Las Cajamarcas: el Buen Vivir como tejido de lazos alternativos al extractivismo y a los conflictos eco-territoriales en Colombia y Perú

The Cajamarcas: Buen vivir, an interweaving of alternatives to extractivism and to eco-territorial conflicts in Colombia and Perú

Este artículo es un esfuerzo por entender, desde un análisis comparativo, las realidades del ejercicio extractivista en Cajamarca-Colombia y Cajamarca-Perú, así como las dinámicas eco-territoriales, el trabajo político y las relaciones económico-sociales adelantadas por los movimientos sociales y ambientalistas emergentes. Dentro de las complejidades que este fenómeno produce en el continente y con el ánimo de iniciar un diálogo de experiencias y metodologías adaptadas a los estudios de caso, hemos realizado un abordaje que intenta ir más allá de disciplinas específicas para enriquecer el campo de entendimiento interdisciplinario y visibilizar los esfuerzos por defender y proteger el territorio. Reconocemos en el discurso del Buen Vivir una oportunidad para interrogarnos sobre su pertinencia en tanto referente común como instrumento de reinvindicación o alternativa al desarrollo desde las comunidades y conflictos eco-territoriales analizados.

Palabras clave: Buen Vivir; Extractivismo; Conflictos eco-territoriales; Cajamarca, Colombia; Perú.

This article is an effort to understand, from a comparative analysis, the realities of extractivist in Cajamarca-Colombia and Cajamarca-Peru, the eco-territorial dynamics, social, economic, political efforts advanced by emerging social and environmental movements. Within the complexities that this phenomenon produces in the continent and with the aim of initiating a dialogue of experiences and methodologies adapted to case studies, we have taken an approach that tries to go beyond specific disciplines to enrich the field of interdisciplinary understanding and to make visible these movement’s efforts to defend and protect their territory. We recognize in the discourse of Buen Vivir an opportunity to question ourselves about its relevance as a common reference point and as an instrument of reinvindication or alternative to development for the communities and the eco-territorial conflicts analyzed here.

Keywords: Buen Vivir; Extractivism; Eco-territorial conflicts; Cajamarca, Colombia; Perú.

A Eleuterio García, César Medina, José Silva, José Sánchez, Joselito Vásquez,

“Hija de la laguna” (FRIGOLA, 2015) es un documental dirigido por Ernesto Cabellos, donde la protagonista Nélida, una joven mujer de Cajamarca, Perú, apela a sus saberes sobre la madre tierra para comunicarse con los espíritus del agua y enfrentar los intereses de la minera Yanacocha, que ambiciona el depósito de oro existente debajo de una laguna que Nélida busca defender porque la considera su madre.

“Si paramos La Colosa, paramos cualquier cosa” (DIETZ, 2017), es otro documental dirigido por Hanna Thiesing, dedicado a mostrar la lucha de las y los habitantes del pueblo de Cajamarca, Tolima, Colombia, que enfrentaron a la minera AngloGold Ashanti, en defensa de su territorio, su agua y su modo de ser campesino, mediante la organización de una consulta popular.

Ambos documentales son muestras de la creciente preocupación generada por la explotación de recursos naturales y los conflictos desenvueltos entre empresas mineras y comunidades afectadas en Perú y Colombia. Así como del impacto que alcanza en diversos medios, incluido el cine, produciendo lo que Fernández (2014) llama “poéticas (políticas) del ambiente en el cine documental”.

Lo que llamamos una puesta en escena del problema ambiental permite observar cómo y en qué medida se tratan las luchas socioambientales y nos invita a incorporar los análisis culturales y audiovisuales a nuestras investigaciones^[2]. De ahí la importancia de concentrarse en las diferentes narrativas en relación con el ambiente: los sujetos, las significaciones y las formas argumentativas que emergen de la producción, circulación y recepción de los eventos culturales.

Las manifestaciones artísticas y creativas vistas en los dos casos no son solamente parte de la producción social de sentido en lo que concierne a los conflictos eco-territoriales, ellas también participan en el proceso de construcción de una agenda política. Uno de los resultados de la investigación social sobre los problemas socioambientales es que no es posible hablar de un sentido “único” del ambiente o de un “justo” discurso ambiental, monolítico y homogéneo. Por el contrario, es preciso señalar la cuestión de la complejidad y de la coexistencia de varias narrativas que, atravesadas por las relaciones de poder, son constituidas como producto de la interacción de bloques de coaliciones discursivas (HAJER, 1995). Estas coaliciones son entendidas como constelaciones sociales formadas por un grupo de actores que tienen la particularidad de producir cadenas de imágenes o “story-lines”. Es decir, por medio de estas formas, las personas tienen la capacidad de discutir, en diversos casos de la vida social, a través de recursos visuales y retóricos, conformando un vínculo con una práctica social que desarrollan autónomamente (performativity)^[3].

Nuestro trabajo intenta enfatizar en lo que Escobar (2016) llama el “sentipensar con la tierra”, en la medida que compartimos un abordaje no sólo limitado a una descripción de hechos o libre de valores, sino una experiencia vital sustentada en un involucramiento comprometido con las comunidades afectadas por los conflictos eco-territoriales analizados en este trabajo^[4]. Pretendemos sumar una aproximación, desde una perspectiva comparada^[5], a través del análisis de los casos del municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, Colombia; y el departamento de Cajamarca, Perú. Lugares afectados en los últimos años por procesos de extracción de recursos naturales y fuertes conflictos eco-territoriales de impacto reconocido en ambos países^[6].

Este énfasis lo relacionamos además con una propuesta de Acosta (2016), ineludible desde nuestro punto de vista, para abordar el extractivismo en realidades como las de Perú y Colombia: "el primer paso, entonces, pasa por fortalecer a las comunidades que actualmente resisten, dando lugar a un amplio debate sobre sus alcances y amenazas" (ACOSTA, 2016, p. 163).

Para efectos analíticos trabajaremos específicamente con dos categorías surgidas de la observación en los dos casos, las cuales, de cierto modo, desmontan los aspectos relativos al crecimiento económico dentro del discurso desarrollista actual y contribuyen a enriquecer la reflexión sobre el Buen Vivir como tejido de lazos alternativos al extractivismo y a los conflictos eco-territoriales. Las categorías son: a) relación con la tierra y el territorio y b) lazos de solidaridad y reciprocidad.

No pretendemos sesgar nuestra mirada y olvidar que estamos analizando relaciones donde intervienen varios actores y son desplegadas múltiples disputas. Tampoco, podemos desconocer que las actividades extractivas en los casos analizados han sido desenvueltas en situaciones de desequilibrio absolute, en términos de relaciones de poder, entre empresas mineras y comunidades afectadas.

Las empresas mineras, y algunas autoridades públicas, han desconocido, en más de una situación, la voz y los derechos de los directamente afectados, en particular, su derecho a poseer cosmovisiones de la vida y el futuro diferentes, donde ideas como “desarrollo” o “progreso”, entendidos desde los marcos culturales occidentales, no son asumidas por todas y todos las y los involucrados, sino más bien generan agudas resistencias e incluso son contrapuestas con otras cosmovisiones, como el Buen Vivir, producida desde la vida de las comunidades^[7].

Esto nos lleva a asumir como urgente un compromiso ciudadano con la construcción de espacios de participación donde el ejercicio de derechos esté garantizado para todas y todos por igual, y con modelos pluralistas, donde las diferencias y el derecho a ser distintas y distintos también sea reconocido y garantizado.

El artículo, a fines de exposición, esta dividido en dos partes: la primera, analiza los conflictos existentes y sus repercusiones; y la segunda, ofrece los puntos de encuentro en términos de análisis comparativo entre ambos y propone algunas conclusiones a manera de pistas a seguir en futuras indagaciones.

Cajamarca es un departamento andino amazónico, ubicado en el Nororiente del Perú, limita con los departamentos de, por el Sur, La Libertad; por el Este, Amazonas; por el Oeste, Lambayeque y Piura; y por el Norte, con la República del Ecuador. Su territorio está organizado en 13 provincias y 127 distritos, posee una extensión de 33317,54 Km2, 2,8% de la superficie total del Perú; y una población de 1529755 habitantes, principalmente rural, que representa el 2,6% del total de la población del país.

Minera Yanacocha, un consorcio integrado por la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation (propietaria del 51% de la minera), la empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura (poseedora del 44%) y la Corporación Financiera Internacional, organismo dependiente del Banco Mundial (propietaria del 5%), fue la primera empresa en iniciar sus operacionesen Cajamarca en el año 1993. Minera Yanacocha es actualmente un complejo minero consistente en seis minas a tajo abierto, cuatro plataformas de lixiviación y tres plantas de recuperación de oro.

El establecimiento de Yanacocha, y otras empresas mineras en el Perú, fue producto de un conjunto de beneficios que el gobierno peruano aprobó a inicios de la década de los noventa. Instrumentos legales como la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera, Decreto Ley Nº 662, promulgado en 1991, estableció las reformas necesarias para facilitar el desenvolvimiento de actividades mineras en el país.

Según algunas mediciones -como la presentada por Chávez (2014a)- en enero de 2014, “el departamento de Cajamarca cuenta con 2630 concesiones mineras, equivalentes al 37,4% del total de su territorio, que representan 1231415,74 ha” (CHÁVEZ, 2014a, p. 8)^[8].

Además de Minera Yanacocha, las empresas mineras con concesiones en Cajamarca son Gold Fields (de capitales sudafricanos), Vale (de origen brasileño pero de capital transnacional), Angloamerican (de capitales ingleses), Lumina Copper (de capitales chinos) (GRUFIDES, 2014).

No es posible dejar de mencionar que los conflictos eco-territoriales emergen y son agudizados, sobre todo en los últimos diez años, por la intensificación de las actividades extractivas de tipo minero en Cajamarca y otros departamentos del Perú. La conflictividad fue exacerbada nuevamente, desde mediados del 2011, a partir del proceso de expansión minero que representa la implementación del proyecto Conga de Minera Yanacocha.

Es necesario mencionar que la violencia ha sido una constante que ha estado presente desde el inicio mismo de las actividades extractivas en Cajamarca. Asesinatos como el de Edmundo Becerra Cotrina, líder rondero, ambientalista y médico veterinario, muerto en el 2006; así como diversas formas de amedrentamiento contra activistas, dirigentes y familias campesinas han sido recurrentes.

El proyecto Conga está ubicado en un área comprendida en la provincia de Celendín, con un radio de influencia que incluye a las provincias de Hualgayoc Bambamarca y Cajamarca, y que formará parte del complejo minero Yanacocha. El proyecto original tiene previsto ocupar un área mayor a 2000 hectáreas en zonas de páramo, donde actualmente existen lagunas, bofedales y zonas de recarga hídrica que serán destruidas. En varios sentidos, similar a los actuales proyectos de Yanacocha, Conga es en esencia una mina a tajo abierto de cobre, oro y plata que planea procesar 504 millones de toneladas de mineral con una remoción estimada de 1085 millones de toneladas de roca, a una tasa de 92000 toneladas por día (GRUFIDES, 2014).

El conflicto generado por el proyecto Conga adquirió una escala que superó el ámbito departamental al proyectarse al conjunto del país y convertirse en el hito de inflexión de las políticas del gobierno del presidente Humala que, durante la campaña electoral, ofreció priorizar “el agua antes que el oro”, en declaración de respaldo manifiesto a las luchas de los movimientos de rondas campesinas^[9] y ciudadanos en general que habían confrontado durante varios años con los intereses mineros.

Las protestas contra el proyecto Conga sufrieron una dura represión policial que provocó la muerte de cinco personas, cuatro en Celendín y una en Bambamarca: Eleuterio García Rojas, César Medina Aguilar, José Faustino Silva Sánchez, José Antonio Sánchez Huamán y Joselito Vásquez Jambo. La crisis generada determinó la salida del premier Salomón Lerner Ghitis y su successor, el premier Oscar Valdés Dancuart, y obligó a la administración Humala a replegarse en su intención de apoyar el proyecto^[10].

También mostró la capacidad de movilización de las comunidades de las provincias afectadas (Celendín, Hualgayoc Bambamarca, Cajamarca), junto al nivel de cohesión y fuerza de las rondas campesinas, movimientos de ciudadanos y ecologistas populares (activistas ambientales, agentes pastorales, jóvenes, promotores salud, etc.), quienes recibieron la denominación de Guardianes de la lagunas^[11]. Así como la incidencia que lograron sobre las autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca para sumarlo a la coalición de fuerzas sociales, institucionales y políticasopositoras al proyecto Conga^[12].

Asunto que además no es aislado de los procesos desenvueltos a nivel del Perú donde, de acuerdo a reportes de la Defensoría del Pueblo (2016), es posible confirmar que los conflictos eco-territoriales concentran la mayor incidencia, 147 casos, que representan el 71% del conjunto de conflictos sociales registrados (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2016, p.8)^[13].

El departamento del Tolima se ubica en la región andina de Colombia, entre las laderas de las cordilleras oriental y central, y sobre la cuenca media del Río Magdalena. Con una población de 1416124 personas, es el décimo departamento del país. Sus 23562 km2 de extensión abarcan tanto tramos de bosque seco tropical en las tierras bajas del plano del río Magdalena como bosques de niebla, páramo, y ecosistemas glaciales en torno a las cumbres nevadas de la cordillera central.

Al extremo occidental del departamento, el territorio de Cajamarca (población 18500 habitantes) ocupa una posición estratégica bajo el principal paso por la cordillera central. Una de las principales arterias del país, la carretera que conecta Bogotá con el Eje Cafetero, el valle del río Cauca y con la puerta el puerto del pacífico, Buenaventura, atraviesa el casco urbano cajamarcuno. Este se ubica en la confluencia del cañón del río Anaime con el río Bermellón, punto donde se forma el río Coello cuyas aguas desembocan en el río Magdalena.

Conocido como la despensa agrícola de Colombia, Cajamarca figura entre los principales territorios productores de arracacha y frijol del país. También prospera el cultivo del plátano, el café, el tomate, la arveja, la papa y una gran variedad de hortalizas y frutales sobre la base de la agricultura campesina en fincas pequeñas y medianas. El terreno accidentado limita el acceso de vehículos, y hasta hoy, la mayor parte de la cosecha anual baja a los puntos de acopio en bultos cargados por mulas.

A pesar de que la actividad minera ha estado presente en Cajamarca desde antes de la colonia, el anuncio en 2007 del hallazgo de un yacimiento de oro en la quebrada La Colosa en la cuenca alta del río Bermellón, marca un antes y después en la historia del municipio. La noticia, hecha pública por el mismo presidente, en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, fue el primer aviso de la presencia de la empresa AngloGold Ashanti (AGA) en el territorio nacional^[14].

El modelo extractivista se instaló tardíamente en Colombia debido a la persistencia del conflicto armado y un marco jurídico poco atractivo para el capital global, pero desde el año 2000 en adelante, el extractivismo ha cogido un ritmo deslumbrante en el país. La avanzada militar y paramilitar durante el mandato del ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010) permitió al Estado retomar control sobre grandes tramos del territorio nacional para la potencial explotación de los recursos naturales, mientras un nuevo código minero en 2001 y un conjunto de garantías para la seguridad jurídica de la inversión extranjera abrieron la puerta para capitales multinacionales.

Impulsada por los altos precios que cotizaba la materia prima en el mercado mundial durante el primer lustro y medio del siglo, la inversión extranjera directa (IED) en el sector primario se disparó. Solo en minería e hidrocarburos la IED pasó de USD 1045 millones en el año 2001 a USD 6314 en el 2014, alcanzando un pico histórico de USD 8009 millones en el 2013. Tanto el presidente Uribe como su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, han puesto la economía extractiva en el centro de sus planes de desarrollo.

La llegada de AGA a Tolima se da en el año 2000, momento de alta conflictividad en el departamento. En ese momento, el Frente 21 de las FARC había consolidado una presencia militar en el corregimiento de Anaime en el sur de Cajamarca. Cuando AGA obtuvo sus primeros títulos en el municipio, las fuerzas públicas ya estaban reforzando el pie de fuerza en el municipio. Con la presencia militar, también incrementó la actividad paramilitar producto de la entrada del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El enfrentamiento por el territorio entre actores armados dejó un saldo de dos masacres en que murieron 14 campesinos y niños a manos de las fuerzas públicas. El desplazamiento forzado también se disparó en el municipio, registrándose 3422 casos entre el 2000 y el 2007 (PAX, 2016).

El proyecto de La Colosa no ha pasado de la fase de exploración, pero a partir de los datos publicados por la empresa y los documentos públicos relacionados con el proyecto, se puede estimar sus dimensiones. Los cálculos más recientes dan cuenta de un yacimiento de 33,15 millones de onzas (1030,96 millones de gramos) de oro (FIERRO et al., 2016)^[15].

La explotación proyectada volvería a La Colosa la mina de oro a cielo abierto más grande del país y lo colocaría entre las minas más grandes del mundo. Los títulos mineros relacionados al proyecto y otorgados a AGA por INGEOMINAS (ahora la Agencia Nacional Minera) cubren una superficie de 23545,1 hectáreas, y se encuentran dentro de la Reserva Forestal Central^[16] por lo cual AGA tuvo que solicitar al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) la sustracción temporal de un área de 515,75 hectáreas para realizar actividades de exploración en la reserva (FIERRO et. al., 2016)^[17].

El análisis de las solicitudes por Fierro et. al. (2016) muestra que la empresa pretende realizar perforaciones de exploración sobre una superficie que extiende en un radio de más de seis kilómetros en varias direcciones de las perforaciones ya realizadas en la quebrada La Colosa y que incluye docenas de cuencas hídricas y hasta complejos de páramo.

Estos datos coinciden con las proyecciones de la empresa en presentaciones a sus inversores en el 2012 que referían al distrito minero Anaima Tocha o La Colosa Regional, es decir, un complejo minero que podría incluir múltiples tajos distribuidos en un área de cientos de kilómetros cuadrados y ligados a una planta procesadora de gran escala (COLOMBIA SOLIDARITY CAMPAIGN, 2013).

Según el Catastro Minero Colombiano con corte al año 2010, las tierras del municipio ya tituladas a empresas mineras suman 44276 hectáreas (el 86%) de un total de 51528 hectáreas. De estas tierras, la gran mayoría pertenecen a AGA (PAX, 2016). Además, la empresa cuenta con títulos vigentes en los municipios colindantes de Cajamarca como Ibagué, Rovira y Roncesvalles en Tolima, y Salento y Calarcá en el Departamento de Quindío (ANM, 2014), mientras los planes iniciales de la empresa evidencian la intensión de ubicar la planta de beneficio y la presa de relaves en el municipio de Piedras, Tolima, a más de 80 km distantes de Cajamarca^[18].

Promesas de una prosperidad futura al lado de los altos salarios pagados por AGA a trabajadores locales y un portafolio de proyectos productivos en el marco de la responsabilidad social empresarial han permitido a la empresa ganar numerosos adeptos en Cajamarca y la región. El nivel de polarización en torno al proyecto se evidenció en la acrimonia elección atípica por alcalde en marzo de 2017, en que el candidato percibido como pro-minero, Pedro Marin, ganó por un margen ínfimo al candidato apoyado por los movimientos ambientales, Julio Vargas. Durante las campañas, vecinos y familiares se enfrentaron entre sí en lo que generalmente fue percibido como un referendo sobre la cuestión minera.

Si bien Cajamarca, con su identidad campesina, es el epicentro del conflicto socio-ambiental, el movimiento en defensa del territorio en el Tolima ha logrado entretejer actores a distintas escalas territoriales para crear una amplia y diversa red de resistencia frente al proyecto La Colosa. Organizaciones locales de distinta índole^[19] se han unido para formar el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime. Esta organización, a su vez, integra parte de la Red de Comités Ambientales del Tolima que articula los comités locales al nivel departamental y ha sido liderado por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV), basado en la capital departamental de Ibagué. A esta red de actores internos, se suma el apoyo de actores académicos, sindicales, populares, gremiales e institucionales tanto al nivel nacional como internacional^[20].

El movimiento en defensa del agua y la vida en el Tolima ha logrado dos victorias contundentes contra el proyecto La Colosa a través de las consultas populares realizadas en los municipios tolimenses de Piedras y Cajamarca^[21]. La consulta popular en Piedras, Tolima, siguió un largo proceso de movilización en la comunidad que originó con acciones directas por parte de sus habitantes, incluyendo el bloqueo del acceso de camionetas de la empresa a zonas donde se pretendían realizar estudios en el territorio. En julio de 2013, la oposición fue a las urnas; de 2995 votantes, 2971 (el 99%) votaron en contra de la realización de actividades mineras en el municipio, efectivamente frustrando los planes de AGA de ubicar la planta de beneficio y el dique de relaves allí.

La victoria en Piedras desató una ola de consultas adelantadas en otros municipios del país que llegó a su apogeo en la exitosa consulta popular en Cajamarca, Tolima, el 26 de marzo de 2017. A pesar de una fuerte campaña para desalentar la participación, más de seis mil personas salieron a votar con el 97% del total votando en contra de la actividad minera en el municipio. Además de proteger el territorio jurídicamente en contra de la minería, la consulta dejó manifiesto que la empresa no cuenta con la licencia social de la comunidad para operar en el territorio^[22].

Así, La Colosa se perfila como un proyecto a escala regional, con la potencial de trastocar la vocación agrícola de todo el occidente del Tolima. Los riesgos asociados con el proyecto, y las amenazas potenciales que presenta al ambiente y a la comunidad, han generado un intenso conflicto socio-ambiental que desborda el municipio de Cajamarca y que no se limita a la defensa material del agua y el territorio, sino conlleva profundas implicaciones en los planos económico, político y cultural.

El conflicto generado en torno al proyecto Conga afectó de manera determinante las correlaciones de fuerzas a nivel político departamental, así como el panorama electoral municipal y regional de 2014, que determinó la elección de las actuales autoridades regionales y municipales. Provocó que las diferentes fuerzas políticas asumieran posiciones respecto al mismo^[23].

Además generó un cambio en los procesos politicos desenvueltos a nivel departamental, expresado en tres aspectos:

Primero, provocó la politización del conjunto de la sociedad cajamarquina al colocar en el centro de la disputa toda la estructura de relaciones de poder imperante que había tenido a Minera Yanacocha como el principal agente de toma de decisiones y al modelo de sociedad que intenta imponer. Su perspectiva está basada en una idea de desarrollo donde las relaciones con la tierra y el territorio son asumidas como instrumentales y donde el progreso individual es convertido de manera exacerbada en el referente de prestigio social.

Segundo, posicionó a las y los campesinos, sobre todo a su principal expresión organizada, las rondas campesinas, como actores políticos determinantes. Es decir, provocó que transitaran de una posición subalterna a otra protagónica en la toma de decisiones políticas respecto al conjunto de la vida en el departamento. Este argumento no pretende desconocer la existencia de diversos intereses campesinos presentes en procesos de movilización como el señalado o en organizaciones como las rondas, mucho menos quiere homogenizar una realidad que sabemos es heterogénea; pero tampoco desconoce la fuerza de la movilización desplegada por las y los propios campesinos cajamarquinos o el hecho que han logrado constituirse como un actor político cohesionado en determinadas coyunturas, sobre todo, porque correríamos el riesgo de presuponer que sólo agentes externos a ellas y ellos determinan su movilización.

Tercero, hizo visible un conjunto de prácticas donde las relaciones con la tierra y el territorio son reivindicadas, así como lazos de solidaridad y reciprocidad, desenvueltos en especial entre las poblaciones rurales y urbanas subalternas y marginalizadas de la sociedad cajamarquina, cuestionadoras en más de un caso del discurso del desarrollo, entendido sobre todo en su concepción antropocéntrica, de dominio y depredación de la naturaleza, así como de acumulación económica sin limites.

Uno de los antecedentes en la historia reciente de Cajamarca, donde fue producido similar nivel de polarización social y política que el generado por el proyecto Conga, fue el conflicto en torno a la defensa del cerro Quilish en el 2004. Este lugar está caracterizado por poseer pastos alto andinos, cuya función es amortiguar y retener agua, facilitando la infiltración, además de albergar en su seno las nacientes de las sub cuencas hidrográficas de los ríos Grande y Porcón.

Ahí también se produjo un alineamiento de fuerzas, a favor y en contra de los intereses mineros, encaminados en aquella ocasión a iniciar labores de exploración para concretar la explotación de los yacimientos La Quinua y Cerro Quilish-Cerro Negro, que de producirse hubieran afectado inevitablemente la cantidad y calidad de las aguas de los ríos Grande y Porcón. Las comunidades de su entorno, a las cuales se sumó un importante sector de las y los habitantes de la ciudad de Cajamarca, buscaban -en contrapartida- su intangibilidad frente a cualquier proyecto minero.

Además de la tensión generada por el cuestionamiento de los intereses mineros, la movilización de las poblaciones de las comunidades del entorno fue clave, las y los campesinos aparecen como actores protagónicos de la disputa y cuestionadores frontales de las relaciones de poder dominantes.

Junto a ellos y ellas, son visibles prácticas como el “pago a la tierra” o “pago a la mama pacha”, así como relaciones solidarias y reciprocas en el trato cotidiano, en la organización y movilización social.

Debemos tomar en cuenta como otro antecedente, además de la lucha por la defensa del Quilish, el triunfo del Movimiento de Afirmación Social (MAS) en las elecciones regionales de 2010, y que eligió como gobernador regional de Cajamarca a Gregorio Santos^[24]. El MAS es un movimiento político de Cajamarca, conformado por iniciativa de cuadros y activistas del Partido Comunista del Perú Patria Roja de este departamento^[25].

Al iniciarse la confrontación con los intereses mineros, particularmente Minera Yanacocha, Santos y el MAS, tienen la capacidad de pasar de una situación inicial de desencuentro con las comunidades afectadas y los movimientos sociales movilizados, sobre todo de rondas campesinas, a otro de acuerdo y organización de una coalición amplia opositora a los intereses mineros, donde incluso lograron neutralizar a los sectores más radicalizados y tejer acuerdos con otros, políticos y sociales, a fin de liderar de manera conjunta la lucha.

Este hecho no fue resultado sólo de la habilidad política de Santos y los cuadros del MAS. Fue provocado también gracias a la capacidad de incidencia alcanzada por las rondas campesinas y la fuerza del conjunto de la movilización de las campesinas y campesinos de las zonas afectadas por el conflicto.

La situación adquirió mayores niveles de complejidad luego del encarcelamiento de Santos, producido en el mes de junio de 2014, por acusaciones de corrupción; pero que la opinión pública cajamarquina interpretó claramente como una intromisión “desde Lima” encaminada a favorecer a los otros candidatos respaldados por las mineras.

La reivindicación regional cajamarquina puede interpretarse como parte de la larga tradición regionalista y descentralista de los pueblos del interior del Perú frente al centralismo limeño. Sin embargo, también es pertinente anotar que esta reivindicación incluye agendas locales muy diversas, como las de los pequeños productores articulados en redes económico sociales, con fuerte anclaje territorial, en algunos con vínculos asociativos consolidados basados en relaciones de solidaridad y reciprocidad o ligados a mercados alternativos como el orgánico o el comercio justo, en un contexto agroecológico diverso como fue resaltado por Torres y Castillo (2012).

Los resultados electorales a nivel departamental mostraron un claro triunfo del MAS, así como de Gregorio Santos. La cifras mostraron que obtuvo un poco más del 44% del total de votos válidamente emitidos y que lo reeligieron como el gobernador regional más votado del país. Además que posicionaron al MAS, y al liderazgo de Santos, como uno de los principales proyectos políticos departamentales contestatarios y opositores al actual modelo económico y político hegemónico, basado en la inversión extranjera de tipo extractivista primario exportador.

Este triunfo además rompió con la tendencia seguida en las elecciones regionales desde el 2003, donde no había reelección, los resultados mostraron por primera vez, en la historia de las elecciones regionales cajamarquinas, a un gobernador regional reelegido. Así como consolidando, a través de una importante votación de respaldo, un proyecto político regional, esto es particularmente claro al constatar la evolución de la votación del MAS y Gregorio Santos que pasa de 30,7% en las elecciones del 2010 a 44,2% en el 2014 de votos válidamente emitidos^[26].

Sin embargo, Santos no pudo asumir el cargo de gobernador regional por estar detenido, siendo reemplazado por su vice gobernador Porfirio Medina. Después de este hecho, el conflicto entró en un periodo de tregua y si bien las tensiones entre el personal de seguridad de la empresa Yanacocha y los Guardianes de las lagunas han continuado, el grado de violencia y conflictividad ha disminuido ostensiblemente viviéndose en una situación de conflicto latente^[27].

Marcha Carnaval y Consulta Popular: escenarios para la construcción de un nuevo sentido común

En el centro del conflicto ambiental en torno al proyecto de La Colosa está la disputa entre dos visiones contrapuestas del territorio. Por un lado, se presenta una visión hegemónica del desarrollo, definido por el crecimiento económico, que instrumentaliza la naturaleza, negándole cualquier valor intrínseco para reducirla a un mero recurso para el proceso económico. Esta visión logra una expresión clara en los Planes Nacionales de Desarrollo del 2010 y 2014 del Presidente Juan Manuel Santos, en las que la minería y la extracción de hidrocarburos han de jalonar la economía nacional, y el crecimiento económico, la creación de empleo y el ingreso de regalías al Estado sirven como justificaciones que anulan cualquier oposición local a sus proyectos. En este marco, un conjunto de proyectos, entre ellos La Colosa, se han declarado Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES), volviendo su implementación prioritaria frente a otras actividades y reduciendo tanto el plazo del tiempo como los pasos administrativos necesarios para lograr su ejecución.

Por el otro lado, las comunidades locales y los movimientos socio-ambientales se han apropiado del territorio realzando su carácter vital. Bajo esta visión, la reivindicación de categorías como la biodiversidad y fuentes hídricas comienzan a trascender de un significado meramente científico para dotarle al territorio una connotación de lo sagrado como fuente de la vida. En este contexto, la lucha por el agua y la vida da apertura a imaginarios que van "más allá del desarrollo" y que cuestionan el carácter colonial y destructivo de esta construcción moderna para acercarse a las nociones del buen vivir (GUDYNAS, 2012). Entre estas dos visiones se vuelve patente la distinción que hace Mançano Fernandes (2013) entre el territorio como sitio de acumulación del capital y el territorio como "espacio de vida".

En los comunicados públicos y las manifestaciones del movimiento de resistencia a La Colosa, escasamente se escuchan referencias explícitas al Buen Vivir, y el concepto está lejos de haberse convertido en un referente de los diversos actores que conforman el movimiento. No obstante en los discursos y las prácticas concretas del movimiento frente el territorio se puede vislumbrar tentativas de la construcción de este imaginario alternativo al desarrollo. Aquí se resaltan dos aspectos puntuales de esta construcción: el primer aspecto se refiere a un replanteamiento de la relación entre el ser humano y la tierra tendiente a revalorar ésta como fuente de la vida. El segundo aspecto trata de las relaciones de solidaridad y reciprocidad entre sus integrantes y con movimientos afines en otras regiones del país.

En el plano material, el replanteamiento de la relación con la tierra se evidencia en la tendencia de algunas organizaciones cajamarcunas de apostar a la producción agro-ecológica, buscando cultivar alimentos en sintonía con las complejas relaciones ecosistémicas del entorno natural. Como expresa Cielo Baez, presidente de la Asociación de Productores Agro-ecológicos de la Cuenca del Río Anaime (APACRA), ante la amenaza del proyecto de la Colosa, la práctica cotidiana de la producción alimentaria en consonancia con la naturaleza en sí es una resistencia.

La conservación de la biodiversidad en las fincas agro-ecológicas contrasta no solo con los paisajes desolados que ofrece la minería a tajo abierto, sino también con los monocultivos de arracacha y frijol que dominan las laderas el cañón de Anaime. En este contexto, la lucha contra la minería ha modificado las actitudes hacia la tierra de algunos campesinos de Cajamarca. Integrantes de la organización Conciencia Campesina, conformada en su mayoría por productores convencionales reconocen, por ejemplo, el proyecto minero como una amenaza a su continuada existencia como agricultores y campesinos, y así, son claros en identificarse como defensores del territorio y no como ambientalistas. No obstante, al asumir la defensa de la naturaleza frente la minería, algunos han comenzado a re-evaluar los impactos de sus propias prácticas agrícolas sobre la tierra, mostrando un creciente interés en técnicas de producción limpia y una disposición a conservar franjas boscosas en sus fincas. Si bien son de pequeña escala, estas prácticas denotan un leve viro en la relación con el territorio, reconociéndolo como espacio de la vida y no meramente de producción.

En términos simbólicos, este replanteamiento de la relación con la tierra encuentra su manifestación más masiva y visible en la Gran Marcha Carnaval en Defensa del Agua y la Vida que se realiza cada junio y que ha logrado movilizar más de 100000 personas en sus últimas dos ediciones.

La marcha carnaval reúne comparsas de estudiantes universitarios, sindicatos, niños de colegios de la ciudad, la barra brava, la guardia indígena y otras organizaciones de base del Tolima y del país. La explosión de telas y colores, cantos y tambores, bailes y disfraces que es el carnaval, representa una apuesta a lo lúdico en la práctica política que cobra un sentido claro en el contexto del avance de la locamotora minera.

La exhibición pública y masiva de los cuerpos, frecuentemente semi-desnudos y pintados, es muestra del territorio encarnado, la expresión material del territorio como fuente de la vida. A su vez los cuerpos de los participantes son el medio material para las representaciones teatrales y musicales que reafirman simbólicamente que el agua es vida y que el territorio, como fuente de la vida es sagrado.

En el mismo sentido, la participación de los agricultores cajamarcunos en la marcha carnaval se da en forma de los "jeepao", caravana de los Jeep y Willy típicos del municipio engalanados con arracachas, plátanos, yucas, cítricos y otros alimentos. El jeepao es a su vez la exhibición material del fruto del territorio y la representación simbólica de ello como "despensa agrícola de Colombia" y territorio campesino.

Así, la Marcha Carnaval de Ibagué va más allá de una mera muestra de fuerza numérica y funciona como una corporalización del territorio en resistencia a la mina y a lo que Machado (2013) denomina la "mineralización de las emociones", es decir, la desensibilización de los cuerpos y las emociones como patología neo-colonial producto del extractivismo y requisito para la licencia social de los proyectos mineros.

Las consultas populares desarrolladas a lo ancho del territorio nacional colombiano en los últimos cuatro años, no solo han sido ejercicios de participación ciudadana en que los pueblos locales toman decisiones sobre su territorios, también han sido escenarios para la construcción de nuevos tejidos sociales y sentidos comunes basados en la solidaridad y la reciprocidad. A pesar de los recelos que indudablemente existen dentro y entre las distintas organizaciones que conforman la red de resistencia a La Colosa, las campañas para las consultas populares han sido instancias para el intercambio de saberes y experiencias y el apoyo mutuo.

El proceso de la consulta en Piedras debe su éxito, en parte, a los esfuerzos de los activistas de Ibagué y Cajamarca, mientras la consulta realizada en Cajamarca contó con la participación de integrantes de organizaciones nacionales e internacionales. Veteranos de esta consulta colaboraron con la organización logística de las consultas en Pijao, Quindío y Cumural, Meta. El Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Conciencia Campesina y COSAJUCA han enviado sus integrantes a asesorar los procesos de consulta popular adelantados en La Macarena, y los municipios de Arbeláez y Cabrera en Cundinamarca entre otros, de tal modo que el acumulado de conocimiento producto de la movilización y la resistencia se convierte en un bien común al servicio de todas las comunidades y organizaciones que enfrentan el modelo extractivista.

Subyaciendo estas dinámicas de solidaridad y reciprocidad entre organizaciones, está el entendimiento de que los movimientos eco-territoriales no pueden quedarse en aislamiento. Al igual que los potenciales impactos ambientales de los proyectos extractivistas traspasan los límites municipales, los procesos de movilización han de extenderse más allá del contexto local y ligarse entre sí. Desde esta óptica, el tejido de relaciones de solidaridad entre organizaciones refleja la misma continuidad geográfica del territorio a defender.

El Buen Vivir tiene sentido como una presencia social alternativa. Se trata de una narrativa que se materializa en las manifestaciones de grupos sociales, ciudadanos y movimientos sociales en los que un nuevo contrapoder aparece. En esa instalación, la expresión creativa se ha convertido en instrumento de visibilidad, denuncia y protesta, pero también en un dispositivo de movilización contundente.

Nos parece importante, además, reconocer que en las Cajamarcas se ha experimentado, en los últimos años y en medio del conflicto, un renacimiento de una intensa actividad cultural ligada a la narrativa del Buen Vivir^[28].

En ese proceso mediante el cual las experiencias toman forma de fuerzas organizadas para provocar un cambio, las movilizaciones en torno a los casos en las Cajamarcas, brindan la posibilidad de indagar sobre los puntos de enlace en los cuales es importante saber qué tipos de intereses permiten, más que otros, motivar a los actores en aras de encontrar una expresión política significativa. Esta interpretación de Deborah Stone (2001) permite dirigir la atención hacia el lugar que ocupan los actores dentro de la dinámica de una movilización^[29].

La relación con la tierra y el territorio y los lazos de solidaridad y reciprocidad que se han venido tejiendo en los dos casos estudiados constituyen a) un medio, entendido como la presencia continua dentro de un “micro-mundo” suscitando compromiso y reciprocidad b) dispositivos alternativos, es decir, el uso de las coaliciones discursivas, performance, y otros para manifestarse y c) las representaciones, en defensa de la protección de los bienes colectivos. Estos tres elementos son creados a través de un referente de sentido común dentro de las narrativas del Buen Vivir.

A través de la narrativa del Buen Vivir y de las figuras de denuncia y de crítica, relativas a situaciones de inseguridad de los derechos colectivos, se trata de seguir la transformación de referentes suficientemente anclados dentro del sentido común de los actores. Referentes tales como: la defensa de la soberanía, el cuestionamiento a decisiones tomadas por los gobiernos respecto a riesgos ambientales, y cuestiones relacionadas con la explotación del territorio.

Al volcar nuestra atención hacia las manifestaciones de diferentes colectivos o comunidades peruanas y colombianas que se han venido organizando para crear, defender y proteger espacios de bienestar, para sí mismo, para el otro y para la tierra, estamos al mismo tiempo reforzando las narrativas del Buen Vivir presentes en el sentido común de las movilizaciones.

La narrativa del Buen Vivir esta ligada a la reproducción de formas comunales de vida y a una visión del futuro que no necesariamente esta conciliada con ideas como “progreso” y “desarrollo” sino más bien revalora a la Madre Tierra, la Mama Pacha, cuestiona por lo tanto el antropocentrismo, y encuentra en la reciprocidad una racionalidad a la cual recurrir, tal vez no de manera exclusiva; pero tampoco excluyéndola por completo sino más bien enhebrándola con otras de manera compleja y creativa.

Nos atrevemos, en este sentido, a sumar al análisis la idea que las prácticas desenvueltas desde abajo y desde adentro de varios de los actores involucrados en la resistencia al proyecto Conga y al proyecto La Colosa, han ido construyendo un ambientalismo popular que expresa algunos de los principios fundamentales contemplados en el Buen Vivir y podrían ser la base para imaginar alternativas al extractivismo.

La presencia de las inversiones extractivas no ha logrado anular la resistencia comunal, basada en más de un caso en relaciones económico sociales donde el mercado competitivo capitalista tiene un rol hegemónico; pero también la producción de agricultura familiar en un contexto agrodiverso, así como las relaciones de reciprocidad y los saberes comunitarios, reivindicados en más de un caso en el marco del conflicto, como Torres y Castillo (2012) han documentado en el caso de Cajamarca-Perú.

Este ejercicio, a veces, no institucionalizado, proactivo, expresión directa de las demandas de la sociedad, tensa, a la vez que complementa la democracia legitimada electoralmente, y visibiliza aquellos poderes indirectos diseminados en el cuerpo social.

El tejido que recrea la narrativa del Buen Vivir en los países latinoamericanos es un llamado a que se consideren como alternativas a todas aquellas expresiones y prácticas que, dentro de un universo heterogéneo de tendencias, se caracterizan por ser las portadoras de un nuevo imaginario poscapitalista fundado o en proceso de fundación.

El llamado que estas prácticas lanzan a la academia invita a insistir cada vez más en la exploración que desde la comprensión del universo, las necesidades y el sentir del otro, podemos dar para generar los primeros pasos en una relación de mutuo reconocimiento diverso y plural de los procesos de construcción de nuevas realidades, que se concretan según la voluntad de actores subalternos con capacidad de crear nuevas formas de relacionamiento social y con el territorio.

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[1] Nathaly Jiménez: Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Richard Doughman: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué y Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Luis Montoya: Departamento Académico de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

[2] Esta investigación forma parte de un proyecto exploratorio de trabajo mancomunado de docentes de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario-Colombia; la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué-Colombia; y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú. Agradecemos a la asistente de investigación Gabriela Gonzalez de la Universidad del Rosario por su colaboración.

[5] La intención de comparar estos dos casos es el resultado de una coincidencia de encuentros entre los autores, sus investigaciones y su apoyo a las comunidades implicadas con la intención de desplegar -en un future- una serie de trabajos comparativos en el continente sobre los conflictos eco-territoriales.

[6] Svampa (2012) indica que la dinámica de las luchas socio-ambientales en América Latina ha venido asentando la base de lo que denomina el giro eco-territorial, que consiste en un cruce innovador entre matriz indígena comunitaria, defensa del territorio y discurso ambientalista (SVAMPA, 2012, p. 22).

[7] El Buen Vivir o Bien Vivir, -siguiendo a Quijano (2014), - es una propuesta proveniente del nuevo movimiento de la sociedad, sobre todo de la población indigenizada en América Latina, que para ser una realización histórica efectiva no puede ser sino un complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y a la reproducción democrática de una sociedad democrática, un otro modo de existencia social, con su propio y específico horizonte histórico de sentido, radicalmente alternativos a la Colonialidad Global del Poder y a la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada. Hoy, puede tener sentido como una existencia social alternativa, como una Des/Colonialidad del Poder (QUIJANO, 2014, pp. 847-848). Germaná (2016) anota que el Buen Vivir “instaura una amplia problemática que puede delimitarse alrededor de las relaciones sociales que se establecen con los modos de socialización en las comunidades urbanas y rurales que buscan reproducir formas comunales de vida en los diversos ámbitos de la existencia social” (GERMANÁ, 2016, p.173).

[8] Chávez (2014a) sostiene que el número de concesiones y superficie concesionada a nivel departamental, “entre 2013 y 2014, se redujo. Las concesiones mineras bajan de 2819 a 2630. La superficie concesionada, por su parte, cae de 1380394,56 ha (41,9% del total de su territorio) a 1231415 ha (37,4% del total del territorio)” (CHÁVEZ, 2014a, p. 8).

[9] Las rondas campesinas representan una forma de organización campesina autónoma, propia sobre todo de varios de los departamento del norte del Perú, nacida en 1977, en el caserío de Cuyumalca, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Surgida inicialmente para combatir el abigeato evolucionó luego a otros asuntos como la administración de justicia, la seguridad y actualmente la defensa del ambiente y el territorio.

[10] Las protestas contra el proyecto Conga fueron reprimidas por las fuerzas policiales de manera brutal, reproduciendo en más de un caso situaciones como las vividas durante los años de la violencia política en el Perú, donde el racismo, discriminación y violencia contra las poblaciones campesinas fue una vez más reproducida.

[11] Una de las varias expresiones de esta capacidad de movilización fue la gran marcha por el agua, realizada entre 1 y 9 de febrero de 2012, que recorrió 870 kilometros, desde las lagunas amenazadas por el proyecto Conga en Cajamarca hasta la ciudad de Lima; y donde la organización y disciplina rondera fue la columna vertebral de la misma.

[12] Un actor importante ha sido la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una articulación de varias organizaciones e instituciones de la provincia de Celendín que jugaron un rol central en la resistencia frente al proyecto Conga y la movilización de diversos sectores tanto dentro como fuera de Celendín. El liderazgo de Milton Sánchez, presidente de la PIC, fue particularmente determinante en la forja de la misma y su mantenimiento hasta hoy. Algo similar es el caso del Frente de Defensa de Bambamarca, liderado por su presidente Edy Benavides, otro actor clave del conflicto y la resistencia comunal. Los frentes de defensa han surgido en varias provincias del departamento de Cajamarca como una respuesta autónoma de la población para articular demandas y organizar la movilización popular de manera directa, sobre todo en los últimos años y enfrentar los intereses mineros. Benavides, luego de la coyuntura más aguda del conflict, se postuló a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca y resultó elegido alcalde provincial en octubre de 2014.

[13] Es ineludible mencionar, siguiendo a Chávez (2014b), que existe una relación directa entre las actividades mineras y el establecimiento, en los últimos años, de las centrales hidroeléctricas como centros de producción de energía. El proyecto Chadín 2 ha sido uno de los que mayor tensión generó, denunciado por los impactos ambientales que provocará en las comunidades de su entorno.

[14] AGA opera 17 minas en nueve países, y es la tercera empresa extractora de oro a nivel mundial, con una producción anual de 3,95 Moz. en el año 2015. En adición al proyecto de La Colosa, AGA tiene dos otros proyectos en fase de exploración en Colombia, Quebradona y Gramalote, los dos en el departamento de Antioquia (AGA, 2017). Hasta el año 2007, la empresa había realizado trabajos de prospección y exploración en el territorio y otras regiones del país de manera sigilosa bajo el nombre de su empresa filial Kedahda (COLOMBIA SOLIDARITY CAMPAIGN, 2013).

[15] El mineral no se encuentra concentrado en filones sino diseminado en la formación rocosa, lo cual señalaría una explotación futura a tajo abierto con un proceso de beneficio basado en la lixiviación. En este proceso, la roca que contiene una concentración del oro por encima de la ey de corte (estimada en 0,30 ppm) se separa de la roca estéril que no contiene una cantidad del mineral suficiente para realizar un beneficio rentable. La roca mineralizada se tritura en dos fases hasta ser reducida a una hraina fina. Posteriormente, este polvo de roca mineralizado es mezclado con agua y tratado quimicamente con cianuro para separar las partículas de oro (FIERRO et. al., 2016).

[17] La sustracción del área de la reserva forestal ha sido plagado por irregularidades. La AGA solicitó la sustracción en el 2007, pero ya en el 2008, antes de que ésta fuera otorgado, la empresa había comenzado actividades de exploración, razón por la cual la Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA) suspendió toda actividad minera y multó a la empresa. Cuando en el 2009, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible finalmente aprueba una sustracción de 6,39 hectáreas (de los 515,75 originalmente solicitadas), lo hace sobre un área discontinua, sustrayendo islotes del terreno para la construcción de plataformas de exploración y así permitiendo a la empresa intervenir una superficie mucho mayor de lo que indicarían las seis hectáreas (FIERRO,. et al., 2016).

[18] La exitosa consulta popular en Piedras en el año 2013, en que la población votó rotundamente en contra de cualquier actividad minera que afectara el agua en su territorio, forzó un repliegue por parte de la empresa, que ahora proyecta situar la planta de beneficio y la presa de relaves en las quebradas adyacentes al tajo en Cajamarca.

[19] Entre ellos, la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del río Anaime (APACRA); Conciencia Campesina Asociación de Usuarios del Acueducto del Corregimiento de Anaime; Agrotur; Unión Campesina por la Defensa del Medio Ambiente y del Territorio (UCAT); y Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA).

[20] Entre los nacionales figuran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Sindical Obrera (USO), el Sindicato de Maestros de Tolima (SIMATOL), la Revolución Vino Tinto y Oro (barra brava del equipo de fútbol Deportes Tolima), USOCOELLO (gremio arrocero dependiente del agua de riego del río Coello), Ecotierra, Fundación Muisca, Corporación Semillas de Agua, Corporación Grupo Semillas, Grupo TERRAE, CENSAT Agua-Viva, Tierra Digna, De Justicia y académicos de la Universidad de Tolima, la Universidad de Ibagué, la Universidad Pontificia Javeriana, y la Universidad Nacional. Actores internacionales incluyen la Asociación Internacional para la Defensa del Ambiente (AIDA), PAX, la Fundación Rosa Luxemburg, Catapa y Colombia Solidarity Campaign y académicos de la Universidad de Berlín.

[21] La consulta popular es consagrada por la Ley 134 de 1994, que la define como " la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto". La misma ley afirma que "en todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria". El artículo 33º de la Ley 136 de 1994 establece la obligatoriedad de realizar una consulta popular frente a cambios en el uso de los suelos: "Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio". Para mayor análisis del sustento jurídico de las consultas ver: Rodríguez Franco (2015).

[23] Instituciones como las iglesias tampoco estuvieron al margen, incluso -como señala Lecaros (2016: 89)- “pueden ser agentes principales especialmente cuando los conflictos se producen en situaciones de enclave”. Por enclave, la autora se refiere a empresas extractivo-exportadoras, generalmente privadas y extranjeras, que logran el control de un extenso territorio con apoyo del Estado.

[24] Es pertinente señalar que el proyecto del MAS surge en el marco de un proceso social y político muy particular, representa un proyecto consistente y para nada improvisado, en la medida que reúne tres factores claves en su experiencia: primero, la continuidad de esfuerzos y trabajo político de 30 años del Partido Comunista del Perú Patria Roja, principalmente en dos sectores: rondas campesinas y magisterio, a través de dirigentes campesinos y sindicales que enriquecieron su experiencia política desde las luchas de dos movimientos sociales de gran influencia en la sociedad cajamarquina y que los obligaron a desenvolver una política territorial con un fuerte anclaje “desde abajo”, en las dinámicas políticas locales y departamentales; segundo, la figura de Gregorio Santos, reconocido a nivel popular como “El Goyo”, un liderazgo carismático que logra empatar con la idiosincrasia de los sectores populares rurales más humildes de la sociedad cajamarquina, que capta el humor y sintoniza con la gente de Cajamarca; tercero, el logro de una transición generacional con cuadros de edades que fluctúan entre los cuarenta y cincuenta años, en el caso de Cajamarca, frente a la edad promedio de los cuadros históricos del Partido Comunista del Perú Patria Roja, de otras regiones y de nivel nacional, que poseen alrededor de setenta años. Los tres factores fueron señalados por el Dr. César Aliaga, gobernador regional de Cajamarca, en el marco de una entrevista realiza el 30 de agosto de 2014 en la ciudad de Cajamarca.

[25] Notamos que en Cajamarca, entre el 2009 y 2010, nace además Tierra y Libertad, partido liderado por el ex sacerdote Marco Arana, otra organización política que tendrá una fuerte presencia durante los conflictos eco-territoriales analizados y en el cual están afiliadas y afiliados un sector importante de activistas opositores al proyecto Conga. Tierra y Libertad conformó para participar en las últimas elecciones presidenciales en el Perú el Frente Amplio, una coalición de organizaciones políticas de izquierda, que lanzó la candidatura de Verónica Mendoza a la presidencia y obtuvo el tercer lugar en las mismas.

[27] Uno de los sucesos que más ha concentrado este conflicto latente ha sido la constante agresión de minera Yanacocha contra la familia Chaupe-Acuña y su interés por desalojarla de sus tierras. Máxima Acuña, la madre de esta familia, ha sido convertida en un símbolo de la resistencia frente al abuso cometido por esta empresa. La solidaridad que ha recibido permitió visibilizar su caso e incidir en medios de comunicación a tal grado que ha sido ampliamente difundido en redes y opinión pública del Perú y a nivel internacional.

[28] En Perú se incluyen prácticas desde las más tradicionales, como la interpretación del clarín cajamarquino, instrumento musical declarado patrimonio cultural de la nación en el año 2005, estudiado por el músico y maestro Julio Zamora; hasta las más recientes, como las pinturas de Víctor Amado Portal Villena, con una obra plástica inspirada en situaciones de la realidad departamental actual y en lo mejor de la tradición indigenista cajamarquina, nacida a comienzos del siglo XX con José Sabogal; así como la recuperación de la tradición oral, realizada por James Becerra, dedicada al cuento popular contumazino, un esfuerzo similar al realizado antes por el maestro Andrés Zevallos; o desde la creación musical, las composiciones de grupos como Tinkari, creador del himno de la resistencia, el huayno: “¡Agua sí, oro no!”. O las coplas de carnaval, el canto y la oralidad popular, analizados por Alvira (2016) como “práctica pedagógica de reafirmación de la vida” (ALVIRA, 2016, p. 31).En Colombia, los bambucos ambientales del maestro Jorge Humberto Jiménez, las electro-cumbias de protesta del grupo musical Sistema Solar, el uso del arte publico como las intervenciones fotográficas del artista tolimense “Zorba el griego”, Camilo Toro; y la amplia participación de la comunidad artística local y nacional en apoyo al movimiento ambiental, sirven de ejemplo de esta actividad.

[29] Análisis como los presentados por Kathryn Sikkink y Margaret Keck (1998) o como el de Beltrand Badie (2002), se concentran en la multiplicación de actores –fluidos, inestables, individualizados– que intervienen en forma de redes o de agregados y en el cual el juego consiste de una parte en aparecer, validar y legitimar sus acciones (BADIE, 2002) y de otra, en ayudar a los Estados a identificar un problema, a especificar su causa y a proponer una solución (KECK Y SIKKINK, 1998).