Mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes durante el gobierno de la alianza Cambiemos (Buenos Aires, 2015-2019)[1]
Mutations in the Conflict Map of Migrants during the government of the Cambiemos alliance (Buenos Aires, 2015-2019)
María Gabriela Rho[2]
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Resumen
Durante el gobierno de la alianza Cambiemos (2015-2019) se conformaron nuevas organizaciones de migrantes como el Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), Ni una Migrante Menos (NUMM) y la Campaña Migrar no es Delito (CMND). El objetivo de este artículo es analizar las condiciones que habilitaron el surgimiento del BTM, NUMM y la CMND, para así dar cuenta de las mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes que constituyeron dichas organizaciones. El abordaje metodológico de esta investigación se apoyó en una estrategia cualitativa que combinó el análisis de un conjunto de documentos escritos y audiovisuales, el registro de campo y entrevistas semi estructuradas a referentes de las organizaciones de migrantes. Los resultados de la investigación muestran que el giro securitario y punitivo en el tratamiento político de las migraciones de la alianza Cambiemos provocó mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrante. Estas mutaciones implicaron una reacomodación de las alianzas y, principalmente, una reorientación de las temáticas que aglutinaron las luchas de los migrantes.
Palabras claves: luchas migrantes, mapa de conflictividad migrante, Bloque de Trabajadorxs Migrantes, Ni una Migrante Menos, Campaña Migrar no es Delito.
Abstract
During the government of the Cambiemos alliance (2015-2019) new migrant organizations were formed such as the Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), Ni una Migrante Menos (NUMM) and the Campaña Migrar no es Delito (CMND). The objective of this article is to analyze the conditions that enabled the emergence of BTM, NUMM, and CMND, in order to account for the changes in the conflict map of the migrants who constituted these organizations. The methodological approach of this research was based on a qualitative strategy that combined the analysis of a set of written and audiovisual documents, field notes and semi-structured interviews to referents of migrant organizations. The results of the research show that the securitarian and punitive turn in the political treatment of the migrations of the Cambiemos alliance caused mutations in the map of migrant conflict. These mutations involved a rearrangement of alliances, and, above all, a reorientation of the issues that brought together the struggles of migrants.
Keywords: migrant struggles, migrant conflict map, Bloque de Trabajadorxs Migrantes, Ni una Migrante Menos, Campaña Migrar no es Delito.
Introducción
Desde comienzos de siglo, se hizo más evidente a nivel global la faceta coercitiva y violenta del control de las fronteras y de gestión de los movimientos migratorios (Cordero, Mezzadra y Varela Huerta, 2019). En efecto, en Argentina, el gobierno de la alianza Cambiemos (2015-2019)[3] profundizó dicha faceta en el tratamiento político de las migraciones con el impulso de políticas que intensificaron el control y la violencia estatal hacia los migrantes, que dificultaron los trámites de regularización y que aceleraron los procesos de expulsión (Domenech, 2020; Jaramillo, Gil Araujo y Rosas, 2020). En este contexto, se crearon nuevas organizaciones de migrantes —como fueron el Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), Ni una Migrante Menos (NUMM) y la Campaña Migrar no es Delito (CMND)— con el objetivo de enfrentar y disputar estas políticas y de contrarrestar los discursos criminalizantes sobre la migración.
En un artículo anterior (Rho, 2020) exploramos las nuevas configuraciones que asumieron las luchas migrantes durante el gobierno de alianza Cambiemos, esto es, comparamos los rasgos de las organizaciones de migrantes que surgieron a partir del 2015 con los que presentaban las organizaciones creadas a fines de los años noventa y comienzos de los dos mil y que, desde ese momento, venían delineando las características particulares del campo de luchas de la migración en Argentina. Este arco de organizaciones, de larga trayectoria en el país, estaban integradas por redes de migrantes, asociaciones civiles, colectividades de migrantes y organismos de derechos humanos que, desde fines de los años noventa, lucharon por la sanción y reglamentación de la Ley de Migraciones 25.871 y, luego, entrados los años dos mil, protagonizaron procesos organizativos que buscaban cuestionar las irregularidades en la implementación de dicha ley, denunciar situaciones de discriminación y xenofobia e impulsar campañas por la ampliación de derechos políticos a migrantes (Caggiano, 2011; CELS, 2003; Correa, 2004; Domenech y Boito, 2019; Mardones, 2005; Penchaszadeh y Rivadeneyra Palacios, 2019). La emergencia de nuevas organizaciones de migrantes durante el gobierno de la alianza Cambiemos reconfiguró el campo de luchas de la migración, debido a que dichas organizaciones imprimieron características innovadoras, como fueron: el surgimiento de subjetividades políticas vinculadas al trabajo; el predominio de estrategias de protesta que priorizaron la disputa en “la calle” en detrimento de alianzas y relaciones con instituciones estatales encargadas de la migración, y la transformación del vínculo histórico que mantuvieron las organizaciones de migrantes y para migrantes en Argentina ya que, las nuevas organizaciones de migrantes fueron protagonistas en los procesos de articulación de las luchas y se posicionaron como interlocutoras ante el Estado (Rho, 2020).
En este trabajo, más que identificar las nuevas características de las organizaciones de migrantes, nos proponemos indagar en las condiciones que habilitaron el surgimiento de estas organizaciones de migrantes, para así dar cuenta de las mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes que constituyeron dichas organizaciones. En tal sentido, el foco del trabajo está puesto en comprender cómo un contexto de agudización de la violencia, la criminalización y de refuerzo del enfoque securitario en el tratamiento político de las migraciones incitó a migrantes —con experiencias de organización política previa, pero no necesariamente orientadas a la cuestión migrante— a reacomodar las alianzas, así como también a redireccionar sus luchas y modificar las temáticas que los aglutinaron.
Hablar de mutaciones pretende desarmar las miradas que entienden a las luchas migrantes como respuestas espontáneas a un contexto represivo o en tanto procesos organizativos meramente reactivos a determinadas políticas de gobierno. En su lugar, proponemos comprender las luchas migrantes y, en particular, la conformación de nuevas organizaciones de migrantes como el resultado de un acumulado histórico de luchas. Es decir, fueron producto de un amplio proceso histórico que fue discontinuo y que adquirió características particulares a partir de la cristalización de cambiantes momentos conflictivos (Cabrera García, 2019). Esta forma de abordar las luchas migrantes implica no sólo observar las condiciones específicas de la realidad en la que surgieron, sino también tener en cuenta las experiencias organizativas de los migrantes en el pasado y que no necesariamente estaban confinadas a la migración en términos estrictos. Por lo que, con mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes nos referimos a un proceso de largo plazo en las experiencias políticas de los migrantes que implicó una reacomodación de las fuerzas, las alianzas y las temáticas que adquirieron relevancia para organizar e impulsar nuevas luchas.
Seleccionamos la categoría de mapa para dar cuenta de estas mutaciones ya que permite centrarnos en las trayectorias, nuevas conexiones, negociaciones y luchas entre los distintos actores que producen las fronteras. Esto es, en lugar de poner de relieve solamente los espacios de gestión y control de las fronteras, la categoría de mapa —particularmente, en las prácticas de contra-mapeo— recupera una forma particular de producción de conocimiento que pone de relieve los espacios de movilidad y de resistencia de los migrantes (Torrano, 2019). Para mapear las trayectorias de los migrantes y el surgimiento de las nuevas organizaciones se utilizó un abordaje metodológico cualitativo que combinó múltiples métodos de recolección de la evidencia empírica: a) la elaboración de un archivo digital a partir de la selección y sistematización de fuentes documentales (escritas y audiovisuales) disponibles en las redes sociales (Facebook) de las organizaciones de migrantes estudiadas; b) registros de campo tomados durante el año 2019 en actividades que impulsaron las organizaciones de migrantes, como son asambleas abiertas, reuniones, movilizaciones, actos públicos y actividades de formación.; y c) la construcción de fuentes orales a través de la realización de seis entrevistas semi estructuradas a referentes del BTM, NUMM y la CMND.[4]
Es necesario aclarar que este artículo se centra en lo ocurrido en Buenos Aires si bien existieron experiencias organizativas similares en otras provincias de Argentina como, por ejemplo, en Córdoba, donde en marzo de 2019 se impulsó la CMND. A pesar de que la CMND en Córdoba surgió como parte del mismo proceso organizativo que en Buenos Aires, este espacio político imprimió características propias que respondían al contexto local. Así, por cuestiones de extensión del texto y para no simplificar la experiencia de la CMND en Córdoba se decidió no incluir su análisis en este artículo.
Siguiendo el objetivo propuesto, este trabajo se dividirá en tres partes. En primer lugar, se presentará la perspectiva teórica de la autonomía de las migraciones y cómo esta mirada comprende el vínculo entre las luchas migrantes, el neoliberalismo y las derechas autoritarias. En segundo lugar, indagaremos en las condiciones que habilitaron la conformación de nuevas organizaciones de migrantes durante el gobierno de la alianza Cambiemos. En tercer lugar, focalizaremos el análisis en el surgimiento del BTM, NUMM y la CMND en Buenos Aires para, finalmente, dar cuenta de las mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes que impulsaron estas nuevas organizaciones.
Autonomía de las migraciones: luchas migrantes, neoliberalismo y derechas autoritarias
Para comprender las luchas migrantes durante el gobierno de la alianza Cambiemos recurrimos a la mirada de la autonomía de las migraciones. Esta perspectiva teórica sostiene que cada experiencia de migración como de movilidad en sí, se inscriben dentro de campos de luchas conflictivos, donde la modificación y la disputa por la definición y los sentidos de las políticas de control y gestión de las migraciones siempre están en juego (De Genova, Mezzadra y Pickles, 2015). Estos campos se configuran a partir de las relaciones, antagonismos y tensiones entre las subjetividades y las prácticas de (in)subordinación y (des)obediencia de los migrantes y los controles políticos, jurídicos y las violencias formales e informales que intentan gobernarlos (Cordero, Mezzadra y Varela, 2019). Los campos de lucha de la migración no son estáticos, sino que su transformación y reconfiguración es continua, producto de un proceso histórico de luchas. Por lo que, es el cambiante mapa de conflictividad de los migrantes el que tensiona las políticas de control y gestión de las migraciones y las obliga a revisar continuamente sus estrategias, sus prácticas y sus discursos (Domenech y Boito, 2019). Esto se debe a que las luchas de los migrantes ponen en el centro la crítica radical a leyes, instituciones, discursos y dispositivos policiacos que ejercen racismo institucional, xenofobia legal y violencia contra sus cuerpos, sus existencias y, centralmente, sobre los horizontes de futuro ya que, como vamos a observar más adelante, lo que está juego es el reconocimiento del derecho a decidir dónde y cómo vivir sin migrar (Varela Huerta, 2023).
En este sentido, consideramos que las luchas migrantes no son simples respuestas automáticas y/o reactivas a determinadas políticas y discursos migratorios. En cambio, sin dejar de reconocer los elementos de contestación, las luchas migrantes son entendidas como un elemento activo y creativo, es decir, son parte constitutiva de los campos de lucha de la migración debido a que las políticas de control y gestión de las migraciones se organizan y reconfiguran a partir de los modos en que son interpeladas por las transformaciones que adquieren los movimientos migratorios y por las luchas que se derivan de ellos ((Mezzadra y Neilson, 2016; Papadopoulos, Stephenson y Tisianos, 2008; Domenech y Boito, 2019). Esto supone invertir la mirada y tomar como punto de partida las formas de organización migrante contra los diferentes tipos de poder. Es decir, se trata de analizar las relaciones de poder a través de las resistencias y de entender las luchas migrantes como movimientos cruciales para pensar las políticas de control y gestión de las migraciones (Foucault, 1988; Stierl, 2019).
Es por esto que la migración juega un papel estratégico en la constitución y reproducción del capitalismo (Mezzadra, 2012). De ahí que el control y gestión de las fronteras es clave en la producción de los tiempos y los espacios del capitalismo global (Mezzadra y Neilson, 2016). Con la gubernamentabilidad neoliberal asistimos a un proceso de proliferación y “heterogeneización” de las fronteras (Estupiñán Serrano, 2017). Dicho proceso supuso que éstas se extendieran más allá de los límites territoriales externos de los Estados-nacionales y que, por lo tanto, se diseminaran en su interior a través del ensamblaje de diversos dispositivos de control y gestión de la población (Torrano, 2019). Del mismo modo, implicó que no sólo se erigieran en tanto dispositivos de exclusión sino también de inclusión diferencial. Como señalan Mezzadra y Neilson (2016), las fronteras ya no remiten solamente a los muros y los espacios fortificados sino también constituyen dispositivos de inclusión que seleccionan y filtran a las personas y a las diferentes formas de circulación. Así, en un mundo en el que las fronteras son dinámicas y porosas, al mismo tiempo que se estimula la libre circulación de —ciertas— personas, capitales y mercancías, se imponen una multiplicidad de barreras a aquellos movimientos de migrantes que son construidos como “peligrosos” e “indeseables” (Mezzadra, 2005).
Para los programas neoliberales de gobernanza de las migraciones, el problema no va a ser tanto frenar la circulación de la población, sino que va a apuntar a organizar, controlar y gestionar la circulación de quienes transitan (Torrano, 2023). El objetivo es suprimir los aspectos peligrosos inherentes a estas circulaciones, distinguir la buena de la mala, maximizar la primera y reducir la segunda (Foucault, 2006). Dicho de otra manera, se busca regular y gobernar los flujos migratorios para hacerlos productivos, maximizar su rentabilidad y sus “beneficios” (Mezzadra, 2012). De esta forma, las fronteras están marcadas por las tensiones entre prácticas de reforzamiento, control y restricción y prácticas de atravesamiento que buscan filtrar y administrar el tránsito global de personas (Domenech, 2013; Mezzadra y Neilson, 2016). Las tensiones entre estos dos polos son difusas, actúan de manera imbricada, y siempre son inestables, debido a que adquieren configuraciones singulares en determinados contextos históricos a raíz de la intensidad conflictiva y las luchas que se libran en la frontera (De Genova, Mezzadra y Pickles, 2015).
En las últimas décadas, asistimos a un proceso de reforzamiento de las formas de control y gestión de las fronteras (Mezzadra y Neilson, 2016). Los atentados a las Torres Gemelas en 2001 en Estados Unidos, la crisis financiera global de 2008 y el desplazamiento forzado de personas producto de las guerras en Medio Oriente, representaron un punto de inflexión en el devenir de las políticas de control y vigilancia de las migraciones en Estados Unidos y Europa, que tuvo efectos en el resto del mundo. Estos acontecimientos justificaron retóricas criminalizantes y consolidaron visiones securitarias en el tratamiento de las migraciones que dieron lugar al predominio de una faceta coercitiva y violenta en el control de las fronteras (De Génova, 2007; Cordero, Mezzadra y Varela Huerta, 2019).
El auge y ascenso a nivel mundial de las derechas autoritarias en los últimos diez años fortaleció estas tendencias punitivas, al abrir una nueva escena de violencia neoliberal (Gago, 2020; Saidel, 2021; Sacchi, Expósito, Saidel y Lo Valvo, 2022). El combate al terrorismo y al narcotráfico, la obsesión con las políticas de seguridad, el nacionalismo, se tradujeron en el incremento de las deportaciones, las redadas en lugares de trabajo, la irregularización migratoria, el endurecimiento del sistema punitivo y la implementación de leyes que ponen en cuestión las libertades y garantías de las personas migrantes (Aquino Moreschi, Varela Huerta y Décosse, 2013; Cordero, Mezzadra y Varela Huerta, 2019).
El tratamiento político de las migraciones durante la alianza Cambiemos y el surgimiento de nuevas organizaciones de migrantes
En sintonía con las visiones instaladas por las derechas autoritarias a nivel mundial, en Argentina con la alianza Cambiemos la tendencia punitiva y securitaria en el tratamiento de las migraciones se intensificó y se hizo más explícita y evidente ya que la migración fue un eje central de la política de seguridad (Plaza, Morales y Brocca, 2019). La articulación particular que se da entre seguridad y migración es fundamental para comprender las políticas de control migratorio debido a que el control va a asumir nuevos rasgos: no se va a ejercer solamente de manera directa sobre la población, sino que más bien se va a hacer de manera indirecta. Dicho de otra manera, se gobierna acondicionando el medio que permite seleccionar qué migración es deseable y cuál indeseable, incentivando la circulación de la primera y disminuyendo la segunda (Foucault, 2006; Torrano, 2016). Por lo que esta gestión indirecta no se dirige al total de la población migrante sino a ciertos grupos que son caracterizados como “perfiles productores de riesgo” y, por lo tanto, como posibles amenazas (Torrano, 2023).
En esta línea, el gobierno de la alianza Cambiemos construyó a ciertos grupos de migrantes como “peligrosos” con el objetivo de poder administrar de manera más eficiente los movimientos migratorios y así aumentar sus beneficios económicos y políticos. De este modo, bajo el paradigma de “nuevas amenazas”, algunos perfiles de migrantes fueron definidos como un problema social que atentarían contra el orden y la seguridad nacional. Desde Cambiemos se apeló al “combate” contra la inseguridad y el narcotráfico para señalar a la migración como una de las amenazas responsables e instigadoras de las violencias que dichas actividades delictivas traen aparejadas a la sociedad (Plaza, Morales y Brocca, 2019).
La adopción de este paradigma supuso la gestión diferencial de los movimientos migratorios, es decir, la circulación de algunos grupos de migrantes fue incentivada y fomentada, mientras otros grupos fueron estigmatizados y criminalizados. Esta tensión se reflejó, por ejemplo, en el tratamiento diferenciado a migrantes provenientes de Venezuela y aquellos provenientes de Senegal, Haití y de países sudamericanos, principalmente, Perú, Colombia y Bolivia.[5] Mientras la circulación del primer grupo de migrantes fue celebrada y se le brindaron facilidades de residencia, el segundo grupo fue foco de las principales prácticas de criminalización, detención y violencia estatal (Domenech, 2020). De este modo, el cambio en la concepción de la política de seguridad no sólo provocó que las políticas migratorias fueran abordadas como una cuestión de seguridad, sino que, además, construyó una retórica criminalizante sobre ciertos migrantes que, en definitiva, se utilizó para legitimar el recrudecimiento en el tratamiento político de las migraciones.
Así, cimentadas en este abordaje punitivo y securitario, se impulsaron una serie de medidas que aumentaron las expulsiones y expandieron e intensificaron el control y la violencia hacia los migrantes (Canelo, Gavazzo y Nejamkis, 2018; Domenech, 2020; Jaramillo, Gil Araujo y Rosas, 2020; Penchaszadeh y García, 2018; Pereyra y Clavijo, 2022). Entre las medidas más emblemáticas se encuentra el anuncio en 2016 de la creación de un Centro de Detención para Infractores de la Ley de Migraciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien este centro finalmente no se puso en funcionamiento —debido a la presión de organismos de Derechos Humanos, de asistencia legal a migrantes, organizaciones sociales y movimientos de migrantes— en la práctica tuvo un gran impacto en el orden de lo simbólico en tanto mecanismo de disciplinamiento que generó la sensación y la advertencia latente de detención y expulsión (Pereyra y Clavijo, 2022; Torrano, 2018).
Del mismo modo, la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 (DNU 70) fue la medida que mayor preocupación provocó debido a que modificó aspectos centrales de la Ley de Migraciones 25.871 (2003) y de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía 346 (2010) (Galoppo, 2017). Este decreto —impulsado en enero de 2017— asociaba a los migrantes con la delincuencia y narcotráfico y, en términos generales, el principal objetivo era establecer procedimientos especiales para facilitar y acortar los plazos en la expulsión de extranjeros con antecedentes penales, a costa del derecho a la defensa y debido proceso (Galoppo, 2017). En la práctica, la implementación de este decreto supuso el aumento de la denegación de residencias, así como de las disposiciones de expulsión, las expulsiones materializadas y las cancelaciones de residencia con orden de expulsión (Jaramillo, Gil Araujo y Rosas, 2020). Constanzo (2022) señala que las disposiciones de expulsiones emitidas por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) pasaron de 1769 en el año 2014 a 4919 en el año 2019, teniendo su pico más alto en el año 2018 con 5110.
Estas medidas fueron impulsadas en el marco de una serie de procesos que dificultó los trámites de regularización migratoria, como fueron el fin del Programa de Abordaje Territorial,[6] trabas burocráticas para obtener las cartas de vulnerabilidad,[7] el aumento de las tasas migratorias, la prolongación de los tiempos de espera para acceder a la documentación, la disminución de los turnos para iniciar los trámites y la implementación de un sistema online denominado Módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX). Esta última medida fue la que generó mayores dificultades ya que para utilizar este sistema se debía contar con conocimientos tecnológicos en herramientas virtuales, manejar el idioma español y poseer recursos económicos que permitan acceso a internet de manera habitual, a una computadora o un teléfono móvil.
A la par, se promovieron una serie de prácticas persecutorias hacia los migrantes, como fueron la firma de un convenio por el cual la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se sumó como policía migratoria auxiliar en operativos de control de permanencia; el aumento de la violencia policial sobre los migrantes en la vía pública y el incremento de 240% en 2018 en relación a 2014 en los controles de permanencia en zonas públicas y lugares de trabajo con concentración de mano de obra migrante (Jaramillo, Gil Araujo y Rosas, 2020).
Así, la migración ocupó un lugar central en la agenda política del gobierno de la alianza Cambiemos como culpable de la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, al mismo tiempo que se la construyó como chivo expiatorio de una serie de problemáticas sociales y económicas vinculadas a las políticas de ajuste y precarización implementadas por el gobierno. En este sentido, durante este período de gobierno se pusieron en marcha diversos dispositivos de gestión y control de las migraciones que combinaron la violencia y el control directo sobre los migrantes, con otros dispositivos que de manera indirecta buscaban limitar la circulación y conducir el comportamiento de ciertos grupos de migrantes. Como señala Mezzadra y Neilson (2016), los dispositivos de control y gestión indirecta sobre las migraciones no suponen formas menos violentas que aquellos empelados en las medidas de exclusión debido a que condicionan las formas de circular por la ciudad, incrementan la incertidumbre y la inestabilidad en los proyectos migratorios y de vida.
Con esto no queremos decir que en gobiernos anteriores no existían discursos xenófobos, racistas y estigmatizantes sobre la migración o que no se implementaron políticas de control y expulsión a los extranjeros;[8] sin embargo, lo que se modificó con el gobierno de la alianza Cambiemos fue el tono y la intensidad que se le dieron a los discursos criminalizadores y a las prácticas y políticas de recrudecimiento de la violencia y el control hacia los migrantes. Estos discursos y las políticas de control que los acompañaron, que anteriormente eran más bien marginales y buscaban ser invisibilizadas, fueron sobredimensionadas, ostentadas y celebradas por el gobierno (Domenech, 2018, 2020). La espectacularización del control (De Genova, 2018), la puesta en escena en medios de comunicación de actos de expulsión y detención de migrantes y el impulso de medidas como el DNU 70, provocaron el aumento de las situaciones de discriminación y, principalmente, la difusión de un estado de incertidumbre y persecución que afectó la cotidianidad y los proyectos migratorios de muchos migrantes. Tal como mencionó en un comunicado la CMND,
(El DNU 70) lo único que garantiza es la ampliación de facultades de las fuerzas de seguridad para salir a cazar a migrantes por considerarnos sujetos sospechosos. […] Este retroceso en materia de derechos humanos nos expone a ataques xenófobos, discriminatorios e intimidatorios, sumado además al miedo, la impotencia de ver cómo nuestro proyecto de vida se pone en peligro gracias a la arbitraria decisión del gobierno nacional (Comunicado CMND, Declaración del 2do paro migrante, el 4 de septiembre “día del inmigrante” nosotrxs paramos. 8 de septiembre de 2018).
Este contexto represivo y punitivo intimidó a muchos migrantes, avivó el temor a sufrir situaciones de discriminación, violencia y hostigamiento y, sobre todo, activó el miedo a ser expulsados y/o detenidos. Esto impactó en el desarrollo de sus vidas cotidianas ya que condicionó la circulación por las ciudades y los espacios públicos, las formas en que llevaron adelante actividades económicas informales, la asistencia a sus lugares de trabajo, escuelas y hospitales y la participación en movilizaciones y acciones de protesta social. Como sostienen Barrionuevo y Torrano (2018), gestionar las conductas y las subjetividades a través del miedo es algo central en el neoliberalismo y, en ese sentido, el gobierno de la alianza Cambiemos supo explotar muy bien los efectos de domesticación y disciplinamiento que genera la administración del miedo a través de la espectacularización del control y la sensación de deportabilidad —es decir, no la deportación per se sino la incertidumbre y el miedo que genera la posibilidad de ser expulsado (De Genova, 2002).
Sin embargo, lejos de generar sumisión y acatamiento, este contexto se convirtió en un punto de inflexión para que muchos migrantes decidan movilizarse, resistir estos ataques e impulsar la conformación de nuevas organizaciones. En otras palabras, generó un fuerte impacto en diversos sectores migrantes y, por ende, los estimuló a organizarse debido a que esta serie de medidas ponían en juego su permanencia y, como diría Varela Huerta (2013), afectaban un derecho vital: su derecho a permanecer. Así, a pesar de que la alianza Cambiemos amplió el margen de sospecha sobre la migración y volvió más precaria la ya inestable, siempre amenazada y provisoria presencia de los migrantes, las luchas que se organizaron desafiaron la provisionalidad de su presencia y, más aún, los mecanismos que apuntaban a disciplinarla. De ahí se entiende que fue justamente de las experiencias de temor a ser expulsados y detenidos, de la sensación generalizada de incertidumbre y del aumento de las situaciones de violencia que se encontraron los primeros impulsos para que migrantes —que anteriormente no ponían en primer plano su condición de no nacionales en los vínculos cotidianos y/o en procesos organizativos en los cuales participaban— vuelquen su atención y preocupación hacia las políticas migratorias e impulsen la conformación de nuevas organizaciones de migrantes, como fueron el BTM, NUMM y las CMND. A continuación, centrando el análisis en el surgimiento de estas nuevas organizaciones, profundizaremos en los procesos que dieron lugar a las mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrante que impulsaron dichas organizaciones.
Mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes
Las transformaciones en el tratamiento político de las migraciones que llevó adelante el gobierno de la alianza Cambiemos pusieron en marcha una serie de mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes que constituyeron organizaciones como el BTM, NUMM y la CMND.
En tal sentido, durante los años previos a la alianza Cambiemos, principalmente durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), la forma en que se trató políticamente a las migraciones hizo que las experiencias organizativas de muchos de los migrantes que luego conformaron el BTM, NUMM y la CMND no refieran necesariamente a su condición migratoria y jurídica. La puesta en circulación de retóricas sobre las migraciones asentadas en los derechos humanos, el impulso de programas de regulación migratoria como el Programa Nacional de Regularización Documentaria Migratoria “Patria Grande” (2006-2013) y, sobre todo, la sanción de la Ley de Migraciones 25.871 (2003),[9] hicieron que la preocupación por “los papeles”, el acceso a derechos como salud y educación y la difusión de relatos criminalizantes, no fueran los ejes centrales y/o prioritarios de la politización de estos migrantes en el contexto de destino. Por ejemplo, como vamos a profundizar más adelante, estos migrantes orientaron sus procesos organizativos hacia las luchas por el acceso a la ciudad (Perissinotti, 2016), la explotación laboral (Caggiano, 2011; Magliano, Perissinotti y Zenklusen, 2017; Perissinotti, 2020; Groisman, 2019); problemáticas estudiantiles ligadas a estudios superiores (Jensen, 2016) y/u orientadas a abordar asuntos de sus países de origen (Gerbaudo Suárez, 2018).
En cambio, a partir de 2016, distintos colectivos de migrantes comenzaron a problematizar su condición de no nacionales y, de esta forma, situar “lo migrante” como un nuevo eje aglutinador de sus luchas. En esta línea, una integrante de las organizaciones que surgieron en este período recuerda cómo este contexto de violencia y persecución no hizo más que gestar el inicio de un trabajo colectivo que situaba a la migración como motivación central,
quiero empezar recordando una pregunta hecha por Miguel Ángel Pichetto en noviembre de 2016, cuando dijo ¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo migrantes pobres? Esta pregunta, junto con otras declaraciones de xenofobia, con un fuerte carácter discriminatorio y con justificaciones estadísticas dudosas, se da inicio a una serie de preparaciones para endurecer la política migratoria por parte del gobierno de Mauricio Macri. Desde este momento varias organizaciones, que ya se encontraban en alerta por estas propuestas anti-migrantes, como la creación del centro de retención exclusivo para migrantes o el recrudecimiento de los controles migratorios en las fronteras, se comienza a reunir no sólo para alertar sobre estas medidas sino también para comenzar un trabajo colectivo en temática migratoria (Diana, BTM, conferencia de prensa primer migrantazo. Buenos Aires, 5 de marzo de 2018).
De esta forma, estudiantes migrantes que asistían a la universidad, migrantes involucrados en organizaciones sociales de la economía popular y a partidos políticos de izquierda, o que se reunían en relación a asuntos referidos a sus países de origen, reorientaron sus luchas y pusieron el foco en las políticas de control de las migraciones.[10] Este movimiento implicó colocar en primer plano la necesidad de organizarse para luchar contra las prácticas y discursos que se multiplicaron en el marco del gobierno de la alianza Cambiemos.
En este punto, lo que en un inicio provocó este desplazamiento fue el anuncio, en agosto de 2016, de un Centro de Detención para Infractores de la Ley de Migraciones en la Ciudad de Buenos Aires. La visibilidad pública y mediática que alcanzó este anuncio generó una sensación de alerta en migrantes que, como ya mencionamos, comenzaron a sentir la necesidad de incorporar problemáticas migrantes en la agenda de los espacios en los que participaban. Este es el caso de Clara, migrante peruana, militante del Partido Obrero —organización política de izquierda con orientación trotskista. Cuando se enteró que estaban por implementar “una cárcel para migrantes”,
ahí políticamente estaba medio fuera del partido (hace referencia al Partido Obrero) […] a los días me encuentro con una movilización que se estaba haciendo por lo de la cárcel migrante. Ahí me sumé y dije, tengo que volver. Volví con el tema partidario y dije vuelvo, pero quiero que se tome como prioridad la cuestión migrante y me dijeron que ¡sí! (Clara, BTM, NUMM y CMND Buenos Aires, Perú, Buenos Aires, 28 de agosto de 2019).
Sin embargo, es a comienzos de 2017, ante la sanción del DNU 70, cuando se profundizó la preocupación por la orientación que estaban tomando las políticas migratorias. Como señalaron las personas entrevistadas, este decreto fue el puntapié principal que los impulsó a movilizarse y organizarse en relación a la cuestión migrante. Es el caso de Isabel, quien desde el año 2012 participaba del Movimiento 138-Colectivo de Resistencia Cultural, un espacio político de migrantes paraguayos que se conformó luego del golpe parlamentario al presidente Fernando Lugo con el objetivo de visibilizar y rechazar los procesos de ruptura democrática en Paraguay. Ante el anuncio del DNU 70 y la peligrosidad que implicaba para la comunidad migrante, Isabel decidió comenzar a focalizar su atención hacia las temáticas que la afectaban en tanto migrante ya que,
era muy peligroso que, por vías institucionales, por medio de un decreto, en la voz de un presidente, estén justificando el racismo, la xenofobia y sobre todo criminalizar a la comunidad migrante (Isabel, BTM, NUMM, CMND Buenos Aires, Paraguay, Buenos Aires, 10 de marzo de 2021).
Similar es el caso de María, migrante mexicana, que a comienzos de 2017 participaba de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina, una organización orientada a denunciar la militarización de la sociedad mexicana y la corrupción estatal contra el narcotráfico. En sus palabras,
cuando más políticamente me interpeló fue a partir de 2017 cuando Macri emite el DNU 70, el 31 de enero de 2017. A partir de eso numerosas organizaciones de migrantes empiezan a decir que esto está mal y empiezan a hacer algunas asambleas (María, BTM, NUMM, CMND Buenos Aires, México, Buenos Aires, 1 de abril de 2021).
Como se deprende del relato, es a partir de este decreto que se comenzaron a delinear la conformación de nuevos espacios de acción política, como fueron el BTM y NUMM. Mediante la convocatoria a asambleas abiertas empezaron a encontrarse y compartir experiencias de participación migrantes que, —como Clara, María e Isabel— estaban organizados en espacios que no abordaban específicamente la cuestión migrante ni tenían vínculos con las organizaciones de más larga trayectoria abocadas a la migración. Estas asambleas reunieron a migrantes bolivianos, paraguayos, mexicanos, peruanos, colombianos, chilenos, salvadoreños, brasileros y ecuatorianos que participaban de diversas organizaciones políticas orientadas a tratar una diversidad de problemáticas que los interpelaban, principalmente, en relación a su vida y trabajo en Argentina y/o que se referían a sus países de origen.
Entre estas organizaciones se encontraban el Colectivo Simbiosis Cultural, espacio de actividad política y cultural, de reflexión y problematización de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes bolivianos en Argentina. El Centro Autogestivo Cooperativo Textil Juana Villca, conformado por costureros bolivianos que a través de un espacio productivo de autogestión apostaban a revertir las lógicas de explotación que priman al interior de los talleres textiles, como así también disputar los relatos dominantes que victimizan a los trabajadores del sector textil (Castronovo, 2018; Groisman, 2019). La Asociación Civil Yanapacuna, impulsada por mujeres bolivianas que, desde el 2001, se organizan para defender los derechos de la comunidad migrante con perspectiva de género. Rompiendo Muros, ONG orientada a defender los derechos de los migrantes privados de su libertad. La Asamblea Justicia por Franco Zárate, conformada por migrantes bolivianos que pedían justicia por Franco, migrante boliviano asesinado por un vecino en un acto de discriminación y xenofobia. Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, agrupación política de izquierda conformada por migrantes colombianos, movimientos sociales y populares que busca intervenir en las negociaciones por la paz en Colombia y en la resolución del conflicto social, político, económico y armado en este país. El Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, integrado por migrantes ecuatorianos, salvadoreños y hondureños, orientado a visibilizar las luchas y denunciar las problemáticas en la región centroamericana, entre las que se encuentra la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, se encontraban el Colectivo Passarinho impulsado por un grupo de jóvenes brasileros que, en el marco del golpe de Estado en 2016 a la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff (2011-2016), decidieron llevar a cabo acciones desde Buenos Aires en rechazo al golpe. La organización Generación Evo Argentina que reúne a migrantes bolivianos en apoyo a la transformación de la sociedad boliviana durante la presidencia de Evo Morales. Jallalla Juventud, impulsada por migrantes bolivianos que se organizan con el objetivo de fomentar la participación política de la juventud boliviana desde su identidad milenaria. La Asamblea de Exiliadxs por la Educación de Mercado que surgió para apoyar las movilizaciones estudiantiles que se produjeron en Chile y Colombia en el 2011, a la vez que para organizarse como movimiento estudiantil de migrantes en Buenos Aires en contra de la privatización y mercantilización de la educación en sus países de origen (Jensen, 2016). MECoPa, un colectivo conformado por migrantes y exiliados colombianos que apuestan a la búsqueda y construcción de la paz con justicia social en Colombia, como así también la reparación integral y el retorno de los exiliados.
Como se puede observar, los migrantes al momento de impulsar el BTM y NUMM participaban de experiencias políticas que entramaban una multiplicidad de temáticas y agendas de lucha. Estas organizaciones si bien partían de su posicionamiento en tanto migrantes, al mismo tiempo excedían “lo migrante” ya que abordaban problemáticas referidas a la mercantilización de la educación, las históricas condiciones de precarización del trabajo migrante, el acceso a la ciudad, la explotación de recursos naturales, el narcotráfico y los conflictos armados, la violencia estatal y paraestatal, el racismo y la discriminación y la reconversión neoliberal en la región con el ascenso de gobiernos conservadores de derecha. Así, los migrantes que conformaron las nuevas organizaciones se asentaron en estas experiencias organizativas, recuperaron formas de organización y protesta y, sin abandonar estos espacios de militancia, apostaron a redireccionar sus luchas al impulsar organizaciones orientadas específicamente hacia la cuestión migrante.
En este marco, a sólo un mes de la sanción del DNU 70, surgió NUMM. Este espacio comenzó a gestarse cuando un grupo de mujeres y disidencias migrantes decidieron movilizarse juntas el 8 de marzo de 2017 en el primer Paro Internacional de Mujeres con el objetivo de difundir las consecuencias negativas que el DNU 70 tenía para la migración.[11] Luego de la participación en el Paro, NUMM se constituyó como una organización integrada por migrantes de diversos países de América Latina como son Perú, México, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile y Brasil. En un primer momento, NUMM surgió como un espacio político orientado a denunciar la situación de los migrantes frente a los discursos y las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de la alianza Cambiemos en espacios y actividades nodales del movimiento feminista en Argentina. Por ello, las migrantes intervinieron y participaron activamente de las vigilias para que se legalice el aborto, asistieron a las asambleas de Ni Una Menos, viajaron a los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, e intervinieron denunciando la securitización y criminalización de la migración en los actos finales de movilizaciones claves como el 3 de junio y los Paros Internacionales de Mujeres.
Sin embargo, a lo largo del 2017, NUMM se fue consolidando como organización, lo que le permitió establecer un diálogo más activo con el movimiento feminista y, de esta manera tensionar desde su especificidad migrante las principales demandas y líneas de intervención. Para esto, partiendo de que las migrantas son triplemente explotadas por su condición de mujeres, trabajadoras y migrantes y recuperando su situación jurídica y su condición de no-nacionales, buscó introducir a los feminismos nuevos debates y perspectivas de lucha en clave migrante. En esta línea, NUMM apostó a problematizar como las tareas de cuidado; la violencia machista; el acceso a derechos sexuales y reproductivos, a la salud, la educación, a instancias de denuncia, como así también el tipo de trabajos y condiciones laborales, se veían atravesados de manera diferencial por su condición de migrantes.
En paralelo a la conformación de NUMM, en 2017, también se impulsó el BTM. El lanzamiento oficial de esta organización fue en noviembre, aunque desde comienzos de ese año, ya realizaban actividades y organizaciones de protesta bajo el nombre Paro Migrante. Esta organización se constituyó como un espacio político de migrantes que en su construcción interna priorizó la articulación entre organizaciones de migrantes y migrantes autoconvocados. El BTM y NUMM fueron organizaciones que emergieron del mismo proceso organizativo por lo que, compartían algunos de sus integrantes y articulaban la mayoría de sus intervenciones, actividades y movilizaciones en relación a las políticas migratorias del gobierno de Cambiemos.[12] Sin embargo, a pesar de esta cercanía eran organizaciones independientes ya que cada una tenía sus propios espacios de decisión y de proyección de actividades.
El principal objetivo de la conformación del BTM era enfrentar las políticas migratorias punitivas y revertir discursos racistas y criminalizantes de la migración. No obstante, también se pensó como un espacio de representación política y social de migrantes orientado a abordar problemáticas que desborden la cuestión específicamente migrante. En esta línea, desde el BTM participaron y convocaron a diversas actividades y movilizaciones vinculadas tanto a problemáticas de sus países de origen como de destino. Por ejemplo, la implementación de reformas laborales y previsional; el impulso de políticas estatales de recorte presupuestario; la represión y criminalización de la protesta social y múltiples manifestaciones de rechazo al avance de gobiernos conservadores en la región.
De esta forma, a pesar de que el tratamiento político que el gobierno de la alianza Cambiemos dio a la migración fue un impulso inicial para la conformación del BTM, las luchas que emprendió esta organización trascendieron este momento inaugural tanto en términos organizativos como de demandas. El BTM no sólo abrió debates y propuso luchas ancladas en su experiencia de vida como migrantes, sino que a partir de estas problematizaciones supo tejer alianzas con aquellos movimientos y organizaciones sociales que también resistían —desde otros lugares— las consecuencias sociales, económicas y políticas de la contraofensiva neoliberal conservadora. Esta apuesta y proyección del BTM cristalizó, en enero de 2018, con el impulso de la CMND en Buenos Aires.
En este sentido, a raíz de que se cumplía un año de vigencia del DNU70, el BTM tomó la iniciativa de generar una plataforma política y un espacio amplio de unidad y coordinación entre organizaciones de migrantes y organismos de derechos humanos, de asistencia social a migrantes, equipos de investigación y, centralmente, movimientos y organizaciones sociales vinculadas a la economía popular. En la página de Facebook del BTM se invitaba a la actividad de lanzamiento de la CMND y se la presentaba como un “instrumento de unidad de migrantes y argentinos para luchar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017” para lo que convocaban,
-a todas y todos los migrantes y argentinos, sus organizaciones y plataformas de trabajo sin distinción de origen, rama de actividad, base territorial
-a las organizaciones y movimientos sociales, políticas, sindicales y LGTB
-a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos de derechos humanos (Publicación Facebook BTM, ¡palabras migrantes…al gran pueblo argentino salud. 29 de enero de 2018).
La importancia de generar una campaña respondía a la necesidad de constituir un espacio político que tenga capacidad de movilización e intervención política. En un contexto muy adverso, donde el ataque a la migración era contaste, desde el BTM consideraban necesario impulsar una plataforma política amplia que —al reunir a un gran número y una gran diversidad de organizaciones— les permita ganar visibilidad pública y mediática, como así también capacidad de presión al gobierno nacional. A razón de esto, en sus comienzos, se sumaron a la campaña organizaciones de asistencia social y legal a migrantes como CAREF y ANDHES (abogados y abogadas del NOA en derechos humanos y estudios sociales); organizaciones de migrantes de larga trayectoria política en el país como AMUMRA; equipos de investigación como el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín; y partidos políticos y organizaciones sociales vinculadas a la economía popular como son el Polo Obrero, Federación de Organizaciones de Base, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, Patria Grande, La cultura del Barrio, Movimiento Popular al Dignidad, Barrios de Pie y la Unión de Trabajadores de la Tierra.[13]
Aunque la CMND trató de constituirse como un espacio de unidad entre organizaciones que provenían de líneas y trayectorias políticas heterogéneas, el BTM y NUMM asumieron un rol dinamizador y de coordinación de la campaña. A la vez, fueron los espacios políticos que, junto a las organizaciones sociales y partidos políticos vinculados a la economía popular, plasmaron la línea política, definieron las estrategias de lucha e imprimieron las formas en que se estructuró la campaña. De todos modos, la CMND logró posicionarse como un espacio de coordinación entre una gran heterogeneidad de organizaciones que, a través de la puesta en marcha de campañas de difusión en las redes sociales, de movilizaciones, conferencias de prensa y concentraciones en puntos estratégicos de la ciudad, enfrentó y disputó los discursos y las políticas migratorias que intentaron criminalizar, expulsar y quitarle derechos a la población migrante.
Para cerrar, podemos señalar que el surgimiento del BTM, NUMM y la CMND implicó una reacomodación de las luchas que los migrantes desplegaban en Argentina. A raíz de las transformaciones en el tratamiento político de las migraciones que llevó adelante el gobierno de la alianza Cambiemos, los migrantes decidieron reorientar su preocupación hacía la cuestión migrante y tejer alianzas novedosas con el movimiento feminista, la economía popular y las organizaciones de derechos humanos abocadas a la migración. En palabras de Isabel —integrante de las nuevas organizaciones de migrantes— “el macrismo parió una gran camada de compañeros y compañeras organizados políticamente. Pienso que no hay vuelta atrás” (Isabel, BTM, NUMM, CMND Buenos Aires, Paraguay, Buenos Aires, 10 de marzo de 2021). En el mismo sentido, Pedro agregó,
lo positivo (del gobierno de la alianza Cambiemos) es que generó una respuesta y una reacción de un sector que no se venía organizado. (…) me parece que generó una alerta que no estaba. Que la repuesta es propositiva, desde el lado de que tenemos que seguir formándonos y organizándonos (Pedro, BTM, CMND Buenos Aires, Chile, Buenos Aires, 27 de octubre de 2020).
El cambio en el tratamiento político de las migraciones de la alianza Cambiemos, puntualmente, el temor a ser expulsados y detenidos y la incertidumbre generalizada en relación con sus horizontes futuros y proyectos migratorios en Argentina, se convirtieron en una pulsión de lucha y organización. Así, las luchas desplegadas por esta nueva “camada” de migrantes provocaron mutaciones significativas en el mapa de conflictividad tanto en relación a las problemáticas que convocaban a los migrantes, como así también en las conexiones que establecieron con otras organizaciones. Los migrantes que integraron las nuevas organizaciones, asentados en sus experiencias de organización política previas y en las alianzas que establecieron con otros movimientos y organizaciones sociales, reconfiguraron y adaptaron las estrategias y las formas de organización y protesta al escenario de luchas migrantes. Es decir, las nuevas organizaciones de migrantes entretejieron y reorientaron una multiplicidad de luchas y de formas de organización política hacia la cuestión migrante. En este sentido, la memoria de las luchas que los migrantes desplegaron en el pasado se reactualizaron en el presente (Tazzioli, 2021) y se dejaron contaminar por “la memoria de las luchas que cada miembro carga en la mochila o en el corazón” (Varela Huerta, 2023, p. 486). Por lo que, esta nueva “camada” de organizaciones de migrantes nutrió y complejizó el campo de luchas de la migración en Argentina ya que se sumó a las luchas protagonizadas por organizaciones de y para migrantes de larga trayectoria en el país que, desde mediados de los años noventa, venían organizándose en torno a la defensa y ampliación de los derechos de los migrantes.
A modo de cierre
En este artículo nos propusimos analizar las mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes que impulsaron nuevas organizaciones durante el gobierno de la alianza Cambiemos. Consideramos que los discursos y las políticas promovidas por la alianza Cambiemos fueron un punto de inflexión para muchos migrantes y organizaciones de migrantes, pasando a convertirse en un elemento aglutinador y en un disparador de nuevas formas de politización, organización y lucha. En ese sentido, los migrantes que constituyeron las nuevas organizaciones contaban con experiencias de organización política previa que no referían necesariamente a su condición migratoria y jurídica. La puesta en circulación de retóricas criminalizantes sobre la migración, el aumento de la violencia estatal y el avance en políticas migratorias punitivas provocó que se modifiquen las preocupaciones y las temáticas que asumían relevancia en los procesos organizativos de dichos migrantes. Esta reorientación y reacomodación de las luchas implicó que, sobre la base de sus luchas anteriores que no necesariamente remitían a la migración en términos estrictos, creen nuevas organizaciones, establezcan alianzas innovadoras con otras organizaciones y movimientos sociales y que impulsen procesos de movilización y protesta orientadas específicamente a combatir y cuestionar los mecanismos de control y gestión de las migraciones.
Luego de la alianza Cambiemos y con la emergencia de la pandemia por COVID-19, las organizaciones de migrantes —nuevamente— reorientaron sus luchas y modificaron sus demandas. Así, dichas organizaciones activaron campañas para recolectar alimentos para los migrantes que habían perdido el trabajo durante el aislamiento; y asistieron a migrantes que tenían problemas de vivienda y/o que se habían quedado varados por el cierre de las fronteras. Las demandas que impulsaron para abordar cuestiones que afectaban a la migración fueron puntales, por ejemplo, fomentaron campañas de denuncia en redes sociales ante las dificultades que estaban enfrentando muchos migrantes para acceder a programas sociales como fue el Ingreso Familiar de Emergencia. A la vez, en redes sociales abrieron un debate para visibilizar y reconocer la importancia del trabajo comunitario migrante en los barrios populares en el contexto de pandemia. Este breve recorrido por el devenir de las organizaciones migrantes, abre nuevamente la pregunta por las mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes. Reforzando la idea de que las luchas migrantes no son meras respuestas a las políticas de gobierno y a determinadas coyunturas políticas, el desafío es registrar y conectar estos momentos de las luchas que, muchas veces, son más subterráneos y se forjan en la cotidianidad de la vida de los migrantes, pero que se vuelven constitutivos de los momentos más visibles y confrontativos que adquieren las luchas migrantes. En la misma clave, en la actualidad, frente a un contexto mundial y nacional que se vislumbra conservador y autoritario, el desafío es continuar reflexionando sobre la radicalidad y la potencialidad de las luchas migrantes para desafiar y resistir las formas violentas que está asumiendo el capitalismo neoliberal y, en particular, las políticas de control y gestión de las migraciones.
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