateriales- experimentados por las poblaciones de Acasico, Palmarejo y Temacapulín?, ¿cómo puede el Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal, contrarrestar sus efectos?, ¿son las iniciativas institucionales realmente reparadoras para las y los pobladores de estas comunidades? Enseguida se presentan algunas reflexiones que encaminan a estas cuestiones.
Perspectivas de la reparación de daños: desde las Comunidades y desde el Estado mexicano
Para analizar cuáles son las expectativas, necesidades y exigencias de las personas acerca de la reparación, es necesario hablar de los daños, para ello, en el caso que nos ocupa podemos pensar inicialmente en ¿Qué es lo que consideran las personas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que se tiene que reparar? Hemos podido identificar a través de las actividades en campo, que entre los daños que las personas enuncian como resultado del conflicto por la presa El Zapotillo, se encuentran, por un lado, los perjuicios y deterioros en el patrimonio de las personas y en la infraestructura de las comunidades; por otro lado, se hace hincapié en las afectaciones psicosociales. Por ejemplo, el detrimento al patrimonio y a la infraestructura lo señalan algunos pobladores de Temacapulín y de Palmarejo:
“Nunca han dado un saco de cemento siquiera, de seis años para acá, de parte de la presidencia de Cañadas; detienen los apoyos a Temaca porque no quieren que progrese. Nos tienen como la virgen a la serpiente, pisándonos la cabeza. Parece [que este pueblo está condenado], no hay quien quiera invertirle. Pero por ahí hay algunos valientes que están construyendo su casa, se arriesgan; dicen: No, aquí no va a desaparecer; esto de la presa es un capricho” (Testimonio de habitante de Temacapulín, Verdebandera, 2018).
“No nos dejaron avanzar ya, ni construir sus casas, ni terminar nada en nuestros terrenos. Al que quería seguir construyendo ya no lo dejaban. Ya no nos dejaron. Todo ese tiempo nada más estuvimos retrocediendo, porque ya no se pudo avanzar, ¡16 años de problemas!, ni cómo meterles dinero a las casas, ni arreglarlas, ni nada, ya nada más se nos destruyeron la mayoría de las casas ¡Pues si no sabíamos qué iba a pasar con ellas!” (Persona de Palmarejo, comunicación personal, 8 de febrero, 2023).
En el primer relato narrado en el año 2018, se observa que se tiene una percepción de exclusión, donde una habitante de Temacapulín describe que las autoridades locales, durante la amenaza de inundación, han restringido el desarrollo de la comunidad. La referencia a la comparación con "la virgen a la serpiente" metaforiza la sensación de una opresión constante, una percepción de ser pisoteados y de estado de inmovilidad, se expresa una valoración de abandono y marginación institucional. En el segundo relato se destaca en retrospectiva el impacto prolongado del conflicto sobre el sentido de estabilidad patrimonial y progreso de una persona vinculada a la comunidad de Palmarejo. La imposibilidad de construir o mejorar sus viviendas antes del anuncio de no inundación, no solo afectó el bienestar material, sino que también socavó la agencia personal y colectiva los habitantes, a causa de la incertidumbre prolongada.
Otro de los daños que identifican las personas ha sido los desplazamientos de personas de su lugar de origen como resultado de la incerteza por la construcción de la presa (antes de que el gobierno mexicano pusiera en marcha el proyecto de la presa El Zapotillo sin inundación) y con ello la alteración de sus actividades económicas:
“Miren, aquí un daño que nos hicieron como comunidad, casi casi desapareció Acasico porque las personas que todavía tenían familia de edad escolar se salieron fuera de aquí, emigraron a Yahualica, a Mexticacán. Ahorita hay nada más 3 criaturas aquí en Acasico. Muchas de las personas salieron de aquí por ese motivo de llevar a sus hijos a la escuela. Esas personas dicen “yo, cuando se restablezca la comunidad, que estemos fuera de todo ese peligro y que tengamos de vuelta los servicios básicos, entonces regresamos aquí de vuelta”. Muchos tuvieron que dejar su oficio de ser agricultores para ser albañiles, vamos suponiendo o por alguna otra profesión” (Habitante de Acasico, comunicación personal, 10 de julio, 2022).
Se aprecia en el fragmento anterior la manera en que se alteró la normalidad de las personas a partir del conflicto. Actualmente en Acasico el grueso de la población se compone de personas mayores, a lo largo de los años esta localidad ha experimentado movimientos migratorios de las personas más jóvenes, como muchos de los poblados del campo mexicano, que, en este caso, se intensificaron por el proyecto de construcción de la presa.
Algunas de las manifestaciones de las afectaciones que han expuesto personas de las comunidades han sido por ejemplo el agotamiento asociado a los años de resistencia, cuando relatan que “las marchas los dejaron muy desgastados” o que “por todo esto de la inundación, hay personas que se encuentran decepcionadas hasta de la vida porque en muchas ocasiones la tristeza, el cansancio, los invade y no encuentran ellos consuelo, ni en las pláticas de los vecinos” (Persona de Acasico, comunicación personal, 10 de julio, 2022). De igual manera persiste miedo e incertidumbre, la sensación de que el riesgo de inundación continuará hasta que se oficialicen y firmen los decretos que cancelarían de manera definitiva el proyecto de la presa El Zapotillo: “Mientras el presidente no firme, no hay seguridad de que no inundarán Temaca”.
Asimismo se rememora el recuerdo de lo vivido, se van construyendo las memorias narrativas (Jelin, 2002) y se comentan las dificultades actuales generadas por la implementación del Plan de Justicia como se aprecia en el siguiente fragmento:
“Por ejemplo, lo de la presa, el hostigamiento, la forma en la que nos trataba el gobierno anterior, todo eso fue para nosotros muy difícil, la muerte de nuestra gente que murieron a causa de este problema, todo esto… y últimamente dificultades con lo del Plan” (Persona de Temacapulín, comunicación personal, 23 de julio, 2022).
El razonamiento en el contexto narrativo por parte de las personas habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín para defender su punto de vista sobre la no inundación a lo largo de los años de lucha y resistencia ha incorporado, en gran medida, argumentos morales -además de los patrimoniales, jurídicos y económicos-, refiriendo a aspectos simbólicos que dan cuenta de las afectaciones individuales y colectivas de las violencias sociopolíticas a las que han estado expuestas.
A continuación, se presentan fragmentos discursivos expresados por miembros de las tres comunidades en diversas entrevistas y medios de comunicación, a lo largo de las diferentes secuencias y contextos del conflicto. Uno de ellos proviene de una entrevista realizada en 2010 a una residente de Temacapulín, publicada en el periódico La Jornada. Otro fragmento se extrae del documental "La Presa El Zapotillo," producido en 2017 en el mismo poblado. Además, se incluye un segmento de una entrevista realizada por la UNOPS en 2017 a una habitante de Acasico. Por último, se presentan palabras expresadas en 2023 por una persona vinculada a la comunidad de Palmarejo a través de una comunicación personal. Estas voces reflejan la prolongada aflicción que, manifiestan los actores, ha sido causada por el proyecto El Zapotillo desde el inicio del conflicto y hasta el día de hoy.
“Son 14 años de historia y tradiciones. Actualmente hablamos de muerte por culpa de los malos gobernantes. Algunos de nuestros ancianos ya murieron; a otros los estamos viendo morir por la angustia y el hostigamiento de quienes quieren sacarnos de nuestras casas, de nuestro pueblo” (Habitante de Temacapulín, en Ferrer, 2010).
"Vamos a ver nuestro pueblo inundado de agua, la Atlántida de los altos de Jalisco, serían nuestros panteones, nuestro rincón donde vivimos, donde nos criamos, estarlo viendo de arriba, inundado. Es un ataque psicológico que nos están provocando. Yo en ocasiones no duermo, me ataca el insomnio en ocasiones, a pesar de que soy fuerte y resisto ¿La inseguridad, me la pagarán? Ya se han ido algunos al panteón, el año 2010 yo conté mes por mes, y el mero 23 de diciembre se murieron tres personas de Temaca en un solo día" (Habitante de Temacapulín, en Orta, 2017).
“Con una disculpa no vamos a tener nada, y no hay dinero que repare el daño, los que se murieron ya se fueron” (Persona de Palmarejo, comunicación personal, 17 de agosto, 2023).
Estos testimonios exponen parte de las preocupaciones e impactos que el conflicto por la presa El Zapotillo ha tenido en las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Se pueden identificar varios elementos clave; primero, la importancia de la historia y las prácticas culturales arraigadas en estas comunidades, se resalta la conexión profunda que tienen con su tierra y su patrimonio cultural; por otra parte, se menciona la angustia y el hostigamiento que han experimentado las personas debido a los esfuerzos para desalojarlos de sus hogares. En este sentido, se reconoce que estas presiones han tenido un impacto significativo en su bienestar integral.
Del mismo modo, varias expresiones resaltan la incertidumbre prolongada a la que han estado sometidos respecto al futuro de sus comunidades. Las y los habitantes se cuestionan y se plantean escenarios contrafácticos sobre cómo sobrevivirían si hubieran sido inundados, desplazados y qué sucedería con sus recuerdos y formas de vida.
“Primero nosotros pensábamos cómo van a venirnos a sacar de nuestro pueblo, nos van a quitar nuestros recuerdos, de qué vamos a vivir. Qué van a hacer, qué no van a hacer, qué nos van a cumplir, qué no nos van a cumplir, vivimos como en una incertidumbre” (Habitante de Acasico, en UNOPS, 2017).
Una constante a la hora de referirse a las emociones, representaciones y configuraciones anímicas, es que las y los pobladores de Acasico, Temacapulín y Palmarejo mencionan la mortalidad relacionada con el conflicto, recurren a la muerte en expresiones que denotan aflicción por la pérdida de aquellas personas de las comunidades que ya fallecieron. La muerte de miembros de la comunidad y el aumento del estrés son evidentes, y esto ha generado un sentimiento de impotencia y sufrimiento, el vínculo con los difuntos y ancestros es muy profundo. Se aprecia que el último fragmento expresa la sensación de que una disculpa o compensación económica no pueden reparar el daño causado. Esta percepción refleja la profundidad del sufrimiento y la pérdida experimentada por estas comunidades y cómo consideran esto como una limitación para la reparación.
Ante el contexto actual de las poblaciones afectadas por el proyecto El Zapotillo, en la etapa de implementación del Plan de Justicia para la Reparación de Daños, los actores han puesto en marcha diversas estrategias discursivas a la hora de solicitar un resarcimiento. De aquí que cuando algunas de las personas afectadas demandan la reparación integral de los daños recurren a expresiones que articulan el trauma psicosocial, las pérdidas, los daños y las transformaciones sufridas a lo largo de estos años, tal como se expresa en el siguiente testimonio de una persona de Temacapulín que habla en una reunión del presidente de México con las comunidades:
“Celebramos entonces la victoria de la existencia y permanencia de nuestro territorio por el que hemos luchado incansablemente, con costos dolorosos, con pérdidas irreparables, corrupción, irregularidades y graves violaciones a los derechos humanos. Es resultado de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo colectivo, de nuestras esperanzas en otros mundos posibles (Habitante de Temacapulín, en Gobierno de México, 2021)”.
A partir de la evaluación de las afectaciones psicosociales de las comunidades realizadas por el colectivo de investigación e incidencia durante el año 2022, se ha develado que dichos impactos aún continúan vigentes. En cuanto a la experiencia específica del conflicto por la presa El Zapotillo, la mayoría de las personas a quienes aplicamos a manera de pilotaje algunas escalas V.I.V.O. (Cuestionario de Valoración de Impacto Vital Ontológico), consideraron que vive o vivió una experiencia extrema en el marco de dicho conflicto, de igual manera que la mayoría considera que es o fue víctima pero también es hoy alguien sobreviviente. Asimismo, todas las personas que completaron el cuestionario anteriormente citado, mencionaron una variedad de vivencias extremas a lo largo del conflicto. Se enfatizó que estas experiencias no pueden ser fragmentadas, sino que deben ser consideradas como un conjunto. Este conjunto está conformado por momentos de gran intensidad y otros de relativa calma, lo que se tradujo en una experiencia constante de estrés crónico. Los efectos experimentados a lo largo del tiempo se han ido acumulando gradualmente.
En síntesis, se ha encontrado a través de distintas reuniones, entrevistas, charlas, actividades y encuentros, que para las y los pobladores de las comunidades afectadas por el proyecto de la presa El Zapotillo, el modo de entender la reparación está vinculado a dos dimensiones. Por una parte con lo que las personas evalúan que sí podría mitigar ciertos daños y por otro lado, una serie de elementos en el plano de lo simbólico, lo intrapsíquico y comunitario que algunas personas consideran de fatigosa reparación o que probablemente se podrá conseguir únicamente a largo plazo.
Lo que hemos observado que consideran las personas que sí se puede reparar de alguna forma por parte del Estado, es principalmente en lo que respecta al daño considerado por el abandono de las comunidades en términos de infraestructura, mejora e inversión, con obras comunitarias y con el otorgamiento de “apoyos” para la mejora de vivienda, de manera amplia, con el cumplimiento de la mayoría de los puntos contemplados en el plan de justicia. Sin embargo, incluso aquí existen circunstancias que condicionan estas afirmaciones, ya que algunos habitantes han señalado que en ciertas ocasiones en este “proceso reparador” la interacción, los procedimientos, las burocracias y los tiempos de las instituciones gubernamentales han generado desasosiegos y tensiones en las comunidades.
Se han identificado además algunas percepciones de que, tras el conflicto, los mecanismos y formas de reparación del daño no son justos y que existe un reparto “desigual” de apoyos económicos asociados a programas de políticas públicas. La desigualdad se relaciona con la valoración de que algunas personas reciben mucho y otras nada, el relato de un habitante de Temacapulín expresa que “se apuntan a las `ayudas´ y se las dan a quien quieren. Yo fui a pedir la ayuda y nunca me llegó”.
Acerca de una reparación desde una perspectiva más simbólica, en lo que corresponde a los daños morales o psicológicos se expresa una limitación de la reparación, puesto que las personas manifiestan que hay cosas que no se puede reparar, como el sufrimiento y preocupaciones causadas. En este sentido, se le otorga especial importancia a las personas que ya fallecieron y nunca se pudieron enterar de que sus comunidades no serían inundadas, sobre esto un habitante de Temacapulín menciona que “volver para atrás es volver a sufrir, no hay justicia, lo hecho, hecho está, los que ya se fueron ni supieron, y ya no se puede reparar” (Habitante de Temacapulín, comunicación personal, mayo 2024).
Asimismo, se observó también que algunos habitantes conceden cierto valor al otorgamiento de las disculpas públicas por parte de representantes del Estado: “Que venga el presidente a pedirnos disculpas, aunque no haya sido su gobierno el que dañó, aunque hayan sido otros [presidentes] de otros partidos, ya le toca venir a limpiar lo que otros ensuciaron” (Habitante de Temacapulín, 08 de mayo 2024). Desde este punto, se piensa que la reparación, a medida que deriva de una falta del Estado lleva a que sean las instancias gubernamentales quienes están conminadas a hacerla, independientemente de las administraciones, partidos políticos o figuras gubernamentales al mando o en turno (federales o estatales), lo que las personas esperan es que la reparación de daños atraviesen a distintas instancias, instituciones y niveles, donde se concreten acciones que den pasos hacia el resarcimiento de los daños.
En este tenor, los principales señalamientos reparadores que indican algunos habitantes en el reconocimiento estatal de la violación a los derechos humanos, principalmente quienes estuvieron activos en el movimiento de resistencia, es la identificación puntual tanto de los personajes, como de las instituciones perpetradoras. Sin embargo, aquí podemos encontrar lecturas diferenciadas al respecto, si bien hay personas que otorgan un valor reparador a la enunciación de disculpas públicas, también hay quienes consideran que unas disculpas por parte del estado no tienen la posibilidad de reparar los daños causados.
Por otra parte, existe un sector de las comunidades que considera que la reparación únicamente se podrá dar con el paso del tiempo, que es un proceso y que solo se podrá dar con el otorgamiento de certezas, que se les garantice que no volverá a ocurrir la amenaza de inundación a sus comunidades, que podrán tener seguridad sobre sus bienes. Por ejemplo en el caso de Acasico, estas certezas están puestas en la posibilidad de que otorguen al poblado las casas para uso comunitario del complejo habitacional que llaman como Nuevo Acasico, lugar que comenzó a construirse para que fueran reubicados pero que nunca se entregó.
Por otro lado, ¿qué contempla el discurso oficial en términos de reparación? Por un lado, desde la narrativa institucional del Estado mexicano se han señalado no sólo los daños materiales sino también se han puntualizado aquellos simbólicos e inmateriales, por ejemplo, en palabras del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador expresadas en distintos eventos:
“Creo que ha sido ejemplar la lucha de ustedes durante mucho tiempo, muchos años, son muy perseverantes y han logrado el propósito de que no se inunden estos tres pueblos, y eso es todo un logro porque quedan a salvo no sólo las casas y lo material, sino lo que tiene que ver con las costumbres, con el alma, los muertos, las tradiciones; lo que tiene que ver con la religión, con todo” (Gobierno de México, 2021).
La construcción desde hace 11 años aproximadamente está inconclusa hay oposición de Temacapulín y dos pueblos más porque como fue diseñada la presa, para tener una cortina de 105 metros, se inundaba en esos tres pueblos, viviendas, lo que le importa mucho a la gente y nos importa también a nosotros, nos debe de importar a todos, pues sus muertos, su panteón, sus templos. Entonces se paró, pero estamos hablando de una inversión de 6000 millones de pesos. Desde luego esto se hizo cuando no se consultaba a la gente, cuando lo único que les importaba era el dinero. Tendremos que buscar opciones, alternativas para que hay agua en León Guanajuato, pero así no se inundarían los tres pueblos y no quedaría mira de esta obra y desperdiciando el dinero público el dinero del presupuesto que es dinero de todos, entonces en eso andamos (López, 2021).
A pesar de este reconocimiento oficial de la importancia de tener en la mira lo simbólico e inmaterial, lo cierto es que práctica y discursivamente prevalece y retoma prioridad una idea reducida de la reparación traducida en programas sociales, es decir, en instrumentos a los que toda persona en territorio nacional tiene derecho, independiente de su condición de victimización y según una serie de criterios de selección particulares:
“Y vamos a cumplir con el compromiso también de llevar a cabo un programa de desarrollo integral para el bienestar de las tres comunidades y les propongo que sean dos vertientes: Que se fortalezca el programa que ya tenemos de bienestar para las comunidades, es decir, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes, los Precios de Garantía, en este caso para la leche, que sean justos, y el mejoramiento de las escuelas que también está contemplado en el programa La Escuela es Nuestra, los programas de salud, todo lo que es el programa integral del gobierno, que se aplica -y es un orgullo para nosotros- en todos los municipios de México hay estos programas de bienestar” (Andrés Manuel López Obrador, 2021).
Estas acciones reflejan un enfoque para abordar los impactos causados por el proyecto El Zapotillo en las comunidades afectadas que no responde del todo a los estándares internacionales respecto a la reparación integral, aun cuando las medidas apunten a distintos aspectos, principalmente vinculados a los daños materiales, y en menor medida aquellos inmateriales y simbólicos sufridos por las comunidades a lo largo del conflicto. La implementación de estos programas, a su vez, ha requerido la colaboración y distintos niveles de compromiso de múltiples actores, incluyendo el gobierno (federal, estatal y municipal) y la comunidad.
En cierta medida puede llegar a ser comprensible que se priorice la atención a aspectos materiales, traducidos en distintos proyectos de infraestructura pues, ciertamente, durante muchos años las estrategias de presión por parte de las autoridades fue la violencia socioeconómica, entendida como las prácticas gubernamentales que se encargaron de eliminar y limitar las condiciones indispensables para el desarrollo de la vida, en lo que respecta a la salud, educación, comunicación o empleo (derivando en afectaciones como la pérdida de oportunidades, empleo y prestaciones sociales), debido a que se dejó de invertir en la infraestructura y servicios básicos de las comunidades y se les excluyó de las obras sociales, lo que sin duda constituyó un ejercicio de control y coerción sobre las poblaciones.
A su vez, dentro de las experiencias de procesos de reparación de daños es muy común encontrar que lo que prima sean las reparaciones pecuniarias, que en el caso de Acasico, Temacapulín y Palmarejo son, efectivamente, necesarias por todo el tiempo que el Estado dejó de invertir y que se les excluyó de una serie de espacios, procesos y obras. La compensación económica, ya sea para reparar daños materiales o inmateriales, es la medida que típicamente los Estados tienden a cumplir de manera más efectiva pues, a pesar de que en ocasiones implica sumas considerables, proporcionar una indemnización es relativamente más sencillo; además de asegurar el presupuesto necesario y establecer un proceso para hacer efectivo el pago, no requiere modificaciones sustanciales en su operación ni implica mayores esfuerzos institucionales ni cambios estructurales (Martín Beristain, 2008, p.579).
Hasta septiembre del 2023 se han realizado algunas acciones por parte del estado mexicano enfocadas en la infraestructura y servicios, y otras se encuentran en proceso:
- En Temacapulín: entrega de una ambulancia, rehabilitación del centro de salud (con médicas, enfermeras y psicóloga), inversión en caminos, banquetas, renovación de las vialidades centrales; rehabilitación del preescolar, primaria, secundaria, biblioteca y centro interactivo del agua.
- Para Acasico: inversión en el camino de acceso, modificación de la plaza central, que contempla el kiosco, un foro y un espacio para locales comerciales.
- En Palmarejo: se realiza la renovación de pozas públicas “Las Albercas”.
Como parte del Plan de Desarrollo Integral para los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) arrancó cuatro obras de infraestructura a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) con una inversión de más de 130 millones de pesos (mdp) en las tres comunidades (Balderas, 2023).
Asimismo, en las tres comunidades se asignaron a algunas personas cerca de 252 apoyos económicos para las viviendas (Gobierno de México, 2022), a través del Programa de Vivienda Social (PVS) y Proyecto Emergente de Vivienda (PEV), los cuales ofrecen subsidios a la población de bajos ingresos y sin acceso a recursos o financiamiento (SEDATU, 2022) con la intención de que las personas pudieran rehabilitar sus propiedades.
La mayoría de las acciones han sido materiales, por lo menos hasta antes de mayo del año 2024. El Plan de Justicia para las comunidades afectadas por la presa el Zapotillo se ha centrado en desarrollos de infraestructura y ha puesto al centro programas sociales, de tal manera que, por ahora, lo que debiera responder a un enfoque de reparación integral ha sido entendido y abordado como mera implementación de programas sociales. De aquí que, de acuerdo a las expectativas de reparación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, es no sólo conveniente sino fundamental que se incorporen nociones más amplias, en las que se opere en clave de lo que las personas consideran como justicia y reparación.
Respecto a la “reparación económica” Tello (2003) introduce el debate de que esta puede ser vista como una política en la que el Estado busca “reparar” las consecuencias de sus violencias, y dar respuesta a los reclamos de justicia, sin embargo este ejercicio es una de las acciones que ha generado mayor conflicto al interior de los Organismos de Derechos Humanos porque esta práctica viene a colocar la noción de Derechos Humanos en relación con la de dinero, cuando se pensaría que ambas parecen irreconciliables, situadas en polos opuestos en las representaciones que de ellas se construyen (Tello, 2003), la discusión se posiciona entonces en cómo las personas se representan lo económico, la implementación de programas y los daños morales en términos de la percepción de la justicia.
Si bien es difícil medir aspectos como el sufrimiento que se ha ocasionado a las poblaciones, el nivel de afectación en los proyectos de vida, el dolor por la ruptura del continuo generacional, la incertidumbre y amenaza de pérdida de la tierra, si se quiere hablar de reparación se parte de considerar esta desde el estándar existente, así como desde los distintos ángulos.
Pensar la reparación como algo integral, no implica menospreciar la importancia de las acciones de carácter material, indemnizaciones, inversiones, apoyos, recuperación de las tierras, entre otros aspectos, pues estos son elementos igual de significativos. Sin embargo, junto con lo material, desde un enfoque psicosocial, es también esencial considerar todos los otros daños generados en las personas, los grupos y colectivos, tanto en la salud y el bienestar integral, lo simbólico y en el propio tejido social, para crear caminos para su resarcimiento, así como para el acompañamiento de las comunidades de Acasico, Temacapulín y Palmarejo.
En este contexto, se tiene en el punto de mira en que siempre existirá una brecha entre lo que se busca resarcir a nivel individual y colectivo con las reparaciones, y lo que puede ofrecer una política o programa público destinado a aportar en los procesos de reparación de las personas y comunidades (Hamber, 2006). Si no se vislumbra de esta manera, se corre el riesgo de que se perciba que la reparación equivale a la recepción de programas y apoyos sociales, que la no repetición se cubre con un evento protocolar en el que se enuncien disculpas, sin un mayor compromiso tanto con las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín como con otras poblaciones en el país, o que la justicia efectivamente llegó a las poblaciones, cuando esto no es algo que hoy en día pueda asegurarse que ha ocurrido sin contratiempos en el caso que nos ocupa.
El caso de las comunidades mexicanas de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, que con su experiencia en la implementación del Plan de Desarrollo Integral, nos permite delinear algunos puntos generales respecto a las expectativas de distintos actores acerca de la reparación de daños en este tipo de casos de violencias y violaciones a derechos humanos. En estas páginas, se ha puesto en juego un ejercicio relacional acerca de la reparación, desde múltiples sistemas discursivos: las expectativas de las personas de las comunidades, lo que debería de ocurrir según los estándares internacionales, desde el Estado mexicano y nuestras expectativas de reparación desde el enfoque psicosocial. No como una lucha por la legitimidad de la palabra, sino como una práctica relacional de saberes y voces.
De este modo, hemos podido observar que en los casos presentados aparecen de manera manifiestan algunas cuestiones que han sido centrales en el análisis. En cuanto a las expectativas de las comunidades, se evidencia que las demandas de las personas se estructuran en torno a dos aspectos principales. La primera de ellas se refiere a la reparación material y concreta, donde algunas de las personas consideran que es posible mitigar de cierta manera los daños causados a las comunidades a través de la mejora en infraestructura, la inversión en obras comunitarias y la entrega de apoyos contemplados en el Plan de Justicia. No obstante, se ha señalado que las formas de reparación se ven atravesadas por tensiones y diferentes interpretaciones. También se plantea que la reparación solo podrá darse con el tiempo, a través de la certeza de que no volverá a presentarse una amenaza similar y con la garantía de seguridad sobre sus bienes y su futuro.
Por otro lado, en el plano simbólico y emocional, los daños morales y psicológicos son percibidos como irreparables por muchos habitantes. El sufrimiento causado por la amenaza de la inundación, se expresa de manera muy sentida y como aspectos difíciles de compensar la pérdida de personas que no llegaron a ver el desenlace favorable del conflicto. Aunque algunas personas ven valor en las disculpas públicas ofrecidas por el Estado, otras no las perciben como una reparación suficiente.
Del mismo modo, existe la dificultad que desde las instituciones del Estado mexicano se percibe que la reparación equivale a programas sociales y que algunas veces se reduce únicamente a acciones de carácter material, en este aspecto se muestran desajustes entre la orientación y propósito de las reparaciones disponibles y las propias solicitudes de las personas demandantes, algunas de las cuales ponen énfasis en la necesidad de una reparación no material, apelando principalmente a las valoraciones morales, el reto está en que la reparación pueda entenderse desde lo institucional como algo integral, más amplio, que contemple elementos inmateriales, simbólicos, culturales, emocionales, físicos, etc.
Aunque el Gobierno Federal mexicano ha buscado cumplir en mayor o menor medida con los distintos puntos propuestos en el Plan de Desarrollo Integral, el que se hable de un alto grado de cumplimiento no quiere decir que este esté satisfaciendo las necesidades y exigencias reales de todas las y los pobladores de las comunidades afectadas por la presa, así como tampoco que este proceso no se ha enfrentado a dificultades. De alguna manera, la etapa de reparación, en algunos casos, se ha vivido como una experiencia estresante para ciertos sectores de las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Por lo general, en situaciones como esta, las dificultades tienen que ver con el ritmo, las exigencias y burocracias de los Estados, con las maneras de hacer efectivas las reparaciones (Martín Beristain, 2008).
Es valioso apuntar que no existen fórmulas o recetas mágicas para las reparaciones. Sin embargo, es posible pensar en mínimos procedimentales para que estos procesos no se conviertan en una consecución de acciones perjudiciales para las víctimas. En ese sentido, habrá que insistir en que las entidades estatales sean muy cautelosas en no reproducir diversos tipos de violencia y respetar los derechos de las personas y comunidades. Ante hechos consumados, el enfoque de derechos humanos, los estándares internacionales y el enfoque psicosocial, entre otras tantas perspectivas, nos pueden dotar de elementos para un proceso que no actualice las violaciones, para que se pongan a las expectativas de las víctimas al centro y las promesas se cumplan, permitiendo cerrar los ciclos de impunidad y violencias.
La falta de cumplimiento de sus expectativas generaría en las víctimas una profunda frustración al ver desvanecerse sus esperanzas de obtener justicia, que constituye, desde la perspectiva psicosocial, un punto central y simbólico para su proceso de reconstrucción personal y colectiva. En la reparación se establece un nuevo marco de relación que contribuya a restaurar la confianza y el tratamiento adecuado de las víctimas como ciudadanos, reconociendo que sus derechos han sido vulnerados y que, en muchas ocasiones, no han sido debidamente reconocidos (Martín Beristain, 2008). En este sentido, resulta central no restarles agencia a las personas y comunidades, al colectivo y su capacidad organizativa, sin que esto signifique colocar en la población una obligación y responsabilidad que corresponde al Estado; por supuesto no va a ser el colectivo quien, en ausencia del Estado, deba reparar.
Una guía útil para que los procesos de reparación logren los objetivos que en el papel se persiguen en tener siempre en la mira la no repetición. Las acciones que se implementan bajo esta premisa pueden garantizar que al menos los episodios de mayor conflicto no se repliquen en detrimento de la nueva etapa de actuación del Estado. Al mismo tiempo, siempre será efectivo hacer cambios de fondo en los mecanismos de acción, las formas de consultar a las comunidades y de dar respuesta a sus demandas.
Finalmente, esto nos ayuda a considerar que cuando se trata de la reparación y la búsqueda de justicia hay situaciones poliédricas, cambiantes y particulares para cada comunidad; para no pensarlas como algo homogéneo. Ejemplo de esto son las condiciones históricas, de vivencia particulares del conflicto y de la experimentación del Plan de Justicia, de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Se ha hecho visible que en las expectativas de reparación, si bien existen algunas generalidades que se pueden advertir, como se ha plasmado en este artículo, se ha identificado que es más un entramado complejo, porque las expectativas de reparación ni son las mismas para todas las personas, ni para todas las comunidades, ni éstas tampoco han sido estáticas a lo largo del tiempo, no están fijadas para siempre, van cambiando, se van transformado y reorientado de acuerdo al transcurso, secuencias y temporalidad del conflicto por la presa El Zapotillo.
Balderas, C. (22 de febrero de 2023). Mi México late. Programa de mejoramiento urbano. México: Gobierno de México. Recuperado de https://mimexicolate.gob.mx/arranca-sedatu-obras-en-jalisco-forman-parte-del-plan-de-desarrollo-integral-para-los-pueblos-de-acasico-palmarejo-y-temacapulin/
Becerra, C. A. (2012). El derecho a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: ILSE.
Becker, D. y Weyermann, B. (2006). Género, transformación de conflictos y enfoque psicosocial, Manual. Suiza: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
Calderón Gamboa, J. F. (2013). La evolución de la ‘reparación integral’ en la jurisprudencia de la Corte IDH. Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México: CNDH.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 32: Medidas de reparación. San José: Corte IDH.
Delgado, E. S. (2020a). Temacapulín: amenaza de despojo y resistencia ante la construcción de una gran represa. En Revista Temas Sociológicos. Núm. (27). (pp. 527-558). ISSN 0719-644X. Santiago de Chile: Escuela de Sociología de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH). Doi: https://doi.org/10.29344/07196458.27.2274
Delgado, E. S. (2020b). Trauma psicosocial y resistencia en comunidades bajo amenaza de despojo por construcción de represas. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara.
Escalante, C.L. (2018). Los costes sociales del proyecto de la presa El Zapotillo: el caso de Temacapulín. En Agua y territorio = Water and Landscape. Núm (12). (pp. 71-82). ISSN 2340-8472. España: Universidad de Jaén. Doi: https://doi.org/10.17561/at.12.4070
Espinoza, G. (2018). Sujeto y legalidad en la lucha contra la presa El Zapotillo: caso Temacapulín. Tesis doctoral. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.
Ferrer, M. (2010). Vecinos de Temacapulín rezan por que se preserven. Periódico La Jornada. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2010/03/22/estados/032n2est
Gobierno de México. (2021). Versión estenográfica. Plan de desarrollo integral para los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. México: Presidencia de la República. Recuperado de https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-plan-de-desarrollo-integral-para-los-pueblos-de-acasico-palmarejo-y-temacapulin
Gobierno de México. (2022). Entregan Sedatu y Conavi apoyos para vivienda a 249 familias de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, Jalisco. México: Presidencia de la República. Recuperado de https://www.gob.mx/sedatu/prensa/entregan-sedatu-y-conavi-apoyos-para-vivienda-a-249-familias-de-acasico-palmarejo-y-temacapulin-jalisco?idiom=es-MX
Gómez Fuentes, A. C. (2015). Dictamen en materia de impactos sociales y culturales. Juicio de Amparo. Expediente: 1093/2014. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Gómez Fuentes, A. C. (2023). Los impactos sociales y culturales ocasionados por la construcción de la presa El Zapotillo. En La Jornada del Campo. Núm. (194). Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2023/11/18/delcampo/articulos/impacto-presa-zapotillo.html
Hamber, B. (2006). “The dilemma's of reparations: In search of a process-driven approach”. En De Feyter, K., Parmnetier, S., Bossuyt, M. y Lemmens, P. (Eds.), Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations. Antwerpen, Oxford: Intersentia, pp. 135- 149.
IMDEC. (2021). Plan de Justicia para la Reparación Integral de los daños de los pueblos Campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco. México: Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Recuperado de http://www.imdec.net/docs/Temaca/2021/PlanDeJusticia-PresaElZapotillo.pdf
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI de España Editores y Siglo XXI de Argentina Editores.
López, A. M. (@lopezobrador). (14 de agosto 2021). Mensaje desde la presa El Zapotillo en Jalisco. YouTube [video online] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=x29mRgbP3Zs
Martín Beristain, C. (2008). Diálogos sobre la reparación: Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos Tomo 1. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH.
Martín Beristain, C. (2010). Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Nash Rojas, C. (2009). Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988 - 2007). Chile: Andros Impresores.
Orellana, C. (2005). “Discurso Oficial y Reparación Social”. En Portillo, N., Gaborit, M., Cruz, J.M. (Comps), Psicología social en la posguerra: teoría y aplicaciones desde El Salvador. San Salvador: UCA Editores, pp. 169-222.
Organización de las Naciones Unidas (2006). A/RES/60/147. Resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 21 de marzo de 2006. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Orta, L. (Directora) (@blancarodrigueznoguerascan9701). (07 de febrero 2017). Documental: La Presa El Zapotillo. Mamá Tachita Producciones. YouTube [Documental; video online] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=9oWuA92rxl0
Rosete Hernández, J. G. (2010). Dictamen pericial en materia de psicología social. Guadalajara: Archivo Delegación de Temacapulín.
SEDATU. (2022). Comunicado. Entregan Sedatu y Conavi apoyos para vivienda a 249 familias de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, Jalisco. México: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Recuperado de https://seguridad.sspc.gob.mx/uploads/noticias_mexico/sedatu.-boleti-cc-81n-730.pdf
Tello, M. E. (2023). “La fuerza de la cosa dada. Dinero, política y Derechos Humanos en las "indemnizaciones" a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina”. En Kant de Lima (Coord.), Antropologia e direitos Humanos II. Río de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense; Asociaçao Brasileira de Antropología- Fundación Ford, pp. 37 – 74.
UNOPS (@unops_official). (17 de noviembre 2017). Testimonios de la población de Acasico, Jalisco (México). YouTube [video online] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6aeUO2l11tA
Vera Piñeros, D. F. (2008). Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario: complementos a la perspectiva de la ONU. En Papel Político, Núm. (2) Vol. 13. (pp. 739-773). ISSN 0122-4409. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77716562010
Zenobi, D. y Marentes, M. (2020). “Panorama sobre la producción social de las víctimas contemporáneas”. En Pita M. V. y Pereira S. (Editores), Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Teseo, pp. 67-100.
Zenobi, D. (compilador) (2023). Víctimas: debates sobre una condición contemporánea. Buenos Aires: Teseo. Recuperado de https://www.teseopress.com/victimasdebatessobreunacondicioncontemporanea