Poder institucionalista e influencia civil en la mediación del trabajo social ante políticas y necesidades sociales^[1]

Institutional power and organizational influence in mediation of social work to social policies and needs

Grosso modo, el Trabajo Social es una disciplina abocada al establecimiento de acuerdos entre sociedad y Estado. La disciplina se encarga de diseminar las políticas públicas en la ciudadanía y de reportar las necesidades civiles a sus autoridades locales, por ende está más próxima a la gobernanza la cual supone una discusión pública de los asuntos que atañen a los actores políticos y sociales, pero categorías tales como: influencia y poder aportarían al Trabajo Social en su labor mediadora. Se llevó a cabo una revisión de la literatura considerando el periodo de publicación de 1987 a 2016. Se realizó una selección no probabilística de fuentes indexadas, considerando las dos categorías en comento. Se discutieron los alcances y limites en torno a la mediación del Trabajo Social.

Roughly speaking, Social Work is a discipline aimed at establishing agreements between society and the State. The discipline is responsible for disseminating public policies in the citizenry and at the same time is responsible for reporting the needs and expectations of the civil sectors to their local authorities, therefore it is closer to the governance which supposes a public discussion of the issues that Affect the political and social actors, but categories such as: influence and power would contribute to Social Work in its mediating work. A review of the literature was carried out considering the period of publication from 1987 to 2016. A non-probabilistic selection of indexed sources was made, considering the two categories in the comment. The scope and limits around the mediation of Social Work were discussed.

Poder e influencia son dos conceptos sumamente estudiados por la Psicología Social Experimental en Francia y Suiza durante las décadas de los sesenta y setentas. Serge Moscovici, Henri Tajfel y John Turner son los máximos exponentes de esta tradición que se propuso explicar y cuestionar los hallazgos reportados por Muzafer Sheriff, Solomon Asch y Stanley Milgram acerca de la influencia mayoritaria en sus clásicos experimentos de persuasión y disuasión con cómplices que definían la tendencia en contra o a favor de un consenso.

La psicología experimental norteamericana inspiró los estudios de la psicología europea. Es el caso de la teoría del juicio social que anticipa la persuasión a partir del ajuste de información a las creencias y las representaciones pre establecidas en los receptores. La influencia de las mayorías es una consecuencia de este hallazgo en virtud de que la toma de decisiones está supeditada por un consenso pre existente que se devela al momento de reproducirse una situación específica.

En efecto, la psicología norteamericana muy pronto descubrió que la interacción entre las personas y los grupos produce criterios que estandarizan las decisiones y las acciones, además de orientarlas hacia un objetivo y meta común. A medida que la interrelación se intensifica, el criterio propio o libre albedrio es sustituido por la atmosfera del grupo. Es el caso del experimento cinético en el que un haz de luz es establecido como válido por un grupo y la presión de éste sobre el sujeto experimental genera no sólo un cambio de opinión, sino además la formación de la misma y por tanto la persuasión permanente.

Sin embargo, la presión social y el consenso mayoritario muy pronto fueron cuestionados por la escuela franco-ginebrina para dar lugar a una nueva perspectiva desde las minorías a la que se le llamo influencia social minoritaria. Mientras que la influencia mayoritaria reproducía las estructuras de poder y consenso, la influencia minoritaria explicó el conflicto y el cambio social.

La psicología estadounidense había establecido a la conformidad y la obediencia como estandartes de sus experimentos, pero la psicología francesa develó la innovación como paradigma en el estudio de los grupos. En este sentido, los conflictos no sólo anteceden a los cambios, sino además son una condición indispensable. Los grupos se organizan en torno a un conflicto para generar cambios y para ello asumen estilos innovadores.

Pues bien, en virtud de que las categorías de poder (implementación de políticas públicas) e influencia (incidencia en políticas públicas) son centrales para la función mediadora del Trabajo social, la conceptualización de los experimentos de la psicología norteamericana y europea en la gestión y administración de los recursos y capacidades de grupos minoritarios es el objetivo del presente trabajo. Se resaltan los antecedentes de la psicología norteamericana en la sociología estadounidense centrada en el estudio de las instituciones y su poder sobre los actores civiles. La influencia mayoritaria y la influencia minoritaria son claves en la construcción de una agenda y un sistema de gobernanza incluyente con respecto a la participación civil de grupos marginados, excluidos o vulnerados.

En el ámbito del Trabajo Social en instituciones y organizaciones políticas y civiles, la participación es considerada como la defensa de los derechos económicos, políticos, sociales y ambientales, pero desde la psicología de las minorías activas, la participación va más allá de la exigencia, la disidencia o el activismo. La participación es el reflejo de una postura ideológica y original que se desarrolla en la medida en que el estado designa interlocutores para negociar con la sociedad civil organizada.

En virtud de que el Trabajo Social ha estudiado estos grupos, la presente revisión devela procesos psicológicos básicos de influencia que los modelos de intervención, centrados en la atención a grupos vulnerables como adultos mayores, madres solteras o infantes, podrían incluir para develar las necesidades sentidas de éstos sectores.

Tres categorías son indispensables para explicar la relevancia del Trabajo Social en la relación entre Estado y sociedad. Se trata del institucionalismo, el poder y la influencia. Este trinomio cuadrado no perfecto sirve para denotar aquellos procesos de emancipación o reivindicación de grupos con sufrimiento y rehabilitación social. Es decir que, las políticas sociales han sido recortadas en su presupuesto, generando desde un descontento hasta una violencia civil para con las fuerzas del orden, las autoridades gubernamentales o sectores adherentes al Estado. En tal proceso de inseguridad, las propuestas de institucionalizar a las fuerzas del orden han sido sustentadas desde el poder más que desde la influencia. Esto es así porque Una política de “mano dura” y “cero tolerancia” diseminarán la conformidad y la obediencia en la ciudadanía. En cambio, si éstas políticas de seguridad se construyen desde la influencia, la participación civil se incrementaría debido al grado de originalidad de las propuestas como es el caso del autocuidado y la cooperación, acciones más influyentes que el castigo o la sanción.

Sin embargo, a pesar de que la psicología social ha explicado fehacientemente el efecto de las políticas en las dinámicas de los grupos, el Trabajo Social está ahí donde ni siquiera los grupos pueden asumirse como minorías si se considera que éstos son innovadores y mediante la consistencia de sus estilos logran sus objetivos (Moscovici, 1971).

Los grupos con los que el Trabajo Social realiza sus prácticas laborales están imposibilitados del acceso a información de sus derechos económicos, políticos o sociales, mismos que para ellos es incomprensible debido a su analfabetismo, impidiéndoles relacionarse con otros grupos y los obliga a someterse a los designios de culturas dominantes que buscan la mayor de las veces explotarlos laboral y sexualmente.

Sin embargo, el presente trabajo constituye una aproximación desde la psicología social a la emergencia de la gobernanza mediante la vinculación entre políticas públicas y las necesidades como las demandas sociales. En éstos dos aspectos la participación de la sociedad civil no sólo es encauzada por la asistencia del Trabajo Social mediante sino, además es traducida en indicadores de bienestar y desarrollo que los gobernantes tomarán en cuenta al momento de rediseñar sus políticas e implementar sus programas.

De este modo, se repasan los conceptos centrales de representación y categorización social para entender los procesos de influencia y poder. Enseguida, se exponen los elementos centrales de la gobernanza y las políticas públicas para dar cuenta, de las teorías institucionalistas y las teorías de juegos que revelan la importancia de sistematizar algunos conceptos tales como agenda, isomorfismo, participación o dispositivos en el escenario ocupacional del Trabajo Social.

Este apartado especifica la categorización social, las políticas del poder y el institucionalismo, previa definición de los conceptos básicos –poder, institucionalismo, influencia, gobernanza–. Plantea las implicaciones para la práctica del Trabajo Social en la construcción de una agenda pública.

El concepto de categorización social refiere a estigmas atribuidos al Estado y sus políticas. Se trata de un proceso en el que los objetos, personas o eventos son sistemáticamente etiquetadas en una representación negativa y compartida por un grupo. De este modo, las políticas públicas son reducidas a instrumentos de poder por originarse en las élites políticas. En cambio, la gobernanza es estigmatizada como un concepto emergente que ante los conceptos de poder, política o institucionalismo es considerada insignificante, aunque determinante de una preferencia, intención y voto en contra o a favor de la opción ideológica.

En virtud de que la categorización social explica procesos tales como la gestión y la administración pública, es menester asumir que los gobernados se forman una idea sesgada de sus gobernantes. En este proceso, la noción de poder supone una primera aproximación a la representación de las instituciones. Es decir que los gobernantes a quienes se les atribuyen diferentes poderes cuando menos de iniciativa y veto, son representantes de los valores y las normas que rigen a la sociedad (Smith, 2006).

Sin embargo, en la esfera institucional, la propaganda del Estado genera una representación en torno al poder de los gobernantes, autoridades o políticos con respecto a la ciudadanía, comunidades e individuos. Esto es así porque la bisagra que explica la relación entre sociedad y Estado son las instituciones. Por consiguiente, éstas deben ser isomórficas, diseminar la propaganda que justifica la rectoría del Estado en materia de seguridad y sustentabilidad.

En principio, el Estado determina las diferencias entre la esfera pública y a esfera privada con la intención de establecer los cambios a nivel administrativo que regulen las relaciones entre particulares. Se parte del supuesto según el cual, los sistemas políticos, regímenes de gobierno o formas de Estado guardan un equilibrio con respecto a demandas civiles y recursos disponibles y capacidades administrativas.

Por consiguiente, el Estado genera un equilibrio en su burocracia mediante la asimilación de principios donde la toma de decisiones se fragmenta hasta incluir las propuestas civiles, pero sin derecho a voto. El Estado, contrario a su categorización de rector de las instituciones, no influye simétricamente en cada una de ellas, razón por la que los ciudadanos encuentran espacios para sus demandas que, en algunos casos son debidamente canalizadas hacia quienes toman las decisiones, pero la mayoría de las veces sus iniciativas se difuminan en las mismas instituciones sin llegar a sus representantes.

De este modo, la noción de poder estriba en la facultad que tienen los gobernantes de anticipar escenarios de acción colectiva y movilización social que reduzca su función rectora. Es por ello que la acción gubernamental consiste en la gestión y la administración de recursos ante contingencias del entorno o conflictos sociales que generen cambios en la toma de decisiones y desplacen o cuando menos cuestionen la rectoría del Estado (Mercado y Hernández, 2010).

En síntesis, categorización, poder e institucionalismo son un tridente en el que sus relaciones explican la toma de decisiones unilateral o consensuada entre el Estado y la sociedad. En estos esquemas de gobernabilidad y gobernanza, la acción colectiva y la movilización social determinan. El equilibrio de poderes, desfavoreciendo la rectoría o promoviendo su legitimidad.

Por lo tanto, las políticas de seguridad y sustentabilidad orientadas al Desarrollo Humano y Local, son resultado de la relación entre el Estado y sus instituciones orientadas a atender o minimizar las demandas sociales. En paralelo, cuando la sociedad civil construye representaciones del Estado, sus instituciones y sus gobernantes, genera escenarios de factibilidad política que condicionan la acción gubernamental, pero reducen la participación civil (Carreón, 2016).

En contraste, un aumento de la movilidad civil y la acción colectiva supone una disminución paulatina de las instituciones, no sólo anticipa su transformación, sino la crisis de credibilidad, confianza y legitimidad de la acción gubernamental.

Cuando la representación sesgada del gobierno apunta a la corrupción, el nepotismo, la negligencia, la opacidad o la discrecionalidad, entonces el tráfico de influencias refleja la movilización civil materializada en una contra propaganda que incentiva las propuestas, debates, acuerdos y corresponsabilidades en detrimento de la formación de liderazgos, la creación de partidos políticos, la emergencia de candidaturas o la transición hacia una democracia participativa.

Es el caso del movimiento ambientalista en Estados Unidos ante la propaganda de las empresas petroleras y distribuidoras de gasolina quienes difundieron la idea de que su producto no era nocivo para la salud, pero las noticias de contaminación por “plomo en la sangre” generaron una agenda pública centrada en la colusión de políticos e industriales. Al respecto se construyó una contra-propaganda, difundiendo el plomo que contenía la gasolina y sus efectos sobre la salud pública. Por consiguiente, autoridades como empresarios negociaron indemnizaciones, financiaron estudios y certificaron la calidad de sus procesos (Carreón, 2010).

Por lo tanto, la gobernabilidad centrada en una relación de dependencia entre el Estado para con sus instituciones y en relación con las demandas y capacidades ciudadanas, da cabida a la gobernanza pensada como un escenario de corresponsabilidad o administración consensuada de las oportunidades y los recursos disponibles.

La gobernanza tiene su sustento en el neoinstitucionalismo. Si el institucionalismo fundamentó la rectoría o gobernabilidad del Estado, entonces el neo-institucionalismo centrado en la ciudadanía procura el diálogo entre gobernantes y gobernados con la finalidad de preservar a las instituciones y sus funciones en el ajedrez político de las decisiones (Carreón, 2016).

No obstante, el neo-institucionalismo definido como la independencia y auto-regulación de las instituciones, radica en la promoción de la toma de decisiones con base en la elección racional. Se trata de una concepción más abierta de las funciones del Estado como promotor de la auto-conciencia y la auto-formación de la ciudadanía, pero orientada a sus intereses de clase política (Vargas, 2008).

El institucionalismo que inhibía todo debate y propuesta es ahora un escenario de partida para el desarrollo de comunidades deliberativas que no sólo están debidamente informadas de las posibilidades de sus actos particulares y colectivos, sino además son proveídos por una agenda establecida en los medios de comunicación.

En este proceso de nuevo institucionalismo, a diferencia del institucionalismo unilateral de una propaganda a favor de su rectoría, los medios de comunicación representan los intereses de diversos sectores, aunque el establecimiento de temas en una agenda parece indicar que los medios de comunicación poseen un interés particular en que ciertos temas sean difundidos para generar opiniones en torno a ellos que podrían ser retomadas por quienes gobiernan (Carreón, 2012).

Si la propaganda institucionalista consistía en la promoción de la igualdad, la propaganda neo-institucionalista estriba en la promoción de la libertad de elección. En tanto individuo racional, un sector de la ciudadanía elegirá la ruta con más probabilidades de éxito. Ayer el institucionalismo difundía una identidad ciudadana dependiente del Estado y quienes toman las decisiones. Hoy el neo-institucionalismo es un reflejo de la diversidad de intereses que se reducen a inclusión de sectores organizados de la sociedad civil, así como a actores civiles fuera del sistema tales como ex jubilados o exprofesores. En tales escenarios, la noción de poder estriba en la capacidad del Estado para establecer una agenda pública centrada en su rectoría o eje de decisión fundamental para la institucionalización de la sociedad civil. Se trata de un proceso de conformidad y obediencia que los gobernantes implementaron por la vía institucional y neo-institucional.

Imaginarios, discursos y narrativas que reflejan la influencia social, aquella que se contrapone con la propaganda del Estado cristalizada en el poder de decisión y veto, supone varios cuestionamientos en torno a la identidad que el individuo se atribuye a sí mismo, su forma de ser con respecto a sus compañeros en un grupo y su autoconcepto de la región o país en el que se encuentra.

Una revisión de los conceptos básicos de la psicología y la sociología del conflicto brindan un panorama suficiente para entender las relaciones entre imaginarios, discursos y narrativas de las identidades civiles que inciden en las políticas públicas.

En el siglo XVIII, en pleno romanticismo académico, las ciencias del espíritu circunscribían sus estudios a los sentimientos, las emociones, la memoria, las movilizaciones y acciones colectivas. En este escenario, las capacidades de difusión y comunicación son el centro de interés, ya que la producción de ideas, su transmutación en frases e historias de obediencia legitimaron el autoritarismo monárquico y anticiparon el debate simbólico de las formas de Estado republicanas (Carreón, 2013).

De este modo, el individuo centró su interés en sus capacidades como instrumentos de respuesta ante los lineamientos de las instituciones coercitivas, la policía y el ejército resultaron ser dos instancias de formación de identidades con microhistorias que con el paso y transcurrir de los años se consolidaron en sistemas de formación social y política.

La naciente democracia se alimentó de tales representaciones, discursos que pretendieron una asimilación de la ciencia y narrativas de vida con respecto a los gobernantes. Ellos, quienes toman decisiones, entraron a la esfera privada e íntima de los gobernados para establecer perfiles que les permitirían conservar las relaciones de poder entre autoridades y usuarios y las relaciones de influencia entre pares de ciudadanos (Carreón, 2016).

En el caso de la identidad a partir de la categorización, la relación entre un individuo con respecto a un grupo de pertenencia se construye sobre la perspectiva de otro grupo con el que se contrastan las relaciones del individuo y sus compañeros. A diferencia de la identidad como un concepto de sí mismo, la identidad categorizada es estable cuando el individuo desarrolla un sentido de pertenencia, pero si no existe vínculo alguno entre el individuo y su grupo, entonces los imaginarios, narrativas y discursos se orientan por expectativas de escenarios posibles a favor de un grupo externo al de pertenencia o referencia.

La categorización de la identidad supone una respuesta consensuada a las políticas que pretendieron homologar a los individuos ante un proceso de dominación social. Es decir que la propaganda del Estado en materia de rectoría de la seguridad y la sustentabilidad, propicia la formación de múltiples identidades que buscan sustituir al Estado por un grupo social determinado.

Esto es así porque el individuo compara su situación económica, política y social con respecto a las oportunidades de otros individuos. La propaganda del Estado, difundida en los medios de comunicación, supone una constante comparación de empleo y salario, calidad y bienestar con otros casos en otras latitudes. Por consiguiente, el individuo busca constantemente una opción que le permita adscribirse a una forma de Estado o régimen de gobierno (Mercado y Hernández, 2010).

Este proceso es inherente a la gobernanza de la seguridad y la sustentabilidad. Si el Estado implementa tarifas en función del consumo de recursos y la prevención del delito, entonces incentiva una representación y autoconcepto de ciudadanía que favorece sus intereses de recaudo y legitimidad, pero si el Estado se corrompe, entonces propicia la organización civil y la incidencia en sus instituciones, principalmente en la toma de decisiones. Es decir que, los gobernantes al promover una propaganda como rectores de la vida pública están expuestos al escrutinio civil, una decisión a favor de una agenda pública de seguridad y sustentabilidad genera audiencias civiles cautivas, centradas en una lógica de verosimilitud y verificabilidad. Empero, una agenda enfocada en la corrupción política, genera un emprendimiento social que excluye al Estado de las decisiones personales.

La lógica de verosimilitud consiste en difusión de imágenes alusivas al Estado como gendarme y procurador del delito, el ecocidio o la violencia. Una lógica de verificabilidad radica en la difusión de datos relativos a los logros del gobierno en materia de seguridad y sustentabilidad que la ciudadanía recopilará para evaluar el desempeño de sus autoridades. En el primer caso, se trata de audiencias conocidas como milennials por su aprendizaje mediante símbolos y en el segundo caso se trata de audiencias conocidas como “círculo rojo” que buscan contrastar la información diseminada por el Estado con información de institutos u organizaciones estatales o civiles (Carreón, 2015).

En la perspectiva de las representaciones sociales, la identidad es una adscripción y una membresía que se estabilizan y consolidan a medida que la propaganda del Estado genera estereotipos de los gobernantes y los gobernados. El autoconcepto que la ciudadanía tiene de sí misma con respecto a sus autoridades refleja una toma de decisiones encaminada a la conservación de la afectividad y emotividad que socava el incremento de tarifas o el desabastecimiento de los servicios públicos, la opacidad y la negligencia ante la comisión de delitos o el tráfico de influencias.

Sin embargo, el origen de la identidad, los imaginarios, discursos y narrativas está en la socialización de las relaciones de poder e influencia. En aquellos grupos dedicados a la formación civil, la identidad es resultado de representaciones, frases e historias de vida de grupos que tienen algún poder o individuos con alguna influencia.

Si los estilos de vida de grupos minoritarios han sido lo suficientemente persuasivos en quienes toman decisiones, entonces la incidencia en políticas públicas estaría centrada en la comunicación persuasiva entre individuos y grupos, pero si más bien tal incidencia política es resultado de los estilos de vida de actores marginados, excluidos o vulnerables al desabastecimiento de los recursos, entonces se trata de una identidad que explica la gobernanza.

Es sabido que la socialización primaria alude a las convenciones aprendidas en los primeros años de existencia y la socialización de segundo orden estriba en la incorporación de conceptos a los discursos y las narrativas de vida.

Por lo tanto, la gobernanza se instrumenta en la primera socialización, pero ésta puede ser trastocada en estereotipos y demás categorías que estigmaticen la prevalencia de un sistema en general y la rectoría del Estado en particular.

En este sentido, la gobernanza es una primera llamada a que los actores, gobernantes y gobernados, grupos e individuos, establezcan las categorías que les permiten echar a andar los temas de interés común, normalmente aglutinados en una agenda, pero en tal proceso, los medios de comunicación son los que inciden y no lo son los ciudadanos, ya que sus necesidades, demandas y expectativas están determinados por la difusión intensiva de las problemáticas y soluciones que la televisión, la radio o la prensa reflejan en la opinión civil (Carreón, 2016).

De este modo, la gobernanza, entendida como un sistema de cogestión y coadministración socioestatal de los recursos y los servicios públicos orientados hacia la seguridad y la sustentabilidad, de un modo directo o indirecto, está determinada por una agenda establecida en los medios de comunicación tradicionales –radio televisión, prensa, cine– y digitales –Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, SnapChat.

La gobernanza, observada en una agenda mediática, consiste en la difusión intensiva de imágenes y opiniones relativas a la corrupción del Estado y la desesperanza civil. Ello supone una gobernanza limitada por la “ingobernabilidad” o incapacidad atribuida a los gobernantes, así como una “apolitización” o zozobra de la sociedad civil (Carreón, 2016).

Pues bien, tanto la ingobernabilidad como la apolitización son construcciones mediáticas que favorecen a quienes controlan los medios de comunicación. Es decir, orientan la acción social hacia el consumismo o la coerción.

Por lo tanto, imaginarios, discursos y narrativas aglomeran las notas de prensa, las opiniones de comunicadores o los comentarios difundidos en la radio. La premisa en torno a que son los Internautas quienes, a diferencia de los ciudadanos, generan la información e inciden directa e indirectamente en las decisiones políticas no es del todo correcta porque son los medios quienes proveen a estos individuos de los recursos informativos para construirse una opinión sobre la situación en la que se encuentra el país (Godson, 2014).

Adyacente a este proceso central, una ruta periférica de explicación de la gobernanza es la elección racional con base en oportunidades de participación, deliberación y consenso. Se trata de una aproximación en la que la identidad es un medio para alcanzar un fin: la participación consensuada de sectores de la sociedad civil con base en imaginarios de bienestar o calidad de vida.

En dicho proceso, la elección racional explica el impacto de la información diseminada en los medios. El grado de expectación y el uso intensivo de la información diseminada en un periodo de tiempo propicia un escenario de influencia y poder de discusión pública, no precisamente centrada en una agenda pública, sino en función de las capacidades argumentativas de los ciudadanos.

En este proceso deliberativo, la selección de talentos se gesta con base en la interpretación y el desciframiento de contenidos que por su abstracción son dirigidos a las audiencias más cultas, aquellas con los recursos suficientes para consumir y procesar la información, además de transformarla en un estandarte de identidad de un grupo, capaz de influir a otras audiencias que pertenecen a otros grupos actores centrales o periféricos de la seguridad y la sustentabilidad.

Las diferencias entre gobernabilidad desde la rectoría del Estado y gobernanza desde los medios de comunicación pueden observarse en los regímenes autoritarios. En las democracias contemporáneas, sean presidencialistas o parlamentaristas, los medios de comunicación enfocan su atención en el desempeño gubernamental más que en la ideología de sus integrantes.

Los autoritarismos y más los totalitarismos, centrados en la omnipresencia y unilateralidad de un individuo o grupo en el poder, viven de la ideología. Es decir, generan propaganda que legitima su poder absoluto e incuestionable. En las democracias, la cultura de la información provee de imaginarios, discursos y narrativas a la ciudadanía a fin de poder establecer una agenda donde las opiniones sobre ciertos temas se aglutinen.

Desde sus orígenes, el Trabajo Social se enfocó en la caridad, construyendo una agenda centrada en la filantropía y el altruismo, pero limitada al poder de instituciones como la iglesia y el ejército. A medida que desarrolló una sistematización de visitas domiciliarias y registros personales alcanzó un estatus de ciencia descriptiva que le permitió reconceptualizar su función asistencial en mediadora, pero acotada por el nuevo institucionalismo.

En tal sentido es que la agenda del Trabajo Social se edificó a partir de la agenda de actores políticos y sociales. Es decir, los ejes centrales del Trabajo Social fueron determinados por la implementación de políticas en comunidades y barrios, o bien, por la incidencia de los actores sociales en las políticas a través de los medios de comunicación (Carreón y Hernández, 2013).

Empero, tanto el poder institucionalista como la influencia civil develaron una agenda de ingobernabilidad y apolitización. En consecuencia, el Trabajo Social puede anticipar escenarios de cogestión y coadministración socioestatal de los recursos naturales y los servicios públicos. El Trabajo Social, a través de un marco teórico y conceptual, explicaría y no sólo describiría el entorno de poder e influencia que le ha limitado en su función mediadora.

Precisamente, son las teorías institucionalista y neoinstitucionalista las que explicarían la agenda de ingobernabilidad y apolitización que el Trabajo Social debe superar para obtener un estatus de ciencia social dedicada a la interrelación entre actores políticos y sociales.

El poder institucionalista incluye cuatro fases de objetivación, sedimentación, implementación y habituación (Abruting y Turner, 2011).

La objetivación radica en la representación del Estado gendarme o corrupto ante el incremento de los delitos (Esminger, 1988).

La sedimentación estriba en el consenso en contra o a favor de una política pública (Schedler, 2009).

La implementación consiste en la adopción del institucionalismo –comunicación unidireccional, decisiones verticales, liderazgos tradicionales, conformidad y obediencia– en cada organización de la sociedad civil, esfera o red ciudadana (Napoli, 2014).

Por último, la habituación consiste en la adopción del modelo rector del Estado en las organizaciones civiles (Toolber y Sine, 2011).

Las cuatro fases del poder institucionalista develan tres isomorfismos: 1) coercitivo, 2) mimético y 3) normativo. En el primer caso, el Estado genera una política de sanciones a la que deberán circunscribirse sus instituciones y quienes ahí laboran. En el segundo caso, el isomorfismo mimético supone un seguimiento y reproducción de las políticas por parte de las organizaciones a fin de poder establecer una mejor comunicación con el Estado, pero también incrementar su red de relaciones con base en la adopción de lineamientos universales de gestión o administración de las oportunidades, los recursos y las capacidades. En el caso del tercer objeto de estudio, el isomorfismo normativo consiste en el establecimiento de los valores, los usos y las costumbres de los actores al momento de llevar a cabo la objetivación, la sedimentación. la implementación y la habituación. Tal fenómeno se observa en las instituciones y organizaciones que son evaluadas, acreditadas y certificadas por la calidad de sus procesos.

La teoría de institucionalismo, sus fases y unidades isomórficas de análisis permiten explicar el efecto de las políticas en los sectores civiles, pero la incidencia de esferas y redes ciudadanas en la agenda política es explicada desde el nuevo institucionalismo, el cual refiere a la autonomía relativa con la que operan las organizaciones dependientes del Estado, a la vez que se propone un margen de racionalidad limitada a acciones de gestión en tres niveles; histórico, económico y social.

Peters (1999) identifica al nuevo institucionalismo la elección racional al considerar que el individuo es capaz de participar en los asuntos públicos siempre que obtenga una ganancia. March y Olsen (1989) relacionan al nuevo institucionalismo con la legitimidad al considerar que la inclusión de propuestas civiles en la agenda política humaniza a las instituciones. Dimaggio y Powell (1983) vinculan al nuevo institucionalismo con la democracia de los procesos al resaltar la participación civil en la toma de decisiones públicas. Giola y Thomas (1996) plantean al nuevo institucionalismo como la apertura a propuestas civiles organizadas verticalmente. Lowndes (1996) señala que el nuevo institucionalismo adopta las necesidades de la sociedad civil.

En suma, el nuevo institucionalismo, a diferencia del institucionalismo centra su interés en los efectos de las estructuras y culturas organizacionales sobre el comportamiento de talentos y líderes, empero tanto el institucionalismo como el nuevo institucionalismo suponen que la inseguridad afecta del mismo modo a la sociedad civil. El nuevo institucionalismo al explicar la inclusión de propuestas civiles en la agenda pública contribuiría a la función mediadora del Trabajo Social.

Si el institucionalismo explica la implementación de las políticas en los sectores civiles y el nuevo institucionalismo explica la incidencia de esos sectores civiles en la agenda política, entonces la función mediadora del Trabajo Social se desarrollará a partir de dispositivos de poder e influencia.

A partir de la concepción en torno al poder de Foucault (1987) se discute el planteamiento de Carballeda (2013) acerca del Trabajo Social como un dispositivo de mediación. Se proponen cuestiones en torno al poder y la influencia, pero ya no en el sentido institucionalista o neoinstitucionalista sino, desde el cogobierno: cogestión y coadministración socioestatal.

El Trabajo Social ha generado una práctica profesional específica que lo distingue de otras disciplinas, empero tal desempeño se ajusta a los lineamientos institucionales a fin de promover la organización de la ciudadanía con miras a una mayor calidad de vida y bienestar subjetivo. En ese sentido, el Trabajo Social coadyuva a la rehabilitación y reconstrucción de la sociedad civil en esferas y redes organizativas. En tal proceso, la prevención se lleva a cabo siempre que las estructuras institucionales lo permitan (Foucault, 1987).

La relación entre las políticas sociales y el Trabajo Social es estrecha. Chavéz (2006) advierte que tal relación está integrada a partir de la formación del Estado Moderno y la democracia participativa. En este sentido, el Estado toma decisiones que se legitiman al producir necesidades y programas orientados a incrementar la calidad de vida y el bienestar subjetivo. Es la participación civil el reflejo de las necesidades sociales más que un indicador de negociación, acuerdo y corresponsabilidad.

Sin embargo, las políticas públicas y la participación ciudadana se gestan en un escenario en el que coexisten las ideologías y las acciones, así como las distintas formas de organización social. En este sentido, se considera que un espacio comunitario local es aquel en donde se jerarquizan los procesos de desarrollo humano sustentable, equitativo y democrático.

De este modo, a partir de la generación de demandas entre los actores sociales, el Estado implementa políticas sociales con la finalidad de establecer puentes de intermediación entre los actores políticos con respecto a los agentes económicos y los sujetos civiles.

En virtud de que las políticas públicas reflejan la pérdida de la rectoría del Estado; la descentralización y la neo centralización son dimensiones en donde el Trabajo Social ajusta su función mediadora. En este mismo sentido, la inclusión, la protección y la reconstrucción de la ciudadanía son propósitos del Trabajo Social. Esto es así porque las necesidades locales intensifican la función mediadora del Trabajo Social en la medida en que la administración pública se distancia de éstas necesidades comunitarias (Carreón y Hernández, 2013).

En el marco de las políticas públicas y la participación social, el Trabajo Social ha construido una agenda; facilitar el ejercicio de las políticas públicas (qué hacer), la gestión (cómo hacer), los actores (con quién hacer) y el territorio (en dónde hacer). Se trata de una agenda institucionalista y neoinstitucionalista, ambas centradas en el poder más que en la influencia civil. Es por ello que se requiere de una nueva agenda integral en la que se incluya el poder institucional y la influencia de organizaciones civiles.

La agenda de intermediación, referida como un proceso de legitimidad e inclusión de los sectores organizados de la sociedad civil. En este punto, el Trabajo Social promueve en las esferas civiles la inclusión de otras formas de organización y la legitimidad en la toma de decisiones.

En tal entorno, el Trabajo Social facilita; la discrecionalidad en las decisiones políticas que moderan las relaciones entre los actores políticos y sociales; generando cambios institucionales para el ajuste de las políticas a las necesidades sociales; fortaleciendo los procesos de legitimidad y consenso; reduciendo la fragmentación social, enlazando a los actores hacia un mismo fin; contribuyendo a la autonomía local, modificando la estructura burocrática; incrementando el compromiso público (Carreón, Hernández y Quintero, 2016).

Es el caso del emprendimiento caficultor en la Huasteca de San Luis Potosí, centro de México. en virtud de que las políticas de fomento empresarial y micro-financiamiento se destinaban a los representantes de organizaciones caficultoras, se generaba una disputa por los recursos financieros, la fragmentación de las asociaciones impedía el diálogo interno y externo con las autoridades.

Desde el poder institucionalista, las organizaciones debían estructurarse a partir de los lineamientos gubernamentales sin considerar sus jerarquías locales, emprendimiento comunitario e innovación endógena.

En consecuencia, el dispositivo de mediación del Trabajo Social debía incluir los lineamientos del poder institucional –elección de un representante y distribución de los apoyos según la devolución del monto o la obtención de metas–, así como los acuerdos internos de prioridad a las jefas de familia caficultoras o las normas de cooperación solidaria.

De este modo, el compromiso de los caficultores y autoridades para con la transparencia y la rendición de cuentas de los apoyos financieros sería indicador de cogestión. En ésta fase, el dispositivo de Trabajo Social disemina el poder institucional, pero también la incidencia de las propuestas civiles en las políticas de fomento y micro-financiamiento emprendedor.

Por lo tanto, el poder y la influencia socioestatal pueden coexistir en un sistema de gestión y administración corresponsable. Se trata de una gobernanza cuyo ciclo sería: 1) establecimiento de temas en la agenda pública, 2) institucionalización de las problemáticas a partir de la rectoría del Estado, 3) socialización de las propuestas mediante la influencia social, 4) debate y consenso en las esferas políticas y civiles, 5) deslinde de corresponsabilidades en redes institucionales y organizacionales.

De este modo, los indicadores para la evaluación de la gobernanza serían: a) difusión de temas comunes en los medios de comunicación, b) similitudes en la estructura de comunicación y motivación de líderes, c) estilos de vida relativos a la seguridad y sustentabilidad, d) hegemonía de iniciativas y acuerdos entre las esferas sociopolíticas, e) compromisos entre gobernantes y gobernados.

El dispositivo que el Trabajo Social implementaría para llevar a cabo una gobernanza de la seguridad y la sustentabilidad incluiría: difusión del estado que guarda la violencia en una localidad con respecto a otros contextos, organización de foros para el debate y las propuestas, recopilación de las iniciativas en textos de divulgación, promoción de estilos de vida libres de violencia y autocuidado.

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[1] Fecha de recepción: 03/05/2017. Fecha de aceptación: 11/07/2017.

[2] Realizó estudios de doctorado en Psicología Social y maestría en Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor de asignatura en el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Línea de investigación en “Gobernanza de la Educación y Salud Pública en Organizaciones de la Sociedad Civil”. cgarcial213@uaemex.mx

[3] Doctor en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Carrera en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y adscrito al Sistema Nacional de Investigadores. Línea de investigación: “Encuadre de la prensa en torno a la violencia sociopolítica en México. Análisis transcultural de la ciudad de Bogotá (Colombia), Caracas (Venezuela) y Distrito Federal (México)” javierg@unam.mx

[4] Doctorante en Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México. Secretario Académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, así como Profesor de Carrera de la misma institución, desarrolla las líneas de investigación sobre “migración, jóvenes y masculinidades”. jorheval@unam.mx

[5] Licenciado, maestro y doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es Profesor Titular “C” en la FES Zaragoza, Docente en la UNAM durante 35 años. PRIDE nivel D. Tutor principal del doctorado en psicología y de las maestrías en psicología ambiental y trabajo social, de la UNAM y del doctorado en Educación en la Universidad INACE. marcos.bustos@unam.mx