Grupos de presión. Caracterización analítica de la acción colectiva de sectores sociales en la conflictividad boliviana[1]

Pressure groups. Analytical characterization of the social sectors collective action in the bolivian conflict

Maria Clara Zeballos Puccherelli[2]

 

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-No hay restricciones adicionales 4.0 (CC BY-NC 4.0)

 

Resumen

Este artículo analiza la categoría sociológica de los sectores sociales en Bolivia, utilizada para identificar a sujetos colectivos que ejercen presión y se manifiestan públicamente para incorporar sus intereses en el Estado, segmentan la sociedad en identidades colectivas. Aunque existen enfoques cualitativos que estudian las organizaciones sociales más representativas en la política y la conflictividad en Bolivia, a nivel de sectores sociales no se han desarrollado investigaciones que determinen su perfil de acción colectiva. Este estudio realiza una sistematización conceptual de los sectores sociales, se describe su rol en la sociedad y su impacto en la gobernabilidad desde la perspectiva de la teoría de la acción colectiva y los grupos de presión y se establece el perfil de conflictividad utilizando dos bases de datos de centros de monitoreo de conflictos en Bolivia: CERES (1970-2019) y Fundación Unir Bolivia (2010-2020) que incluye tipos de demandas, relaciones de competencia y colaboración entre grupos, patrones geoespaciales, y su vínculo con las condiciones de desarrollo local con el Índice Municipal de Desarrollo Sostenible del SDSN-Bolivia.

Palabras clave: Grupos de presión, Acción colectiva, Conflictividad, Bolivia.

 

Abstract

This article analyzes the sociological category of social sectors in Bolivia, used to identify collective actors who exert pressure and publicly demonstrate to incorporate their interests into the State, segmenting society into collective identities. Although there are qualitative approaches that study the most representative social organizations in politics and conflict in Bolivia, at the level of social sectors, there have been no studies that determine their collective action profile. This study provides a conceptual systematization of social sectors, describes their role in society and their impact on governability from the perspective of collective action theory and pressure groups, and establishes a conflict profile using two conflict monitoring databases in Bolivia: CERES (1970-2019) and Fundación Unir Bolivia (2010-2020). It includes types of demands, relationships of competition and collaboration between groups, geospatial patterns, and their link to local development conditions with the Municipal Sustainable Development Index of SDSN-Bolivia.

Keywords: Pressure groups, Collective action, Social conflict, Bolivia.

 

Introducción

En la teoría de la acción colectiva, la sociedad se organiza en grupos de interés o reunión de individuos que comparten intereses e identidades que desean introducirlas en el Estado a través del cabildeo y la presión. Esta posición también provoca conflictos de intereses entre grupos creando diferencias que los llevan a relacionarse entre sí, ya sea en competencia o en colaboración, cuando se entiende que los intereses de uno afectan los de otro o cuando identifican un interés en común y se agregan en una sola demanda. En Bolivia, estos grupos de interés se entienden desde una categoría analítica más amplia conocida como "sectores sociales" que segmenta la sociedad en función de características económicas, sociales y culturales y desde las condiciones macroeconómicas que provocan sus demandas en los conflictos sociales (Arnold y Spedding, 2005; Calderón et al., 2011; Fundación Unir, 2013; Rojas, 2015, Fontana, 2013; Calderón et al., 2011; Quiroga et al, 2020).

El problema que aborda este artículo es que tradicionalmente el entendimiento de los sujetos protagonistas de conflicto se realiza con estudios cualitativos a nivel de organizaciones sociales en base a la observación y entrevistas, que deducen una amplia gama de reglas de acción colectiva y perfil de conflicto de las organizaciones que han sido estudiadas, es decir cuáles son sus intereses, sus medidas de presión y cómo es la estructura sindical. Por ejemplo, los autores bolivianos se han enfocado en comprender perfiles de conflicto de las organizaciones más representativas de la sociedad boliviana, como transporte público (Imaña, H, 2004), juntas de vecinos (Acahuara, 2009) y aquellas identificadas como movimientos sociales (Arnold y Spedding, 2005; Chávez y Costas, 2010; Zegada et al, 2023). Un primer estudio que ha indagado en las relaciones sociales y preferencias de alianzas contenciosas entre organizaciones sociales en los conflictos sociales de Bolivia es el de Puccherelli y Weise (2024).

Sin embargo, el tratamiento de los sectores sociales como categorías más amplias y su rol en la conflictividad social - entendida como un patrón y tendencias que dejan los conflictos sociales en los registros históricos - es aún más reducido. Investigaciones sobre conflictividad conciben a los sectores como la identidad social del conflicto en análisis cuantitativos de tipo agregativo (Calderón et al, 2012) pero estudios recientes han combinado métodos cualitativos y cuantitativos para describir el perfil de conflictividad del sector salud como protagonista de los conflicticos ligados a este tema (Quiroga et al, 2023).  De todas formas, el estudio de los sujetos sociales de conflicto ya sea a nivel organizacional o de grupo de presión es escaso en los estudios bolivianos sobre gobernabilidad y en general en las ciencias sociales.

En este sentido, este artículo busca abordar el análisis de estas categorías en una combinación entre la teoría de los grupos de presión y datos de monitoreo de conflicto social en Bolivia para identificar perfiles de comportamiento y preferencias de los sectores sociales en la conflictividad boliviana y observar tendencias que pueden escapar en estudios más específicos. La pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿cómo se perfilan analíticamente los sectores sociales como grupos de presión dentro de la conflictividad boliviana?

El objetivo de esta investigación es analizar y caracterizar los sectores sociales en Bolivia desde la perspectiva de la teoría de los grupos de presión y explorar su comportamiento en el marco de los conflictos sociales^[3]. La hipótesis que guía este trabajo es la posibilidad de acercarse a definir la identidad colectiva de los sectores sociales a través de su perfil de conflictividad derivados de los datos de monitoreo de conflicto en Bolivia. Al relacionar las variables de identidad, territorio, desarrollo y demandas de los sectores, se busca profundizar la comprensión de este concepto más allá de la clasificación convencional por ocupación, clase, étnica o condiciones socioeconómicas.

La metodología se basa en la comparación de las descripciones teóricas de los grupos de presión con los perfiles de conflictividad de los sectores sociales a través del uso de datos cuantitativos de dos ONG de monitoreo de conflictos: Centro de Estudios de la Realidad Social^[4] (1970-2019) y la Fundación Unir Bolivia^[5] (2010-2020). La metodología de estos centros se basa en registrar aspectos clave de los conflictos: quién (sector social demandante), por qué (demandas), cómo (métodos de protesta), y hacia quién (sector o autoridad demandada). La principal fuente de estos datos son los medios de comunicación, especialmente la prensa.

En este artículo experimenta con el cruce lineal de variables, usando correlación de Pearson. En general en la literatura boliviana no hay una definición específica y compartida de sector social, su definición se entiende desde lo implícito y no explícito. Para realizar este artículo entonces se toman dos estrategias: se sistematiza todas las menciones a sector social de diferentes textos y autores y se abstrae sus características y atributos y de construye un marco común, luego se les provee de marco teórico con la acción colectiva para situarlos en el sistema social, junto a la descripción del perfil global empírico, es decir todos los datos que se han registrado en los conflictos sociales.

Con este resultado se espera aportar a la definición del concepto de sector social y tener mayor claridad en sus perfiles de conflictividad. La comparación de las dos bases es relevante porque permiten ampliar la historicidad del sujeto, y ver cómo se comportan en relación con distintos regímenes de gobierno y como han cambiado sus estrategias de movilización. Es una indagación con análisis de datos que podría ser más trabajoso elaborarlo con métodos descriptivos de tipo histórico.

 

Sector social como grupo de presión y su rol en la vida social

La teoría de la acción colectiva parte de la premisa que los intereses y comportamientos de grupo son las principales fuerzas en la vida económica y política en una sociedad, y que, si los individuos o grupos sociales son conscientes de la dependencia de las autoridades hacia sus recursos, ya sea en impuestos o en trabajo, entonces adquieren agencia para negociar sus intereses (Olson, 1971; Blanton, R., & Fargher, L, 2008). La teoría marxista es la que ha indagado en la forma en que surge la agencia en el proceso de formación de una conciencia de clase o de grupo. Esta teoría plantea que en el proceso de acumulación primitiva hubo una desvinculación de los individuos de sus formas comunitarias campesinas previas para convertirse en individuos aislados en la sociedad industrial (Tapia, 2008) En estas nuevas condiciones, se necesitan procesos de difusión de ideas para producir intereses compartidos entre individuos aprovechando la proximidad física o cercanía espacial (como, por ejemplo, la fábrica). Esta conciencia se materializa en una organización política que sería la condición para iniciar un conflicto abierto para disputar el valor de la fuerza de trabajo, distribución de la riqueza y cuestionar las relaciones de poder y explotación (Turner, 1975; Tapia, 2008).

En el contexto de la sociedad boliviana, los grupos de presión se definen como organizaciones que operan fuera del ámbito estatal o burocrático y actúan sobre el gobierno con el objetivo de imponer sus aspiraciones y reivindicaciones. Los sectores sociales son considerados como "sujetos colectivos" o "colectividades", grupos que comparten características y roles sociales, y se organizan para perseguir intereses y necesidades grupales, segmentando la sociedad (Calderón et al., 2012; Arnold y Spedding, 2005). El sector social se define en la suma de identidades mediadas por una característica en común, específicamente desde el rol social de los sujetos en el conflicto, como ser vecino o ser obrero. Por ejemplo, el sector salud está integrado por todas las organizaciones sindicales de trabajadores en salud, pero también por grupos que no están organizados pero que expresan demandas o pedidos en relación con la salud pública como los pacientes (Quiroga et al, 2023).

Spedding (2020) describe que, en Bolivia, los grupos de presión tienen dos tipos de objetivos, aquellos positivos que refieren a la búsqueda de acciones a favor del sector y objetivos negativos o aquellos que procuran que no se intervenga o controle sus actividades. Esto define el doble rol, por un lado, inciden en la formación de políticas públicas, pero a su vez rechazan ser regulados por el Estado.

Por este papel que tienen los grupos de presión en organizar la sociedad en relación a intereses compartidos y fungir como intermediarios entre los individuos y el Estado, consolidando intereses y demandas en políticas que beneficien a los diferentes sectores, es que albergan el potencial de cambiar el transcurso de la historia al reducir la concentración de poder y el ejercicio arbitrario de autoridad, y al ser portadores de la política salvaje su acción colectiva queda latente, existe como conflicto potencial (Olson, 1971; Tapia, 2008).

Sin embargo, los grupos de presión no son inmunes a los intentos del Estado de someterlos como núcleo corporativo, esto significa que los institucionaliza como grupo burocrático que se introduce con la representación política para resguardar y promover intereses sociales y económicos específicos y a cambio proveen al Estado de una herramienta de control del conflicto y desmovilización de las bases sociales, ya que colaboran con las autoridades a nivel de liderazgo y ejercen control social y movilización a nivel de masas (Panitch, L, 1977;  Tapia & Chávez, 2020). En Bolivia constantemente los sectores sociales denuncian la injerencia del Estado de cualquier nivel administrativo (nacional, departamental y municipal) controlados por partidos políticos que buscan cooptar las organizaciones sociales para controlar la movilización y obtener apoyo político orgánico. Este fenómeno se conoce como fragmentación y paralelismo interno.

 

 

Tabla N° 1. Comparación de sectores sociales en la metodología de CERES y Unir. Cuadro comparativo sobre los sectores sociales identificados en ambas metodologías de dos sistemas de monitoreo. La jerarquía indica el porcentaje de representación en el conjunto de conflictos (N) registrados en cada base de datos. Se debe tener en cuenta que esta cantidad no refleja necesariamente la realidad de conflictos ya que está afectada por el subregistro, por eso en los datos de CERES en 49 años registran algo más de 19.000 conflictos y UNIR en 10 años algo más de 30.000 episodios de conflicto. Es decir que hay una desproporción que tiene razón en la capacidad de registro y la existencia de medios de comunicación, pero también con el contexto político y el régimen estatal, ya que entre 1970 y 1985 en Bolivia se vivió sucesivos gobiernos militares que condicionaron la presencia de medios de comunicación.

 

Los sectores sociales se categorizan según ocupaciones específicas como profesionales, trabajadores, agricultores; en campos sociales más amplios como clase social, género, etnia, religión u otras dimensiones identitarias como compartir un territorio o actividad económica. La condición es que desarrollen una identidad compartida en torno a un atributo en común (Calderón et al, 2011; Arnold y Spedding, 2005).

Como se puede ver en el cuadro, las metodologías para identificar sectores sociales en la conflictividad en Bolivia comparten en general la mayoría de las categorías, sin embargo, ambos conjuntos de datos tienen sectores que responden más bien a coyunturas específicas como “amas de casa” en CERES. Se puede resumir que los sectores sociales más constantes en Bolivia son:

1.      Vecinos urbanos

2.     Educación

3.     Transporte

4.     Gremial o comerciantes

5.     Campesinos

6.     Comités cívicos

7.      Minero

8.     Fabril

9.     Organizaciones políticas

10.  Central y centrales obreras

11.   Indígenas originarios

12.   Rentista

13.   Servicios privados

14.   Artesanos

Se puede ver que, históricamente, el sector social de vecinos urbanos son los mayores protagonistas de la conflictividad en Bolivia en los últimos 50 años, con un desplazamiento de segundo lugar en los datos del CERES a primer lugar en los datos de Unir. Otro sector que aumenta su protagonismo es el de transporte, y, al contrario, otros tienden a reducir su protagonismo en la conflictividad boliviana como el sector minero. Es llamativo que en ambas bases de datos el sector obrero minero representado a través de la Central Obrera Boliviana tiene baja presencia y específicamente, una significativa reducción en el gobierno de Evo Morales^[6]. Estos datos respaldan la afirmación de la historiadora boliviana Lupe Cajías (Zegada et al, 2023) quien afirma que antes de 1986 la COB era el referente nacional de la movilización popular, pero aquel año debido a la desproletarización de las minas con el decreto supremo 21060, se vivió un proceso de pérdida de la centralidad obrera y minera. Como relata la autora, la COB no volvió a conseguir posicionarse en la movilización y fue desplazado por las organizaciones campesinas y terminó - en la última década - ocupando un rol corporativo en el Estado boliviano (Tapia y Chávez, 2020; Puccherelli y Weise, 2024).

Cabe resaltar la existencia de un sector comodín denominado “otros”, donde van todos aquellos sujetos de conflicto que no pertenecen a ninguno de los otros grupos, es decir que su identidad es ambigua, pero con una presencia no desdeñable en los datos de conflicto, ya que están entre el 4to y 3er lugar de los mayores protagonistas.

Los grupos de presión comparten con los partidos políticos la cualidad de ser portadores de agencia política, es decir que participan en el proceso de decisión dentro de la comunidad política y buscan imponer sus puntos de vista (Badía, 1966). Sin embargo, los grupos sociales son diferentes porque ejercen un tipo de política salvaje (Tapia, 2008) que es una política no institucionalizada, y es más bien, un comportamiento latente y que existe como fuente constitutiva de la sociedad en sí misma que tiene el objetivo de influir en el proceso de decisión política e introducir sus intereses, sin embargo a diferencia de los partidos políticos, estos grupos no presentan proyectos ni visión de sociedad en conjunto, cuestionan la forma social normativa existente pero sin un proyecto alternativo (Badía,1966; Tapia, 2008).

Por eso distintos autores, plantean que los grupos de presión y la acción colectiva son fenómenos sociológicos inherentes al desarrollo de los Estados, aunque no universales pues esta política salvaje es histórica y culturalmente contingente al sistema en el que operan (Badía, 1966; Blanton & Fargher, 2008). Por ejemplo, para Bolivia, en el siguiente cuadro se puede ver qué sectores sociales tuvieron mayor protagonismo en qué regímenes de gobierno. Se utiliza la base de datos del CERES que ha reportado episodios desde 1970, pasando por 16 gobiernos diferentes.

Gráfico N° 1. Sectores sociales protagonistas por régimen de gobierno. Matriz de correlación de Pearson entre las variables sector social y gobierno registrados en la base de datos de la ONG CERES (1970 a 2019)

En el gráfico anterior se puede observar que la presencia y protagonismo en la conflictividad de los sectores sociales ha estado de cierta manera condicionada a los tipos de gobierno. Se puede ver que en el periodo de Evo Morales (2006 a 2019) hay mayor diversidad y presencia de los sectores sociales, que puede entenderse como mayor democracia o mayor rechazo. Pero también puede deberse a que fue el presidente con más años en el ejercicio de poder, mientras los anteriores gobiernos duraron en promedio 3 años, Evo Morales estuvo casi 15 años. Hay que tomar en cuenta que la Constitución boliviana establece periodos de mandato de 5 años. Dictaduras, interinatos, transiciones, golpes de estado y renuncias caracterizaron los gobiernos desde el general Ovando Torrez hasta el juez Rodríguez Veltzé (Laserna y Villarroel, 2008). Es decir que fueron 36 años de ingobernabilidad e inestabilidad política pero que no se refleja en los datos de conflicto debido seguramente a la represión característica de estos tipos de gobierno, porque había pocos medios de prensa escrito y la información se difundía principalmente por radios, reduciendo las posibilidades de monitoreo o porque los grupos no estaban organizados, no tenían interés en la protesta o que el ejercicio de la política estaba restringido a la forma partido.

Por otro lado, hay otras diferencias entre los grupos de presión y los partidos políticos. Una es que el ejercicio de esta política salvaje hace que los grupos de presión se caracterizan por ejercer modos de acción colectiva para presionar por sus objetivos políticos a través de la aplicación de técnicas y tipos de presión con diferentes grados de intensidad (Badía, 1966), acciones que comúnmente se conoce en Bolivia como medidas de presión, técnicas disruptivas o métodos de lucha (Calderón et al, 2012; Laserna y Villarroel, 2008).

En el siguiente cuadro, volvemos a utilizar la base de datos del CERES ya que nos permite ver un panorama histórico de las diferentes medidas de presión adoptadas por los grupos de presión en diferentes gobiernos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Medidas de presión aplicadas por los grupos de presión en diferentes gobiernos entre 1970 y 2019. En este mapa de muestra la matriz de correlación de Pearson entre las variables: manifestación dominante y gobierno en datos de CERES

Estos resultados están relacionados con la matriz de más arriba, ya que si pocos sectores protestan se registran pocas medidas de presión, por eso también se puede ver que en el gobierno de Evo Morales (2005-2019) se aplicaron toda la gama de medidas de presión utilizadas por los sectores sociales, siendo los más utilizados las medidas de menor afectación, marchas y concentraciones y amenazas de movilización conocidos como “estados de emergencia”. Pero también son relevante las medidas de alto impacto y afectación social como bloqueos, enfrentamientos y tomas y marchas. En el gobierno de Ovando Torrez (1970-1971) que fue un periodo de alta inestabilidad después de la dictadura de Barrientos también hay mayor indicio de violencia. En cambio, en los gobiernos de dictadura militar: Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981) se realizaron huelgas y declaraciones de estados de emergencia, es decir medidas de presión más bien pacíficas y de baja afectación.

Por otro lado, las medidas no convencionales son representadas en las variables “otros” y “sin información” y tienen una presencia importante en el registro dejando indicios de la innovación en las acciones y estrategias de movilización y acción colectiva de los sectores sociales.

 

Fuerza de grupo.

Sin embargo, no todos los grupos tienen las mismas posibilidades de introducir sus intereses en el Estado y alcanzar sus metas colectivas, esto depende de la fuerza de grupo. Los planteamientos teóricos iniciales de la teoría de la acción colectiva argumentaban que estos se formaban espontáneamente sin normas internas ni modos de coordinación, aduciendo que su éxito estaba relacionado con su tamaño o cantidad de miembros. Posteriormente, Mancur Olson (1971) apuntó que alcanzar el resultado deseado se debe más bien a la organización del grupo. Los grupos de presión son individuos primariamente separados que se reúnen porque tienen intereses en común. Como planteaba inicialmente Georg Simmel (en Turner, 1975) los individuos gestionan el conflicto interno y avanzan hacia el ejercicio de una acción colectiva, estableciendo normas propias, marcos de comportamiento y estructuras de representación (Turner y Killian, 1957) es decir, avanzando hacia lo que Marx denominó unificación (en Turner, 1975).

Esta fuerza de grupo se refleja en las estrategias de movilización de los sectores sociales, ya que aquellos con mayor capacidad de movilización optarán por medidas de mayor impacto que por medidas más localizadas. En el siguiente cuadro se muestra la preferencia de medidas de presión según sector social entre los años 1970 y 2019 en la conflictividad boliviana.

 

Gráfico N° 3: Medidas de presión aplicadas por los grupos de presión entre 1970 a 2019. En este mapa de muestra la matriz de correlación de Pearson entre las variables sector social y manifestación dominante en datos de CERES

En el gráfico hay indicios que los sectores sociales aplican medidas de presión según ciertas capacidades de acción o sobre el impacto potencial de afectación. Aunque hay preponderancia por acciones de baja radicalidad, como marchas, manifestaciones y concentraciones, otras medidas están más relacionadas con la capacidad del sector, así la huelga de hambre - solo afectan a quien la ejerce - es una medida adoptada principalmente por trabajadores del sector privado o jubilados rentistas, generalmente motivadas por causas personales. En contraste, las huelgas laborales son comunes entre los trabajadores de servicios públicos y obreros/mineros, cuya interrupción laboral afecta directamente la producción económica.

Para la teoría de la acción colectiva los grupos de presión adquieren poder y fuerza a través de tres fuentes: cantidad de miembros, organización social y recursos disponibles (Bierstedt,1950; Olson, 1971). Respecto al tamaño del grupo, diversos estudios bolivianos^[7] han estimado datos para algunos sectores, ya que a medida que un sector integre grandes segmentos económicos o poblacionales tendrá mayor fuerza para imponer sus demandas. Por ejemplo, en 2004, el sector transporte del municipio de La Paz aglutinado en la Federación Sindical de Choferes 1° de Mayo estaba compuesta por 64 sindicatos y aproximadamente 20,000 afiliados (Imaña, 2004). En lo datos se puede ver que este sector utiliza medidas de alto impacto como bloqueos de caminos y calles, huelga laboral y marchas.

El sector social de vecinos urbanos del municipio de El Alto está organizado en la Federación de Juntas Vecinales que representa a más de 500 juntas de vecinos de distintos barrios y distritos de este segundo municipio más poblado del país (Acahuana, 2016). En 2019, los gremiales o comerciantes de Bolivia reunidos en la Confederación Nacional reportaron una membresía de 2 millones de afiliados de comerciantes de diversas ramas (Mamani, 2019). Estos sectores también aplican bloqueos de calles en las ciudades, marchas y medidas más radicales como enfrentamientos y tomas.

El sector campesino representado en su mayoría por los sindicatos agrarios reunidos en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) declara contar con un número de 4 millones de trabajadores campesinos en 2023 (RTP Bolivia, 30 de agosto de 2023). También se estima que los campesinos cocaleros de los Yungas de La Paz organizados en la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) registró 36.000 afiliados para 2018 (Spedding, 2020). Estos sectores también utilizan medidas drásticas como bloqueos, enfrentamientos, tomas, marchas y concentraciones.

El tamaño de los sectores está influenciado por variables socioeconómicas que pueden aumentar o disminuir el número de miembros. Por ejemplo, factores como la migración, la informalidad económica y desempleo pueden afectar el tamaño de tres sectores: las juntas vecinales con la migración rural-urbana, el sector gremial cuando las personas que no tienen un trabajo formal se dedican al comercio y el sector del transporte cuando por desempleo las personas optan por volverse choferes de transporte^[8].

Otro aspecto que está relacionado con el poder del grupo es su estructura organizativa, definida como la disposición jerárquica de sus miembros junto a los procedimientos de delegación de autoridad, distribución del poder, toma de decisiones y el conjunto de reglas, condiciones y requisitos para ser miembro. Según Chávez y Costas (2010) las organizaciones sociales en Bolivia tienden a organizarse en sistema de mandos y jerarquías, con autoridad centralizada a diferentes escalas cada uno con sus roles y responsabilidades. Algunos estudios sobre la toma de decisiones argumentan que aquellas más importantes - especialmente respecto a la movilización y negociación de demandas al gobierno - suelen tomarse en los niveles superiores para posteriormente comunicarlas a las bases o miembros ubicados en la base de la jerarquía para que acaten estas decisiones (Arnold y Spedding, 2005).

La estructura de la organización también implica la existencia de hábitos de disciplina interna. Esto se refiere a las normas y reglas que rigen el comportamiento y la interacción de los miembros, que se vuelven fundamentales para mantener la cohesión y el funcionamiento eficiente. Por ejemplo, en las organizaciones sociales bolivianas existe la aplicación de castigos o sanciones a los comportamientos desviados del consenso para, por ejemplo, asegurar la participación de sus afiliados en las acciones de presión (Mamani, 2019; Arnold y Spedding, 2005). Ligado a esta estructura está el carácter orgánico de la organización, que define la capacidad para tomar decisiones con mayor o menor grado de consenso, pero no está relacionado directamente con tamaño o la estructura, sino con principios políticos internos sobre la representación de los miembros que tienen el objetivo de reducir la arbitrariedad en el comportamiento de la autoridad (Chávez y Costas, 2010).

No es el caso de todas las organizaciones, Spedding (2020) describió que la organización de campesinos cocaleros de ADEPCOCA adolece de la inestabilidad de dirigencias sindicales y el fraccionamiento de las organizaciones, aunque la autora resalta la ventaja que implica esta situación ya que reduce el riesgo que sean controladas y cooptadas por grupos con mayor poder o el gobierno, y tiene sentido si la evidencia empírica demuestra que estructuras altamente centralizadas presentan una mayor vulnerabilidad a la desintegración del conjunto. Sin embargo, esto puede deberse al tipo de interés que alberga un sector^[9] que influyen en los dirigentes. Otras observaciones declaran en línea contraria, que sectores con liderazgos circunstanciales sólo pueden expresar demandas simples haciéndolos más débiles (Fundación Unir, 2013).

Finalmente, la capacidad de presión o de movilización está relacionada con los recursos disponibles no sólo a nivel de organización sino también a nivel de miembros. Muchos sectores tienen una vulnerabilidad económica pues viven del ingreso diario de sus actividades, esto condiciona la cantidad de días que pueden asumir medidas drásticas como la huelga laboral. Por ejemplo, la capacidad de presión para los transportistas y gremiales es menor a 24 hrs, es el tiempo que las bases pueden acatar las medidas de presión sin empobrecer (Imaña, H. 2004; Arnold y Spedding, 2005) puede ser la causa que sus acciones busquen el mayor impacto y afectación posible. De esta manera, los sectores económicamente independientes asumen mayor costo en pérdida por día de protesta que aquellos sectores cuyos ingresos son dependientes, por ejemplo, los sectores de salud y educación pública que entran en huelga laboral como medida de presión.

El tipo de demandas puede influenciar en la radicalidad de los sectores sociales. Por ejemplo, en Bolivia aquellos que demandan mayor redistribución o buscan la movilidad social, suelen ser más radicales en sus manifestaciones (Rojas, 2015). Para evaluar esta afirmación en el siguiente cuadro se ha construido un perfil de los ocho sectores sociales más importantes en la conflictividad boliviana de 2010 a 2020. Se utiliza la base de datos de la Fundación Unir Bolivia (Programa de Investigación en Conflictividad Social y Comunicación Democrática, 2020). Esta base tiene la ventaja que tiene registrado lugar específico o municipio de los grupos de presión en los conflictos registrados. Teniendo los municipios de origen^[10] Se puede agregar índice municipal de desarrollo sostenible elaborado en 2020 por SDSN Bolivia.^[11] Esta información permite evaluar el perfil socio económico y de conflicto de los sectores sociales. En el cuadro, la correlación de Pearson se aplicó al sector social en relación con el resto de las variables, el número indica la fuerza de la correlación si es cercano a 1 indica una relación positiva, si es cercano a -1 indica una relación negativa

Representación del sector social		Nivel de radicalidad				Principales tipos de demanda			Formalidad			Índice de Desarrollo Sostenible Municipal
Sector Social	%	1	2	3	4	1er	2do	3er	E	I	Inf	35-52	52-61	61-67	67-71	71 -80
Vecinal comunal	22	0.2	0.36	0.13	0.31	Prestación de servicios públicos (0.21)	Gestión administrativa (0.13)	Situación económica (0.11)	0.11	0.78	0.11	0.32	0.24	0.25	0.1	0.1
Educación	15	0.14	0.51	0.1	0.26	Gestión administrativa (0.39)	Prestación de servicios públicos (0.13)	Laboral (0.11), Leyes (0.11), Medidas económicas (0.11)	0.23	0.53	0.24	0.12	0.13	0.38	0.16	0.21
Otras org y grupos de la sociedad civil	11	0.24	0.53	0.06	0.17	Leyes (0.2)	Situación económica (0.17)	Derechos humanos (0.13)	0.51	0.09	0.4	0.09	0.11	0.34	0.14	0.33
Transporte	9	0.34	0.26	0.09	0.31	Situación económica (0.38)	Leyes (0.16)	Gestión administrativa (0.13)	0.63	0.37	0	0.12	0.22	0.32	0.13	0.21
Agropecuario Campesino	7	0.33	0.29	0.04	0.34	Situación económica (0.24)	Leyes (0.16)	Ideológico político (0.16)	0.48	0.49	0.03	0.32	0.29	0.18	0.13	0.08
Gremial	5	0.23	0.48	0.09	0.21	Situación económica (0.32)	Leyes (0.16)	Gestión administrativa (0.17)	0.43	0.5	0.07	0.08	0.09	0.44	0.23	0.15
Cívico	3	0.3	0.28	0.17	0.25	Límites político-administrativos (0.22)	Situación económica (0.15)	Prestación de servicios públicos (0.12)	0.94	0.02	0.04	0.29	0.45	0.19	0.05	0.02
Indígena	3	0.31	0.29	0.11	0.29	Valores, creencias e identidad (0.26)	Ideológico político (0.15)	Leyes (0.14)	0.67	0.33	0	0.47	0.36	0.14	0.02	0.02

 

Tabla N° 2[12]. Perfil socioeconómico de los sectores sociales con mayor representación en los conflictos sociales en Bolivia de 2010 a 2023

Los sectores más radicales son aquellos que alcanza mayores niveles de violencia en sus movilizaciones, que son reprimidos por el gobierno, con enfrentamientos y saldos de heridos o fallecidos, y en este caso son los vecinos urbanos, comunarios y el sector indígena, una tendencia que se hereda desde los años 1970 en los registros de CERES. Mientras los primeros tienen su principal demanda en la provisión de servicios públicos como educación, salud e infraestructura, los segundos tienen demandas respecto a la preservación de su identidad. También se puede observar que estos sectores están relacionados con bajos índices de desarrollo sostenible, lo que indica que no gozan de buenas condiciones de vida. 

Para observar con mayor especificidad estas condiciones, se correlacionó el municipio de origen del sector social vecinal/comunal con algunos indicadores de desarrollo sostenible, y presenta una correlación positiva (0.67) para municipios que tienen entre el 66 y el 98% de la población con “necesidades básicas insatisfechas” según el Censo Nacional de 2012 y también una correlación positiva (0.41) con municipios donde están las mayores tasas de mortalidad en niños menores de 5 años (43 a 82 por 1000 niños nacidos vivos) según datos de Encuesta de Hogar del año 2016. Sobre acceso a la educación, el sector vecinal-comunal presenta una correlación positiva (0.44) con municipios donde hay menos oportunidades de educación superior (con un máximo del 10% de población de 19 años con nivel de educación superior), y correlación positiva (0.34) con municipios que cuentan con hasta el 67% de profesores calificados para el nivel secundaria. Estos datos están indicando poblados donde los jóvenes tienen menos oportunidades para terminar la secundaria (Andersen et al., 2020). Entonces sí se puede ver que estos sectores representan zonas donde hay mayores indicios de pobreza.

Para ver cuán formales son estos grupos, es decir, si gozan de las condiciones organizacionales para mejorar sus oportunidades de conseguir sus demandas, se asignó un valor entre 1 y 3 a los grupos según cómo están representados en los datos. Entonces, 1 si se identifican como sindicatos, asociaciones o juntas, es decir que son explícitamente formales. El valor de 2 se asigna cuando no están anotados directamente, pero se sabe que están organizados^[13], entonces son implícitamente formales. Se asigna 3 si son organizaciones informales, aquellas que son de carácter más espontáneo y circunstancial.

Entonces, el sector vecinal comunal al ser implícitamente formales, indica que son mayormente pequeños grupos organizados, pero no representados por sus organizaciones matrices, en el caso de que las tengan. Los campesinos están anotados de igual manera con sus organizaciones sociales o como referencia a su comunidad, también tienen preponderancia en los municipios con menor desarrollo. Los pueblos indígenas se identifican mayormente con sus organizaciones sociales, es decir que se movilizan a través de sus máximas entidades de representación. Se puede ver que este sector también está presente en municipios con bajos índices de desarrollo sostenible.

Se podría decir que estos sectores sociales y sus demandas responden al concepto de conflictos estructurales, aquellos que reflejan la distribución desigual de recursos y riqueza, y aquellos reflejan estratificación social de tipo racial que se hereda de la colonia (Fontana, 2013). El sector indígena es un caso especial porque son los únicos con demandas en relación con “valores, creencias e identidad”: conflictos referidos a la defensa y reivindicación de ciertos rasgos culturales o de género en determinados sectores de la sociedad (Calderón et al, 2011, p.344), de esta manera, sus demandas son por la inclusión diferenciada del Estado, su representación política y la regulación de sus territorios y derechos colectivos.

Por otro lado, municipios con desarrollo medio tienen mayor presencia de sectores sociales como educación, otras organizaciones y grupos de la sociedad civil, transporte y gremial. Estos últimos dos tienen referencia clara a sus organizaciones sociales, pero solo los transportistas tienden a expresar manifestaciones más violentas. Como se mencionó anteriormente, el costo de protesta para estos sectores es más alto debido a la pérdida inmediata de sus ingresos. El sector social de “educación” es el segundo con mayor protagonismo en el conflicto entre 2010 y 2020 y para obtener alguna referencia al contexto de desarrollo comprobamos que presenta una correlación positiva (0.20) para municipios con mayores porcentajes (38 y-41%) de población mayor a 19 años con educación superior según el Censo Nacional de 2012, y correlación similar (0.18) en municipios con los porcentajes más altos (67 y el 100%) de cantidad de profesores calificados en el nivel secundaria según encuestas de hogar de 2016. (Andersen et al., 2020). Esto es un indicio que en lugares donde hay más maestros por población en edad escolar es donde hay más protestas del sector educación y sus tipos de demanda son por gestión administrativa, por ejemplo, por ítems estatales para maestros. Los municipios con desarrollo medio aún tienen deficiencias en la dotación de recursos públicos para cumplir con las necesidades de la población, como se puede ver con estos resultados.

En cambio, el desarrollo más alto está ligado a conflictos propios de la modernidad. En las capitales con un mayor desarrollo (IMDS 71 - 80), se observan protestas relacionadas con el capital económico característico de estos espacios, como empresas de servicios privados, el sector financiero y el sector fabril. Además, estas capitales también son el escenario de la presencia de grupos circunstanciales, es decir, grupos sin una organización específica clasificados como "otras organizaciones de la sociedad civil". Estos últimos son los únicos que plantean demandas relacionadas con los "derechos humanos", con esto se puede deducir que son grupos dedicados principalmente al activismo en diversos temas.

 

A                                           B                                                        C                                                 D                                                 E

Gráfico N° 4. Distribución espacial de los sectores sociales. Para generar estos mapas se realizó un conteo de conflictos relacionados con los 5 sectores más emblemáticos de los conflictos sociales en Bolivia en los diferentes municipios registrados en la base de datos de la Fundación Unir. Donde A es el sector vecinal/comunal, B es el sector agrario/campesino, C es el sector indígena, D es el sector minero y E es el sector cívico. Es un mapa de calor donde a mayor claridad indica que esos municipios hay mayor cantidad de conflictos promovidos por los sectores o grupos de presión correspondientes.

 

En estos mapas se puede ver que los sectores sociales presentan una distribución espacial. Los sectores más populares como vecinal/comunal, agrario/campesino son los que están distribuidos con más homogéneamente. Se puede ver que en el primer caso (A) los municipios capitales son los que tienen mayor presencia de conflictos relacionados con este sector, es decir que evidentemente la urbanidad y la cobertura de servicios básicos e infraestructura pública son un tema de conflicto. En cambio, el sector indígena y minero se ubican en regiones específicas. En el sur, en el departamento de Tarija se observa una gran actividad del sector indígena (C) en las zonas de explotación de hidrocarburos que están sobre territorios del pueblo indígena guaraní. También la región entre Cochabamba y Beni muestra la actividad de protesta llevada a cabo por los indígenas del TIPNIS. En el cuadro E se observa la presencia del sector de los comités cívicos en Bolivia, se perfila la forma de la región opositora al gobierno desde el 2009 conocida como la Medialuna.  Estos datos son parciales debido al subregistro inherente al monitoreo de datos. Sin embargo, reflejan que los conflictos y los sectores sociales dejan patrones observables.                                                  

Competencia y colaboración entre grupos de presión.

Los grupos de presión no sólo establecen el vínculo entre sector social y el Estado, sino que su existencia también establece relaciones entre sectores sociales. En este sentido algunos autores han definido la sociedad civil como un conjunto vinculado de grupos organizados sectorialmente u organizaciones cívicas (Diani, 2015; Rojas, 2015). Los intereses del sector delimitan su frontera con otros, muchas veces estos intereses son excluyentes y están en abierta contradicción con los de otros grupos, promoviendo tensiones y enfrentamientos entre sectores de la sociedad si los intereses de unos representan un costo o beneficio para otros. Entran en competencia y disputa por recursos y beneficios, y en confrontación por intereses divergentes (Aramayo et al., 2012; Fontana, 2013; Mamani, 2019).

Con los datos de conflictos se puede indagar en la confrontación entre grupos según la cantidad de veces que uno fungió como actor demandante y otro como actor demandado o target del conflicto. Se utilizan ambas bases de datos para comparar los resultados, con los datos de CERES se puede observar confrontaciones históricas, que, si se mantienen en la base de Unir, entonces se puede asumir que son comunes a la sociedad boliviana y no efecto de los registros.

 

 

Tabla N° 3: Relaciones de confrontación entre diferentes sectores sociales entre 1970 y 2019 registrados por CERES y entre 2010 y 2020 registrados por la Fundación Unir. En la columna izquierda se anotan los tipos de enfrentamiento que se han identificado en la base de datos de CERES y en la columna derecha las identificadas en Unir. Sin embargo, al analizar los resultados hay que tener en cuenta que la diferencia puede ser un efecto del subregistro en la segunda base, es decir que la primera al contener tantos años tenga mayor diversidad que la segunda.

La comparación de los cuadros permite estimar - a priori - que en las décadas antes del 2010 había más confrontación entre sectores de la sociedad, pues hay mayores tipos de estas relaciones, es decir, había 14 tipos a diferencia de 6 desde el 2010. Las confrontaciones entre vecinos y transportistas son comunes en ambos periodos, pero principal en el primer registro. La drástica reducción hacia el segundo momento puede ser consecuencia de la descentralización estatal de inicios de los años `90, ya que las municipalidades adquirieron la competencia pública de regular el precio del pasaje y conciliar con los vecinos cualquier cambio, y por otro lado la subvención estatal al combustible implementada en Bolivia desde los años 2000 que ayuda a mantener un bajo precio del transporte.

Otro común en la conflictividad boliviana es la presencia sector social de “otros” o “sin información” que aparecen siempre como target del conflicto. Estos son grupos circunstanciales con identidades ambiguas y que sea target significa que no es un actor que tiene una demanda y coordina una medida de presión entonces es probable que refiera a grupos de choque o personas individuales en los lugares donde se desarrolla las actividades de presión, por ejem. confrontaciones en las marchas, mítines, desbloqueos forzados, etc. Además, representan un número importante en la conflictividad social, en el primer registro el 57% y en el segundo el 33% de los targets de conflicto son estos grupos.

Por otro lado, se ve un cambio importante entre sectores sociales confrontados. En el primer registro las organizaciones campesinas y militantes políticos no se confrontaban entre sí, pero en sí en el segundo registro. Lo mismo con el sector de organizaciones cívicas o ciudadanía, en el primer registro no se confrontaban con las organizaciones/militantes políticos y en el segundo registro sí. Es decir, que al menos desde 2010 la polarización política se expresa en las calles, con una confrontación abierta y física entre grupos con pensamientos y opciones distintas, y las organizaciones políticas han pasado a fungir como grupos de desmovilización.

Otro rasgo sociológico de los sectores sociales es que, al estar compuesto por distintas organizaciones sociales, el sector puede tender a dividirse en facciones internas con diferentes intereses y perspectivas (Arnold y Spedding, 2005) es decir que al interior de un sector también pueden existir pugnas. Esto es cierto cuando en los registros de conflictos sociales hay enfrentamientos entre el mismo sector. Se mide tomando en cuenta cuando ambos demandado y demandante son del mismo tipo.

 

CERES (1970-2019)		Fundación Unir (2010-2020)
Confrontación entre el mismo sector	Correlación	Confrontación en el mismo sector	Correlación
Transportistas vs Transportistas	0.38	Carcelario vs Carcelario	0.19
Otros vs Otros	0.14	Vecinal comunal vs Vecinal comunal	0.07
Pequeños comerciantes vs Comerciantes	0.52	Educación vs Educación	0.34
		Transporte vs Transporte	0.1
		Agropecuario/campesino vs Agropecuario/campesino	0.06
		Minero vs Minero	0.34
		Indígena vs Indígena	0.21

 

Tabla N° 4: Relaciones de confrontación al interior del sector entre 1970 y 2019 (CERES) y de 2010 a 2020 UNIR

En los cuadros comparativos se expresa una tendencia contraria, que a partir de 2010 aumentan las disputas al interior del mismo sector que puede obedecer a los intereses de sus organizaciones. Hay que tener en cuenta que los únicos sectores que no están formalmente organizados son “otros” en el primer registro y “carcelario” en el segundo. Estos últimos obedecen al hacinamiento y las precarias condiciones de vida que tienen los privados de libertad. El resto de los sectores son grupos organizados, casi todos de forma orgánica e institucional, entonces lo más probable es que estas confrontaciones estén indicando conflictos al interior de la organizaciones sociales que se conoce en Bolivia como fragmentación, que es cuando al interior se conformar directivas y liderazgos paralelos, hay grupos que no reconocen a autoridades ni los resultados de los congresos, y es un problema que generalmente se atribuye a la intromisión de los partidos políticos en gobierno ya sea a nivel municipal o nacional, que hacen injerencia en las organizaciones a fin de apoyar una facción, generalmente una que no es orgánica o legítima e introducirla corporativamente al estado para controlar la movilización y el control social.

Sin embargo, los sectores también pueden colaborar entre ellos. Aunque es escaso el estudio sobre las relaciones sociales en las protestas y conflictos, investigaciones previas (Puccherelli y Weise, 2024) han encontrado que en Bolivia los conflictos sociales tienden a dispersar a los grupos, ya que solo 1.5 de 10 eventos de conflicto permite al menos un vínculo entre dos organizaciones. En esa pequeña ventana de oportunidad de asociación, también se puede observar relaciones de colaboración a nivel de sector social. Para ello se deduce una matriz de asortatividad en la base de datos de la Fundación Unir, cuya metodología permite hacer análisis relacionales. La matriz refleja la cantidad de veces que dos sectores estuvieron involucrados en un conflicto social entre 2010 y 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Asortatividad por sector social En este gráfico se visualiza una matriz de asorsatividad por sector social visualizado con un mapa de calor, donde amarillo es correlación completamente positiva (1) y a medida que oscurece indica que la co-presencia de dos sectores sociales es los conflictos sociales es más débil o inexistente (oscuro)

 

La asortatividad en el análisis de redes se refiere a la tendencia de los nodos en a asociarse con otros que tienen características similares (Jackson, 2010). En esta matriz los nodos son los sectores sociales conectados entre sí por la co-participación de sus organizaciones en diferentes conflictos sociales. Se asume que han compartido la demanda o que han agregado intereses en una sola protesta. En la matriz se puede ver que, aunque hay una tendencia clara de los nodos por vincularse con otros actores del mismo sector social, es decir que comparten su identidad e intereses, también se muestran tendencias relevantes en la asociación en protesta con actores de sectores distintos, específicamente es el caso de los sectores vecinal/comunal y el cívico que despliegan estrategias de vinculación y relaciones sociales con diversos sectores. Esto es relevante porque significa que hay conflictos que tienen más de una identidad social o que pueden agregar diversidad de identidades y traspasar las fronteras sectoriales, es decir que tienen la capacidad de provocar un estado de conflictividad o la formación de campos de conflicto (Calderón et al, 2011, p.342)

 

Discusión

Definir el concepto de sector social desde la teoría de los grupos de presión permite en primera instancia identificar y reconocer el rol fundamental que ejercen estos grupos para segmentar la sociedad y emprender la comprensión de los procesos de gobernanza, relación con el Estado, pero también comprender y hacer un abordaje de las relaciones de confrontación entre grupos. En este artículo se perfiló estos sectores no sólo descriptivamente, también se los abordó desde el análisis de datos de conflictos sociales para establecer un perfil socioeconómico, pero también en torno a sus demandas y sus relaciones con otros, esto colabora para comprender las condiciones que los promueven a realizar acciones de protesta.

El perfil analítico permite identificar relaciones entre las condiciones de vida de los sectores y su comportamiento en los conflictos, estableciendo motivaciones e intereses. Se vio, por ejemplo, que las condiciones de desarrollo sostenible influyen en el tipo de sectores sociales y sus demandas específicas, así, los sectores con demandas de tipo estructural, aquellos relacionados al alcance del Estado, pertenecen a municipios de menor desarrollo y son más propensos a alcanzar mayores niveles de radicalidad en sus movilizaciones. En cambio, la modernidad tiene una protesta particular con sectores sociales no identificados con categorías tradicionales y que más bien aparecen de forma espontánea, con nuevas formas de organización y demandas sobre distintos derechos.

Esta exploración también permitió observar el tipo de relaciones de confrontación y colaboración entre sectores sociales diferentes. Se ve que el enfrentamiento y la confrontación entre sectores sociales es común en Bolivia, ya que se registran estos eventos desde años tempranos del monitoreo, pero que cuyos tipos han variado a lo largo de los años. La polarización o enfrentamiento por razones políticas e ideológicas parece tener especial cabida en la sociedad boliviana. Sin embargo, los sectores sociales también tienden a aliarse en conflictos que agregan demandas e intereses o que son de preocupación común, y aunque hay una natural preferencia a aliarse entre pares también despliegan alianzas más estratégicas con sectores distintos.

 

 

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