Dossier especial número 19: nota editorial
Regímenes de (in)movilidad y estrategias migrantes para la libertad de circulación[1]
Regimes of (in)mobility and migrant strategies for freedom of movement
Gustavo de la Orden Bosch[2] y Aitor Bikandi Eskutza[3]
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Entrada la segunda década del siglo XXI, la gobernanza de las migraciones ha puesto en tela de juicio la fiabilidad de la igualdad en el reconocimiento del derecho a la libertad de circulación y la efectividad de los sistemas de protección de las personas desplazadas de manera forzosa (Bauder, 2021; Fitzgerald, 2019). Esta gobernanza se caracteriza aún por una restricción selectiva de la movilidad humana en las fronteras y de la titularidad de los derechos en el territorio (Andersson, 2014; Zaiotti, 2016). En contradicción con la liberalización de las fronteras internacionales en condiciones de igualdad, que auguraba a finales del siglo XX la incipiente era de las sociedades globalizadas, la selectividad de los Estados en sus confines continúa consolidando el control territorial y poblacional a través de mecanismos de vigilancia crecientemente sofisticados (Hollifield, Martin, Orrenius, 2022; Shachar, 2020; Mezzadra, Neilson, 2013). En ese marco, los engranajes fronterizos han empezado a perfeccionarse mediante dispositivos tecnológicos de control cada vez más avanzados y sofisticados (Eubanks, 2018; Bigo, 2014; Dijstelbloem, Meijer, 2020; Sager, 2023).
Sin embargo, el aparente hermetismo de las fronteras y la pretendida homogeneidad social y cultural de los Estados son desafiados por las personas migrantes, principalmente por aquellas que no son las favorecidas en los procesos de “selección”, quienes continúan defendiendo y ejerciendo el derecho a la libertad de circulación y residencia. Según los últimos informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2024a), actualmente se registran más de 281 millones de personas que residen en un país diferente al de su nacionalidad. Más de la mitad de esas personas, un total aproximado de 160 millones son personas en edad laboral activa y se desempeñan como trabajadoras al servicio de las economías de esos otros países donde se han alojado.
De este modo, la realidad migrante es en general muy diferente a la del espectáculo fronterizo (de Genova, 2013) marcado por la muerte y la desaparición en las rutas migratorias, que legitima discursos gubernamentales marcados por un humanitarismo que restringe aún más las vías de entrada (Fassin, 2011; Walters, 2010). Sin embargo, esta última es también una realidad palmaria. Siguiendo los datos que la OIM registra desde 2014 a través de Missing Migrant Project, más de 60.000 personas han perdido sus vidas o su desaparición ha sido registrada desde el año 2014; una cifra cuya mitad se concentra en el área del mar Mediterráneo (OIM, 2024b). En añadidura, desde una perspectiva histórica comparada, las migraciones son impulsadas por problemas estructurales hoy agudizados, como el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales, que encuentran soluciones incompletas en los marcos básicos de derechos humanos pensados en otra época (McAdam, 2012; Docherty, Giannini, 2009).
El incremento de los discursos de odio promovidos por sectores reaccionarios legitiman la perpetuación de prácticas discriminatorias e ilegales de control social, refuerzan la persecución y criminalización, e intensifican la tensión social y política (Papasarantopoulos, 2024; Zhang, 2024). Frente a esta realidad, las personas migrantes y locales se organizan en redes de solidaridad y asistencia (Luft, Wallmeyer, Barglowski, Bonfert, 2022; Barglowski, Bonfert, 2023), a través de múltiples estrategias de resistencia contra los regímenes de inmovilidad, desde la apertura de rutas alternativas hasta el uso de las tecnologías digitales. Este fenómeno refleja las tensiones entre las políticas restrictivas en la práctica y la declaración formal de la libertad de circulación como un derecho humano, aunque suele dejar fuera del foco la capacidad de los migrantes para transformar las condiciones impuestas y reclamar espacios de agencia en un entorno adverso. Sin embargo, en la práctica el conjunto de estrategias migrantes desafía las barreras impuestas por los Estados y revelan la tensión constante entre estructura y agencia en los procesos migratorios (Jonsson, 2020).
La migración es particularmente actual en la vida pública en la presente fase del capitalismo tardío. Desde la perspectiva estatal, la movilidad humana se presenta como una paradoja, entre un fin deseado y una potencial amenaza. En el fondo subyacen el abanico de desigualdades que caracterizan a las sociedades actuales: existe una “movilidad” deseada y una migración que debe ser “filtrada”, porque no todas las personas en movimiento serán útiles al normal funcionamiento del sistema. Aun cuando la migración forma parte de la historia de la humanidad (Fisher, 2014; Kleist, Glynn, 2012), una parte de los movimientos entre fronteras se presenta a menudo como un escollo para el desarrollo socioeconómico, y a veces también cultural, de los Estados. Sin embargo, no toda movilidad se encuentra en el punto de vista, sino que la categorización de personas obedece a una serie de sesgos marcados por factores tales como el lugar de origen, la clase y el género. Cabe preguntarse si esto se debe a la concepción del sujeto migrante como elemento pasivo, privado de una historia anterior, y no como un ser activo, dotado de agencia. En definitiva, las condiciones sesgadas de la migración no deseada por el sistema construyen una serie de etiquetas en base a las que el sistema categoriza a las personas migrantes (Crawley, Skleparis, 2018).
En base al manejo de la imagen de la otredad de la persona extranjera, se han articulado discursos que han servido a su deshumanización y la consecuente construcción de un sujeto potencialmente peligroso, desestabilizador y nocivo para la estabilidad de las sociedades nominalmente “desarrolladas”. Desde el hito de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el retrato de la inmigración ha sufrido una gradual transformación (Woods, Arthur, 2014) y, pese a que existen diferencias en la construcción del discurso entre los distintos territorios (Jackson, 2007; Creus, 2012), esa otredad parece haberse construido irremisiblemente en torno a la securitización, la criminalización y la “guerra global contra el terrorismo” (Aldave Orzaiz, 2018); en definitiva, en torno a la migración como riesgo, en lugar de un hecho causal, frecuentemente provocado por siglos de política imperial y colonialista (Rodriguez, 2018; Sayad, 2010), en una aparente incapacidad de interpretar las crisis y contradicciones estructurales (Jonsson, 2020).
Como consecuencia de la perspectiva eminentemente securitaria, asistimos a un proceso de externalización de los sistemas de protección internacional. La Unión Europea es un caso paradigmático para el análisis de este cambio, teniendo en cuenta que propuestas que hace algunos años eran consideradas inaceptables hoy son llevadas efectivamente a cabo. Así lo demuestra el caso de Reino Unido que, tras constantes propuestas de externalizar parte de la gestión del sistema europeo común de asilo, finalmente tras el Brexit ha implementado un sistema de gestión en Ruanda[4]. Incluso entre los actuales Estados miembros, en 2023 Italia ha celebrado un acuerdo con Albania que no dista de las propuestas británicas, pero que hoy es avalado por la Comisión Europea[5]. Por su parte, la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en 2024, tras casi cuatro años de negociación y constantes críticas hacia las propuestas de la Comisión Europea, es un reflejo no sólo del panorama europeo (Carrera, Geddes, 2021). El conjunto de normativas adoptadas gira en torno a la externalización, la clasificación rápida en fronteras, y la inmediata expulsión de quienes no son autorizados a ingresar. Sin embargo, no se prevén nuevas alternativas legales y seguras de acceso al territorio, lo que multiplica la necesidad de recurrir a las vías irregulares.
Frente a este contexto, cabe resaltar que la mirada al presente suele ser frecuentemente resultado de un diagnóstico superficial, anclado a las condiciones actuales y derivando de ahí causalidades con una pobre capacidad analítica. Ahora bien, dirigir la atención a cualquier hecho social debe implicar asumir inevitablemente la complejidad de los sistemas envueltos, con el no caer en la banalidad de discursos que, políticamente rentables, ofrecen una visión reduccionista e insustancial. Así, teniendo en cuenta la realidad que hoy se cierne para las personas en las fronteras y en los territorios de los Estados de los que no son nacionales, este dossier busca evitar el reduccionismo y asumir la complejidad ínsita en un ámbito de la realidad que no admite diagnósticos superficiales. El número parte de la idea de que los regímenes de (in)movilidad, o de movilidad selectiva, se han impuesto como una política migratoria que encuentra las estrategias de resistencia del sujeto migrante no seleccionado en defensa del derecho a la libre circulación. Los artículos reúnen una pluralidad de miradas desde diferentes disciplinas y concentran su atención en diversas realidades migrantes a los dos lados del océano Atlántico. Estas dos particularidades, como exponemos a continuación, resumen las que consideramos como contribuciones fundamentales del número especial a los estudios sobre migraciones.
En primer lugar, el número reúne análisis de diferentes contextos regionales, en concreto de las Américas y de Europa, lo que permite identificar similitudes y diferencias entre las políticas migratorias y las estrategias migrantes. Ambas regiones presentan diferencias significativas en lo que respecta a las realidades migrantes entre países, marcadas fundamentales por patrones culturales derivados de los lugares de origen. Por ejemplo, si bien en los últimos años se advierte un incremento de personas en tránsito desde otros continentes, en las Américas las migraciones en condición irregular han estado tradicionalmente marcadas por la movilidad intrarregional, como los desplazamientos desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos, o más recientemente desde Venezuela a países del Cono Sur americano. Ello impacta en las posibilidades de comunicación y organización de las personas migrantes, capaces por ejemplo de entenderse en un mismo idioma. Esta realidad se manifiesta de manera diferente en Europa, donde hace ya varias décadas las migraciones a través de vías irregulares presentan un carácter intracontinental.
A pesar de las diferencias, en ambos continentes las personas migrantes comparten experiencias de precarización y exposición a situaciones vulnerabilidad, así como formas de resistencia frente a las políticas restrictivas. En América Latina, por ejemplo, los flujos migratorios a través de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, evidencian cómo los migrantes adaptan sus trayectos y utilizan redes digitales para coordinarse, compartir información y mitigar riesgos. Por su parte, en Europa, las movilizaciones de colectivos migrantes y refugiados han cuestionado las políticas de detención y deportación. Organizaciones formadas por personas migrantes han logrado visibilizar sus demandas y ejercer presión para el reconocimiento de sus derechos, desafiando los discursos de criminalización y xenofobia institucionalizados. Desde la creación de redes de apoyo comunitario hasta la participación en protestas y movilizaciones, la agencia migrante es un elemento clave para entender los desafíos y las oportunidades que plantean los movimientos migratorios en la actualidad.
En este marco, el número inicia con el artículo de María Gabriela Rho, “Mutaciones en el mapa de conflictividad de los migrantes durante el gobierno de la alianza Cambiemos (Buenos Aires, 2015-2019)”, que pone en evidencia las estrategias de organización migrante para hacer frente a políticas basadas en la securitización y el punitivismo. En concreto, el artículo explora la agencia de las personas migrantes en Buenos Aires como caso de estudio, donde identifica la reconfiguración de las alianzas y la reorientación de la comprensión de su papel. Es a través de esta agencia que emprendieron la creación de organizaciones que cuestionan y confrontan los discursos y políticas criminalizantes, además de denunciar la discriminación y xenofobia institucionalizadas. La autora identifica las condiciones del surgimiento de movimientos integrados por migrantes y sus características organizacionales, exponiendo las particularidades de lo que define como “mapa de conflictividad”. La criminalización, la discriminación institucionalizada y la violencia estatal, como demuestra el artículo, lejos de desactivar la lucha migrante, despertó reivindicaciones en una matriz más amplia, dejando patente la potencialidad de la lucha migrante como punta de lanza del cuestionamiento del carácter crecientemente violento del régimen capitalista global.
Por su parte, el artículo de Antonio Córdoba Mendoza, “La migración de tránsito por Darién: Barreras estructurales y Estrategias Digitales”, incide en el argumento de que los controles fronterizos (en este caso los de Colombia, Panamá o México) transforman pero no impiden el flujo migratorio. El trabajo analiza la externalización que caracteriza la política migratoria de los países bajo estudio, la explotación de las personas migrantes por organizaciones criminales y la agencia de la migración en tránsito por la selva de Darién (Panamá). En especial, el análisis se detiene en el papel que juegan los medios digitales para enfrentar el entramado de obstáculos, completar necesidades y adaptarse a las circunstancias del camino. El caso bajo estudio demuestra cómo el bloqueo de las vías legales promueve la fragmentación de las rutas, agudizando los riesgos y provocando que la migración se produzca de formas más peligrosas, aumentando así la vulnerabilidad de quienes las atraviesan. A pesar de ello, las personas migrantes transforman las condiciones impuestas desde un ámbito global, desafiando su efectividad, y transformando las condiciones en las que las dinámicas se despliegan, mediante la planificación y visibilización de la migración a través de medios informáticos. Por medio de las redes sociales digitales, las personas migrantes son capaces de informar, conectar y organizar, actuando en contraposición a los obstáculos de los Estados y organizaciones criminales, quienes no quedan atrás en el empleo de los mismos recursos.
Junto a la advertencia de la ineficacia de las políticas restrictivas para frenar los movimientos migratorios, el número atiende especialmente a la necesidad del análisis interseccional en los estudios migratorios. Dos artículos ponen el foco en cuestiones relativas al solapamiento de variables que deben ser tenidas en cuenta para un abordaje integral tanto desde la academia como desde la política pública. Por un lado, el artículo Antonella Agustina Santin, “Pensar las migraciones y el mundo del trabajo desde una perspectiva interseccional”, destaca la interseccionalidad como herramienta metodológica al momento de construir conocimiento en torno a los movimientos migrantes. El trabajo enfoca su análisis en el entrecruzamiento de la condición migrante y el ámbito laboral en Argentina. Desde la consideración de la multidimensionalidad (en lo económico, social, cultural, político), aboga por la desnaturalización de las estructuras, las categorías analíticas y las prácticas sociales aplicables a la migración, las cuales atraviesan el trabajo migrante y articulan una multiplicidad de desigualdades. La autora interpreta la movilidad humana desde un prisma multidimensional e interdisciplinario, tomando en especial consideración la interseccionalidad como herramienta para analizar y poner en cuestión categorías como género, clase social, origen nacional, edad y sexualidad. Considera éstas como clasificaciones que, de reproducirse socialmente de forma acrítica, generan y perpetúan privilegios y exclusiones, no ajenas al mundo del trabajo. Identifica los criterios diferenciales que actúan como “fronteras internas y externas” de la estructura social: la inserción del migrante está sujeta a las relaciones de poder, localizadas en imaginarios sociales hegemónicos. Sin embargo, la inclusión de la interseccionalidad como filtro de comprensión de la realidad sociohistórica permite, por un lado, entender la construcción y naturalización de esos condicionantes; y por el otro lado, abordar el debate desde el prisma de la complejidad de la multidimensionalidad, donde las fisuras dan margen a la agencia de los sujetos que se organizan, cuestionan la hegemonía ideológica y despliegan posibilidades de transformación
En línea con la contribución a la perspectiva interseccional, el número se integra con el artículo de Naiara Mollinedo Aboiz, “Cuando la discapacidad y el género interseccionan en la protección internacional: Una propuesta teórica para la erradicación de estereotipos en los procesos de asilo”. Este trabajo ofrece un análisis de las intersecciones entre género y discapacidad en los procesos de asilo, subrayando la necesidad de adoptar un enfoque integral para garantizar una protección efectiva en tales casos. A partir de una revisión crítica del concepto jurídico de vulnerabilidad, el estudio problematiza la noción de "grupos vulnerables", resaltando cómo la categorización colectiva puede generar estigmas y estereotipos que afectan negativamente el reconocimiento de los derechos de mujeres con discapacidad en los sistemas de protección internacional. En particular, advierte que la homogeneización de las experiencias de las mujeres con discapacidad en los procesos de asilo refuerza las estructuras sociales que perpetúan su vulnerabilidad y exclusión. Frente a esta realidad, el artículo plantea como eje central la necesidad de visibilizar a este colectivo, reivindicando su lugar como sujetos plenos de derechos. El análisis explora la evolución y los límites del concepto jurídico de vulnerabilidad, las consecuencias de incluir a las mujeres con discapacidad como personas vulnerables, y el potencial de la interseccionalidad como herramienta jurídica para abordar las múltiples discriminaciones que enfrentan. En sus conclusiones aporta propuestas concretas para que tanto las instituciones públicas como las organizaciones que trabajan en el ámbito del asilo puedan mejorar la asistencia y la acogida de las mujeres con discapacidad, combatiendo así su invisibilización estructural y garantizando su acceso efectivo a los sistemas de protección internacional.
Profundizando en el análisis crítico e interseccional sobre los sistemas de protección internacional, el número incluye el artículo de Araitz Peña Mallona, “La frontera más allá del territorio: aproximación teórica al bordering en el derecho de asilo español”. Este artículo analiza cómo el Derecho de asilo español genera y reproduce fronteras internas dentro del propio Estado, convirtiéndose en una extensión de las fronteras territoriales que las personas migrantes deben atravesar para solicitar protección internacional. Desde un enfoque feminista decolonial, el estudio analiza el caso español para sostener que las fronteras no son meros límites geográficos, sino ejes multidimensionales que disciplinan y controlan a ciertos colectivos considerados “indeseables” o “potencialmente peligrosos”. La autora sostiene que el Derecho administrativo migratorio, en su aparente neutralidad, puede convertirse en una herramienta que reproduce las opresiones de género, raza y clase que atraviesan a las solicitantes de asilo. El análisis concluye que el procedimiento de solicitud de protección internacional no solo constituye un proceso jurídico, sino también una frontera en sí misma, donde la discrecionalidad administrativa y los sesgos estructurales influyen en las decisiones y generan barreras adicionales al acceso efectivo a derechos fundamentales. En particular, el estudio identifica tres zonas geográfico-administrativas que ilustran cómo el acceso a derechos se ve condicionado por la estructura legal: la zona de exclusión, donde las personas migrantes quedan fuera del reconocimiento de derechos; la zona de inclusión, que otorga ciertos derechos bajo condiciones específicas; y la zona de examen-espera, donde las solicitantes permanecen en un limbo legal y administrativo.
Por último, el número atiende al debate en torno a los mecanismos de protección de personas obligadas al desplazamiento por causas vinculadas al cambio climático. El artículo de Jeferson Teodorovicz y Andréa Mendes Mascarenhas, “Refugiados ambientais e políticas públicas: Obstáculos e desafios decorrentes das mudanças climáticas”, aborda los desafíos que implica su recepción e integración en los países de acogida. La investigación advierte que el Derecho internacional no ofrece aún una protección clara a los llamados “refugiados ambientales”. Esto lleva a que muchos Estados intenten encajar a los refugiados ambientales en categorías legales existentes, lo cual a criterio de la autora resulta insuficiente para abordar las complejas necesidades que pueden experimentar las personas desplazadas por estos motivos. Además, el artículo señala otros desafíos para los países de recepción, más allá del ámbito legal, como por ejemplo la necesidad de anticipar los efectos de los desastres climáticos y diseñar políticas públicas efectivas que combinen la protección de las personas desplazadas con el fortalecimiento de las comunidades locales afectadas por estos fenómenos. En este contexto, el estudio subraya la urgencia de desarrollar políticas públicas específicas que permitan no solo la mitigación de los efectos del cambio climático, sino también la integración efectiva de las personas desplazadas por causas ambientales. En consecuencia, el estudio enfatiza la necesidad de que las ciudades y los países adopten políticas públicas tanto de mitigación, para prevenir el impacto de los desastres ambientales, como de resiliencia, para recuperarse rápidamente de ellos. Asimismo, destaca la importancia de que los Estados receptores implementen políticas de integración para los refugiados ambientales, centradas en soluciones laborales y habitacionales que eviten la sobrecarga de los recursos locales.
A modo de conclusión de esta nota editorial, que a la vez sirva como una invitación a profundizar en la lectura de cada uno de los artículos que lo componen, nos permitimos recurrir a una cita literaria de Bernardo Atxaga en su libro “Obabakoak”. No se trata de una alusión directa a las migraciones, sino a los ríos, pero evoca en todo caso la importancia del movimiento como señal de vida. En concreto, en el relato “Nueve palabras en honor del pueblo Villamediana”, una de las conversaciones gira en torno a un río que no trae agua y al interrogante sobre si, en tales condiciones, es posible igualmente llamarlo como tal. Uno de los vecinos del pueblo le dice al personaje principal -que ha migrado a la localidad de Villamediana-: “En todas las cosas, el movimiento es el que decide. Movimiento significa vida. La quietud, en cambio, muerte. […] Todas las cosas, si son buenas, están relacionadas con el movimiento. O con la vida, si así lo prefiere. Pero la vida no se ve, y el movimiento sí. Yo diría que el movimiento es el otro nombre de la vida” (Atxaga, 1989: 164-165). Valiéndonos de esta metáfora literaria, cerramos esta nota editorial y damos paso a la serie de artículos que reúne, con la convicción de que esas líneas escritas por Atxaga son el resumen más acertado de la intención, el contenido y el mensaje que este número especial busca transmitir.
Bibliografía
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