El artículo tiene como objetivo analizar el papel de los religiosos católicos en dos conflictos sociales medioambientales en la ciudad de La Oroya (conflicto con la Doe Run, 2000-2010) y en contra del proyecto aurífero Conga (conflicto con Yanacocha, 2005-2012), a partir de documentos oficiales y de entrevistas a los principales actores. Planteamos el contexto general, destacando la importancia financiera de las minas, los problemas ecológicos y sociales así como las debilidades de las instituciones estatales. En una situación de conflicto de intereses sin instancia reguladora, los religiosos, gracias a su prestigio y a la confianza depositada en ellos, juegan varios roles determinantes apoyando alguna de las partes, mediando entre ellas y gestionando por medio de sus redes una internacionalización de la disputa. Sin embargo, los religiosos no desarrollan una estrategia común: aunque tengan las mismas referencias, hay religiosos en ambos grupos de beligerantes. La controversia contemporánea sobre extracción minera y ecología divide a la Iglesia y representa un reto para una institución jerarquizada.

This article analyzes the role of Catholic nuns and priests in two Peruvian social ecological conflicts in in the city La Oroya (conflict with Doe Run, 2000-2010) and against the gold exploitation project in Conga (conflict with the mining company Yanacocha, 2005-2010), using official documents and interviews with the main actors. We present the general context, taking into account the relevant features, the financial importance of mining activities, the social and ecological problems and the weak national institutions involved. In a situation of conflict of interest, without any official regulatory body, nuns and priests, because of their prestige and public confidence, play various influential roles, supporting one group, mediating between parties and internationalizing the dispute through their networks. Nevertheless, nuns and priests do not develop a common strategy: although they share the same references, they take side with different parties. The contemporary controversy on mining extraction and ecology divides the Catholic Church and represents a challenge for a hierarchical institution.

En los numerosos artículos y libros publicados recientemente sobre el tema de los conflictos sociales medioambientales, los especialistas hacen caso omiso del papel de las Iglesias y de los religiosos en los conflictos sociales medio-ambientales^[4]. Anthony Bebbington, en su análisis de la dinámica de los conflictos menciona a las Iglesias como una entidad entre muchas otras pudiendo eventualmente transformarse en "aliado" de los movimientos sociales. Sintomático de la poca importancia otorgada al tema, Anahí Chaparro, Martín Scurrah y Bebbington ponen las Iglesias a la par de muchas entidades en una lista de eventuales aliados: ”organizaciones sociales rurales y urbanas, ONGs, asesores y evaluadores independientes, universidades, iglesias, diferentes sectores y niveles del Estado, congresistas y partidos políticos“ (CHAPARRO, SCURRAH, BEBBINGTON, 2013:p.397)^[5].

Sin embargo, en la mayoría de los conflictos los religiosos están presentes y asumen múltiples roles aunque casi siempre esforzándose de mantener un perfil bajo, salvo cuando están específicamente llamados por el gobierno, con el acuerdo de los beligerantes para mediar en situaciones de conflicto abierto y de desconfianza. Los violentos paros generales de Conga (en 2012), en Cajamarca, que provocaron la muerte de varias personas, cuantiosas pérdidas humanas y materiales y la caída del primer gabinete del Presidente Humala, se apaciguaron con la nominación consensuada de dos mediadores ("facilitadores", término oficial): Mons. Cabrejos, arzobispo de Trujillo, quien acababa de dejar la presidencia de la Conferencia Episcopal, y del Padre Garatea. Mons. Carmelo, arzobispo de Cajamarca, quien se parcializó a los ojos de los campesinos tomando la defensa de la empresa minera, no fue invitado a participar en las negociaciones. Al considerar a las Iglesias como "aliados" segundarios, Bebbington comete un doble error de evaluación: por una parte, las Iglesias juegan un papel determinante en muchos conflictos pero por otra parte, no constituyen una entidad de apoyo claro porque no adoptan una posición firme y consensuada.

En este artículo, a partir del estudio de dos casos emblemáticos por su incidencia a nivel político, conflicto de la Oroya (2000-2010) y de Conga (2005-2012), nos proponemos mostrar que las Iglesias pueden ser agentes principales especialmente cuando los conflictos se producen en situaciones de enclave. “Por enclave, se entiende una gran empresa extractivo-exportadora, generalmente privada-extranjera, que domina un extenso territorio con apoyo del Estado” (DURAND, 2015:p.9). En lugares alejados donde las instituciones estatales no funcionan, según la evaluación del especialista en ciencia política y economista Francisco Durand, la empresa “se convierte con la venia del Estado, en ’gobierno‘, asumiendo roles sociales y prácticas clientelistas que lo asemejan a un ogro filantrópico, teóricamente eficiente y honesto; y roles de inteligencia, policiales y hasta represivos, como si fuera un Leviatán privado”^[6]. Aparte del "ogro filantrópico", de las comunidades y de algunas instituciones estatales debilitadas y poco valorizadas, las únicas otras instituciones presentes en todo el Perú respetadas por la población son las Iglesias. Nos centramos principalmente en este artículo sobre la Iglesia católica porque es la Iglesia mayoritaria, más de 80% de la población según el último censo nacional de 2007, y es la institución eclesial que goza de mayor visibilidad. La dinámica de las Iglesias evangélicas se desarrolla según otra lógica, este tema ha sido ampliamente tratado por nuestro colega en la investigación, Rolando Perez (2015, 2016 a y b)^[7].

Después de presentar el contexto general, analizamos cómo los religiosos se insertan en un conflicto preexistente, transformándolo. Las Iglesias en un contexto de enclave y de poca presencia de instituciones (no solamente estatales sino también de todas las otras instituciones mencionadas por Bebbington^[8]) ocupan el vacío institucional y desarrollan múltiples funciones (consejería, apoyo, asistencia, liderazgo...). Tienen un impacto determinante sobre el problema: no solamente acompañan a los beligerantes sino que también influencian el curso del conflicto y hasta cambian su naturaleza. Nos proponemos entonces definir los roles que asumen los religiosos. Distinguimos tres maneras en las cuales se involucran en el conflicto: apoyando una de las partes (en este caso, no cambian la naturaleza del conflicto, funcionan como "aliados", a veces con un aporte determinante), desarrollando estrategias de paz para llegar a una tregua o para mediar entre las partes y finalmente cambiando la naturaleza del conflicto, contribuyendo a desenclavarlo, a darle una dimensión internacional, gracias a las múltiples redes que vinculan los religiosos entre sí, no solamente a nivel de Iglesia sino también como congragaciones.

Por otra parte, estudiamos las consecuencias del conflicto sobre la Iglesia Católica que no adopta una posición clara sobre el mismo y termina internalizándolo: se produce un segundo conflicto eclesial solapado dentro del conflicto social medioambiental que se desarrolla en varios espacios públicos. Los religiosos no logran formular un consenso argumentado y compartido para guiar su actuar; por este motivo, sus posiciones y sus motivaciones son diversas y hasta contrapuestas. Las tensiones ad intra se resuelven según la lógica propia de una institución eclesial jerarquizada^[9].

En este artículo, nos proponemos analizar los múltiples roles asumidos por los religiosos en el transcurso de dos conflictos emblemáticos: La Oroya (2000-2010) y Conga (2005-2012). La Oroya es una pequeña ciudad ubicada a 200 kilómetros, en la sierra cerca de Lima, que ha crecido alrededor de la fundición instalada desde 1922, alimentándose de las minas cercanas. Después de cambiar varias veces de manos, desde la década de los 90, los dueños son la compañía norteamericana Doe Run. La Oroya se encontraba entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, entre otros motivos, por tener la empresa una maquinaria obsoleta (FRASER, 2011; BEBBINGTON, 2013:p.31)^[10]. El desastre ecológico aparte de afectar todos los elementos, agua, aire, tierra, afectaba la salud de los habitantes que sufrían entre otros males de una sobre dosis de plomo en la sangre. Los campesinos han abandonado la zona hace muchos años, el problema principal en este caso es de salud pública. En el conflicto, la mayoría de los obreros apoyados por los sacerdotes de la parroquia de La Oroya estaban en favor de la actividad de la fundición. En contraposición, los habitantes de la ciudad, apoyados por el obispo de la diócesis de Huancayo, Mons. Barreto, reclamaban un cambio en el procedimiento de la empresa.

El caso Conga (nombre de una laguna) corresponde al proyecto de ampliación de explotación de oro por la minera Yanacocha, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad Cajamarca. En 2011, la empresa era considerada como la mina de oro más grande de América y la segunda en importancia en el mundo. Pretendía situarse a la vanguardia de la explotación minera moderna^[11]. El proyecto de Conga iba a significar la desaparición de cuatro lagunas ubicadas en cabecera de cuenca y una eventual extensión de la contaminación de suelos y agua (BEBBINGTON, 2011:p.22; ARELLANO, 2013:p.165)^[12]. En este caso, los campesinos apoyados por varios religiosos manifestaban contra del proyecto Conga. En contra posición, los empleados de Yanacocha y muchos habitantes de Cajamarca que indirectamente aprovechan las inversiones mineras defendían el proyecto y en general la labor de la empresa; Mons. Carmelo, obispo de Cajamarca con varios sacerdotes diocesanos apoyaba al desarrollo de los trabajos de Yanacocha.

A fin de entender mejor la forma en la cual los religiosos se han insertado en los conflictos, abordaremos brevemente la dinámica general, resumiendo en cuatro temas una realidad compleja.

La explotación de materias primas, tradicionalmente, constituye la principal fuente de ingresos para el Perú, uno de los primeros productores de plata, oro y cobre. Desde la década de los 90, con el aumento del precio de los metales, las inversiones en el Perú han aumentado en forma espectacular, 2000% entre el 1990 y 1997 (BEBBINGTON, 2011:p.53). Actualmente, la producción minera corresponde a 15% del PIB y representa más del 50% de las exportaciones (exactamente 52% en 2014). Gracias a este flujo de riquezas que se ha invertido en infraestructuras y en varios programas sociales, la pobreza ha disminuido la mitad, pasando de más de 50% en los 90 a 25% en 2015. Tomando en cuenta esta situación, ningún gobierno ha cuestionado o modificado la política extractiva, en los últimos 25 años^[13]. Sistemáticamente, el gobierno nacional defiende y apoya las empresas mineras.

Los opositores a los proyectos mineros justifican su posición por la contaminación ambiental causada por la minería. Existe en Perú una larga historia de pasivo-ambientales, algunos de ellos fechan de la época de la colonia. Varias empresas, entre ellas Yanacocha, reconocen haber causado problemas ecológicos por errores y por accidentes (falta de precaución en la manipulación de los productos tóxicos en particular), de allí la dificultad que afrontan las empresas para recuperar la confianza de los pobladores (ARANA, 2013:p.339; CACERES, 2014).

Uno de los problemas gira en torno al agua: las minas usan el agua en el proceso de separación de los metales y contaminan los ríos. No se trata solamente de una cuestión de salud sino de conflictos de intereses: la minería compite por el agua con la agricultura, en particular con la agricultura orgánica que conoce un auge (Perú primer exportador de café orgánico y segundo de cacao orgánico, en 2013). Según los cálculos de Sofía Castro elaborados a partir de los informes del Defensor del Pueblo, los principales motivos de conflicto con las minas provienen del temor a la contaminación (41.8%) (CASTRO, 2013:p.61).

En 2003, para apaciguar varios conflictos socio ambientales, ha sido votada una ley (ley del canon minero N° 28077) acordando 50% de los impuestos a las colectividades locales. Sin embargo, esta nueva riqueza no ha llevado consigo una mejoría substancial de las condiciones de vida del conjunto de la población a nivel local (BEBBINGTON, SCURRAH, BIELICH, 2011:p.76; ARELLANO, 2011:p.90). En Cajamarca, en 2015, el nivel de pobreza se mantenía sin cambio significativo. Una sinergia negativa de varios factores da cuenta de esta situación. Las colectividades locales no tienen capacidades de gestión e invierten en obras de prestigio (renovación del palacio municipal, adornamiento de la plaza principal con esculturas monumentales, construcción de estadios,). Sin embargo, las obras de agua potable y alcantarillo no se programan; Cajamarca no ha desarrollado un proyecto de tratamiento de aguas usadas. Las familias y los individuos afrontan problemas similares: no logran invertir, tomando en cuenta sus necesidades presentes y futuras. Además, la cultura política clientelista característica del Perú, sobre todo en la provincia y en el medio rural, implica un sistema de relaciones basadas en el intercambio de favores, lo cual propicia una corrupción endémica y no permite el buen aprovechamiento de los recursos (BEBBINGTON, SCURRAH, BIELICH, 2011:p.81).

El flujo de dinero asociado a una perturbación general de las condiciones de vida provoca y acentúa las desigualdades y, entonces, las insatisfacciones. Frances Stewart, en un amplio estudio abarcando casos a nivel mundial, ha mostrado cómo la desigualdad horizontal (es decir entre “grupos culturalmente definidos”, a diferencia de la desigualdad vertical “entre personas”) propicia los conflictos sociales (STEWART, 2014:p.26). La explotación minera en Cajamarca ha acentuado las desigualdades, las ha puesto en evidencia, haciendo cohabitar estilos de vida radicalmente diferente. Además, ha fortalecido la exclusión social, política y cultural. Se ha llegado a la percepción de una distribución injusta de los costos y beneficios de la extracción (BEBBINGTON, SCURRAH, BIELICH, 2011:p.87). El aumento de los recursos en vez de calmar los conflictos, los ha exacerbado según Javier Arellano (2013:p.164).

La evolución violenta de las tensiones entre los favorables a la actividad minera y los oponentes se explica por la debilidad de las instituciones estatales, particularmente en estas zonas alejadas y por su incapacidad a prever los potenciales conflictos y a canalizar las reivindicaciones. Se conforma una estructura de enclave. Las empresas tienden a suplir al Estado y a asumir sus funciones: desarrollan programas en los sectores de educación, salud, infraestructura y hasta se encargan (con el apoyo de algunos funcionarios) de la entrega de documentos de identidad nacional. Según los términos de Arellano, "existe una tendencia general a transferir las responsabilidades del Estado a los actores privados" (ARELLANO, 2013:p.162). Sin embargo, "la inversión social [de las empresas] está principalmente motivada por una meta económica y no una altruista, es decir, no es un fin sino un medio [...]. Sus prácticas tienen una lógica clientelista/populista de manejo o control comunitario" (DURAND, 2015:p.9). Los encargados de la gestión social empleados por las minas tienden a satisfacer los deseos inmediatos de la población para mantener la paz social, sin a menudo poder buscar mejores programas de desarrollo^[14].

Esta situación implica una deficiente, hasta a veces nula, fiscalización de la empresa por parte del Estado. Además, se percibe al Estado nacional como cómplice de las empresas porque solo se manifiesta cuando éstas entran en conflicto con las comunidades. El Ministerio de Energía y Minas se encarga también del estudio de impacto ambiental, transformándose así en juez y parte. Según los analistas, el Estado actúa de manera reactiva. Los grupos contrarios a las actividades mineras, como en situación de enclave, no tienen otra instancia que la empresa para expresar sus reivindicaciones, cuando no se sienten tomados en cuenta, provocan disturbios, en general bloqueo de vías de comunicación, para forzar el Estado a involucrarse y obtener que sus pedidos sean escuchadas (BEBBINGTON, SCURRAH, BIELICH, 2011:p.163; CHAPARRO, SCURRAH, BEBBINGTON, 2013:p.394; ORMACHEA, 2014:p.55).

Los conflictos socio-ambientales peruanos son particularmente complejos. En el caso de Conga, a un evidente problema ecológico, se añade perturbaciones sociales en un contexto de debilidades institucionales, conflictos de intereses y corrupción endémica. En cambio, en La Oroya, el problema puede expresarse más sencillamente: ¿salud o trabajo? Cuando se puso en evidencia el desastre ecológico, la empresa se vio forzada a asumir sus responsabilidades ambientales y prefirió parar sus actividades.

En este contexto de debilidad institucional y de desprestigio de las autoridades la Iglesia católica se presenta como una institución estable, digna de confianza. El rol que la Iglesia juega en los conflictos tiene su base en la respetabilidad que goza y se inserta en la prolongación de su actuar en el espacio público del día a día. Sin embargo, el conflicto lleva los religiosos a asumir nuevos papeles. Nos proponemos, pues, analizar las características de estos roles que hacen de la Iglesia y de los religiosos unos “actores” sui generis.

2. a. Antecedente: prestigio de la Iglesia; importancia del rol público de la Iglesia

El prestigio de la Iglesia católica debe comprenderse en un contexto de ausencia de confianza y pérdida del prestigio del conjunto de las instituciones. Todas las encuestas realizadas a los ciudadanos desembocan en el mismo resultado: (la) Iglesia es la única institución que conserva una alta fiabilidad (CLEARLY, 2009; LECAROS, 2015b): ella mantiene alrededor del 70% de la aprobación mientras que las demás instituciones se sitúan bajo el 50%. Las más susceptibles a la falta de prestigio son aquellas relacionadas con el gobierno y la política, el parlamento y los partidos políticos en particular, alrededor del 10%.

Aparte de la dimensión sobrenatural, que en un contexto de intensa piedad^[15] tiene un poderoso impacto, el prestigio de los religiosos se explica por la suposición de los conocimientos y la ética que ellos poseen. En el medio rural los sacerdotes y religiosos, que han cursado muchos años de estudios, son los mejores formados y por tanto los únicos capaces de comunicarse con el mundo exterior (KLAIBER, 1988:p.239). Por otra parte, los religiosos son considerados como personas dignas de fe. Su estilo de vida y su real (o aparente) sobriedad refuerzan la idea de que son personas desinteresadas. Más allá de estas razones objetivas la presunción de ética se fundamenta en la creencia en un Dios justo que castiga severamente toda falta a la moral. Si concretamente, todos los sacerdotes no llevan una vida ejemplar, en un contexto de corrupción endémica, los religiosos en general conforman la imagen de parangón ético.

A las cualidades morales e intelectuales atribuidas a los religiosos hay que añadir, para explicar el prestigio de la Iglesia, el rol público que ella desempeña. La socióloga Catalina Romero, especialista en el tema, considera que existen “4 formas de sociedad civil en la Iglesia” que se articulan a “la sociedad civil nacional y a la política” (ROMERO, 2008:p.23): en primer lugar, las diferentes asociaciones de voluntarios vinculadas a la Iglesia, en segundo lugar, espacios de encuentro patrocinados o sostenidos por la Iglesia (asociación de la lucha por los derechos del hombre, contra la pobreza…), en tercer lugar, espacios de educación y formación (talleres, escuelas, universidades...) y finalmente, la participación de la Iglesia en el debate público mediante los diversos documentos y declaraciones a la prensa de ciertos miembros del clero.

Dado el contexto general descrito anteriormente, a nivel local en una situación de enclave que implica vacío institucional, corrupción endémica, exclusión, desigualdad social y antagonismo violento con la empresa, los religiosos (por supuesto, no todos) representan muchas veces para los opositores a la empresa la única institución dispuesta a atenderlos. En nuestras entrevistas con los religiosos, todos ellos han remarcado haber respondido a una solicitud inicial.

Tres tipos de roles destacan. En primer lugar, tomando partido, se insertan en el conflicto como "aliados" según el término de Bebbington, adoptando en general una actitud paternalista. En segundo lugar, como miembros de una institución involucrada en la vida pública, se vuelven "mediadores de paz", tratando de evitar la violencia y restablecer la calma y obrando para la resolución del conflicto. En tercer lugar, como institución internacional, por medio de sus redes, logran cambiar la naturaleza del conflicto, desenclavarlo, contribuyendo a introducir nuevos actores para aportar una solución supra nacional, con perspectiva ética y se transforman en "gestores del conflicto".

En una perspectiva paternalista, se pide a los religiosos (considerados personas muy instruidas y con accesos a autoridades políticas) que desempeñen el rol de consejeros. Marco Arana quien fue sacerdote en la región de Porcón (1990-1992) cuenta cómo los campesinos decepcionados por los exploradores mineros de Yanacocha no fueron escuchados por el gobierno de Cajamarca por lo que fueron a buscar ayuda en él (ARANA, 2013:p.342). Mons. Dammert, entonces obispo de Cajamarca, lo apoyó, entre otros, escribiendo un artículo para un diario nacional. Gracias a su intervención, los campesinos recibieron el pago prometido por los exploradores de oro.

Varios religiosos también han sido aliados del partido de las empresas. En La Oroya, los sacerdotes de la parroquia en la época del conflicto, religiosos de la Preciosísima Sangre, respondiendo al pedido de los obreros en favor de la fundición, los han acompañado aconsejándolos y manifestando a su lado. Mons. Carmelo en Cajamarca, ha apoyado públicamente la minera Yanacocha, por medio de declaraciones o aceptando oficialmente su patrocinio para varias actividades.

Los religiosos ejercen también el papel de benefactores y protectores. Durante los violentos conflictos que se desarrollaron en 2011 y 2012 en la ciudad de Cajamarca, las fuerzas del orden se opusieron a los manifestantes cuya mayoría estaba conformada por campesinos de los alrededores. Los religiosos pusieron a disposición de los manifestantes los locales parroquiales (patio y edificios: iglesia de san Francisco y Recoletos) y organizaron además sopas populares. Así pues protegieron a los manifestantes de los disparos de la policía y les permitieron además prolongar la lucha transformando la huelga general indefinida en un reto para el gobierno. En este caso, este aporte contribuyó a sostener el conflicto.

Por otro lado, el rol formador de la Iglesia tiene una influencia indirecta enorme. Muchos laicos formados por la Iglesia son líderes sociales, muy activos en el conflicto. Ellos son los más instruidos, los más aptos para tomar decisiones y, eventualmente, los más escuchados; como catequistas gozan del mismo prestigio que los religiosos aunque en menor grado. Los catequistas y ex-catequistas han estado muy presentes en las manifestaciones campesinas.

Gracias a su presencia y a su actuar, los religiosos contribuyeron a evitar un desenlace violento en los momentos de más agresividad que hubiera profundizado las rivalidades. En las manifestaciones que tuvieron lugar cerca de las lagunas, los religiosos acompañaban y fueron una suerte de "escudo" para los campesinos. Según los testimonios recorridos en la investigación, su sola presencia contribuía a prevenir los choques violentos con las fuerzas del orden, "por respeto a los religiosos".

Por otro lado, los religiosos fieles a su vocación aportan una dimensión espiritual al conflicto que logra canalizar y calmar la ira. Durante las reuniones alrededor de las lagunas, en la plaza de Cajamarca, o en La Oroya, los manifestantes oraban el Padre Nuestro o el rosario iluminados por cirios y se celebró la misa al aire libre. Se crearon formas rituales inspiradas en la liturgia y la Biblia: los manifestantes de La Oroya venidos a Lima marcharon 7 veces alrededor del Ministerio de Energía y Minas, orando, retomando así el gesto de los hebreos al asediar Jericó. La oración colectiva tuvo como efecto la unificación y el ordenamiento de los manifestantes, dotándolos de valentía y de una forma de paz que desamortizó la violencia. Los policías no tenían motivos para disparar sobre un grupo en oración.

Además, como miembros de una institución comprometida en la vida pública de la nación, los religiosos participan en muchas comisiones que tratan sobre diversos problemas de la nación como la lucha contra la pobreza, la ecología, los derechos humanos, etc. En las situaciones de conflictos extremos ellos son los únicos aceptados a la unanimidad como mediadores (LECAROS, 2016:p.85). En el caso de Conga, dado que todos los religiosos importantes y reconocidos (el obispo en particular) se implicaron abiertamente en el conflicto fue necesario llamar a religiosos de fuera de la jurisdicción para garantizar la imparcialidad de la mediación.

Como miembros de una institución global, la Iglesia transforma la dinámica del conflicto; lo logra desenclavar con la participación de nuevos actores. El llamado a las instituciones extranjeras y a la opinión pública mundial permite superar las aporías nacionales relacionadas, en particular, con la corrupción y la falta de fiscalización del Estado. Como lo hizo remarcar la socióloga Maritza Paredes (PAREDES, 2014:p.135), dada la fragmentación de la mayoría de los países latinoamericanos los conflictos a nivel local adquiriendo una dimensión internacional (“glocalización de la reivindicación”), logran así “llamar temporalmente la atención del Estado” (PAREDES, 2014:p.154) para promover las negociaciones, sin embargo, una vez devuelta la calma, las instancias creadas en el fragor de la lucha se disuelven y no se forman plataformas de reivindicación estructuradas.

La Iglesia, debido a su estructura mundial y a las múltiples redes que maneja, contribuye a la “glocalización” temporal de los conflictos. Durante los acontecimientos de Conga muchas iniciativas esporádicas en el campo de las congregaciones o en relación con las ONG ecológicas han jugado un rol, sin embargo, en este terreno, el caso de La Oroya con la actuación de Mons. Barreto sj ( con el apoyo de la red jesuita y de las redes presbiteranas y luteranas) es emblemática: articulando el problema peruano con investigadores norteamericanos y la sentencia pronunciada contra la Doe Run en Estados Unidos, la estrategia permitiendo la globalización del conflicto, provocó el cierre de la fundición. Concretamente, Mons. Barreto obtuvo que la universidad jesuita San Luis de Missouri enviara especialistas para controlar el nivel de metales en la sangre de los residentes de la zona. El envenenamiento por plomo (hasta 8 veces el nivel máximo juzgado aceptable en EEUU) era tan escandaloso que la opinión pública nacional e internacional forzó a la Doe Run a interrumpir sus actividades (Agosto 2005) (BARRETO, 2015).

Todas nuestras entrevistas con los religiosos en La Oroya y en Cajamarca confirman que no hay una estrategia concertada y global de la Iglesia frente a los conflictos sociales medioambientales. Los miembros de la CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) afirman recibir esporádicamente la visita de algunos obispos y eventualmente de ciertos sacerdotes que piden consejo que a veces no toman en cuenta.

El conflicto eclesial ad intra es provocado por él que se desarrolla al exterior de la institución. Todos los religiosos afirmaron haber llegado a involucrarse, respondiendo a un pedido de apoyo de la población campesina y/u obrera y de las empresas. Sin embargo, al internalizarse el conflicto, resurgen diferentes corrientes que cohabitan en la Iglesia de tal forma que se activan los nexos de solidaridad en función de afinidades y de posición común pasando a veces temporalmente por alto la estructura jerárquica oficial. A la larga, la controversia se resuelve según las normas del derecho canónico, restableciendo la autoridad del obispo.

Como consecuencia de la falta de estrategia común, los religiosos se encuentran diseminados en las diferentes opciones: algunos a favor de la compañía, otros en abierta oposición y el resto renuentes a tomar posición. Esta polarización se acucia a medida que el conflicto se agudiza.

En La Oroya, se encontraban dos comunidades religiosas. La única parroquia del pueblo en manos de los Misioneros de la Preciosísima Sangre (el cura de entonces era un sacerdote norteamericano, José Deardorff) apoyaba a los trabajadores que estaban a favor de la compañía minera por miedo de perder sus empleos. En cambio, las dominicas (Madres Dominicas de Springfield) apoyaban el movimiento contrario a la empresa pero ellas mantenían un perfil relativamente bajo por temor a recibir posibles represalias (dixit los oponentes a la empresa). Por su parte, Mons. Barreto sj, arzobispo de Huancayo (desde 2004), se opuso exitosamente a las actividades de la compañía minera.

En el caso de los acontecimientos de Conga, dada la magnitud de Cajamarca y de la zona donde se desarrollan las actividades de Yanacocha, la situación es mucho más compleja. Mons. Carmelo oar (agustino recoleto), obispo de Cajamarca desde el 2004, así como algunos sacerdotes, sobre todo los diocesanos, está a favor de la compañía minera Yanacocha de la cual ha recibido financiamiento para el seminario y para múltiples proyectos sociales. Por otra parte, numerosos sacerdotes y religiosos apoyan a los opositores a Conga. Uno de los más prominentes ha sido el ahora difunto padre Isaac Shahuano ofm (franciscano), sacerdote de la parroquia de San Francisco. Como han resaltado todos los entrevistados en el desarrollo de nuestro proyecto, gráficamente, el contraste era llamativo. La catedral y la iglesia de San Francisco se sitúan una frente a la otra en la plaza central del pueblo: de un lado se encontraban los favorables a Yanacocha y del otro los opositores.

En Cajamarca, muchos religiosos se mantienen neutrales, otros han cambiado de parecer. Las religiosas del Corazón Inmaculado de María han tomado distancia del activismo contra la minería. Desde la muerte del padre Isaac (mayo 2004), los sacerdotes de la parroquia de San Francisco se han negado a tomar posición. Mientras que las religiosas del Sagrado Corazón, en Bambamarca, han sido activistas contra la minería, los sacerdotes diocesanos de la parroquia han mantenido una línea neutral^[16].

A estas claras tomas de posición se añaden aquellas de los mediadores que dada su función mantienen una distancia para poder tener alcance sobre las partes en conflicto. En su comunicado es de notar la importancia dada a la escucha de los unos a otros, la ausencia de juicio y el llamado al diálogo.

Puede parecer sorprendente que con las mismas referencias a las Escrituras y a la Doctrina Social de la Iglesia y, justificando sus posiciones a partir de los mismos conceptos, los religiosos sean incapaces de adoptar una actitud común. Para comprender mejor esta paradoja analizaremos la posición de los religiosos de Cajamarca a partir de los principales documentos pertinentes de los diversos grupos, comunicados oficiales, entrevistas publicadas y entrevistas personales^[17].

Para el conjunto de religiosos, sea cual sea su posición, la participación en la esfera pública es considerada como una función, o incluso un deber de los miembros de la Iglesia. Sin embargo, para todos, la frontera sigue siendo el rechazo al involucramiento político. Es en nombre de este rechazo que Mons. Carmelo ha “suspendido al padre Marco Arana quien ha fundado un partido político” (CARMELO, 2012). Es por la misma razón que las franciscanas del Corazón de María han tomado distancia con la causa anti-Conga. Otro punto claramente compartido, ninguno de los religiosos se aboca a favor de una conservación estricta de la naturaleza: ninguno se opone a la explotación minera per se.

Todos los religiosos tienen objetivos generales y temas principales compartidos: desarrollo (lucha contra la pobreza), justicia social, protección de la naturaleza, paz (conflicto, diálogo). Sin embargo, ante la ausencia de un posicionamiento sectorial común, la interpretación varía.

Para Mons. Carmelo y los partidarios de Conga, la inversión minera representa una posibilidad de desarrollo y por lo tanto una eliminación de la pobreza, quizá la única oportunidad para los habitantes de Cajamarca. El título de la entrevista es revelador (CARMELO, 2012): “Un proyecto minero a favor del desarrollo y el bienestar de los más pobres es indispensable”. Toma en cuenta el tema ecológico que él menciona en dos ocasiones en su comunicado pero de manera indirecta, siempre en relación con el desarrollo. Además, Mons. Carmelo considera que el impacto del proyecto será reducido (de 300 lagunas solo 4 destruidas). El tema de la justicia no interviene directamente. Por otro lado, Monseñor invita a una regulación pacífica y negociada del conflicto.

Del lado de los religiosos opuestos a Conga, la posición se justifica a nombre de la justicia social y del ecologismo que Yanacocha no respeta, según ellos, comprando a precio irrisorio los terrenos y destruyendo el ecosistema, poniendo en peligro “la vida presente y futura de la región” (Comunicado de algunos sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas y laicos involucrados en parroquias, 2012). El comunicado insiste sobre la persistencia de la pobreza a pesar del aparente flujo de riquezas. Los religiosos, en referencia al Documento final de Aparecida (parr.473-474) piden que se considere otro modelo económico que en lugar de la búsqueda desproporcionada de riqueza dé privilegio a “la vida de las personas, los pueblos y al respeto racional de la naturaleza” (parr.473). Adoptando las expresiones que les son propias (como Madre Tierra), el comunicado toma en cuenta directamente las reivindicaciones de los campesinos, pidiendo que se priorice la agricultura y que las minas consulten a las comunidades antes de actuar, es decir, que el diálogo incluya a los campesinos.

Este breve análisis de los temas principales muestra que las divergencias en el seno de la Iglesia corresponden a los debates actuales de sociedad sobre los cuales no existe un consenso.

La encíclica del Papa Francisco, Laudato Sí, publicada recientemente después de los hechos analizados, ha sido aplaudida por los opositores a Conga quienes la consideran como un respaldo. Tomando en cuenta la falta de línea directriz sobre el tema, representa una tentativa de aclarar la posición de la Iglesia sobre un problema que se ha convertido en uno de los desafíos para la supervivencia de la humanidad: ¿qué implica realmente el desarrollo? ¿El ecosistema tiene un precio? ¿Podemos sacrificar 4 lagunas porque tenemos otras 300? El Santo Padre insiste sistemáticamente, no solamente en la encíclica sino además en todos sus discursos, sobre el nexo intrínseco entre la naturaleza y el ser humano (parr.118): “no hay ecología sin una adecuada antropología”. Esta afirmación representa un ideal que en lo concreto está lejos de ser todavía evidente. La insistencia del Papa Francisco puede comprenderse como el indicio de una gran dificultad que pide ser tomada en cuenta.

Por otro lado, este análisis muestra también la necesidad de desarrollar un mejor discernimiento, más articulado, más consensual. La opacidad con la cual se realizan los estudios del impacto ecológico, atribuido a la compañía minera y sobre todo a una falta de fiscalización del Estado, evita que se consiga visión clara y calculada de los riesgos, incluso cuando el margen de error es inevitable. Gracias a los análisis de la universidad de Saint Louis, Mons. Barreto consiguió los resultados objetivos que han logrado cambiar la situación: el deterioro de la salud, en este caso, tiene tal amplitud que la cuestión del empleo acabó perdiendo toda pertinencia. Un análisis objetivo del nivel de contaminación no se realizó en Cajamarca. La falta de datos certeros afecta las decisiones de los religiosos: impide desarrollar un discernimiento ético y tomar una decisión racional.

En filigrana, más allá de las dificultades de interpretar objetivamente los hechos y los principios eclesiales, en los comunicados y las entrevistas aparece uno de los principales desafíos de la Iglesia en su actuación pública: la independencia de la Iglesia y la dificultad de evitar ser manipulada. Mons. Carmelo, en la lógica de su perspectiva, aceptó fondos provenientes de Yanacocha destinados a obras sociales, culturales y eclesiásticas, como el seminario, por ejemplo. Dada la crónica falta de dinero en la diócesis, el obispo de Cajamarca (no es el único en Perú) se vio obligado a buscar financiadores externos. La mayoría de las compañías mineras, tomando en cuenta la importancia de los religiosos, les ofrecen ayuda para sus obras sistemáticamente. Tal generosidad no es una simple filantropía dado que la compañía recibe en cambio un aumento en su respetabilidad pública. Debido a que muchas de las iglesias locales no son auto-sostenibles se plantea pues la cuestión sobre la búsqueda de formas de financiamiento. Aceptando fondos, Mons. Carmelo pierde credibilidad asociándose, nolens volens, a la compañía minera.

Del lado de los opositores a Conga, el riesgo de manipulación funciona a otro nivel. Dejándose llevar fácilmente por el deseo de rectificar una injusticia (mezclado de ignorancia, como acusan sus detractores), terminan sin darse cuenta avalando una causa que puede beneficiar a ciertos hombres políticos (y puede que también incluso a los traficantes de droga, los mineros ilegales o todos aquellos a quienes no conviene la presencia de la compañía minera). A partir del momento en que uno se inmiscuye públicamente en el debate social, tomando abiertamente partido como lo han hecho algunos grupos religiosos y los laicos comprometidos, uno, sin quererlo, puede favorecer intereses dudosos. Nuevamente, un discernimiento cuidadoso se impone.

Una forma de pluralidad ha existido siempre en la Iglesia católica, sin embargo, a las cuestiones de piedad, rituales, ética de la familia y formas de atención a los más pobres se añade hoy día un tema nuevo: el lugar del Hombre y de todos los hombres sobre el planeta. Mutatis mutandis las líneas de fuerza son las mismas en Cajamarca que entre los cristianos norteamericanos que han recibido al Papa Francisco durante su visita en septiembre de 2015 levantando abundante polémica en los medios de comunicación social.

En un conflicto como el de Conga (o el de La Oroya) el debate ya no se desarrolla en una más o menos armoniosa cohabitación de puntos de vista; la dinámica interna de la institución se trastoca. La obediencia jerárquica, un voto de todos los religiosos, es cuestionada dando lugar al llamado a la conciencia cuya validez fue reconocida por el Vaticano II. Sin embargo, esta división intra-eclesial que toma, en el momento en que el conflicto alcanza su paroxismo, la forma de una rebelión contra el obispo (autoridad suprema del lugar) representa un claro desafío para la institución. De hecho, a posteriori, en los dos casos estudiados, el obispo re-establece progresivamente su autoridad, aunque se sigan manteniendo sotto voce los diversos puntos de vista. Este restablecimiento del orden se hace imperceptiblemente, siguiendo los principios del Derecho Canónico. En La Oroya, había muchos años que la congregación de la Preciosísima Sangre, por diversos motivos, se planteaba entregar la parroquia en manos del clero diocesano. Tras el conflicto, Mons. Barreto aceptó esta solicitud nombrando a los párrocos diocesanos. Por su parte, en Cajamarca, se produjo también una reformulación en las parroquias, algunos sacerdotes diocesanos comprometidos contra Conga han sido enviados a las periferias de la diócesis cuando les llegó el tiempo de cambiar de parroquia, además, falleció el principal protagonista: el Padre Isaac.

En una situación de enclave que deja a las empresas mineras asumir tareas de gestión pública y en un contexto general complejo de exclusión sistemática de ciertas poblaciones, corrupción endémica y reivindicaciones sociales no escuchadas por falta de instancias adecuadas y competentes, la Iglesia Católica, única institución presente que goza de mucho prestigio y respeto, juega un rol que puede ser determinante como en el caso de La Oroya y en los acontecimientos de Conga. Como "aliados", tomando partido, los religiosos aconsejan, acompañan, apoyan y defienden los intereses de alguno de los beligerantes. En una perspectiva espiritual cristiana, jugando el papel de mediadores de paz, logran mitigar la ira y evitar la violencia, ya sea organizando oraciones públicas o mediando entre los adversarios. Finalmente, gracias a sus múltiples redes, como gestores del conflicto, contribuyen a superar la aporía del enclave, permitiendo que otros actores se involucren. Internacionalizándose, el conflicto se “globaliza”.

Los religiosos disponen pues de un gran poder. Conscientes de esta situación, los empresarios mineros “cortejan” a los obispos, sacerdotes y superiores de congregaciones ofreciéndoles resolver sus numerosos problemas económicos e intentando asociarlos a sus proyectos sociales. Los gobernantes también han recurrido a los religiosos, particularmente en momentos en que perdían control sobre la evolución del conflicto.

Debido a las múltiples solicitudes y presiones de diversas índoles, el conflicto exterior repercute en la institución eclesial, poniendo en relieve diferencias de interpretación de los principios cristianos y tensiones latentes, así como debilidades en la organización de la Iglesia, en particular problemas de independencia financiera. Las controversias internas que al amplificarse, podrían amenazar la estructura jerárquica de la Iglesia, se resuelven a la postre, sotto voce, al compás del derecho canónico. Se restablece paulatinamente la autoridad del obispo manteniéndose desacuerdos en forma limitada.

Cabe recalcar que en una perspectiva ética, el ejercicio del poder implica responsabilidad, es decir, necesidad de conocimiento objetivo de la situación, reflexión y decisión consensuada. En los acontecimientos de Conga, y en menor medida en La Oroya, la gran generosidad de casi todos los actores no logra paliar la falta de información, las divisiones e improvisaciones: conjunto de factores nocivos para la resolución de un conflicto y también para la Iglesia. Es de esperar que la encíclica del Papa Francisco, Laudato Sí, dé pistas de discernimiento y contribuya a una toma de consciencia que empuje los religiosos a articular una estrategia coherente, eficiente y conforme a los principios cristianos.

ARELLANO, J. (2013) "Minería y conflicto en Perú". En BEBBINGTON, A. Industrias extractivas. Lima: IEP, CEPES, Propuesta.

ARANA, M. (2013) "Entrevista con Marco Arana". En HOETMER R., CASTRO M., DAZA M., DE ECHAVE J., RUIZ C., Minería y movimientos sociales en el Perú. Lima: Programa Democracia y Transformación Global, Cooper Acción, Acsur Las Segovias, EntrePueblos.

BARRETO, P. (2015) "Témoignage, une mission évangélisatrice". En Genève, Revue Choisir, N° 669.

BEBBINGTON, A. (2011) "Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras". En BEBBINGTON, A., Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Lima: IEP, CEPES.

BEBBINGTON, A., BURY, J., HUMPHREYS, D., LINGAN, J., MUÑOZ, J. P., SCURRAH, M. (2011) "Movimientos sociales, lazos transnacionales y desarrollo territorial rural en zonas de influencia minera: Cajamarca-Perú y Cotachi-Ecuador”. En BEBBINGTON, A., Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Lima: IEP, CEPES.

BEBBINGTON, A., SCURRAH, M. y BIELICH, C. (2011) Los movimientos sociales y la política de la pobreza en el Perú. Lima: IEP, CEPES, Propuesta.

BEBBINGTON, A. (2013) "Industrias extractivas, conflictos socioambientales y transformaciones politico-económicas en la América Andina", in Bebbington A., Industrias extractivas, Lima: IEP, CEPES, Propuesta.

CARMELO, J. (2012) A mining project in favor of the development and well being of the poorest is necessary. Disponible en: http://www.agustinosrecoletos.com/news/view/4-noticias-actualidad/3667-carmelo-martinez-es-necesario-un-proyecto-minero-que-apunte-al-desarrollo-y-bienestar-de-los-mas-pob

CASTRO, S. (2013) Pobreza, minería y conflictos socioambientales en el Perú. Lima: PUCP.

CHAPARRO, A., SCURRAH, M., BEBBINGTON, A. (2013) "Movimientos sociales, conflictos y posibilidades de cambio institucionales". En HOETMER R., CASTRO M., DAZA M., DE ECHAVE J., RUIZ C. Minería y movimientos sociales en el Perú. Lima: Programa Democracia y Transformación Global, Cooper Acción, Acsur Las Segovias, EntrePueblos.

CLEARLY, E. L. (2009) How Latin America saved the soul of the Catholic Church? New York: Paulist Press.

CRABTREE, J., CRABTREE, I. (2013) "La economía política del manejo de las industrias extractivas en Bolivia, Ecuador y Perú". En BEBBINGTON, A. Industrias extractivas. Lima: IEP, CEPES, Propuesta.

DURAND, F. (2015) Poder político y gobierno minero. Lima: Cuadernos de CooperAccion N°1.

FRASER, B. (2011) "Perú, salud ambiental como una cuestión de equidad, el caso de La Oroya". En BAMAT T., CHASSY A., WARNE R. Industrias extractivas y equidad, un panorama introductorio y estudios de casos de Perú, Nigeria y Angola. Baltimore: CRS (Catholic Relief Service). Disponible en: http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/industrias-extractivas-y-equidad.pdf

HUAMANI, G., MACASSI, S., ALEGRIA, J., ROJAS, T. (2012) Hacia una mejor gestión de los conflictos medioambientales en el Perú. Lima: Agence Canadienne de Développement International, CES.

LECAROS, V. (2016) La Iglesia catolica y el desafio de los grupos evangélicos, el caso del Peru en America Latina. Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

LECAROS, V. (2015a) "Conflits écologiques". En Genève, Revue Choisir, N° 669.

LECAROS, V. (2015b) "Los católicos y la Iglesia en el Perú. Un enfoque desde la antropología de la religión." En Cultura y Religión, Vol. 9, N°1. Iquique: Universidad Arturo Prat. Disponible en: http://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/culturayreligion/issue/view/46

LEVY DEL AGUILAR, M., editor (2014) Ética de la gestión, desarrollo y responsabilidad social (sobre industrias extractivas y proyectos de inversión). Lima: PUCP.

ORMACHEA, I. (2014) "Enfoques de intervención constructiva en conflictos sociales". En ORMACHEA I., CARAVEDO J., MORENO G., BEDOYA C. Minería, conflicto social y dialogo. Lima: UARM, Norwegian Center for Human Rights, Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

PAREDES, M. (2014) "La glocalización de las protestas mineras y las lecciones de Tambogrande". En HENRIQUEZ, N. Conflicto social en los Andes. Lima: PUCP.

PÉREZ, R. (2015) "El capital religioso en la movilización social contemporánea, el caso de los evangélicos en contexto de conflictividad ambiental". Ponencia presentada en las XVIII Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina. Mendoza.

PÉREZ, R. (2016) "El factor religioso en la protesta social, el rol de los actores religiosos en los conflictos socio-ambientales del Perú". Ponencia presentada en el XXXIV Congress of Latin American Studies Association. New York.

PÉREZ, R. (2016) "Les resistencias ciudadanas desde la religión: el caso de los actores religiosos en el conflicto ambiental de La Oroya, Perú". En GIMENEZ, V. ed. La religión y los problemas sociales. Buenos Aires: CLACSO. En prensa.

RENOUARD, C. (2007) La responsabilité éthique des multinationales. Paris : PUF.

ROMERO, C. (2008) "Religión y espacio público: catolicismo y sociedad civil en el Perú". En ROMERO, C. Religión y espacio público. Lima: PUCP.

ROMERO, C. (2013) "Por el encanto de una tierra". En SANCHEZ, J. y CURATOLA, M. ed. Los rostros de la tierra encantada. Lima: PUCP.

SKLAIR, L. (2002) Globalization: capitalism & its alternatives. Oxford: Oxford Press.

STEWART, F. (2014) "Desigualdades horizontales y conflictos: una introducción y algunas hipótesis". En STEWART, F. Conflictos y desigualdades horizontales. Lima: PUCP.

THORP, R., BATTISTELLI, S., GUICHAOUA, Y., ORIHUELA, J. C., PAREDES, M. (2014) Los desafíos de la minería y el Petróleo para el desarrollo, lecciones de África y de Latinoamérica. Lima: PUCP.

Comunicado de Mons. Carmelo du 25/11/2011: http://jabenito.blogspot.pe/2011/12/pronunciamiento-del-obispo-de-cajamarca.html Blog de José Antonio Benito Rodriguez.

Comunicado de algunos sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas y laicos involucrados en parroquias 6/1/2012: http://www.crp-conferperu.org/index.php/2-noticias/noticias/608-sacerdotes-y-religiosas-de-cajamarca-emiten-pronunciamiento-sobre-conga Conferencia de Superiores y Superioras Mayores del Perú.

Comunicado del Presidente de la Conferencia Episcopal y del Defensor del Pueblo, 9/4/2012http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/pronunciamiento-09-04-12.pdf Defensoría del Pueblo

Comunicado de los mediadores en momento de terminar su misión 24/8/2012: www.iglesiacatolica.org.pe/.../comunicado-facilitadores-cajamarca_240812. doc Conferencia Episcopal Peruana.

[3] Véronique Lecaros: Master en Filosofía de La Sorbona (Francia) y de Stanford University (Estados Unidos de América). Doctorado en Historia del Arte de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Francia). Doctorado en Teología Católica de la Universidad de Estrasburgo (Francia). Investigadora en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú). Desarrolla también varios proyectos de investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú; miembro del Grupo de Investigación SIER. Enseña en la Maestría en Gerencia Social y en el seminario de doctorado en ciencias sociales.

[6] La situación de "enclave" implica una gran responsabilidad para las empresas que de por sí tienen otra finalidad. Como lo subraya Durand, “la autorregulación corporativa tiene límites fijados por la defensa del interés económico” (DURAND, 2015:p.8). Desde el punto de vista de la economía y del desarrollo, podemos mencionar las obras de Leslie Sklair (2002) y Rosemary Thorp et. al. (2012 versión inglesa y 2014 versión castellana). Añadiendo a la perspectiva económica una reflexión ética, podemos mencionar la obra de Levy del Águila editor (2014) así como las reflexiones de la religiosa francesa especialista de ética social, Cécile Renouard (2007; 2015).

[9] Además de recoger el parecer de los encargados del tema en las instituciones eclesiales oficiales relevantes, es decir Conferencia Episcopal peruana y diócesis de Huancayo y de Cajamarca, la estrategia de investigación ha consistido en ponerse en contacto para realizar entrevistas a profundidad con los principales actores religiosos involucrados en el conflicto. Por el método de la bola de nieve, hemos ampliado las citas inicialmente previstas a otros religiosos, laicos comprometidos y en la medida de lo posible, empleados de las empresas. Hemos tratado de tener acceso a pronunciamientos oficiales suscritos por los religiosos y a entrevistas de ellos publicados en diversos medios de comunicación. Aparte de una investigación por Internet, la referencia a los documentos nos ha sido proporcionado por los mismos religiosos quienes nos explicaron las circunstancias en las cuales se produjeron. Para evitar toda parcialización, hemos buscado interlocutores de diferentes grupos. A todos, hemos preguntado sus versiones de los hechos, sus percepciones sobre las personas de otros grupos y finalmente sus motivaciones como miembro de una institución eclesial y como individuo obedeciendo a su conciencia. Concretamente, durante los años 2014 y 2015, hemos entrevistado a los miembros de la Conferencia Episcopal Peruana encargados del tema medioambiental. En los dos casos, hemos buscado personas que han apoyado al grupo en favor de las empresas y por otro lado personas que han apoyado los manifestantes contrarios a las actividades de la empresa. En el caso de La Oroya (no era posible encontrar a los sacerdotes de la parroquia presentes en el momento del conflicto pero nos hemos reunidos con a personas que los han conocido y apoyado), hemos recorrido testimonios de Mons. Barreto (uno de los principales actores del conflicto) así como los miembros del obispado de Huancayo encargados de la pastoral medio ambiental así como de los 2 sacerdotes actuales de la parroquia de La Oroya, de la comunidad religiosa (Madre Dominicas de Springfield), y de 10 laicos implicados en sus iglesias que han participado al conflicto. En Cajamarca, hemos entrevistado a 3 trabajadores de la empresa, a Mons. Carmelo, a miembros de la Orden de Agustinos Recoletos a la cual pertenece Mons. Carmelo, a 3 sacerdotes favorables a la empresa, y a miembros del obispado de Cajamarca encargados de la pastoral medioambiental, por otro lado, hemos conversado con miembros de 6 comunidades de religiosas (de todas, solo una de las hermanas se había involucrado a favor de los manifestantes en contra de la empresa) y con el sacerdote franciscano que remplazó al Padre Isaac ya fallecido, uno de los principales actores en contra de la minera, también hemos recorrido el testimonio de 6 sacerdotes diocesanos que han participado en el conflicto en contra de la empresa. Gracias a estas entrevistas, hemos logrado tener acceso a documentos y referencias que mencionamos en este artículo, los actores nos han indicado el contexto en el cual fueron publicados y como acceder a ellos

[14] Por más de 10 años, hemos enseñado en la Maestría en gestión social de la PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú). Hemos analizado con los alumnos de 200 a 250 proyectos financiados por las mineras. Los gestores encargados de proyectos muestran cómo se desarrollan entre las poblaciones y la empresa unas relaciones de clientelismo y de asistencialismo. Los habitantes de las zonas no desean proyectos de desarrollo que les permita formarse, aprender un oficio o crear pequeñas empresas. Piden dadivas, dinero, alimentos, lo que a menudo termina dando la empresa para evitar toda confrontación.

[17] Comunicado de Mon. Carmelo del 25/11/2011 http://jabenito.blogspot.pe/2011/12/pronunciamiento-del-obispo-de-cajamarca.html comunicado de Mons. Carmelo du 25/11/2011, consultado el 11/10/2015.

Comunicado de algunos sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas y laicos involucrados en parroquias 6/1/2012 http://www.crp-conferperu.org/index.php/2-noticias/noticias/608-sacerdotes-y-religiosas-de-cajamarca-emiten-pronunciamiento-sobre-conga comunicado de algunos sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas y laicos involucrados en parroquias 6/1/2012, consultado el 11/10/2015.

Comunicado del Presidente de la Conferencia Episcopal et del Defensor del Pueblo, 9/4/2012 http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/pronunciamiento-09-04-12.pdf comunicado del Presidente de la Conferencia Episcopal et del Defensor del Pueblo, 9/4/2012, consultado el 11/10/2015;

Comunicado de los mediadores en momento de terminar su misión 24/8/2012 www.iglesiacatolica.org.pe/.../comunicado-facilitadores-cajamarca_240812. doc comunicado de los mediadores en momento de terminar su misión 24/8/2012, consultado el 11/10/2015 Conferencia Episcopal Peruana