A fines del Siglo XX, la región latinoamericana mostró la expansión y consolidación de sujetos colectivos en resistencia al modelo neoliberal. Fueron estos los denominados “Nuevos Movimientos Sociales”. Diversas corrientes teóricas se preocuparon por analizarlos, colocando énfasis en algunos aspectos específicos que los distinguían de los actores tradicionales para la canalización de las demandas sociales: los sindicatos y partidos políticos. El ascenso y consolidación de los nuevos gobiernos postneoliberales/progresistas, en el Siglo XXI, repercutió en la reconfiguración de las movilizaciones sociales. En ese escenario, se multiplicaron las resistencias al modelo de desarrollo extractivista que avanza sobre tierras y recursos naturales. Si bien este régimen de acumulación permitió aumentar el ahorro nacional, y con ello la capacidad de gestión económica de los Estados; supuso también la persistencia en la consideración de la naturaleza como mercancía y serias limitaciones para superar los patrones de exclusión y desigualdad. La proliferación de la diversidad de expresiones de acción colectiva antiextractivista ha renovado el interés de estudio por parte de las ciencias sociales, en tanto presentan continuidades, al tiempo que rupturas, respecto de las movilizaciones de la década anterior. De allí que el objetivo del presente trabajo es explorar los actuales debates teóricos en torno a la especificidad y alcances de estos nuevos actores, pretendiendo identificar herramientas analíticas que nos permitan dar cuenta de los cambios que han ido ocurriendo en la movilización social latinoamericana y, especialmente, en Argentina.

Palabras clave: neo-extractivismo, resistencias, movimientos sociales, América Latina, gobiernos progresistas.

In the late twentieth century, Latin America showed the expansion and consolidation of collective actors resisting neoliberalism. There were called "New Social Movements". Different theoretical perspectives tend to analyze those movements, trying to focus on some specific issues that distinguished them from traditional actors: trade unions and political parties. The rise and consolidation of the new postneoliberales / progressive governments, in the XXI century, influenced on the reconfiguration of social mobilization. That scenery showed the increase of resistances against the extractive model, which moves on land and natural resources all over the region. On the one hand, this accumulation regime has allowed to increase national saving and the capacity of national states to take their own economic decisions; but, on the other hand, the regime keeps on considering nature as a commodity and shows its limits to overcome patterns of exclusion and inequality. The proliferation of these various expressions of collective action against extractivism renewed the interest by the social sciences. New studies and researches focus on their continuities and ruptures, comparing with the mobilization of the previous decade. The aim of this article is to explore current theoretical debates about the characteristics and logics that distinguished these new actors, trying to find analytical tools in order to identify some changes in Latin American and Argentinean social mobilization.

Key words: neoextractivism, resistances, social movements, Latin America, progressive governments.

El estudio de los movimientos sociales en América Latina cobró renovada fuerza a fines del Siglo XX, enfatizando el desarrollo de focos de resistencia frente a la profundización del neoliberalismo. Se trataba, en general, de expresiones ancladas en los espacios locales, que resistían la desarticulación de las identidades colectivas provocadas por la desregulación, privatización y atomización neoliberal. Postulaban un fuerte rechazo al sistema imperante y hacían eco de una crisis de representación que cuestionaba a las instancias tradicionales de canalización de demandas, como los sindicatos y partidos políticos. Frente a ello, los nuevos colectivos organizados se asentaron sobre la pretensión de autonomía y horizontalidad. Vale considerar como ejemplos: el espacio piquetero en Argentina, el zapatismo en México, los sin-tierra en Brasil, entre otros.

En ese marco, las perspectivas teóricas predominantes fueron receptoras de dos grandes tradiciones de investigación sobre acción colectiva. En primer lugar, el enfoque de raigambre norteamericana (con referentes como John McCarthy, Dough McAdams, Sidney Tarrow), centrado en los recursos disponibles y las oportunidades políticas, más cercano a la idea de acción estratégica. En segunda instancia, las corrientes europeas (con exponentes como Alberto Melucci, Alain Touraine, Clauss Offe), preocupadas por la novedad de los movimientos sociales en un contexto post-industrial, y la producción y recreación de una identidad colectiva al interior de los mismos.

Es preciso señalar, además, que los estudios sobre la temática estuvieron atravesados por el debate en torno al vínculo entre movimientos sociales, Estado y poder. En esa línea, las perspectivas ligadas a la narrativa autonomista^[3] (Michael Hardt, Tony Negri, John Holloway) concibieron la proliferación de movimientos sociales como el esparcimiento de grietas o fisuras que evidenciarían, en un nivel micro, modos alternativos de ser y estar en el mundo, opuestos a la alienación capitalista. Desde una óptica diferente, las corrientes cercanas al marxismo (James Petras, Atilio Borón) enfatizaron la pertinencia de la lucha de clases para interpretar el conflicto social, y la necesidad de diseñar tácticas y estrategias de poder hacia un horizonte revolucionario.

A comienzos del Siglo XXI, el panorama social mostró una efervescencia de la movilización social y su paulatino acercamiento a la arena político-electoral. En ese marco cobró protagonismo el debate en torno a la institucionalización de los movimientos sociales y sus vínculos con los gobiernos “progresistas” o “postneoliberales”. Algunos autores sostuvieron que se trataba de la cooptación de organizaciones antes autónomas (SVAMPA, 2008a; ZIBECHI^[4], 2009), mientras que otros analistas refirieron a su genuina inclusión en la dinámica de participación estatal (CORTES, 2007; LACLAU, 2006; MIRZA, 2006). No obstante, hubo coincidencia en que el arco de organizaciones sociales fue reconfigurándose, paulatinamente, a partir de la lectura respecto del proceso político en curso.

Sobre la base de la reconstrucción precedente, vale destacar que en el transcurso de la primera década del Siglo XXI, la acción colectiva latinoamericana estuvo marcada por el accionar distintivo de los colectivos organizados en resistencia a la “acumulación por desposesión” (HARVEY, 2004). Esta nueva lógica del capital avanza sobre la tierra y los recursos naturales, provocando la degradación ambiental y la continuidad de la dependencia estructural en los países de la región. En esa línea de análisis, el presente trabajo explora^[5] las caracterizaciones que se han efectuado desde las ciencias sociales sobre las resistencias al modelo extractivista, destacando algunos debates teóricos y herramientas analíticas pertinentes para dar cuenta de los cambios que han ido ocurriendo en la movilización social argentina y latinoamericana.

El nuevo contexto: acumulación por desposesión y neo-extractivismo en América Latina

Desde fines del Siglo XX, el ciclo económico mundial retoma con fuerza su basamento en la extracción y exportación de bienes naturales a gran escala. Según Harvey (2004) la acumulación por desposesión constituye la marca del nuevo imperialismo y se asienta sobre la depredación de bienes ambientales globales (tierra, agua, aire, biodiversidad). Ello se traduce en el avance de la megaminería a cielo abierto, los proyectos de grandes trazados urbanos, el agro-negocio, la producción de biocombustibles y el “pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas multinacionales” (HARVEY, 2004: p.114). Para Svampa (2012), el correlato de esta nueva fase en América Latina, que califica como Consenso de los Commodities, es la intensificación y la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Ello, al igual que en períodos anteriores, genera variadas formas de dependencia y dominación en el orden geopolítico mundial en tanto algunos países (dependientes-periféricos) exportan sus bienes naturales, en su mayoría no renovables, y otros países (centrales) los emplean en la elaboración de manufacturas adicionándoles valor.

En América Latina esta nueva fase del capitalismo mundial ha incentivado el afianzamiento de un estilo de desarrollo extractivista (GUDYNAS, 2009; SVAMPA y SOLA ÁLVAREZ, 2010, SVAMPA y VIALE, 2014), que debe ser comprendido como aquel patrón de acumulación basado en la explotación a gran escala de recursos naturales, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos. En palabras de Acosta, el término extractivismo designa “aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación en función de la demanda de los países centrales” (2011:p.109). Al mismo tiempo, Gudynas (2011a) explica, en parte, esta tendencia por los cambios en las condiciones globales: por un lado, la debacle de los mercados financieros convencionales hace que muchos se refugien en las materias primas y, por el otro, el aumento de la demanda de los países asiáticos, en especial China.

En pos de caracterizar la especificidad que adquieren las prácticas extractivas latinoamericanas en la actualidad, Gudynas (2012) propone distinguir el neo-extractivismo del extractivismo clásico o histórico. Mientras este último ha sido fomentado por gobiernos conservadores, donde el Estado resulta funcional a la transnacionalización de la economía y las empresas multinacionales desempeñan un rol determinante en toda la cadena productiva; el neo-extractivismo también es encarado por los gobiernos progresistas de América Latina, los cuales, en una coyuntura internacional de elevados precios de los commodities, alientan el desarrollo de las prácticas extractivas para engrosar el ahorro nacional de sus respectivas economías. En definitiva, en el “neo-extractivismo progresista”, el Estado juega un rol mucho más activo, sea por su participación directa en las prácticas extractivistas (por ejemplo, por medio de empresas estatales como la petrolera venezolana PDVSA) o por medios indirectos (asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc.). En esta lógica, el neo-extractivismo se caracteriza por mantener e, incluso, profundizar la extracción minera y petrolera, mediante un aumento en los rubros clásicos o por la incorporación de nuevos recursos (por ejemplo, países tradicionalmente no mineros que intentan la megaminería como Uruguay, o países mineros que buscan nuevos rubros como el litio en el caso de Bolivia). A su vez, el modo extractivista de organizar la producción se expande a otros sectores, en particular los monocultivos de exportación (GUDYNAS, 2012).

Avizoramos que los cambios en la coyuntura política actual de la región, en la que algunas fuerzas conservadoras y con pretensiones de restaurar medidas de corte neoliberal lograron doblegar experiencias progresistas (Argentina y Brasil), podrían conllevar reorientaciones de las modalidades extractivistas del subcontinente hacia matrices predominantemente “clásicas” o “históricas” de extractivismo. Tal vez sea la Argentina un caso testigo de estas transformaciones; pues en los últimos meses ha operado una redefinición del Estado en relación, por ejemplo, a la participación de éste en la renta agropecuaria y minera. La quita de retenciones a la megaminería y, en particular, a la exportación de commodities de origen agropecuario ha significado para el Estado Nacional una reducción de más de 26 mil millones de pesos anuales de recaudación fiscal^[6].

A nivel general, vale remarcar que las consecuencias del extractivismo no tienen solamente impactos en términos de política nacional y geopolítica, sino que también conllevan fuertes impactos económicos y sociales. En la arista económica, se opera “un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar su reorientación hacia actividades primario-extractivas o maquilas, con escaso valor agregado” (SVAMPA, 2013). Y, en términos sociales se impulsa: “una profundización de la dinámica de desposesión [...] [que genera] despojo y concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores principales” (SVAMPA, 2013). En síntesis, el neo-extractivismo desarrollista configura una dinámica vertical que irrumpe en el territorio, y a su paso destruye los ecosistemas, expulsa comunidades ancestrales, y violenta procesos de decisión ciudadana (SVAMPA y VIALE, 2014).

Al mismo tiempo, el despliegue de las prácticas extractivas requiere, según advierten distintos intelectuales latinoamericanos, de un permanente proceso de criminalización y represión de las voces opositoras. Para Machado, las poblaciones que resisten este nuevo ciclo de “modernización neocolonial” son vistas con desconfianza; son frecuentemente ignoradas y sistemáticamente descalificadas por los medios de comunicación al tiempo que son perseguidas y reprimidas por sus propios gobiernos: “en los territorios militarizados de los gobiernos de derecha, son considerados ‘terroristas’, y en los de izquierda, fracciones ‘fundamentalistas’, que obstruyen el avance de los procesos revolucionarios” (2012:p.56).

Al igual que Machado, Svampa sostiene que “la criminalización y la represión no son prerrogativas exclusivas de los gobiernos conservadores” (2013:p.2). En esa línea, menciona las represiones por la megaminería en Catamarca y las presiones a comunidades originarias en la Argentina; el procesamiento a personas que resisten a los proyectos mineros en Ecuador; y, entre otros, destaca fundamentalmente el caso boliviano, al que califica “como uno de los escenarios más paradójicos” (SVAMPA, 2013:p.3) dado que el discurso indigenista del primer gobierno de Morales quedó obstruido por la vocación neodesarrollista evidenciado en el conflicto del Parque Nacional Isiboro Securé^[7].

Ahora bien, este nuevo escenario mundial, caracterizado por la “exacerbación de la esencia predatoria del capital sobre la naturaleza” (BORÓN, 2004:p.1), coloca a la América Latina actual frente a un panorama complejo que es preciso desentrañar. La complejidad de la situación radica en que, por un lado, la extracción de recursos naturales permitió aumentar el ahorro nacional que, en muchos de los países de la región, se orientó hacia procesos de inclusión. En este sentido, la renta de la exportación de los commodities promovió la implementación de diversos programas sociales tales como la “Asignación Universal por Hijo” en Argentina; los programas “Bolsa Familia” y “Brasil Sin Miseria” en Brasil; “Las Misiones Bolivarianas” en Venezuela; el “Renta Dignidad” y “Bono Juancito Pinto” en Bolivia, que han constituido herramientas no menores para una reducción de la pobreza y la indigencia. Tal como lo reflejan los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 1999 el 43,8% de los latinoamericanos vivía en la pobreza y el 18,6% en la indigencia, mientras que para el 2012 la cifra se redujo al 28,8% y al 11,5% respectivamente (CEPAL, 2013:p.15).

No obstante, por otro lado, este tipo de políticas extractivistas supone la continuidad de la concepción antropocéntrica que coloca al hombre distanciado de su entorno natural, al punto de considerar la naturaleza como recurso, como mercancía, que es preciso explotar sin importar los impactos que esas prácticas generan en el medioambiente y la biodiversidad. Además, el extractivismo supone la aceptación de las nuevas asimetrías mundiales donde, en nombre de las “ventajas comparativas”, se perpetua el rol que, históricamente, el orden geopolítico mundial le ha asignado a América Latina: “exportador de Naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población, ni los enormes efectos socioambientales” (SVAMPA, 2011:p.185).

Frente a este panorama, encontramos la expansión y consolidación de (nuevas) organizaciones y movimientos sociales que denuncian las lesivas consecuencias del modelo de extracción y exportación. En muchos casos constituyen actores de denuncia, pero también sujetos con capacidad propositiva para plantear alternativas sociales, económicas y políticas. Su devenir ha despertado el interés de numerosos cientistas sociales, que ensayan caracterizaciones, sistematizaciones y valoraciones sobre dichas experiencias. A continuación intentaremos un acercamiento a estas lecturas y propuestas.

Las resistencias al extractivismo en América Latina actual desarrollan una lógica de conflicto que se opone al despojo de los bienes comunes (como el agua, la tierra, la biodiversidad, entre otros). En este sentido la definición de “bienes comunes”, cobra central importancia, ya que la misma tiende a trascender la mera referencia a los bienes como riqueza del mundo material (HARDT y NEGRI, 2011:p.10), para pasar a tener un sentido integral, de reproducción de la vida social y cultural. Las luchas en defensa de la tierra asumen un carácter de conflicto material, pero simbólico a la vez. Es decir, no se trata solamente de la reivindicación de una unidad productiva, sino también de un espacio de construcción de lazos sociales y, a la vez, un centro de disputa por la defensa de los recursos naturales en tanto bienes de la comunidad toda.

De este modo, diversos movimientos sociales en resistencia al extractivismo han sido caracterizados a partir de la re-definición operada sobre la noción de territorio (PORTO GONÇALVES, 2001; FERNANDES, 2005). Dicho planteo retoma los aportes de Milton Santos en la geografía brasileña: “[e]l territorio es espacio y el espacio es una totalidad; es un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que forman el espacio de modo inseparable, solidario y contradictorio” (SANTOS, 1996:p.51). En esta definición aparecen contempladas la naturaleza y la sociedad, los objetos naturales y las relaciones sociales, lo concreto y lo abstracto, y la vinculación entre ambos. Entender el territorio, entonces, en sus dimensiones abstractas, implica pensarlo también como espacio donde las sociedades humanas definen usos, vinculaciones hombre-naturaleza, relaciones sociales, construcciones identitarias y conflictos de poder; de modo que se trasciende la visión del territorio como mera unidad económica y productiva. Sostener la multiescalaridad y multidimensionalidad del territorio implica, pues, reconocer el conflicto y la superposición de diversas territorialidades, en un mismo espacio geográfico^[8].

Es en este sentido que los movimientos socio-ambientales han devenido en la conceptualización teórica en movimientossocio-territoriales o eco-territoriales. Se trata de conflictos donde las temáticas están ligadas al acceso, conservación y control de los recursos naturales y del territorio; que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos, en un contexto de asimetría de poder. Así, por ejemplo, la lucha cotidiana de algunas comunidades enfrentadas con los megaproyectos mineros suele girar en la disputa por el agua, en tanto bien material indispensable para la reproducción de la vida humana, de los animales y los campos de cultivo en un espacio físico determinado; pero la lucha por el agua también significa combatir los desplazamientos o migraciones forzadas, la desintegración comunitaria y el abandono de pautas y estilos de vida ancestrales^[9]. Es una disputa de concepciones y usos de los bienes materiales, y sobre todo un enfrentamiento por el poder de decisión sobre el territorio.

Es pertinente señalar que al calor de la resistencia se ha ido gestando, también, un lenguaje alternativo, una nueva gramática y nuevos temas o demandas. Tal como advierte Svampa (2008b) ello encuentra expresión en consignas como “derechos de la naturaleza” y “Buen Vivir”, las cuales se expanden desde los pioneros movimientos indígena-campesinos de los países andinos (Bolivia-Ecuador) hacia otros movimientos de la región, incluso en grandes urbes. Dichas nociones parten del rechazo a una concepción eficientista e instrumental de la naturaleza, oponiéndose a los gobiernos (nacionales/regionales/locales) y las empresas transnacionales.

Los colectivos anti-extractivistas trascienden los reclamos de justicia social entendida como justicia económica redistributiva y amplían sus reclamos a la justicia ambiental. Tal es así que, frente a las compensaciones económicas y recursos financieros que genera la explotación de recursos naturales, no sólo se debate cuál será su valor, quiénes serán sus beneficiarios, quiénes serán los intermediarios; sino que se extiende al debate societal -tal vez de carácter ético- de las bondades, riesgos presentes y futuros, y caminos alternativos a un desarrollo basado en la producción de bienes primarios. A esta perspectiva, apoyada en la ecología profunda, Gudynas (2009) la ha denominado el “giro biocéntrico”. Giro en el cual la naturaleza, y las relaciones entre ésta y la sociedad, toman una dimensión distinta que se aleja del eficientismo individualista capitalista y retoma aspectos espirituales, colectivos y ecológicos propios de otros modos de producción.

Resumiendo entonces, en esta primera década del nuevo milenio, podríamos pensar -como lo hace Pineda (2012)- que habría tres vertientes en las temáticas de las luchas de los movimientos socio-territoriales. Un primer tema son las bases materiales de la reproducción de los pueblos en general, amenazadas por la desposesión a partir de las agresivas políticas desarrollistas y extractivistas. Un segundo tema o campo de conflicto, es cómo se distribuyen los costos, efectos y beneficios de los proyectos de explotación de recursos (ya sea forestales, agrarios, mineros, energéticos). Esto puede entenderse como movimiento de los afectados ambientales. Y un tercer ámbito o tema de lucha es aquel en el que se enfrentan diversos paradigmas y racionalidades societales, donde existe un choque entre las formas de organización social orientadas a la máxima ganancia y otras formas de reproducción social no basadas en el valor de cambio.

A nivel de características generales, y sin pretender agotar la lista de los actores que participan de estas nuevas luchas anti-extractivistas, vale mencionar: en primer lugar, en continuidad con los movimientos sociales de las décadas neoliberales clásicas, se mantienen las formas asamblearias locales y regionales^[10]. Dichos modos organizativos suelen ser valorizados en la literatura dedicada al tema, por sus potencialidades contra-hegemónicas, en tanto formas sustentadas en la movilización popular. No obstante, también reciben críticas por sus límites y posibilidades de acción frente a un poder centralizado.

Quizás uno de los aspectos más novedosos de los colectivos anti-extractivistas puede ser el intento de construir redes de asambleas^[11]. Esto sugiere que la dinámica multiescalar, es decir las tensiones y conflictos entre “lo local” y “lo global” -entre las comunidades locales que luchan por la defensa de su territorio y las empresas transnacionales en muchos casos amparadas por gobiernos nacionales- y la dinámica de poder que dichas tensiones importan, lleven a la necesidad de reforzar las luchas de las comunidades locales, potenciando la acumulación de fuerzas políticas y amplificando las demandas frente a enemigos poderosos.

En segundo lugar, los nuevos movimientos de corte eco-territorial se presentan mucho más heterogéneos y multisectoriales. A los tradicionales movimientos indígenas-campesinos, se suman variadas formas de resistencia de movimientos campesinos por la agricultura familiar, asambleas contra la minería y movimientos ecologistas urbanos. Todos ellos vinculados por redes regionales a las que hicimos referencia, aunque Svampa (2012) advierte que en esta construcción todavía falta la articulación entre los movimientos de corte rural y los de corte urbano; estos últimos anclados en un fuerte imaginario desarrollista de los trabajadores de las grandes ciudades, representados por los sindicatos urbanos, generalmente ajenos a las problemáticas ambientales de las pequeñas y medianas localidades.

Algunos movimientos tienen una marcada presencia de clases medias, en muchos casos de sectores profesionales (docentes, investigadores, técnicos) encargados de proponer/elaborar un discurso de carácter teórico-académico que confronte con el discurso dominante. Se concretan así articulaciones entre los campos académico y militante para abordar estas cuestiones, y a ello se suma el aporte de los saberes indígenas.

Las movilizaciones en resistencia a iniciativas o proyectos de tinte extractivista han convocado también la participación de estudiantes, trabajadores de la educación, artistas, impregnando con nuevos repertorios de acción los espacios urbanos. “Con sus cuerpos y sus artes toman caminos y cortan rutas; impugnan los informes de impacto ambiental […]; escrachan a funcionarios cómplices y rechazan leyes ambientales a la medida de los inversionistas” (MACHADO, 2012:p.55).

En definitiva, las intervenciones artísticas, la utilización de espacios institucionales, las clases públicas, entre otros repertorios, amplían los ya clásicos métodos de tomas de terrenos, cortes de rutas, y marchas con que los movimientos sociales de la década del 90 disputaban la visibilidad pública. A su vez, tal como indica Machado (2012), este heterogéneo abanico encontraría unidad en la denuncia de la nueva fase “desarrollista” del colonialismo.

La literatura de las ciencias sociales destinada al análisis de los movimientos de carácter socio-territorial o eco-territorial ha vinculado sus demandas, repertorios y propuestas con, al menos, dos debates centrales. Vale aclarar que cada uno de esos debates expone tensiones entre posicionamientos e intereses contrapuestos; a la vez que supone importantes desafíos para los actores involucrados.

En primer lugar, cabe advertir la discusión sobre el alcance de las propuestas de los colectivos organizados en resistencia al modelo extractivista: ¿se trata de formas de desarrollo alternativo o alternativas al pensamiento sobre el desarrollo? (ESCOBAR, 2010; GUDYNAS, 2011a). Las formas de desarrollo alternativo colocarían el eje en el rechazo a las producciones a gran escala, los monocultivos, y la utilización de agrotóxicos y semillas transgénicas; además de sostener la necesidad de impulsar una reforma agraria y una férrea política de protección de los recursos naturales. Mientras que las alternativas al pensamiento del desarrollo parecerían dar un paso más allá, explorando ordenamientos sociales, económicos y políticos distintos a la modernidad capitalista.

La búsqueda de alternativas revela fuertes tensiones entre los intereses de las grandes empresas y las corporaciones transnacionales, y las reivindicaciones de actores históricamente relegados (campesinos, indígenas, pobres urbanos, mujeres, etc.). A su vez, se hace visible una contraposición entre, por un lado, la profundización de los derechos de la naturaleza e, incluso, los cuestionamientos al patrón de consumo capitalista; y, por otro, la reivindicación de los derechos individuales y la necesidad de expandir la capacidad de los sujetos para ingresar y permanecer en el mercado de ofertas y demandas.

Esta situación conlleva también un importante desafío, ya que el horizonte de los movimientos sociales anti-extractivistas debería orientarse hacia el “posdesarrollo” (GUDYNAS, 2011b; ESCOBAR, 2005). Es decir, deberían profundizar el distanciamiento respecto de una concepción eficientista e instrumental del desarrollo, colocando a la calidad de vida en sentido amplio y a la protección de la naturaleza como metas centrales. De esta manera, el bienestar no queda atado a un plano material o individual, sino que incorpora las dimensiones colectiva, espiritual y ecológica.

En segundo lugar, el estudio de los movimientos sociales en resistencia al extractivismo estaría atravesado por el debate en torno al Estado, la política y los gobiernos postneoliberales. Por un lado, los mencionados actores objetarían que los nuevos gobiernos regionales enarbolan discursos críticos de rechazo al imperialismo, los intereses extranjeros y la voracidad del capitalismo global; mientras se inclinan hacia la implementación de políticas extractivistas que suponen la continuidad de la concepción de la naturaleza como mercancía y la aceptación de nuevas desigualdades en la geopolítica mundial (SVAMPA, 2012 y 2011; GUDYNAS, 2010). En realidad, esas asimetrías no serían tan nuevas; sino que representarían las continuidades estructurales del proyecto de colonialidad, despojo y dependencia al que fue históricamente sometida América Latina por los países centrales (NAVARRO, 2012; MACHADO, 2012).

Este debate en torno al vínculo entre colectivos anti-extractivistas, Estado y gobiernos postneoliberales, permite vislumbrar una interesante paradoja. Mientras se expanden las demandas que reclaman al Estado la defensa de la naturaleza y los bienes comunes; crecen también las denuncias sobre la complicidad de éste con los grupos económicos protagonistas del despojo. En ese sentido, se objeta la negativa de los actuales gobiernos a modificar –cuando no la promulgación explícita- de marcos regulatorias flexibles en materia de recursos naturales; y, a su vez, se multiplican las denuncias por la represión, estigmatización y judicialización de las protestas sociales en defensa del medio ambiente. Para Acosta (2011), todo esto contribuye a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces y clientelares, proclives también a prácticas autoritarias.

Como correlato de este proceso, el aumento del ahorro nacional en los Estados latinoamericanos a partir del boom de los commodities, incentivó la implementación de políticas de inclusión social. Estos intentos por obtener mejoras en la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la región, han sido esgrimidos como argumentos para contrarrestar las críticas provenientes de los movimientos ambientalistas y de los cientistas sociales que les otorgan apoyo. Siguiendo esta lógica, García Linera sospecha que tras la fuerte retórica contra el extractivismo se esconde la intención de restar fuerzas a los Estados para que resulten incapaces de responder a la progresiva expansión de los derechos sociales y sentencia: “[d]etrás del criticismo extractivista de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla pues la sombra de la restauración conservadora” (2012:p.110).

En una línea de exposición semejante, Borón califica a los críticos del neoextractivismo como “pachamamistas”, quienes ofrecerían argumentos que “quedan reducidos a una atractiva retórica pero desprovista de reales capacidades de transformación social” (2012:p.173). De este modo, los “pachamamistas” se oponen al extractivismo y al desarrollo, pero no ofrecen explicaciones sobre cómo obtener los fondos para construir esa nueva y buena sociedad a la que aspiran. De allí que el autor denuncia que se trata de una alternativa poco razonable “ante la pobreza, el hambre y la miseria social” (BORÓN, 2012:p.150).

En el trasfondo de este escenario, Lander (2011) identifica la emergencia de algunas tensiones entre matrices o tradiciones político-ideológicas divergentes. Así, en la lógica nacional-popular, y en los horizontes socialistas, el Estado adquiere protagonismo en tanto garante de la soberanía nacional y la redistribución de la riqueza. Para ello se convierte en un instrumento fuerte, centralizado, con presencia en todo el territorio nacional, capaz de formular e implementar políticas públicas de inclusión y protección de los derechos individuales. Mientras que en la lógica de la decolonización tienen prioridad la plurinacionalidad, los derechos a las diferencias, la autonomía de naciones y comunidades indígenas, el pluralismo jurídico, el rechazo al desarrollismo/extractivismo, así como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. Para el autor, “las tensiones entre estas lógicas o proyectos de cambio se dan tanto al interior del propio Estado, […] como en las demandas y exigencias que le formulan al gobierno los más diversos sectores de la sociedad” (LANDER, 2011:p.129).

Además, el debate en torno al vínculo entre colectivos anti-extractivistas y el Estado y el poder trae aparejado un importante desafío que atañe tanto a los gobiernos del período, como a los movimientos sociales y los teóricos que alientan el cambio social: ¿cómo lograr compatibilizar crecimiento económico basado sobre la extracción de recursos naturales con la preservación de un medio ambiente sostenible? Esta puja estaría representada, por un lado, por las reivindicaciones en torno a la búsqueda de modelos alternativos al desarrollo capitalista; y por el otro, el impulso de un régimen extractivista que dota a los Estados nacionales de ingresos crecientes pero avanza en la depredación del medio ambiente.

Por último, finalizamos este apartado dando cuenta de que los cambios en la coyuntura política que atraviesa la región, a partir de la retracción de experiencias progresistas frente a las embestidas de fuerzas de restauración neoliberal, implican desafíos importantes tanto para los movimientos eco-territoriales como para los teóricos de la acción colectiva en América Latina. Comenzando por estos últimos señalamos que la reaparición en la escena política (reaparición en términos de ocupación visible del espacio público) de colectivos que cuestionan la re-implementación de políticas neoliberales (entre otras: ajuste fiscal y liberalización del comercio exterior), constituirán procesos sociales y políticos que no deberán escapar a los cientistas sociales en general, y a los teóricos de la acción colectiva en particular. Concomitante con ello advertirnos que el nuevo panorama socioeconómico, en el que prevemos la proliferación de luchas en resistencia a las medidas de corte neoliberal, interpelará también a los movimientos ecoterritoriales de la región. Resultará interesante observar en los próximos años cómo será la relación entre ambas luchas, en particular prestando especial atención acerca de si entre ellas acontecerán articulaciones capaces de reforzar el arco contrahegemónico de base popular o, si por el contrario, uno y otro tipo de movilizaciones y protestas recorrerán distintos caminos.

Desde inicios del Siglo XXI, el sistema económico mundial está atravesado por una serie de cambios como resultado de las crisis financieras agudas que han sufrido los países del Atlántico Norte, de la expansión de otros centros de poder económicos -principalmente los denominados BRICS-, del trasvase de capital financiero a otras actividades menos volátiles, entre otros aspectos. Ello fue afianzando una nueva fase del capitalismo mundial que incentivó un estilo de desarrollo extractivista en América Latina. Este modelo se asienta sobre una dinámica de desposesión que avanza sobre la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad. En ese sentido, el presente trabajo partió de afirmar que este nuevo contexto repercute en las modalidades de acción colectiva, en sus prácticas organizativas y en sus demandas.

Los nuevos movimientos socio o eco-territoriales revestirían, al menos, dos tendencias claras: las luchas ancestrales por la tierra con protagonismo de sectores indígenas y campesinos; y las nuevas formas de movilización y participación ciudadana con mayor incidencia de clases medias urbanas. A su vez, se reconocen dos temas centrales de conflicto. El primero, constituido por las bases materiales de la reproducción de los pueblos en general, amenazadas por la desposesión a partir de las agresivas políticas desarrollistas y extractivistas. Mientras que un segundo tema o campo de conflicto remite a la distribución de los costos, efectos y beneficios de los proyectos de explotación de recursos.

Los actores sociales que integran estos movimientos no son del todo novedosos, rescatan parte de la experiencia organizativa de los ciclos de conflictos anteriores para volcarlos en esta nueva etapa. Las comunidades campesinas originarias, las asambleas ciudadanas, los movimientos ecologistas, las familias campesinas formarán la base de los nuevos movimientos, a los que se sumarán sectores de clases medias, profesionales, estudiantes, artistas, impregnando con nuevos saberes y nuevos repertorios de acción los espacios locales.

El análisis del gran abanico de movilizaciones eco-territoriales que se despliega en los espacios locales o nacionales del continente, ha generado una suerte de polarización entre quienes propugnan el impulso de una alternativa al desarrollo y a la modernidad colonialista, anclada en formas societales ancestrales; y quienes cuestionan dicha propuesta como utópica y restringida a los espacios micro. A este debate se suma la tensión entre los colectivos anti-extractivistas, y el Estado y el poder. No obstante, se trataría de una problemática común que se expande más allá de las particularidades de los gobiernos y sistemas de partidos de cada uno de los países de la región. Los cuestionamientos apuntan al nuevo modelo de acumulación que, aunque con características diferenciadas, avanza sobre América Latina y tensiona nuestras aspiraciones individuales, colectivas, espirituales y de vinculación con la naturaleza.

A futuro se continuará trabajando en esta línea de indagación, pretendiendo profundizar algunos aspectos que aquí se vislumbran. Interesa, por un lado, ampliar el registro de los autores y perspectivas teóricas referenciadas; y, por otro, afianzar el acercamiento a experiencias concretas de movilización, tal como venimos haciendo para el caso de la ciudad de Río Cuarto^[12]. De esta manera, se busca contribuir al intercambio entre los actores colectivos y las investigaciones sociales, fomentando instancias de encuentro, articulación y debate.

ACOSTA, A. (2011) “Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición”. En LANG, M. y MOKRANI, D. (comp.) Más allá del desarrollo. Quito: AbyaYala.

BORÓN, A. (2012) América Latina en la geopolítica del imperialismo. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

BORÓN, A. (2004) Hegemonía e imperialismo en el sistema internacional. Buenos Aires: CLACSO.

CEPAL. (2013) Panorama social de América Latina. Recuperado de: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/49893/RecursosNaturalesUNASUR.pdf

CORTÉS, M. (2007) “El Estado y los movimientos sociales. Transformaciones recientes en la relación”. II Seminario Internacional: Nuevos Desafíos del Desarrollo en América Latina. La perspectiva de jóvenes académicos y profesional. UNRC. Río Cuarto.

ESCOBAR, A. (2010) ¿‘Pachamámicos’ contra ‘modérnicos’? Comentarios breves a los textos de Pablo Stefanoni sobre el ‘pachamamismo’, o más allá de estos. Política y Economía, CLAES / D3E.

ESCOBAR, A (2005). “El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social”. En MATTO, D (coord.) Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.

FERNANDES, B. M. (2005) Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. En Revista OSAL. Año 6. Núm 16. Buenos Aires: CLACSO.

GANNIO, D. (2015) “Retenciones: el costo fiscal de la quita dispuesta por Macri”. Disponible en: http://www.eldestapeweb.com/retenciones-el-costo-fiscal-la-quita-dispuesta-macri-n13174. (en línea: 17/05/2016).GARCÍA LINERA, Á. (2012) Geopolítica de la Amazonia. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.GUDYNAS, E. (2012). “Estado compensador y nuevos extractivismos”. En: Nueva Sociedad. Núm. 237. Caracas: Fundación Friedrich Ebert.

GUDYNAS, E. (2011a) “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”. En LANG, M. y MOKRANI, D. Más allá del desarrollo. Quito: AbyaYala.GUDYNAS, E. (2011b). “Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo”. En LANG, M. y MOKRANI, D. Más allá del desarrollo. Quito: AbyaYala.

GUDYNAS, E. (2010). “El nuevo extractivisno progresista”. En El Observador del OBIE. Núm 8. Montevideo: CLAES

GUDYNAS, E. (2009) Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. En AAVV, Extractivismo, Política y Sociedad. Quito: CAAP, CLAES.

HARDT, M y NEGRI, A. (2011). Commonwealth: el proyecto de una revolución del común. Madrid: ediciones Akal.

HARVEY, D. (2004) El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register. Buenos Aires: CLACSO.

LACLAU, E. (2006) “La deriva populista y la centro izquierda latinoamericana”. En Revista Nueva Sociedad. Núm. 205. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert.

KATZ, C. (2005) “Los problemas del autonomismo”. Recuperado de: http://www.lahaine.org/mundo.php/los_problemas_del_autonomismo

LANDER, E. (2011) “El Estado en los actuales procesos de cambio en América Latina: Proyectos complementarios/ divergentes en sociedades heterogéneas”. En LANG, M. y MOKRANI, D. Más allá del desarrollo. Quito: AbyaYala.

LEWKOWICZ, J. (2016) “Otro regalo del Gobierno para las mineras”. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-292409-2016-02-13.html

MACHADO ARAOZ, H. (2012) “Los dolores de Nuestra América y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación”. En Revista OSAL. Año XIII. Núm 32. Buenos Aires: CLACSO.

MIRZA, C. A. (2006) Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.

NAVARRO, M. L. (2012) “Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple”. En Revista OSAL. Año XIII. Núm 32. Buenos Aires: CLACSO.

PINEDA, C. E. (2012) “La dimensión socioambiental del movimiento mapuche en Chile”. En Revista OSAL. Año XIII. Núm 32. Buenos Aires: CLACSO.

PORTO GONÇALVES, C. (2001) Geografías, Movimientos Sociales. Nuevas Territorialidades y Sustentabilidad. México: SXXI.

SANTOS, M. (1996) “A natureza do espaço – Técnica e tempo”. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec.

SVAMPA, M y VIALE E. (2014) Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz.

SVAMPA, M. y SOLA ÁLVAREZ M. (2010) Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina. En Revista Ecuador Debate. Núm 79. Quito: CAAP.

SVAMPA, M. (2013). “El consenso de los commodities”. En Le Monde Diplomatique. Num. 168. Buenos Aires: Le Monde.

SVAMPA, M. (2012) “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”. En Revista OSAL. Año XIII. Núm 32. Buenos Aires: CLACSO.

SVAMPA, M. (2011) “Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?. En LANG, M. y MOKRANI, D. Más allá del desarrollo. Quito: AbyaYala.

SVAMPA, M. (2008a) Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Buenos Aires: SXXI-CLACSO.

SVAMPA, M. (2008b) “Argentina: Una cartografía de las resistencias (2003-2008)”. En Revista OSAL. Año IX. Núm. 24. Buenos Aires: CLACSO.

UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS (2016). “Movimos montañas” 26º Unión de Asambleas Ciudadanas en Jáchal, San Juan. Disponible en: http://asambleasciudadanas.org.ar/

ZIBECHI, R. (2009) “Gobiernos y movimientos: entre la autonomía y las nuevas formas de dominación”. En Revista Viento Sur. Núm 100. Madrid: s/d

[2] Nicolás Forlani: Licenciado en Ciencia Política por la UNRC, Doctorando en Estudios Sociales en América Latina CEA-UNC. Becario doctoral CONICET. María Virginia Quiroga: Licenciada en Ciencia Política por la UNRC, Doctora en Estudios Sociales de América Latina por CEA-UNC. Actualmente seleccionada para ingresar a la carrera de investigadora del CONICET con temáticas vinculadas a los movimientos sociales y el Estado en Argentina y Bolivia. Docente de la UNSL. Marcela Susana Brizzio: Profesora de Historia. Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el Área de Historia Americana y Argentina Actual. Investigadora.

[3] También denominada corriente marxista libertaria, estos autores convergen en rechazar toda forma de liderazgo y estatismo, al tiempo que utilizan un lenguaje libertario y defienden la autoorganización, resaltando los valores solidarios y comunitarios. En el terreno económico cuestionan la participación en ámbitos institucionales y alientan la autogestión (KATZ, 2005).

[4]Svampa, Zibechi, Tapia, Gudynas, Machado Araoz, entre otros, confluyen en una corriente intelectual latinoamericana crítica al extractivismo.

[5] Ello supone la reconstrucción -de modo claro, conciso y no exhaustivo- de un estado de la cuestión sobre los estudios que intentan exponer y problematizar las características y lógicas que distinguen a los actores colectivos antiextractivistas en América Latina del Siglo XXI.

[6] LEWKOWICZ en diario Página 12 sobre la quita a las retenciones a la megaminería: “[e]l Gobierno anunció la eliminación de los derechos de exportación a la minería. Con ese cambio, el Estado dejará de recaudar 220 millones de dólares al año, unos 3300 millones de pesos” (2016: s/n). Por su parte, GANNIO (2015), aludiendo a las estadísticas del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), señala que el Estado argentino dejará de recaudar por la quita de las retenciones al sector agroexportador unos $23.604 millones a un tipo de cambio de 14 pesos por dólar.

[7]Durante el año 2010, el gobierno boliviano manifestó sus intenciones de construir una carretera que uniría las localidades de Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni), la cual atravesaría el corazón de una de las mayores reservas naturales del país: el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Algunas organizaciones y movimientos indígenas protestaron contra esa iniciativa, mientras que desde el Poder Ejecutivo se argumentó su importancia para el desarrollo económico y comercial del país.

[8] Ello remite a la idea planteada por PORTO GONCALVES (2001) sobre la tensión de territorialidades, es decir, las disputas entre visiones encontradas sobre el territorio, donde por ejemplo una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de otras.

[9] En este sentido se destaca la proclama “El agua vale más que el oro” como leitmotiv de gran parte de las luchas en resistencia a la implementación de megaproyectos mineros a lo largo de la cordillera de los Andes en la Argentina.

[10] La centralidad del carácter asambleario de estos colectivos queda de manifiesto cuando revisamos, por ejemplo el caso de Argentina, que se autodenominan como “Asambleas”. En el marco del 26° Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas realizado en Jachal, provincia de La Rioja durante el 27 de marzo del 2016; de las aproximadamente 30 organizaciones participantes, más de la mitad de ellas llevan por nombre “Asamblea”. Por ejemplo: Asamblea Jáchal No se Toca, Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo, Asamblea Malvinas Lucha por la Vida Línea Fundadora (Malvinas, Córdoba), Asamblea El Algarrobo (Andalgalá), Asamblea del Valle del Yocavil (Catamarca), Asamblea Popular Por el Agua (Mendoza), Asamblea la Riojana Capital, Asamblea El Retamo (Nonogasta), entre otras.

[11] Ilustra este aspecto de la movilización frente al extractivismo la experiencia de la Unión de Asambleas Ciudadanas surgida en el año 2006 en Argentina. Se trata de un Colectivo conformado por asambleas, grupos de vecinos autoconvocados, organizaciones autónomas no partidarias y ciudadanos en general, que se han unido con el propósito de articular y potenciar las diferentes luchas socioambientales que emergieron durante los últimos años a lo largo y ancho de la geografía nacional (para una mayor referencia visítese http://asambleasciudadanas.org.ar).

[12] Ver por ejemplo el trabajo del equipo de investigación: Organizaciones socio-políticas y territoriales Hacia una cartografía en la ciudad de Río Cuarto 2014-2015, publicado por UNIRIO, 2015.